AGENCIA DE PRENSA ALTEÑA (APA) Nº 1.110 Telf. 2831676 Cel. 77293284

Viernes 10 de septiembre de 2004

6687-10-09-04

Están acusados los senadores Guillermo Justiniano y Mirtha Quevedo y el diputado Eduardo Siles

El Alto, Sept. 10 (APA).- El ex ministro de Gobierno y actual concejal de El Alto, Víctor Hugo Canelas decidió recurrir a la Fiscalía Nacional y a la Corte Suprema de Justicia para que los tres parlamentarios adherentes del ex presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada, sean procesados por apropiación de los recursos del Estado y la cesión de terrenos en el norte del departamento de La Paz.

El cobro de 14 millones de bolivianos como plus por parte del ex ministro de la Presidencia, José Guillermo Justiniano y la utilización de recursos del Estado en la campaña de la ex alcaldesa de La paz Gaby Candia, que fueron cobrados por el actual diputado Luis Eduardo Siles, corresponden a la primera gestión Sánchez de Lozada. En cambio, la cesión de 1.822 hectáreas de terreno que consiguió la actual senadora Mirtha Quevedo, logró en febrero de este año.

Por el control que logró el ex presidente Sánchez de Lozada más conocido en Bolivia por Goni, quien fue echado del poder en la denominada Guerra del gas, cuyo epicentro de desarrolló en El Alto en octubre del año pasado, las denuncias sobre los actos de corrupción que se cometieron en la primera gestión de Goni, se quedaron sólo en denuncias en vista a que ni el Parlamento Nacional, ni la Contraloría de la República ni la Corte Suprema, sancionaron a los se apoderados de los gastos reservados del Estado a través del pago de pluses.

A criterio de Canelas, ese poder que proyecto Sánchez de Lozada no fue destruido por completo por la Guerra del Gas, ya que sigue teniendo ascendencia en algunos órganos de poder del actual estado boliviano.

Canelas explicó que la pasada semana acudió a la Corte Suprema de Justicia, donde interpuso tres denuncias penales contra los parlamentarios Luis Eduardo Siles, Guillermo Justiniano Sandoval y Mirtha Quevedo Acalinovic.

Para que los tres actuales parlamentarios del MNR y calificados como adherentes de Goni, la denuncia interpuesta ante el Fiscal General de la Nación, al haber pruebas de las denuncias establecidas, debe abrir el proceso contra las parlamentarios denunciados. Una vez abierto el proceso, se pedirá que la Corte Suprema de Justicia gestiones que el Parlamento Nacional les de licencia, lo que les quitará la inmunidad parlamentaria.

Canelas denunció que la campaña proselitista que desarrolló la campaña proselitista de la ex alcaldesa de La Paz, Gaby Candia, fue pagada con los recursos reservados del Estado. Explicó que esos recursos fueron a pagados al actual diputado Luis Eduardo Siles, quien a través de su empresa "La Casa Productora SRL", elaboró spots de televisión a cambio del pago de 10.900 dólares americanos.

Reveló que la hija de Goni, Alejandra Sánchez de Lozada fue a visitarlo y en nombre de su padre ordenó que se pague de los recursos del Ministerio de Gobierno. Siles que ejerce el curul es suplente de la hija del ex presidente de la República.

Cenelas denunció también que el ex ministro de la Presidencia de Goni, Guillermo Justiniano, recibió en cuatro años aproximadamente 14 millones de bolivianos (1.7 millones de dólares americanos), 300 mil bolivianos por cada mes. Explicó que cuando el denunciante asumió el cargo de ministro de Gobierno el pago del plus ya estaba establecido.

Reveló que Marisol Rodríguez recogía los recursos de los gastos reservados. "Los 300 mil eran para Goni y Justiniano, cuando yo llegue ya me encontré que con esta distribución", manifestó.

De acuerdo a la denuncia del actual concejal de El Alto, la senadora Mirtha Quevedo, vulnerando la Constitución Política del Estado, se adjudico en Ixiamas, provincia Iturralde del norte de La Paz, más de 1.800 hectáreas de terreno. Esa cesión, cuyo resolución suprema 2222 del 13 de febrero, fue firmada por el actual presidente de la república, Carlos Mesa.

Canelas manifestó que esa cesión vulnera el articulo 54 de la Constitución Política del Estado, donde se establece que los senadores y diputados no podrán adquirir ni tomar en arrendamiento, a su nombre o en el de terceros, bienes públicos.

Canela anuncio finalmente que está dispuesto a devolver el plus de 36 mil dólares americanos que recibió de los gastos reservados. Para devolver esos recursos envió una carta al Servicio Nacional de Impuestos Internos y al Ministerio de Finanzas para que le indiquen cómo deben devolver, el mecanismo y cómo deben pagar los impuestos.

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6688-10-09-04

Vigilantes afirman que no pueden ser fiscalizados

El Alto, Sept. 10 (APA).- El actual presidente del Comité de Vigilancia de El Alto, Pedro Huanacu, afirmó que el Concejo Municipal no puede disponer el congelamiento de los recursos de control social y menos fiscalizar al organismo que controla la utilización de los recursos de la Ley de Participación Social y los Recursos del Alivio a la Pobreza (HIPC).

El Concejo a través de la Comisión Administrativa Financiera, al establecer que el ex presidente del Comité de Vigilancia Gualberto Ramos no descargó el manejo de más de 5 mil bolivianos que corresponden a los recursos de control social, decidió pedir el congelamiento de esos fondos hasta que se hagan los descargos correspondientes, en vista a que se trata de una administración institucional y no personal.

Huanacu al reconocer que evidentemente el ex presidente no hizo los descargos, manifestó que está asumiendo sus responsabilidades ya que en los próximos días presentará su rendición de cuentas a la Dirección de Fortalecimiento del Viceministerio de Participación Popular. El actual dirigente considera que cada uno es responsable de sus manejos.

Visiblemente molesto por el anuncio, Huanacu dijo que el Concejo Municipal no tienen ninguna atribución a fiscalizarlos, ya que por las nuevas normas que están en vigencia tienen que rendir cuenta a la Dirección de Fortalecimiento. Califico como capricho e intereses de tipo político de los concejales la actitud que asumieron para pedir el congelamiento de los recursos de control social, los cuales sirven para cubran sus gastos de funcionamiento.

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6689-10-09-04

Es el quinto anuncio

El Alto, Sept. 10 (APA).- El Distribuidor de la Ceja de El Alto, cuya fase final es encarado por la Empresa Municipal de Mantenimiento Urbano (EMMU), se entregará a fines del próximo mes según el anuncio del prefecto del departamento de La Paz Nicolás Quenta y del alcalde José Luis Paredes, quienes realizaron una inspección conjunta ayer en la mañana.

La construcción del mencionado distribuidor cuyos trabajos fueron inaugurados el primer semestre del año pasado y que se ejecutan con recursos de la Prefectura del Departamento de La Paz con una contraparte de la comuna alteña, demandará una inversión de 6.9 millones de bolivianos y sólo resta el pago de 950 mil bolivianos.

El distribuidor que cerceno más de la mitad de los predios de la comuna en la Ceja y que tiene el objetivo de solucionar el congestionamiento vehicular, es considerado como una de las obras de magnitud de El Alto. Su conclusión fue anunciada en el pasado por cuatro veces. La obra es ejecutada por la empresa Ecla-Convar, cuyo contrato se suscribió el 20 de mayo del año pasado, en la gestión del prefecto Mateo Laura.

El alcalde Paredes anunció que la escasez del diesel afecto significativamente en la obra en vista a que se procede al colocado del pavimento, además de habilitaron dos rulos que fueron planteados como variante que fue aprobado por la Prefectura del Departamento.

Uno de los problemas que se afrontan son los comerciantes que están asentados en la aceras donde se habilitarán las vías que conectarán al distribuidor. Paredes anunció que se concretará un acuerdo para reubicarlos. Explicó que la obra será concluida hasta fines de mes, pero será necesario esperar 28 días para el secado.

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6690-10-09-04

Para posibilitar 3 mil conexiones en el Distrito 5

El Alto, Sept. 10 (APA).- Las juntas vecinales del Distrito 5 que corresponde al norte de la ciudad de El Alto están dispuestos a ejecutar medidas de presión radicales, desde marchas hacia la ciudad sede de gobierno y establecer piquetes de huelga para que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) instale tres válvulas primarias que permitirán la instalación de 3 mil conexiones de gas a domicilio.

El Distrito 5 donde se produjo el mayor número de muertos que fueron abatidos por bala de guerra del ejército el la denominada Guerra del Gas en octubre pasado, en principios fue excluido de la instalación del gas. Sin embargo, con la ejecución de medidas de presión lograron que les otorguen 3 mil conexiones.

El mismo presidente de la Republica, Carlos Mesa, antes de la realización del Referéndum participó en un acto que se desarrollo en Villa Ingenio, donde se comprometió a concretar las instalaciones gratuitas, en homenaje a los mártires de la Guerra del Gas.

René Mamani, representante del mencionado distrito en el Comité de Vigilancia, informó que hasta el pasado viernes en la tarde en la reunión que sostuvieron con los representantes de YPFB en la planta de Entre Ríos de La Paz, no lograron tener una respuesta positiva.

El dirigente manifestó que no estaban dispuestos a retornar a El Alto con una respuesta negativo, por lo que no descartaron la realización de la huelga de hambre de los representantes de las juntas vecinales en la planta de Entre Ríos.

Anunció que el fin de semana recorrerán todas las villas del norte para informar y organizar medidas de presión que se ejecutarán a partir de las próxima semana. "Será el segundo capítulo de la Guerra del Gas", manifestó el dirigente.

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