Ukhamawa 084 – 27 mayo 2004

Bolivia: Con licencia para invadir
El Congreso boliviano da vía libre a los torturadores norteamericanos


Agencia AIPIN - (Por Wilson García Mérida) Redacción El Nuevo Heraldo
de Bolivia, 26 de mayo.- La polémica y escandalosa aprobación
senatorial de un convenio suscrito durante el gobierno de Sánchez de
Lozada, que brinda inmunidad a militares norteamericanos o a sus
colaboradores nativos en casos de genocidio y crímenes de guerra, se
torna tanto más escalofriante ante la perspectiva de que tropas
militares de Estados Unidos lleguen efectivamente a Bolivia con fines
punitivos. De hecho no sería ninguna novedad.

Ya lo hicieron en la década de los ochenta, dejando un saldo de
sangre y dolor en el trópico de Cochabamba. Y si vuelven una vez más,
en un contexto regional de invasión a Cuba para lo cual Estados
Unidos necesitará instalar bases militares en el frente Sur y para
dirimir de una vez por todas el conflicto cocalero ante la
insurgencia étnica en esta lucha, lo harán gozando la inmunidad que
les otorgan los congresistas bolivianos.

El 19 de mayo del año pasado, el embajador de Estados Unidos David
Greenlee consiguió uno de sus mayores logros diplomáticos en Bolivia
al suscribir con el entonces canciller Carlos Saavedra Bruno un
convenio según el cual todo acto delictivo tipificado como genocidio
o crimen de guerra, que pudieran cometer "personas de Estados Unidos"
en nuestro territorio, no serán enjuiciados en tribunales bolivianos
ni mucho menos trasladados al Tribunal de la Corte Penal
Internacional de La Haya, donde la ONU juzga tales crímenes de lesa
humanidad.

En el punto dos de dicho convenio suscrito por Saavedra Bruno se lee
lo siguiente:
"Las personas de los Estados Unidos de América presentes en el
territorio de la República de Bolivia no serán, salvo con el
consentimiento expreso del Gobierno de los Estados Unidos de América,
a) entregadas ni trasladas por ningún medio a la Corte Penal
Internacional para ningún propósito, ni

b) entregadas ni trasladadas por ningún medio a ninguna entidad ni a
un tercer país, ni expulsadas a un tercer país, con el propósito de
entregarlas o trasladarlas a la Corte Penal Internacional".

Según aquel documento, la expresión "personas de los Estados Unidos
de América" incluye a todos los nacionales de los Estados Unidos de
América y al personal militar que cumpla o haya cumplido funciones en
el pasado para los Estados Unidos que no tenga la nacionalidad de los
Estados Unidos, con respecto a los actos u omisiones supuestamente
cometidos o que tengan lugar mientras sean o hayan sido parte del
personal militar de los Estados Unidos".

En otras palabras, quienes gozarán de "inmunidad" tras cometer
genocidio, no sólo serán los soldados norteamericanos, sino incluso
policías, militares y matones bolivianos que, de hecho, trabajan bajo
órdenes directas de asesores estadounidenses que cumplen misiones
punitivas en nuestro país. Tal es el caso, por ejemplo, de fiscales y
miembros policiales y militares de la nativa Fuerza Especial de Lucha
Contra el Narcotráfico que dependen directamente de la Embajada
norteamericana.

Greenlee -en el marco de la presión internacional que desató George
Bush tras el recrudecimiento de los ataques a Irak, chantajeando a
más de 30 países en el mundo para someterse a ese convenio so pena de
sufrir recortes en la ayuda financiera norteamericana-, intentó
acelerar la convalidación congresal del convenio suscrito el 19 de
mayo y en ese afán articuló un esquema político para garantizar el
consenso partidario en el Congreso incorporando, en agosto del 2003,
a la Nueva Fuerza Republicana, (NFR) en el gobierno de Sánchez de
Lozada.

Los votos de NFR eran la clave para obtener esa ansiada aprobación
congresal, a cambio de un par de ministerios. Los sucesos de
septiembre y octubre frustraron los planes del Embajador. Exactamente
un año después el Congreso boliviano, en su Cámara de Senadores,
aprobó el convenio Greenlee–Saavedra Bruno tal cual fue formulado
durante la gestión Sánchez de Lozada.

La ratificación de esta aprobación congresal en la Cámara de
Diputados, que el presidente Mesa no se animará a vetar, es casi
inminente ya que los principales partidos políticos con
representación parlamentaria, con excepción del MAS, están unidos por
su oposición al debilitado gobierno de Mesa y por las perspectivas
que ofrece una conspiración golpista digitada desde la mismísima
Embajada norteamericana.

Estados Unidos, por su parte, consigue un importante apoyo en Bolivia
para desarrollar su viraje guerrerista de Irak a Cuba, pues ante la
evidencia de una posible invasión yanqui a la isla socialista,
Estados Unidos necesitaría sentar bases militares en todo el
continente, tal como lo hizo en la región del Golfo Pérsico antes de
atacar a Irak.

»Marines en Bolivia.- Fue en la década de los ochenta, años en los
cuales la estrategia expansionista de Estados Unidos se fundó en la
llamada "guerra contra las drogas", cuando el gobierno norteamericano
mandó tropas a Bolivia para realizar ejercicios conjuntos en las
zonas cocaleras del país.

En los sesenta y los setenta, las relaciones bilaterales entre
Bolivia y Estados Unidos se circunscribían a la otorgación de becas
en favor de oficiales bolivianos que se especializaban en
tareas "contrainsurgentes" tragando gallinas vivas en la Escuela de
las Américas dependiente del Comando Sur en Panamá. Durante la
campaña guerrillera del Che Guevara, el Pentágono envió un pequeño
destacamento de comandantes Ranger que dirigieron a los militares
bolivianos adiestrados en Panamá. En épocas del Vietnam, la CIA
dirigió un tímido programa de infiltración "cívico-militar" a cargo
del Cuerpo de Paz.

Es a partir de la administración de Ronald Reagan que la presencia
militar norteamericana se torna más intensa y frecuente. El
territorio de Bolivia fue pisado por tropas norteamericanas en
reiteradas ocasiones, unas veces con la legalidad que le otorgaron
los políticos nativos encaramados en el Parlamento y otras de manera
clandestina y sucia, al extremo de participar directamente en
operaciones que culminaron en asesinatos y genocidios. Veamos algunos
casos:

— En 1986 se produce la llegada de 200 soldados comando para ejecutar
la operación "Blast Furnace", que supuestamente tenía el objetivo de
capturar "peces gordos" del narcotráfico. Esa misión, coordinada en
Bolivia por el entonces jefe de la CIA en nuestro país, David
Greenlee, terminó en rotundo fracaso, pues en las narices mismas de
los soldados norteamericanos un grupo de narcotraficantes asentados
en la meseta de Huanchaca asesinaron al científico Noel Kempff
Mercado.

Los militares norteamericanos fracasaron ante la evidencia de
profundas contradicciones entre la fanática DEA que tomaba demasiado
en serio su santa misión de acabar con el narcotráfico y la CIA que
jugaba sucio protegiendo a padrinos de la droga como "Techo de Paja".

— Al haber fracasado la operación "Blast Furnace" en su objetivo anti-
droga, (aunque el objetivo político de someter el sistema de
seguridad boliviano bajo los lineamientos del Comando Sur se había
logrado), la Embajada de Estados Unidos, ya al mando de David
Greenlee ante la súbita renuncia del embajador Edwar Rowell,
emprendió una nueva fase punitiva lanzando la operación "Snow cop"
("boina de nieve"), la cual incorporó en las acciones militares a
elementos de la "migra" estadounidenses y otras agencias como el FBI.

La operación "Snow cop" tuvo el principal objetivo de desmantelar y
deslegitimar las propuestas campesinas de desarrollo alternativo, que
en ese momento se traducían en el Plan Integral de Desarrollo y
Sustitución, (Pidys), basado en la erradicación voluntaria de cocales
y en la participación sindical campesina en la planificación de
programas agrícolas alternativos. Greenlee se opuso tenazmente a esa
propuesta, insistiendo en abordar el problema coca-cocaína desde un
enfoque eminentemente militar, identificando así al cocalero como un
enemigo irreconciliable.

— El primer síntoma de esta política agresiva y anticampesina
promovida por Greenlee se produjo el 27 de mayo de 1987, en la zona
de Parotani, cuando cinco campesinos murieron en un choque con
fuerzas de la Unidad Móvil para el Patrullaje Rural, (Umopar) que
respondían al mando directo de agentes norteamericanos. Greenlee
promovió la incursión ilimitada de asesores militares norteamericanos
en el Chapare que asumieron el mando de las tropas nativas de Umopar.

Fueron esos mismos agentes norteamericanos quienes abrieron fuego
desde sus helicópteros artillados UH1H, el 27 junio del 88, (apenas
un año despues de los hechos de Parotani), en la población chapareña
de Villa Tunari, acribillando a centenares de campesinos que se
oponían al uso de herbicidas para erradicar cocales.

— La masacre de Villa Tunari produjo 12 muertos, entre ellos varias
mujeres y niños; y más de 20 heridos, muchos de ellos con invalidéz
de por vida. Se produjo cuando miles de campesinos realizaban una
toma pacífica de las oficinas de la Dirección de Reconversión de la
Coca, (Direco), donde se almacenaban defoliantes que debían ser
usados para fumigar los campos cocaleros. Varios cadáveres
aparecieron flotando en el río Chapare.

Lo extraordinario de aquel hecho fue que varios policías bolivianos
que participaron en la matanza disparando fusiles M-15, se hallaban
bajo investigación de la DEA por sus conexiones con redes oficiales
de protección a narcotraficantes. Después de lo de Villa Tunari, la
Embajada de Estados Unidos, a cargo de Greenlee, hizo llegar sendos
memorándums de felicitación a esos mismos policías, otorgándoles
inmunidad de facto. Hoy esa inmunidad cuenta con la venia del Poder
Legislativo boliviano.

Y si el río suena, es porque piedras trae.