Ukhamawa 104 – 1 de junio de 2004



Pronunciamiento Social de Guadalajara: LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS
ESTAN PRIMERO

Convocadas con motivo de la III Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe,
organizaciones sociales y civiles de ambos continentes dirigimos
desde Guadalajara, Xalisco, el presente pronunciamiento a nuestros
pueblos, a la opinión pública internacional, a los medios de
comunicación y a los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos aquí.
La cumbre gubernamental se da en un contexto de graves retrocesos y
amenazas para la autodeterminación de las naciones, los derechos
humanos integrales y la paz, tanto en Europa como en América, y en el
mundo entero.

Después de dos décadas de padecer las políticas neoliberales, América
Latina sigue siendo la región del mundo con el mayor nivel de
desigualdad. La extrema concentración de la riqueza y de la tierra se
ve agravada por el costo de la deuda externa, los recursos dedicados
al militarismo, la corrupción y la impunidad. Por si esto fuera poco,
América Latina y el Caribe se ven sembrados hoy de tratados de "libre
comercio" con Estados Unidos que no consiguen sino imponer un proceso
de integración subordinada a la hegemonía norteamericana que pretende
ser culminada en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Simultáneamente, los acuerdos bilaterales empujan tanto en Europa
como en América Latina los mismos modelos que exacerban el desempleo
y la precariedad laboral, transformando en mercancías la salud, la
educación, los servicios públicos, la cultura y la seguridad social,
entre otros, además de provocar la desaparición de la agricultura
familiar a través de la Política Agrícola Común (PAC). La
Constitución que la UE se prepara a aprobar rescata este enfoque. Eso
sucede sin que los pueblos de la UE hayan sido consultados. Ese es el
modelo de "cohesión social" que la UE pretende promover en América
Latina y el Caribe.

Desde que se diera la última cumbre de la Unión Europea-América
Latina y el Caribe en Mayo del 2002 en Madrid, los problemas
económicos y sociales que supuestamente se buscaba enfrentar con el
incremento de las relaciones entre ambas regiones siguen sin visos de
solución; por el contrario, se han agravado las difíciles condiciones
de vida y de trabajo de millones de personas.

La imagen de que América Latina y el Caribe pueden encontrar
relaciones más benéficas con la Unión Europea que con Estados Unidos
a partir de la liberalización de los mercados, se contradice con la
realidad. Esto es así porque detrás de sus "buenas intenciones", lo
que busca la Unión Europea es la ampliación de mercados para sus
grandes corporaciones en servicios y compras gubernamentales, y
garantías para sus grandes inversionistas. Acuerdos como los que
viene firmando o negociando con países o regiones de AL, que en lo
económico y comercial no se diferencian de los que se tienen con
Estados Unidos, consolidarían para las décadas futuras las
prerrogativas que las trasnacionales europeas ya gozan, o nuevas, en
detrimento de los intereses de los países en desarrollo. Las actuales
propuestas neoliberales de la UE hacia América Latina no representan
una alternativa al ALCA. Más bien se apegan estrechamente a las
medidas económicas recetadas por el FMI, el BM, el BID y la OMC. La
Unión Europea utiliza las políticas de cooperación como instrumento
para la penetración de sus empresas. Por otro lado, los acuerdos de
cooperación en materia de seguridad contribuyen a la militarización
del continente.

Nos resulta alarmante, pero no nos toma por sorpresa, que otro
requisito exigido por la UE a los países latinoamericanos sea
resolver de manera satisfactoria lo referido a las negociaciones
caducas de la Agenda de Doha de la OMC. Se trata de la vieja
estrategia de lograr más de lo mismo mediante una negociación
interregional, pasando por encima de los desacuerdos e impasse
planteados en el marco multilateral. Hemos alertado tanto en el caso
del ALCA como de la OMC, y lo hacemos ahora en relación a los
acuerdos con la UE, que la inclusión de temas tales como inversiones,
compras gubernamentales, políticas de competencia y privatización de
recursos naturales y servicios, limitan la soberanía y condicionan el
desarrollo económico y social de los países de América Latina y el
Caribe. Por lo cual deben ser definitivamente abandonados en las
negociaciones. Además, el acceso a los mercados agrícolas europeos se
nota beneficioso principalmente para los grandes productores, y no
necesariamente para los pequeños campesinos que producen para el
mercado interno y que carecen de protección.

Por esto, en lugar de acuerdos que sigan priorizando al "libre
comercio" por sobre el dialogo político y la cooperación, los pueblos
de Europa y de América Latina y el Caribe deseamos una relación justa
y equitativa, sustentada en el pleno respeto de los derechos humanos,
económicos, sociales, culturales y ambientales.

Las organizaciones sociales y civiles de Europa, América Latina y el
Caribe presentes en Guadalajara nos pronunciamos y demandamos:
- un pronunciamiento claro y enérgico de los gobiernos participantes
de esta Cumbre contra las acciones bélicas y políticas unilaterales
en Oriente Medio por parte de las potencias centrales, en un proceso
que atenta contra la totalidad de las convenciones y derechos
internacionales alcanzados hasta el presente por la colectividad
internacional y que han permitido una guerra ilegal e inmoral.
Exigimos la firme condena a la tortura criminal perpetrada por
Estados Unidos y sus aliados a los prisioneros de guerra en Irak, el
fin del secuestro y tortura de los presos en Guantánamo, el empeño
para la resolución de todos los conflictos bélicos y la promoción
efectiva de la paz en el mundo. Exigimos el retiro de las tropas
extranjeras de Iraq.

- impedir el proceso creciente de ocupación militar en América Latina
y el Caribe donde constatamos cómo la frustración a cualquier vía de
desarrollo y la sistemática violación de los derechos humanos se suma
a la injerencia política y militar externa contra las aspiraciones de
los castigados pueblos de Haití, Colombia y Bolivia, en especial.
- Que se realice un esfuerzo efectivo por parte de los gobiernos de
América Latina, el Caribe y la Unión Europea para que los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales de
los pueblos y de sus organizaciones, tengan primacía sobre la
liberalización comercial.

- se ponga fin al Plan Colombia y al Plan Puebla Panamá.

-Exigimos a la UE y a los gobiernos de América Latina y el Caribe la
promoción de un modelo de cooperación solidario en un marco de
respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas,
afrodescendientes, de género y de pleno cumplimiento de los derechos
humanos.

- Los países desarrollados deben cumplir el compromiso adquirido de
destinar al menos el 0.7 % del PIB a la cooperación para el
desarrollo y buscar nuevas formas de redistribución de los ingresos
en el ámbito nacional e internacional orientadas efectivamente a la
lucha contra la pobreza, en apoyo al desarrollo sustentable y la
justicia social, tales como fondos de compensación social, impuestos
sobre transferencias de capitales especulativos. La UE debe impulsar
medidas para detener las transferencias de capitales y recursos de
los países en desarrollo hacia los países industrializados.

- en particular, siendo la Unión Europea la primera acreedora externa
de América Latina debe cancelar la deuda "odiosa" y renegociar la
deuda externa pública bajo criterios de verdadero desarrollo
sustentable de los países subdesarrollados..

- Toda acción de cooperación al desarrollo financiado por la UE debe
definirse bajo la obligada consulta y participación plena de las
poblaciones afectadas tal y como dice el Convenio 169 de la OIT y los
DESC, librándolas de la creciente condicionalidad externa que
subordina la cooperación al desarrollo a una agenda comercial basada
en programas de ajuste estructural que históricamente han mostrado su
fracaso. La consulta a los pueblos de Europa (Constitución Europea)
como a los de América Latina y el Caribe debe ser un requisito
indispensable de la cooperación entre las naciones.

-Exigimos el reconocimiento legal y económico de la agricultura
familiar campesina e indígena basado en el derecho, como sector
productivo que no solamente garantiza la soberanía alimentaria sino
también la preservación ambiental, la cohesión social, política y
cultural de naciones y regiones. Utilizar libremente las semillas
nativas y no permitir la coexistencia con organismos genéticamente
modificados. Exigimos la exclusión del proceso de liberalización
comercial de los productos estratégicos para la alimentación de los
países en desarrollo y para garantizar su soberanía alimentaria.
Exigimos la eliminación de prácticas desleales de comercio a través
de subsidios que respaldan precios de importación por debajo de los
costos de producción.

- el respeto a los derechos de las y los trabajadores ratificando y
cumpliendo los convenios de la OIT, sobre libertad sindical, derecho
de negociación colectiva, estabilidad en el empleo, prohibición de
trabajo forzoso, prohibición de trabajo infantil y de no
discriminación, en particular los contenidos en la Declaración de
principios y Derechos Fundamentales de 1998, y que especialmente se
controle su fiel cumplimiento por las corporaciones trasnacionales.
Exigimos se detenga la tendencia a extender la jornada laboral y la
precariedad en el empleo.

- Rechazamos el modelo patriarcal que profundiza la inequidad hacia
las mujeres, agudizando la violencia a niveles dolorosos como el
feminicidio en América Latina y Europa. Exigimos compromiso real a la
Unión Europea y América Latina para alcanzar la equidad de género.

- revertir los procesos de exclusión ancestral de los pueblos
originarios y afro- descendientes promoviendo el respeto a su
autonomía, cultura y organización tradicional en el marco del
Convenio 169 de la OIT y con el cumplimiento de los Acuerdos de San
Andrés.

- Rechazamos las patentes, y los derechos de propiedad intelectual
sobre los conocimientos ancestrales, los medicamentos y la diversidad
biológica ya que son los pueblos y las comunidades quienes conservan
y promueven la biodiversidad, dentro del marco del derecho a su
territorio.

- el compromiso de respetar, irrestrictamente, los recursos naturales
y la biodiversidad de América Latina y el Caribe e impedir cualquier
tipo de mecanismo que permita el saqueo de agua, la explotación de la
tierra, la contaminación de los mantos acuíferos, la extracción de
minerales y la expropiación de áreas verdes, con los graves riesgos
ambientales inherentes.

- promover un nuevo sistema de seguridad social público, universal,
integral y solidario, y en particular que se detengan los ataques a
las jubilaciones y pensiones.

- revertir la nueva onda de privatizaciones, orientadas a
mercantilizar derechos y servicios básicos, tales como educación,
energía, agua y salud, afectando a los más pobres. Los bienes y
servicios públicos (agua, tierra, biodiversidad, educación, salud,
cultura, etc.) no son negociables.

- que se tomen las medidas necesarias para acabar la discriminación,
el racismo y la xenofobia hacia los inmigrantes y otras minorías, y a
favor del reconocimiento de sus derechos humanos y civiles; que los
países receptores de inmigrantes reconozcan a plenitud sus derechos
individuales y colectivos, se respete su dignidad y aportación
cultural.

- Denunciamos la actitud de la Unión Europea de no admitir la condena
a la ley Helms-Burton. Por el contrario, la cumbre debe demandar a
los Estados Unidos el levantamiento del bloqueo que mantiene contra
Cuba, que daña gravemente su autodeterminación, su economía y las
condiciones de vida de sus habitantes; reanimar los acuerdos de
cooperación entre los países de AL y la UE con Cuba, y en particular
rechazar los nuevos planes de agresión contra Cuba anunciados por
Bush, que representan el mayor y más grave riesgo para la estabilidad
y la paz en el continente americano.
Los participantes de este encuentro social reconocemos el derecho del
ser humano a la libre expresión de sus ideas y el derecho de
expresarlas públicamente. En el marco de las manifestaciones
pacificas que estamos realizando, reprobamos actos de acoso,
intimidación y provocación a que nos vemos sometidos por parte de
instituciones públicas o privadas de seguridad en el marco de esta
III Cumbre Unión Europea - América Latina y el Caribe.

Finalmente, desde la sociedad civil de América Latina, el Caribe y
Europa estamos alertas y movilizados, a la par que empeñados y
empeñadas en la construcción de espacios reales de concertación
social, desde donde queremos democratizar los procesos bi-regionales.
Frente a la demagogia, las omisiones y amenazas vertidas en cumbres
gubernamentales como la que ha tenido lugar aquí decimos: es en la
lucha de nuestros pueblos en que confiamos para la construcción de
sociedades justas, y de otro mundo mejor y posible.

¡LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS ESTÁN PRIMERO!

Guadalajara, México, 28 de mayo 2004
* "Sí a la vida, No al ALCA. Otra América es posible."