EL MOZOTE: UNA HERIDA QUE NO SANA. Tutela Legal del Arzobispado
solicita la reapertura del caso por la matanza ocurrida en 1981
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Juan José Dalton
Especial para La Opinión

11 de diciembre de 2006

EL MOZOTE, Morazán, El Salvador.— Vilma Rodríguez (2 años), Octaviana
Pérez (8 meses), Mirna Chicas (10 años), Cristino Amaya Claros (9
años), Marta Lilian Amaya Claros (3 años), María Isabel Claros (8
meses)... La lista es extensa. Tutela Legal del Arzobispado de San
Salvador tiene individualizados hasta el momento el nombre de 809
personas, 400 de ellos menores de edad, todos ellos asesinados
durante la conocida masacre de El Mozote; un operativo
contrainsurgente realizado por el Batallón Atlacatl entre el 8 y el
13 de diciembre del año 1981.

Llegar al lugar, ubicado en el municipio de Meanguera, en la oriental
provincia de Morazán, no es ahora un acto difícil. Todo lo contrario:
las calles han sido pavimentadas, el aire es fresco y descontaminado
y la belleza del lugar es propia para diseños de hoteles de montaña.
Pero en estos lares hace 25 años ocurrió uno de los actos más
espantosos y abominables de la guerra civil salvadoreña.

En el caserío El Mozote, al lado de una parroquia reconstruida
después de terminada la guerra civil, se levanta un monumento en
recuerdo de las más de mil personas que fueron masacradas, antes
fueron torturados —mujeres y niñas violadas—, por soldados de un
batallón que lleva el nombre de Atlacatl, indígena rebelde que hizo
frente a la conquista de los españoles en las tierras del entonces
reino pipil de Cuscatlán (hoy El Salvador).

Rufina Amaya es una de las pocas sobrevivientes de El Mozote; cuatro
de sus hijos murieron en la matanza. Tuvo suerte milagrosa de escapar
minutos antes de que fusilaran al grupo de mujeres con las que estaba
recluida. "A las cinco de la tarde me sacaron junto a un grupo de 22
mujeres. Yo me quedé la última de la fila. Aún le daba el pecho a mi
niña. Me la quitaron de los brazos. Cuando llegamos a la casa de
Israel Márquez, pude ver la montaña de muertos que estaban
ametrallando. Las demás mujeres se agarraban unas a otras para gritar
y llorar. Yo me arrodillé acordándome de mis cuatro niños". En ese
entonces pudo salvarse al tirarse tras un matorral.

Los testimonios de Rufina; las descripciones de periodistas
estadounidenses (del The New York Times y de The Washington Post) y
de la propia insurgencia revelaron las atrocidades de aquel
operativo, típico de las estrategias norteamericanas aplicadas en la
guerra de Viet Nam. El Mozote y los caseríos de sus alrededores
quedaron diezmados. Era la táctica de "tierra arrasada": no dejar
testigos, pero aterrorizar a los pueblos que eran posible apoyo para
la insurgencia. De unas 200 personas no se tienen datos: se trata de
núcleos familiares completos que fueron exterminados.

Hoy la sociedad salvadoreña está dividida entre los que dicen que
hechos de tal naturaleza deben ser olvidados. Este sector ha estado
del lado del oficialismo. Desde que terminó la guerra en 1992, hasta
el momento, ha gobernado el derechista partido Alianza Republicana
Nacionalista (Arena), cuyos orígenes están en la llamada "guerra
sucia" que comandó Roberto D'Aubuisson —ya fallecido—, a quien se le
achaca la responsabilidad de haber ordenado el asesinato del
arzobispo Óscar Arnulfo Romero, en 1980. Muchos de los mandos
militares de la guerra civil pertenecen en la actualidad a Arena.

"Las heridas no han sanado. La única forma de sanar heridas es
reconociendo la verdad, aplicando justicia y reparar a las víctimas",
dice María Julia Hernández, directora de Tutela Legal del
Arzobispado, entidad que ha gestionado reabrir el caso de El Mozote
ante la justicia local, específicamente en un tribunal de San
Francisco Gotera, capital de Morazán. "Las pruebas son suficientes de
que allí se cometieron crímenes de lesa humanidad, que según la
doctrina internacional de derechos humanos, no son amnistiables e
imprescriptibles", apuntó la abogada.

En El Salvador las atrocidades de la guerra civil siguen impunes
gracias a la Ley de Amnistía decretada en 1993 por el entonces
presidente Alfredo Cristiani (1989-1994). Pero una reciente
resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) abrió una rendija
acerca de los crímenes de lesa humanidad. Abogados de organizaciones
humanitarias indican que hay posibilidad de abrir juicios, por
ejemplo, en casos de tortura, desapariciones y secuestros.

Con la acusación última, explicó Hernández, se pretende que se ordene
la extradición desde Estados Unidos y detención del entonces ministro
de Defensa, general José Guillermo García (residente en Florida), así
como la captura provisional del ex jefe del Estado Mayor, Rafael
Flores Lima y de otros cuatro ex altos oficiales y de cinco
comandantes de campo que ejecutaron a los civiles.

Para los fallecidos, coronel Domingo Monterrosa y mayor Armando
Azmitia, jefes del Atlacatl —que los últimos gobiernos
consideran "héroes nacionales"— se pretende que se establezca su
responsabilidad jurídica en atención al derecho a la verdad que
tienen las víctimas.

En 1994 la oficina del Arzobispado llevó el caso a la justicia
salvadoreña, pero el juez encargado de la causa lo cerró con el
pretexto de la ley de Amnistía vigente. Por tanto, sobreseyó a los
implicados, a los que no mencionaba con sus nombres. Tal decisión
tampoco fue notificada a las víctimas, lo que según el abogado de
Tutela Legal, David Morales, constituye una falla jurídica que
permite reabrir el caso.

El caso de El Mozote está siendo dirimido también en el sistema
interamericano, específicamente en la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), que ha admitido dos denuncias: la denegación
de justicia por la masacre, así como otra por la desaparición de dos
menores de edad, Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez, de 15 y 7 años
de edad respectivamente al momento en que fueron raptadas por tropas
del Atlacatl, según narran testigos.

Contrario a lo sucedido en los países latinoamericanos —Argentina,
Uruguay, Chile, Guatemala y Honduras, entre otros— que sufrieron
dictaduras, guerras civiles o "guerras sucias", en El Salvador se ha
bloqueado constantemente cualquier iniciativa para juzgar a
violadores de los derechos humanos. En sentido contrario, "El
Salvador es el único país de Latinoamérica en el que se hace homenaje
a violadores de los derechos humanos", apuntó la directora de Tutela
Legal, en referencia a un monumento erigido a Roberto D'Aubuisson,
acusado del asesinato del arzobispo de San Salvador, Óscar Romero, el
24 marzo de 1980.

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GRUPO DE REFLEXIÓN YAHOO! "SAN ROMERO"
EXPLICACIÓN DE RELEVANCIA DE ARTÍCULO NOTICIERO

ARTÍCULO: El Mozote: una herida que no sana

PUBLICACIÓN: La Opinión (L.A.)

FECHA: 11 de diciembre de 2006

RESÚMEN: Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, dirigida por
la Dra. María Julia Hernández, ventila reabrir el caso jurídico para
buzcar justicia por la masacre de El Mozote, tanto en El Salvador
como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

RELEVANCIA: La justicia social es un punto clave de la doctrina que
predicaba Mons. Romero y de su legado que celebramos todos sus
seguidores.

CONEXIÓN ROMERO: Mons. Romero es mencionado en el artículo; como
tambien María Julia Hernández, quien pertenece a nuestro grupo y nos
honra con sus esfuerzos.