RELIGIOSA PEDIRÁ A ESPAÑA INVESTIGAR CRIMEN DE JESUITAS: Alicia
Martín-Baró, religiosa carmelita y hermana de uno de los jesuitas
asesinados en 1989, solicitará mañana que se investigue la
participación de militares y un ex presidente salvadoreño en el
crimen.
http://www.laprensagrafica.com/lodeldia/20081112/19894.asp

Europapress / AFP

La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) interpondrá
mañana una acusación en la Audiencia Nacional contra 14 miembros del
ejército de El Salvador y contra el ex presidente de turno de finales
de la década de los 90, Alfredo Cristiani, por su presunta
participación en el asesinato, durante la ofensiva de 1989, de seis
sacerdotes jesuitas, su ama de llaves y la hija de esta, informaron
agencias de noticias internacionales.
La acusación se basa en que cinco de estas víctimas eran españolas y
en el principio de justicia universal, que permitió en 1998 el
arresto del dictador chileno Augusto Pinochet por orden del juez
Baltasar Garzón, informaron los abogados.

La APDHE, que cuenta en esta iniciativa con el apoyo del Centro de
Justicia y Responsabilidad (CJA) con sede en San Francisco (EUA),
presentará mañana la acusación en nombre de Alicia Martín-Baró,
religiosa carmelita y hermana Ignacio Martín-Baró, de una de las
víctimas de lo que se denominó "La masacre de los Jesuitas".

Según precisó a Europa Press, la abogada internacional del CJA,
Almudena Bernabeu, al ex presidente Cristiani se le acusa de "un
delito de encubrimiento de crímenes contra la humanidad", mientras
que a los 14 militares se les acusa de ser autores materiales de "un
crimen de lesa humanidad y asesinato en el contexto de crímenes
contra la humanidad".

Bernabeu manifestó que "hay pruebas suficientes" para demostrar la
responsabilidad de estas personas en los hechos, lo que según dijo,
permite mantener unas "altas expectativas" de que la querella
prosperará.

Acuerdos de extradición favorables

Asimismo indicó que los acuerdos de extradición entre España y El
Salvador "son muy interesantes en cuanto a la entrega de nacionales
salvadoreños" y, en ese sentido, no descartó la posibilidad de que el
ex mandatario pudiese ser extraditado a España para ser juzgado.

"Va ser un caso que puede agitar mucho la sociedad salvadoreña y la
sociedad civil. Tenemos la esperanza de que, en el peor de los casos,
pueda influir el deseo del pueblo salvadoreño de que estas personas
sean juzgadas. Hay mucha prueba", precisó a Europa Press

Alfredo Cristiani fue presidente de El Salvador entre 1989 y 1994, y
los abogados le acusan de encubrir estos crímenes que tuvieron lugar
en noviembre de 1989 y precipitaron el final de la guerra civil en El
Salvador, que enfrentó desde 1980 hasta 1992 a las Fuerzas Armadas de
El Salvador y las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para
la Liberación Nacional (FMLN).

Concretamente, los asesinatos fueron perpetrados por miembros del
Batallón Atlacatl del ejército salvadoreño, en la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas.

En 1993, la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó una amnistía
general que, según denuncia APDHE, "ha protegido hasta el día de hoy
a los responsables, que continúan libres y gozan de cierta influencia
política en el país".

El rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, José
María Tojeira, declinó esta tarde dar información sobre el tema. Para
mañana tiene previsto dar declaraciones en una rueda de prensa en el
recinto universitario.

Por su parte, David Morales, abogado de la Fundación para el Estudio
y Aplicación del Derecho (Fespad) y de la organización llamada Pro
Memoria Histórica, consideró que "el gesto de presentar la denuncia
tiene una carga simbólica en El Salvador, es un hito histórico".

Morales recordó que en acciones de denegación de justicia en El
Salvador para el "caso jesuita", participaron varios representantes
de instituciones del Estado, que se ha amparado en la vigencia local
de la Ley de Amnistía.

La Compañía de Jesús en El Salvador acusó hace tres años ante
tribunales locales a Cristiani y a otros altos militares, entre ellos
los ex ministros de la Defensa Guillermo García y René Emilio Ponce,
junto a 12 oficiales más ya en retiro, de haber confabulado para
asesinar a los padres.

El caso se ventila también ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).

El "caso jesuita" se considera inamnistiable e imprescriptible por la
justicia internacional, ya que se le considera "crimen de lesa
humanidad".

UN CRIMEN COMENTIDO HACE 19 AÑOS

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en el marco de la mayor
ofensiva de la guerrilla izquierdista, militares del ahora proscrito
batallón Atlacatl asesinaron a los sacerdotes hispano-salvadoreños
Ignacio Ellacuría, rector de la UCA, e Ignacio Martín Baró,
vicerrector.

También fueron asesinados los sacerdotes Segundo Montes, Amando López
y Juan Ramón Moreno (todos ellos españoles) y Joaquín López
(salvadoreño), así como la empleada doméstica Elba Ramos y su hija
Celina.

Ante la presión de la comunidad internacional, fueron juzgados nueve
militares, entre ellos el director de la Escuela Militar de San
Salvador, coronel Guillermo Alfredo Benavides, culpado de todos los
crímenes y condenado a 30 años de cárcel. El oficial fue liberado en
1993, tras promulgarse una ley de amnistía dictada tras el fin de la
guerra civil (1980-1992).

UCA: EL MENSAJE DE LOS SACERDOTES ASESINADOS SIGUE VIGENTE

El mensaje crítico de seis sacerdotes jesuitas asesinados junto a dos
mujeres por el ejército en 1989 sigue vigente en El Salvador, donde
predomina la exclusión social y la falta de empleos dignos, afirmó
hoy un análisis universitario al conmemorarse los homicidios.
"Su vida (la de los sacerdotes asesinados) sigue inspirando a muchos,
su mensaje continúa vigente, su ejemplo invita a pensar
críticamente", aseguró el rector de la Universidad Centroamericana
(UCA), José María Tojeira, en un análisis titulado "De nuevo los
mártires".

"Les recordamos especialmente como personas que lucharon para que no
hubiera excluidos", dijo Tojeira, al conmemorarse el próximo domingo
el 19 aniversario del asesinato de los sacerdotes, que conmovió a la
comunidad internacional.

"La humanidad es una, y nadie puede ser excluido de la misma. Bajar
de sus cruces a los crucificados de la historia, en frase feliz de
Ignacio Ellacuría (uno de los sacerdotes asesinados), es luchar por
la inclusión en el modo de vida humano que la igual dignidad de las
personas exige", subraya el análisis.

Hace 19 años, los sacerdotes eran duros críticos de la guerra civil
que desangraba a El Salvador, cuestionaban la pobreza y las
estructuras socioeconómicas que "marginaban y excluían".