Cargando ...
Lo sentimos, ocurrió un error mientras cargaba el contenido.

RW: SALUDOS DE MELY LAMEDA

Expandir mensajes
  • iris lameda
    Hola de verdad que me da gusto pertenecer a este grupo, para ampliar conocimientos, constitucionales, yo, soy abogada y docente universitaria de la Universidad
    Mensaje 1 de 2 , 4 mar 2006
    Ver fuente
    • 0 Archivo adjunto
      Hola de verdad que me da gusto pertenecer a este grupo, para ampliar conocimientos, constitucionales, yo, soy abogada y docente universitaria de la Universidad Bolivariana de Venezuela UBV, he trabajado algo sobre la materia de amparo constitucional, apesar que debemos tener una que otra diferencia en cuanto a la Constitución forma, estructura, normativa, siempre los Principios Constitucionales deben ser los mismo, derecho a ala vida, derechos humanos, son principios constitucionales que transciende la frontera,considero importante el estudio para ver diferencias y semejanzas, siempre es bueno el estudio del Derecho Constitucional de Venezuela, saludos como mujer revolucionaria mi nombre IRIS LAMEDA. tengo 41 años, egresada de la USM, UPEL  
      Gracias.



      LLama Gratis a cualquier PC del Mundo.
      Llamadas a fijos y móviles desde 1 céntimo por minuto.
      http://es.voice.yahoo.com
    • ivanorech
      Saludos profesora: bienvenida a nuesta lista. La invito a que visite en nuestra web el articulo sobre relacion material del proceso constitucional. Saludos
      Mensaje 2 de 2 , 4 mar 2006
      Ver fuente
      • 0 Archivo adjunto
        Saludos profesora:
        bienvenida a nuesta lista. La invito a que visite en nuestra web el
        articulo sobre relacion material del proceso constitucional.
        Saludos
        Iván Oré
        http://es.geocities.com/tdpcunmsm


        LA RELACIÓN JURÍDICA MATERIAL CONSTITUCIONAL
        Iván Oré Chávez (*)


        ----------------------------------------------------------------------
        ----------



        1. LA ESENCIA DEL PROCESO CONSTITUCIONAL.

        El proceso constitucional tiene características que lo diferencian de
        los demás procesos como el civil, el penal, el laboral, etc. Es en
        base a estas características inherentes y en torno al cual el proceso
        constitucional "funciona" que debe hacerse un código procesal
        constitucional.

        Ahora bien el proceso civil tiene como finalidad la paz social en
        justicia al resolver conflictos de intereses y aclarar incertidumbres
        jurídicas, mientras el proceso penal se da en base a la protección de
        bienes jurídicos a través de la imposición de penas, el proceso de
        ejecución penal busca la resocialización de los penados ¿Cuál es
        entonces la esencia del proceso constitucional?

        Antes que todo debemos remarcar que la esencia también constituye en
        este caso una causa fin del proceso constitucional, y se encuentra en
        el velar por el "funcionamiento normal del orden constitucional".

        En nuestro sistema constitucional cada elemento tiene un orden que le
        es asignado, por lo tanto no puede salirse de ese lugar, sin que el
        sistema corra el riesgo de verse alterado en el normal
        desenvolvimiento de sus funciones.

        Este es una adaptación de la categoría griega de "tysis" al
        ordenamiento constitucional, para las antiguas cosmovisiones el
        perturbación de un elemento traía consigo un cataclismo desastroso en
        el cual el mundo de trastornaba, corriendo el peligro de una
        destrucción apocalíptica.

        Para solucionar ello era necesario colocar la causa del trastorno en
        su lugar o en su defecto deshacerse de ella, es de ello que surgen
        los cantares e gesta medievales inspirados en el "anillo de los
        nibelungos" o también leyendas como el mito de Fempellec.

        Ahora bien, el sistema constitucional funciona de un modo análogo, la
        perturbación de un derecho fundamental o de una norma constitucional,
        ya sea a través de su amenaza o directa lesividad trae consigo que el
        ordenamiento jurídico-constitucional se trastorne, lo cual implica
        que para hacer que todo vuelva a funcionar del "modo armónico"
        dispuesto por el ordenamiento, se hace necesario devolver a las cosas
        su estado anterior en el que estaba antes de darse la violación o
        amenaza del orden constitucional.

        Se podrán alegar objeciones a este planteamiento basadas en los
        procesos de acción de inconstitucionalidad de las normas legales o
        administrativas, pero en ellas tampoco deja de darse este visión,
        pues una vez declarada la inconstitucionalidad o ilegalidad de las
        normas estatales o de la administración, la violación a la ley o
        constitución deja de darse y todo regresa al "momento jurídico" como
        estaba antes de darse la norma impugnada.

        ¿Cuál es el estado actual de las investigaciones sobre el objeto del
        proceso constitucional actualmente? Hace un par de años acaban de
        superar la precariedad, pues han tomado recién conciencia de que como
        proceso debe existir una esencia, solo les falta empezar a repasar
        los conocimientos básicos de epistemología (que se supone deben
        tener) para cuestionarse ¿Cuál es el objeto material y cual el
        esencial del proceso constitucional? A esta etapa no se ha llegado
        hasta ahora.

        Será necesario para entender esto investigar los orígenes. La
        categoría "proceso constitucional" nos da la idea de un procedimiento
        jurisdiccional dirigido a proteger la constitución.

        Téngase muy en cuenta el párrafo anterior, pues esta sola idea nos
        lleva a fijar otra categoría, veremos el proceso constitucional como
        una "garantía", como consecuencia se equipararán las
        categorías "proceso constitucional" y "garantía" como la expresión de
        un mismo significante.

        Pero sucedió que los doctos conceptualizaron la primera categoría
        dejando sin definir la primera. Fue así que por garantías se
        entendió seguridad o procedimientos tuitivos de las libertades
        establecidas en la constitución para hacer efectivos los derechos de
        la persona humana.

        La categoría "garantía" se tomó en dos acepciones. En sentido
        estricto se conoció como los mecanismos procesales que tenían por
        objetivo la protección de los derechos fundamentales por medio de un
        órgano jurisdiccional. En sentido extenso las garantías son los
        derechos humanos inherentes a la persona natural que solo son
        reconocidos por el Estado y garantizados en su disfrute por éste, por
        ser ello su finalidad.

        Esto es parte de un largo proceso en el cual la clase política se
        dió "cuenta" recién en estos últimos años que de nada servían las
        garantías enunciadas si no estaban acompañadas de su respectivo
        recurso para hacerlas valer. Esta "cuestión tuitiva" recién da sus
        primeros pasos con la ley de habeas corpus de 1897.

        Pero prosigamos. El fin por el cual se incorporaron las acciones de
        garantía en nuestra legislación fue tal como lo describe el artículo.
        1° de la ley 23506: "El objeto de las acciones de garantía es reponer
        las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de
        un derecho constitucional". Esto procede "cuando esta es cierta y de
        inminente realización"(articulo 4 de la Ley Nº 25398). Entonces
        tenemos como objeto de estas "acciones de garantía" el "reponer las
        cosas a su estado anterior".

        Pero casi paralelamente a esto surge otro fenómeno, los procesos cuya
        pretensión lo constituyen la impugnación de normas de alcance
        general. Estos procesos no pueden reponer las cosas a su estado
        anterior, pues eso seria llegar al extremo de volver retroactiva la
        sentencia en caso de ser la demanda declarada fundada.

        Lo que pueden hacer es declarar inconstitucional y/o ilegal la norma
        impugnada –según sea el caso- después de lo cual esta orden tendrá
        efectos vinculantes en toda la republica, es decir fenecida la norma
        para cuestiones posteriores a la orden de inconstitucionalidad.

        ¿Dejan de ser procesos constitucionales por esto? Pues no. Existe en
        todo sistema jurídico el principio de presunción de la regularidad
        normativa según la cual una norma se basa en otra de superior
        jerarquía, así una norma administrativa se basa en una legal y esta
        en una constitucional.

        Si fuera retroactiva una sentencia de inconstitucionalidad de estos
        procesos, teniendo en cuenta los alcances generales de las normas
        impugnadas el caos seria lo más probable y esto no ayudaría al
        normal funcionamiento del sistema constitucional.

        En conclusión existe un objetivo esencial de los procesos
        constitucionales "garantizar el normal funcionamiento del sistema
        constitucional" y un objetivo concreto "ordenar que se haga efectivos
        el libre ejercicio de los derechos fundamentales de la persona y la
        primacía de la constitucionalidad".

        2. LA RELACIÓN JURÍDICA MATERIAL EN EL PROCESO CONSTITUCIONAL.

        Este es un tema nada tratado entre nuestros grandes doctos, sea por
        negligencia o por practicidad, se puede debida o indebidamente
        justificar tamaña omisión, pero el hecho es que un tema tan
        primordial para entender sobre que estamos realizando investigación
        no puede obviarse, sin tener como consecuencias caer en la neo
        escolástica de seguir realizando investigaciones en base
        al "plancheo" de libros sustituyendo la investigación por un mosaico
        de teorías en vez de por una interpretación debida de fuentes
        fácticas y datos susceptibles de verificación.

        Un error así ha ocurrido con la ultima sentencia del TC 518-2004-
        AA/TC publicada en el Peruano (martes 24 de agosto de 2004) donde se
        ha entendido la relación jurídica material del proceso constitucional
        como un incumplimiento de convenciones bilaterales.


        El Tribunal al querer ser lo mas abstracto posible no se ha desviado
        de las "generalidades" propias del caso, pero no ha explicado
        puntualmente en que consiste esta relación sustancial dentro de un
        tipo de proceso, los procesos constitucionales.

        Nos habla solamente de un caso que tiene que ver con el desacuerdo
        que crea amenaza o violencia a la relación sustancial. No compartimos
        esa opinión, es mas la consideramos rotundamente errónea.

        La relación material o sustancial, como quiera llamársele consiste
        justamente en esta amenaza o violencia sobre el bien jurídico
        constitucional. La materia no es lo que se protege, sino es la
        infracción contra lo protegido. Existe una confusión de categorías
        que hacen de la terminología constitucional una torre de babel, donde
        nadie se pone de acuerdo en el lenguaje que se va utilizar al momento
        de realizar investigaciones. A ello el gran error del TC.

        Si la relación jurídica procesal constitucional consiste en
        demandante, demandado y juez constitucional ¿En que consistirá la
        relación jurídica sustancial o material que la origina? ¿Qué
        elementos serán necesarios establecer para afirmar que existe una
        relación sustancial valida para el establecimiento de un proceso
        constitucional?

        Si tenemos en cuenta la categoría Tysis para nuestra dilucidación
        veremos que la relación sustancial cuenta con elementos propios que
        la diferencian de los demás procesos, sea el civil o penal y le dan
        la autonomía de principios y categorías que necesita para ser
        autónoma.[1]

        Entonces la relación jurídica sustancial en los procesos
        constitucionales debe estar supeditada a la categoría de tysis. Por
        ello nos daremos cuenta de que esta relación se compone de los
        siguientes elementos:



        Es aquí donde se dan los conceptos de bien jurídico constitucional y
        de amenaza y violación del derecho. Pero estos conceptos todavía no
        se han sistematizado en categorías que nos permitan una mejor
        comprensión del derecho procesal constitucional.[2]

        2.1. LEGITIMADO ACTIVO

        Es la persona a quien corresponde ejercitar la acción procesal
        constitucional, en el caso de los derechos fundamentales – que no son
        sino derechos humanos constitucionalizados- el titular procesal
        activo será el propio titular del derecho, los demás sólo podrán
        interponer demanda en "procuración" con o sin permiso del titular, y
        el titular activo que resulta ser tanto el sustancial como el
        procesal activo en ambas relaciones, elegirá entre ratificar o no los
        actos de su procurador. La figura de la procuración en los procesos
        constitucionales que tutelan derechos fundamentales sirve para
        protección de estos derechos en caso de que el titular se encuentre
        imposibilitado de ejercitar la acción por si mismo. Pero a su vez le
        da al procurador una parcial disponibilidad al supeditar todos sus
        actos a la ratificación del titular.

        En los procesos de impugnación normativa, la titularidad es de tipo
        restrictivo en la declaración de inconstitucionalidad y de tipo
        demasiado extensivo en la acción popular. En verdad no existen
        justificaciones político jurídicas "razonables" para tal restricción,
        teniendo en cuenta que en el Código se hace especial referencia al
        carácter taxativo de los titulares legitimados de la acción. Lo cual
        constituye una anomalía antidemocrática de nuestros derechos
        constitucionales que restringe en esta parte los más elementales
        derechos ciudadanos.[3] Aquí la titularidad debe ser a lo mucho dada
        a los "ciudadanos", pues es lo mas concordante con el concepto
        de "república" que la Constitución establece como parte de su propio
        núcleo duro. Lo que sucede aquí es una de las ya notorias –pero poco
        comentadas- anomalías jurídicas donde los criterios razonables ceden
        paso al poder y al dinero, así como son reforzadas por la conducta de
        los universitarios de asegurarse sus pocas probabilidades de futuro
        laboral, en nuestra libre y democrática república.

        Con respecto a las contravenciones por conflicto de competencia, las
        pocas muestras no nos permiten hacer afirmaciones "generales" pero
        podemos notar aun así que el tipo de titular activo, guarda las
        mismas características estatutarias del legitimado pasivo. Y aunque
        la restricción a los ciudadanos a accionar en este tipo de procesos
        ya ha sido manifestada en varias sentencias, esta puede tomarse
        como "razonable" –al menos por ahora- teniendo en cuenta que de lo
        que se trata es de aclarar las competencias entre los órganos
        implicados, cuyos contenidos materiales son por naturaleza de
        estrictamente orden público no encaminadas a afectar directamente la
        esfera privada.

        Otro tema a parte lo merecen la cuestión de los derechos difusos en
        las acciones de amparo y de cumplimiento. Aquí se establecen casos en
        los cuales cualquier persona puede interponer una demanda. El
        problema esta en la concepción existente entre derechos difusos y
        colectivos, esto no ha sido definido en el código, aunque debiera
        estarlo. Puede darse como si fueran sinónimos. El hecho es que en
        Brasil existe una diferencia: mientras los derechos difusos no
        necesitan de un vinculo preexistente, los derechos colectivos si.
        Pero la sentencia del TC 518-2004-AA/TC no hace caso a esa
        distinción. Preferimos pensar que la razón puedan ser "motivos
        prácticos". En todo caso en estas acciones que fueron destinadas
        originariamente en el Perú para tutelar intereses eminentemente
        privados, la apertura parece darse en vista de la necesidad de la
        protección contra infracciones a los interés públicos de las personas
        que se presuponen pudieran aun afectar a su esfera privada. Aunque
        también otra explicación mas razonable seria que la titularidad del
        accionante estaría vinculada a su condición de miembro de la
        comunidad, por ello la extensión "persona humana".

        2.2. LA INFRACCIÓN CONSTITUCIONAL.

        La infracción constitucional es el acto u omisión que trastorna el
        sistema constitucional alterando su normal funcionamiento. Él término
        infracción ha sido usado frecuentemente por las Constituciones
        peruanas para referirse a los actos realizados por los funcionarios
        públicos que atentan contra la Constitución, encontrándose esta
        figura dentro del proceso de acusación constitucional.

        El problema fue que este tipo de proceso solo se ha realizado con
        claros criterios políticos sectarios y para nada
        cabalmente "constitucionales". La acusación constitucional contra el
        Presidente Gamarra no prosperó, es más cuando se debate en 1855 el
        balance de este instituto se deja claro que el presidente anterior
        fue el único acusado. Echenique también sería acusado, aunque para
        nada se precisaba la infracción en concreto, el hecho era sólo
        político y aunque la Constitución era invocada esta fue en la
        practica dejada de lado. Actualmente las congresistas fujimoristas
        han sido suspendidas por un proceso de acusación constitucional,
        aunque los principios constitucionales del debido proceso no tan
        tenido mucho que ver en el asunto. Y lo más probable es que no suceda
        lo mismo con Raúl Diez Canseco Terry si tenemos en cuenta que tres de
        sus primos conforman la Comisión de Constitución y uno es el
        presidente de dicha instancia.

        Pero concentrémonos en los procesos jurisdiccionales. Aquí la
        infracción adquiere otras formas según el tipo de procesos y los
        bienes constitucionales que estos protegen. Así tenemos como
        infracciones las afectaciones a los derechos fundamentales de la
        persona humana, estas afectaciones se manifiestan en la vida real
        como violaciones o amenazas a los derechos fundamentales.

        Importante es delimitar el ámbito de la trasgresión. Será de esto que
        resulte afirmar si existe infracción constitucional o no frente a la
        afectación de un derecho fundamental. Ahora bien, la trasgresión debe
        de afectar uno o ambos campos específicos: 1. la esfera subjetiva del
        derecho tutelado; y 2. el ordenamiento jurídico constitucional.
        Tenemos entonces dos campos interrelacionados pero distintos entre
        si, la esfera privada; y la esfera publica, siendo en nuestras
        democracias formales, colocado el ser humano (esfera privada) como el
        fin supremo del Estado (esfera pública).[4]

        Aunque estamos de acuerdo con esta apreciación, no debemos dejar de
        reconocer que a la larga, el modo de aplicar el control difuso
        terminara creando mas "controversias" que las que se desea
        solucionar, para el TC el control difuso se aplica siempre "que la
        norma a inaplicarse tenga una relación directa, principal e
        indisoluble con la resolución del caso, es decir, que ella sea
        relevante en la resolución de la controversia". ¿Qué sucedería si la
        contravención no afecta la esfera privada pero si es manifiestamente
        infractora del orden constitucional dentro de un proceso tuitivo de
        derechos fundamentales? Hasta donde he podido revisar, del enorme
        universo de sentencias del fuero constitucional, esto aún no se ha
        dado de un modo insalvable-la "creación" del principio de
        razonabilidad a parte de hacer mutar todo el ordenamiento logro
        evitar se forme una controversia mayor- lo cual no descarta que ello
        sea factible.

        En el caso del hábeas corpus estos derechos fundamentales son los que
        conforman la libertad individual. Cuando se trata del proceso de
        amparo estos derechos son "todos los que faltan" y el hecho de que
        exista legitimidad plena y radical en la protección de intereses
        difusos no significa que esta se haga en calidad de ciudadano, sino
        como una persona miembro de la sociedad, de acorde a los nuevos
        derechos de última generación.

        El caso del hábeas data es algo especial: aunque también protege
        derechos fundamentales, en específico el derecho a la información,
        también extiende su protección contra todos los demás derechos
        fundamentales en tanto estos estén relacionados con el suministro de
        datos e información. Así mientras el uso de la información es un
        derecho fundamental exigible, también se convierte en determinadas
        ocasiones en un instrumento para infringir bienes jurídicos
        identificados con derechos fundamentales.

        Los procesos de acción de cumplimiento protegen contra infracciones
        que afecten "el derecho de las personas a exigir el cumplimiento de
        un deber a la administración publica". Aquí no se trata de un derecho
        fundamental. Es muy probable que esta sea una de las razones por la
        cual el código procesal constitucional ha optado por referirse a
        los "derechos constitucionales" y no a los fundamentales, que son
        derechos humanos constitucionalizados. La intención de englobar a los
        tradicionales derechos fundamentales y los nuevos reconocidos en el
        proceso de cumplimiento, habrá dado lugar a esta "categoría".

        La infracción seria la inobservancia de las normas
        infraconstitucionales pero nunca de la constitución misma. Como vemos
        aquí se encuentra otra anomalía con la naturaleza de los bienes
        jurídicos constitucionales. A diferencia de los procesos anteriores
        aquí no se inobservan disposiciones constitucionales por parte del
        infractor, es mas si ello sucediera la demanda devendría en
        improcedente. La naturaleza del derecho que debe invocar el
        accionante es muy peculiar, el derecho a exigir. Pero este derecho
        solo se puede constitucionalizar a través de una interpretación
        demasiado extensiva del texto constitucional; y es más, así se ha
        hecho para "salvar el impase".

        En cuanto a los procesos de impugnación normativa, llámese acción
        popular y proceso de inconstitucionalidad, en estos la infracción
        consiste en la emisión de una norma que contraviene a las normas de
        superior jerarquía. Es decir una contravención. Se podrá alegar que
        el proceso de acción popular puede versar solo sobre cuestiones de
        ilegalidad mas no de constitucionalidad, lo cual es una posibilidad
        enteramente factible; y que por ello caeríamos en la figura de la
        acción de cumplimiento, pero el hecho es que en esta última la
        contravención es la inobservancia activa del respeto a la jerarquía
        normativa, la cual esta consagrada constitucionalmente.

        En cuanto a los procesos competenciales, la infracción que se conoce
        en estos procesos esta basada en la contravención-sea activa
        (positiva) o pasiva (negativa)- de los mandatos constitucionales –así
        como los incorporados en las legislaciones orgánicas- que obligan a
        las "entidades" respectivas a cumplirlos. Aquí el bien jurídico
        tutelado seria pues de naturaleza constitucional, pues se basa en los
        propios valores normativos de la constitución y en su desarrollo
        constitucional directo, que es una ley especial llamada orgánica.

        2.3. EL LEGITIMADO PASIVO: EL INFRACTOR CONSTITUCIONAL.

        El infractor constitucional es la persona o entidad que con sus actos
        infringe una norma constitucional afectando un bien jurídico
        protegido por la constitución. Esto debe ser sometido a estudio y
        ardua investigación ¿Puede haber infracción sin afectación? ¿O acaso
        toda infracción implica necesaria e inevitablemente una afectación a
        un bien constitucional? Este será tema de otro estudio.

        Lo que si se puede asegurar es lo contrario: si es "factible" que se
        presenten casos donde se pruebe una infracción, pero no se pruebe
        quien es el infractor, en este caso por más infracción que se
        acredite no existirá relación material que corresponda lógicamente a
        un proceso constitucional, al menos uno "regular" u "ordinario" como
        quiera llamársele.[5]

        En lo que respecta a los derechos fundamentales el infractor puede
        ser cualquier persona o funcionario publico, persona jurídica publica
        o privada. Es por ello que en el proceso de amparo, hábeas corpus o
        habeas data el legitimado pasivo de la relación jurídica material
        procesal no tiene por que tener una naturaleza jurídica exclusiva,
        ambos pueden y están en la capacidad de cometer infracciones contra
        los derechos fundamentales.

        Sucede algo muy distinto con la acción de cumplimiento, en el Reino
        Unido los propios particulares pueden ser legitimados pasivos de este
        tipo de procesos. Es en el Perú, donde las personas pueden llegar a
        ser infractores solo con relación a su estatus de autoridad o
        funcionario publico. Es mas la norma expresa bien claro que la
        demanda se ha interponer contra esta persona en especifico.

        En cuanto a las pretensiones esencialmente impugnativas de normas, es
        lógico que el infractor sería en este caso el órgano que emitió la
        legislación correspondiente donde se encontraban las normas
        cuestionadas de inconstitucionalidad.

        Los conflictos competenciales son muy especiales en este punto, como
        hemos vistos anteriormente tanto los legitimados activos como los
        pasivos gozan del mismo estatus jurídico, se podría decir que se
        rigen por normas de la misma naturaleza estatutaria.

        3. CONCLUSIONES.

        1. Como hemos podido ver en el proceso constitucional, no existe
        la litis, esto es solo propio del proceso civil. No entender esto,
        llevó a la imprecisión de la sentencia mencionada: "La existencia de
        un caso justiciable supone, pues, la presencia de sujetos que
        participan entre sí de un conflicto de intereses con relevancia
        jurídica". Los sujetos son los relacionados por la infracción
        constitucional no por la litis, la existencia de ésta es sólo
        circunstancial para ser conocido en la jurisdicción constitucional.

        2. La pretensión constitucional se realiza afirmando un bien
        constitucional protegido, no una relación material preexistente, ésta
        como acabamos de decir es solo circunstancial, no es una cuestión
        contractual como lo entiende quien redactó la sentencia para ser
        firmada: "La acreditación de existencia de una relación jurídica
        sustancial es la que permite a uno de sus conformantes tener una
        pretensión material respecto del otro. De allí que, de producirse la
        desavenencia como consecuencia del supuesto o real incumplimiento
        material, éste deviene en el antecedente directo del proceso
        judicial". La pretensión es el pedido ante el órgano jurisdiccional
        para el emplazado respecto el bien jurídico que uno esta en poder de
        hacer respetar y valer.

        3. Y, por ultimo, siendo la esencia formal del proceso
        constitucional, el normal funcionamiento del orden y sistema
        constitucional, la declaración de un derecho afectado y un bien
        jurídico infringido declarando fundada la demanda, da lugar a una
        orden destinada a hacer retornar a la normalidad constitucional, por
        lo cual la relación material procesal constitucional fenece, lo cual
        no es la opinión que comparte el TC al emitir la sentencia
        mencionada, pues usan una concepción muy privatista del proceso
        constitucional, lo cual desvirtúa sobremanera la esencia y la visión
        de los bienes jurídicos que pretenden tutelar: "Es necesario precisar
        que la existencia de una relación jurídica procesal no elimina ni
        desaparece la relación jurídica sustancial, puesto que esta última,
        como expresión de una realidad concreta, se mantiene como tal".


        ----------------------------------------------------------------------
        ----------


        NOTAS:

        [1] En la actualidad nadie duda que el derecho procesal
        constitucional sea autónomo, pero ello es porque se tiene una "idea"
        que así es, no porque se tenga el fundamento suficiente para decirlo.

        [2] Nos va a servir de mucho los fundamentos de una sentencia donde
        se nombran con algún detalle los elementos y fines del
        proceso: "...no puede perderse de vista que la individualización de
        los supuestos infractores de los derechos constitucionales,
        constituye sólo una medida tendiente a garantizar que la violación de
        un derecho constitucional no sólo afecta la esfera subjetiva de las
        personas que resulten agraviadas, sino que importe, mediatamente, una
        conducta objetiva de violación del ordenamiento constitucional, en el
        que el núcleo de sus valores materiales, como se ha recordado en
        sentencias anteriores de este mismo Colegiado, se encuentran
        representados por la tabla de derechos que la Constitución reconoce"
        EXP. N° 1257-97-AA/TC.

        [3] El Dr. García B. nos habla de que en materia de impugnación
        normativa muchos Tribunales encargados de conocer estos
        casos, "fenecieron de inanición" pero su proyecto, cuyas mismas
        normas han sido recogidas en ley, sigue restringiendo el derecho
        ciudadano a impugnar las normas mas importantes, tales como los
        decretos supremos del Ministerio de Economía por el cual el encargado
        de la cartera puede exonerar de tributos, lo cual ya ha sucedido con
        negocios donde los parientes del doctor tienen importantes intereses.
        ¿Podrán hacer lo mismo con una ley? El hecho es que las restricciones
        impiden a quienes no pertenecen a la "argolla" ejercer su derecho a
        cuestionar la norma por vías "razonables", pero claro, los doctos
        dirán que a pesar de esto, el pueblo puede manifestar con "marchas
        pacificas" y otros "mecanismo de expresión ciudadana" pero esto de
        nada sirve cuando ni siquiera la ciudadanía tiene participación
        activa en normas futuras tales como aquellas sobre la Convención del
        Mar que beneficiarán a las mineras donde también por "coincidencia"
        encontramos a los parientes del Dr ¿No afirmaron acaso que el proceso
        constitucional daría canales oficiales de participación efectiva en
        la toma de decisiones políticas, tales como la dación de normas? ¿O
        se hablo a medias como es de costumbre en nuestro país? Esto es una
        de las mas grandes hipocresías del medio universitario, donde todos
        callan, por cobardía y no ver frustradas sus oportunidades de
        trabajo, lo cual contrasta mucho con la magnífica altivez que el
        peruano universitario medio tiene al caminar y levantar la cabeza.

        [4] EXP. N° 1257-97-AA/TC. "...tratándose de supuestos en los que la
        acción u omisión lesivos a los derechos constitucionales, de manera
        cierta, hayan sido aceptados o existan indicios razonables de que
        éstos hayan sido realizados por quienes aparecen como demandados, su
        participación en lo que respecta a la carga de la prueba, habrá de
        reducirse a probar que la acción u omisión practicados no transgreden
        la esfera subjetiva del derecho invocado, ni el ordenamiento jurídico
        constitucional, a cuyo amparo realizaron los actos cuestionados."

        [5] EXP. N° 1257-97-AA/TC.: "...no obstante que las infracciones a
        los derechos constitucionales invocados se han comprobado, como en
        efecto han tenido oportunidad de advertir las resoluciones judiciales
        recurridas, este Colegiado no puede desconocer que si la regla
        expresada en el fundamento jurídico anterior es la que se debe
        observar en términos generales, existen supuestos, como en el caso de
        autos, donde al no haberse logrado identificar al transgresor(es) a
        los derechos constitucionales invocados, la posibilidad de que este
        Colegiado pueda expedir una sentencia estimatoria, se encuentra en
        una situación tal que su objeto, que es el de disponer el cese de la
        afectación de los derechos constitucionales se torne imposible de
        poder efectuar, y en consecuencia, no se cumplan los fines propios de
        estos procesos constitucionales."




        ----------------------------------------------------------------------
        ----------



        (*) Abogado. Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad
        Nacional de San Marcos. Premio de I Concurso de Investigación
        Jurídica de la Convención Nacional de Derecho Constitucional (CONADEC
        2003). Primer lugar del Premio de Investigación VII Taller "La
        Investigación Jurídica: un reto para la Universidad moderna".
        Facultad de Derecho y Ciencia Política UNMSM en categoría tesistas
        (2004). Miembro de la nómina de coautores de la Revista de Ciencias
        Jurídicas y Sociales de la Universidad Complutense de Madrid.

        ----------------------------------------------------------------------
        ----------


        --- En TDPC-UNMSM@..., iris lameda <melylameda@y...>
        escribió:
        >
        > Hola de verdad que me da gusto pertenecer a este grupo, para
        ampliar conocimientos, constitucionales, yo, soy abogada y docente
        universitaria de la Universidad Bolivariana de Venezuela UBV, he
        trabajado algo sobre la materia de amparo constitucional, apesar que
        debemos tener una que otra diferencia en cuanto a la Constitución
        forma, estructura, normativa, siempre los Principios Constitucionales
        deben ser los mismo, derecho a ala vida, derechos humanos, son
        principios constitucionales que transciende la frontera,considero
        importante el estudio para ver diferencias y semejanzas, siempre es
        bueno el estudio del Derecho Constitucional de Venezuela, saludos
        como mujer revolucionaria mi nombre IRIS LAMEDA. tengo 41 años,
        egresada de la USM, UPEL
        > Gracias.
        >
        >
        > ---------------------------------
        >
        > LLama Gratis a cualquier PC del Mundo.
        > Llamadas a fijos y móviles desde 1 céntimo por minuto.
        > http://es.voice.yahoo.com
        >
      Su mensaje se envió con éxito y se entregará al destinatario en breve.