Entre la justicia universal y la divina: Una querella presentada en
Madrid pretende reactivar el caso de la matanza de los jesuitas de la
UCA en El Salvador hace 19 años.- La violencia no ha cesado en
Centroamérica, sólo se ha transformado

M. ANTONIA SÁNCHEZ-VALLEJO | Madrid 02/12/2008 © Diario EL PAÍS S.L.
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El jesuita Segundo Montes comenzó su carrera docente en el Externado
San José, un colegio de la Compañía de Jesús en San Salvador para los
cachorros de la élite salvadoreña. Uno de sus alumnos, José Ricardo
Espinoza Guerra, llegó a ser con el tiempo el comandante del batallón
de soldados que le asesinó. Ocurrió el 16 de noviembre de 1989, en el
campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). San
Salvador vivía la peor ofensiva del izquierdista Frente Farabundo
Martí de Liberación Nacional (FLMN) y el Ejército se defendía a
sangre y fuego.

La víspera del crimen por la noche, un compañero de Montes, el
también jesuita Ignacio Martín-Baró, llamó a su hermana Alicia, que
le preguntó cuándo iba a mejorar la situación en El Salvador, en
guerra desde 1980. "Van a tener que morir muchas personas antes de
que eso ocurra", respondió. Ignacio Martín-Baró fue abatido horas
después al lado de Segundo Montes por los soldados del Batallón
Atlacatl, la sección contra insurgentes a las órdenes de Espinoza.

Junto a Montes y Martín-Baró murieron acribillados otros cuatro
jesuitas afines a la Teología de la Liberación -el más conocido,
Ignacio Ellacuría, reputado intelectual y a la sazón rector de la
universidad-, además de su ama de llaves y la hija de ésta. La
víspera, el 15 de noviembre, casi a la misma hora que Martín-Baró
emitía esos malos augurios, el entonces coronel -y hoy general- René
Emilio Ponce ordenaba al coronel Alfredo Benavides "asesinar al padre
jesuita Ignacio Ellacuría y no dejar testigos". Benavides trasladó a
Espinoza la misión.

Los datos anteriores -la anécdota amarga del pupilo que se vuelve
verdugo; los nombres y apellidos, la orden expresa de eliminar todo
rastro de los hechos- aparecen en la querella criminal presentada el
pasado 13 de noviembre ante la Audiencia Nacional de Madrid por la
Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de
Justicia y Responsabilidad (CJA) de San Francisco (EE UU). Como
acusados figuran 15 ciudadanos salvadoreños: 14 de ellos, militares,
como autores de las muertes, y uno civil, Alfredo Cristiani, en el
momento de los hechos presidente del país y jefe de las Fuerzas
Armadas, como cómplice. La querella, pendiente de ser admitida a
trámite, se basa en el principio de justicia universal (artículo 23.4
de la Ley Orgánica del Poder Judicial), el mismo que permitió la
extradición y el juicio del dictador chileno Augusto Pinochet. Los
cargos que se imputan son gravísimos: crímenes contra la humanidad,
asesinato, crímenes de guerra y terrorismo de Estado.

Pero ¿por qué ahora? "Porque estos delitos no prescriben. Por eso, y
porque 19 años después, El Salvador está inmerso en una insoportable
impunidad. No hablamos sólo de la masacre de los jesuitas, también
del resto de crímenes cometidos durante la guerra civil [1980-1992;
75.000 muertos]", dice el abogado Manuel Ollé, presidente de la
APDHE. "El juicio que se celebró en 1990 fue fraudulento: hubo
ocultación de pruebas, amenazas a testigos, etcétera. Fue un proceso
irregular y por tanto inválido. Y la Ley de Amnistía vigente, de
1993, es contraria a todos los estándares de derecho internacional y
de derechos humanos, y no puede ser aplicada", añade Ollé. Pero el
propósito de la APDHE y el CJA va más allá: no se trata sólo de
impedir la impunidad, también de "complementar la acción de la
justicia en El Salvador. Lo deseable sería que con esta causa se
ayude a desterrar todos los impedimentos legales para los juicios
pendientes", concluye Manuel Ollé. Hasta el momento, las dos causas
promovidas por la UCA en El Salvador no han progresado, aunque el
rector José María Tojeira no desespera. "Preferiríamos que la
justicia funcionara aquí y en eso seguimos trabajando. Aunque no la
hemos promovido, nos gustaría que la querella de Madrid hiciera caer
en la cuenta a las autoridades de El Salvador de la importancia de
que funcionen internamente las estructuras jurídicas y de protección
de los derechos humanos. Esta querella es en buena parte el resultado
de la negación del sistema judicial salvadoreño a hacer justicia, y
del Ejecutivo a cumplir con las recomendaciones internacionales que
está obligado a seguir", explica Tojeira. Por ejemplo, las de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre ellas revisar el
caso con estándares internacionales, revocar la Ley de Amnistía e
indemnizar a los familiares. "Desde 1999, el Estado salvadoreño se
niega a cumplir cualquiera de esas recomendaciones", añade el
jesuita. En paralelo, la UCA ha presentado dos demandas en el sistema
de protección de derechos humanos de la Organización de Estados
Americanos (OEA).

No sólo los jesuitas de la UCA esperan consecuencias positivas de
esta iniciativa. Las organizaciones de derechos humanos salvadoreñas
se aferran a ella con vehemencia. "Para nosotros es la única
esperanza, aunque lamentablemente no creemos que la querella vaya a
impulsar el sistema judicial salvadoreño. Contemplamos la posibilidad
de incorporarnos a la causa", apunta María Silvia Guillén, directora
de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. Su
organización forma parte de la Comisión Pro Memoria Histórica de El
Salvador.

"Ninguna de las personas responsables del crimen ha sido llevada ante
la justicia. En su lugar, muchos de ellos ocupan importantes
posiciones políticas en el país", se lee en la querella. En efecto,
incluso detenta el poder el mismo partido que en 1989: la derechista
Alianza Republicana Nacionalista (Arena). El presidente, Elías
Antonio Saca, ha cerrado filas en torno a su antecesor: "El
presidente Cristiani es el presidente de la paz; nos sentimos muy
orgullosos de él". Saca declaró además que "abrir heridas del pasado
no es la mejor forma de reconciliación; ya los salvadoreños nos hemos
reconciliado bastante".

Si la querella se admite a trámite, algo que Ollé ve posible "porque,
además de reunir todos los requisitos legales, cinco de las víctimas
eran españolas", la campaña para las elecciones presidenciales del
próximo mes de marzo podría dar un vuelco, al salpicar al candidato
de Arena la inculpación de Cristiani en este caso de terrorismo de
Estado, el más conocido de todos los perpetrados en el marco de los
conflictos civiles que desangraron Centroamérica a finales del pasado
siglo. "Si la querella prospera, podría forzar un cambio de Gobierno;
las encuestas favorecen hoy a la izquierda", afirma el politólogo
salvadoreño Óscar A. Fernández.

Pero más allá de la coyuntura política o judicial, lo que también
revela el caso jesuitas es que, según los activistas de derechos
humanos, la guerra civil salvadoreña se cerró en falso -como la
dictadura argentina con las leyes de Punto Final, anuladas por
inconstitucionales-, y que la impunidad, la ineficacia y la
inoperancia judiciales y la falta de reparación hacia las víctimas
son lastres que socavan gravemente el armazón institucional del país.

Óscar Fernández califica a El Salvador de "Estado fallido", es
decir, "un Estado minimizado, reducido a la mínima expresión según el
modelo neoliberal, en el que impera la transnacionalidad del dinero,
las mafias y el crimen organizado, y donde dejan de funcionar las
instituciones. Campa la ley del más fuerte, de la violencia", explica.

Un solo dato confirma la inoperancia del sistema de administración de
justicia en El Salvador: según un informe del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre impunidad, la eficiencia
judicial fue en 2005 de sólo el 3,8%, lo que equivale a decir que el
96,1% de los delitos quedó impune. Estos porcentajes se refieren a
homicidios, cuya tasa se acerca hoy a la docena diaria. "Ha habido
días con más muertos que durante un día de la guerra. No hay paz, la
paz es un eufemismo", recuerda Guillén. "El Salvador tiene uno de los
índices de compra y tenencia de armas cortas más altos del mundo: es
un escenario del far west", apostilla Fernández. La violencia de la
guerra ha dado paso a los delitos comunes y a la actuación de las
redes del crimen organizado, bandas de sicarios y escuadrones
armados. Igual que la materia, es la misma violencia repetida, en un
bucle de adaptaciones y transformaciones, como si las condiciones
estructurales que alimentaron los conflictos bélicos del pasado siglo
siguieran ahí, encasquilladas en el botón de rebobinado de la
historia. "Antes había dos bandos, ahora no hay bandos. Y como dice
el refrán: a río revuelto...", apunta Fernández.

Muy parecida es la situación que se vive en Guatemala, afectada por
un proceso de punto final a una guerra civil de 36 años (1960-1996;
260.000 muertos) similar al del país vecino. Las investigaciones del
juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz sobre el
genocidio de la población indígena durante la contienda son otro
ejemplo de la globalización de la justicia, igual que los procesos
del juez Baltasar Garzón contra Pinochet o contra el genocida
argentino Adolfo Scilingo, el ex capitán de corbeta que fue juzgado
en Madrid. En Guatemala, otro fiscal español, Carlos Castresana,
comisionado de la ONU contra la impunidad, lucha con denuedo contra
la parálisis judicial. Constituyen su ímprobo quehacer miles de casos
pendientes de feminicidios, y de matanzas de campesinos, indígenas o
activistas de izquierdas. Y de religiosos, también.

Ahora, entre la justicia universal y la justicia divina queda la
memoria, el testimonio de las palabras y la obra de los asesinados.

Olvidados por la Iglesia oficial

Más allá de la justicia terrenal, hay una tercera dimensión en los
asesinatos de los jesuitas de la UCA; el de Óscar Arnulfo Romero,
arzobispo de San Salvador, en 1980, por orden del mayor Roberto
D'Aubuisson, fundador de Arena; el del obispo guatemalteco Juan
Gerardi, en 1998, asesinado sólo dos días después de presentar un
informe que responsabilizaba al Ejército guatemalteco del 90% de las
violaciones de derechos humanos durante la guerra... O de las
amenazas de muerte, la primavera pasada, al obispo de San Marcos
(Guatemala), Álvaro Ramazzini, por denunciar la injusticia social en
una de las diócesis más empobrecidas -y más ricas en recursos
naturales- de Guatemala.

Los crímenes cometidos contra miembros de una Iglesia movida por
la "opción preferencial por los pobres" -el lema de los teólogos de
la liberación- interpelan directamente a la Iglesia oficial y
subrayan la inacción de la curia y del Vaticano. "El actual arzobispo
de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, se ha manifestado contrario
a la querella presentada en Madrid", recuerda Óscar Fernández; "como
el Gobierno, es partidario de no levantar polvazón ".

"Aquí no tenemos miedo, pero allí mis compañeros se juegan la vida
reclamando justicia", dice el jesuita Juan Carlos Marcos, secretario
general de la APDHE, en referencia a sus colegas de la UCA. El
teólogo español Juan José Tamayo, miembro de la junta directiva de
esa asociación, homologa los casos de la UCA, del arzobispo Romero y
del obispo Gerardi. "Hay un paralelismo claro entre todos ellos.
Fueron desatendidos en vida y olvidados después de muertos por la
Iglesia oficial, por el Vaticano, que los acusaba de desviarse del
Evangelio e incurrir en el terreno de la política. Esa incomprensión
se refleja en la actitud de Juan Pablo II ante monseñor Romero, poco
antes de la muerte de éste. El Papa le dijo que se llevara bien con
el Gobierno y no creara problemas. 'El Santo Padre no me ha
entendido, no comprende que El Salvador no es Polonia', le respondió
Romero", recuerda Tamayo, muy pesimista sobre el proceso de
canonización, en suspenso, del arzobispo salvadoreño. "No se va a
reavivar el proceso", dice.

El rector José María Tojeira, más alentador -o posibilista-,
considera sin embargo imparable el camino de Romero a los
altares. "Terminará imponiéndose. La devoción hacia él sigue
creciendo en el país y su asesinato fue claramente un acto de odio
hacia lo que debe ser un obispo católico en situaciones de conflicto
como las que vivía El Salvador. No veo que pueda haber excusa [a la
canonización]", señala el jesuita, que también cree "posible" la
beatificación de los mártires de la UCA.

Los que para las autoridades de El Salvador o Guatemala eran
elementos subversivos y peligrosos marxistas, fueron para Tamayo voz
de los sin voz "en la denuncia de la injusticia y la violencia
estructural del sistema". "Esta Iglesia es la de la memoria
histórica, la de la justicia social", sentencia el teólogo.

Para Carlos Martín-Baró, hermano de uno de los asesinados en el
campus de la UCA, "los jesuitas vivieron por ese pueblo y murieron
por él, por que se aplicara la justicia en todas sus formas en un
país maltratado por innumerables formas de violencia".

Los familiares de las víctimas no suscriben la querella presentada en
Madrid, porque prefieren apoyar "a los que trabajan allí. Es un apoyo
moral, humano. En esta postura creemos interpretar la actitud de
nuestros hermanos". El familiar espera que, "tras el brillo fugaz de
la noticia [de la presentación de la querella]", se conozca más y
mejor el legado de las víctimas. "España, que mira tanto hacia allá,
debería conocer mejor la obra escrita de los jesuitas de la UCA, y en
especial la de Ignacio Ellacuría: es el análisis más lúcido de la
realidad iberoamericana, con un valor y una vigencia enormes. Por eso
los mataron", concluye Carlos Martín-Baró.

Y es que, pese a la orden expresa de eliminar testigos, el reguero de
sangre aún fresca que dejó la masacre de la UCA está sembrado de
huellas, de avisos a navegantes, de recordatorios y claves. Los
asesinos no querían testigos pero consiguieron mártires. Mártires de
la fe, mártires de una justicia incumplida.

© Diario EL PAÍS S.L.