Peligra el tesoro arqueológico del
Archipiélago de Puerto Rico, trasciende fronteras.
Se debate en la Casa
de las Leyes, el Proyecto de Ley del Senado 880 y el Proyecto de Ley de la
Cámara 1649, ambos para “crear la Oficina
de Gerencia de Permisos.” Pero, ¿Cuán importante es conocer el alcance de
estos proyectos? Derogan las secciones y
artículos de las leyes que crean los Consejos, en otras palabras, eliminan el
“filtro” que protege el patrimonio natural y arqueológico. ¿Cuál es su
justificación? Dice el proyecto “Puerto Rico se encuentra en un momento histórico de crisis económica
y fiscal sin precedente. Como una de las estrategias para rescatar el progreso
y la economía de Puerto Rico, tenemos que reformar el sistema de permisos para
que este le sirva a los intereses y necesidades del pueblo puertorriqueño.” ¿Cómo es posible esta relación contradictoria? Ambos proyectos, como están redactados,
despojan a la ciudadanía de los medios accesibles para la protección, educación
y atentan contra nuestras fuentes primarias históricas de investigación
científica. Ponen en manos privadas la decisión de proteger los recursos,
favoreciendo únicamente a la industria de la construcción.
El
Vicecordinador del Grupo Cubano de Investigaciones del Arte Rupestre (GCIAR) de
Habana Vieja, Cuba, MSc.
Divaldo A. Gutiérrez Calvache, expone el deseo de “estrechar nuestro más sincero lazo de
solidaridad al pueblo de Puerto Rico y a la comunidad arqueológica de ese país
hermano en pos de la preservación del patrimonio cultural puertorriqueño y por
ende de las Antillas y América Latina.” Por su parte, el Dr. Ieteke 'Inchi' Witteveen,
Director del National Archaeological Anthropological Memory Management (NAAM)
de Curaçao, Netherlands Antilles, se dirige públicamente a la Cámara de
Representantes y al Senado de Puerto Rico y expone: “El patrimonio arqueológico, cultural histórico puertorriqueño, que
también es de todas Las Antillas se ve gravemente amenazado por propuestas de
ley sobre reestructuración de permisos que actualmente evalúan sus
comisiones…dejan en abandono las garantías legales con las que contaba el
pueblo puertorriqueño para salvaguardar ese tesoro tan preciado que es la
prehistoria de ellos y del resto de las islas que conforman el Caribe insular.”
Según
el Dr. Witteveen “Fueron justamente las
leyes del patrimonio arqueológico puertorriqueño que me inspiraron para iniciar
en mi país el proceso estatal de incluir el patrimonio cultural en las leyes de
ordenación de espacio (usando también la experiencia Europea, el Convenio de
Malta/Valetta) y en la Ordenación Nacional de Manejo Marítimo. En el campo del
Patrimonio Cultural Subacuatico ya estamos en la fase de implementación.” Por otra parte, la
Comunidad de Cuba arqueológica le hace una solicitud al Senado: “Hacemos
nuestro pedido ante Usted, como representante del pueblo de Puerto Rico,
haciendo valer su poder para reconocer y establecer las medidas que redunden en
beneficio de los puertorriqueños, para que sean reconsiderados los nuevos
planteamientos que derogan las leyes no. 10 (1987) y no. 112 (1988) de
protección al patrimonio arqueológico de Puerto Rico, ya que las mismas, de una
forma u otra, han protegido los monumentos, sitios y piezas del pasado que son
parte indispensable de la identidad de los pueblos”. Y
añaden: “Las leyes y decretos que se han
emitido en pos de la protección del patrimonio nunca serán suficientes para su
resguardo, por lo que cada vez más es un deber de todos trabajar por el
cumplimiento de las mismas e inculcar en la sociedad moderna el sentimiento de
pertenencia para con el pasado de nuestros pueblos.” Igualmente, el Dr. Witteveen de Curaçao hace la siguiente solicitud a nuestros
legisladores: “Mi
experiencia profesional, mi sentido de pertenencia a esta gran región caribeña
y mis compromisos éticos llevan a solicitarles, con la deferencia que ustedes
merecen, que re-evalúan y consideran de retirar el proyecto de ley que pueda
amenazar de manera directa o indirecta el patrimonio arqueológico y cultural de
los puertorriqueños y de los Caribeños.”
El arqueólogo
puertorriqueño, Dr. José R. Oliver, Catedrático de Arqueología Latinoamericana y del Caribe en
el Institute of Archaeology-University College London, Inlgaterra, expone “En los 15 años
que vengo colaborando (en proyectos académicos) con el Programa de Arqueología
del ICP … he podido observar de primera mano, que las
evaluaciones y trámites se implementan con rapidez (de unos 10 á 15 días
laborables) … Estoy de acuerdo que El Consejo, tal como opera en estos
momentos, necesita revisiones y/o re-estructuraciones que lo hagan un
instrumento más eficaz, … Pero, en efecto, lo que sí no puede derogarse son las
funciones que la Leyes 10 y 112 otorgan para velar por nuestro patrimonio
arqueológico.”
La doctora
puertorriqueña radicada en University of Michigan, College of Human Medicine,
Ana Oquendo Pabón, MD, FAAFP, solicita
al Senado y a la Cámara respectivamente, “solicito, con todo el respeto que ustedes se merecen, que
detengan los proyectos en referencia (Proyecto de la Cámara 1649 y del Senado
880). No permitan la eliminación del orden de leyes existentes en Puerto Rico
para la defensa y protección de nuestro patrimonio. Si se permite tal cosa, el
impacto afectará no solamente a nuestra isla sino a todo el Caribe. Sin nuestro
patrimonio y cultura ¿que más nos quedará como pueblo?”
Todo el pueblo se ha
tenido que adaptar a las leyes establecidas, ¿porqué la industria de la
construcción tiene que ser favorecida, por encima de las demás y pese a todas
las calamidades que esto está ocasionando y las que ocasionaría si se
aprobara? ¿Qué imagen nos estamos
forjando ante el mundo entero que tiene sus ojos puestos, ahora mismo, en lo
que sucede en la Casa de las Leyes de este país? Las noticias sobre estos proyectos han
trascendido fronteras. Como
pueden ver, el peligro de perder el tesoro arqueológico de las Antillas y de
toda América, ha conmovido y unido a profesionales del extranjero, en una misma
voz y propósito a los arqueólogos
puertorriqueños, en contra de la aprobación de los citados proyectos. Advierten
a los legisladores de Puerto Rico, los peligros y efectos adversos de mezclar
las leyes de protección del patrimonio con la permisología de Construcción. La solución es muy simple, que la industria se
acomode a cumplir requisitos, como todas las demás lo han hecho siempre. De
esta manera se continúa protegiendo nuestro patrimonio y finaliza el peligro
para nuestro tesoro arqueológico
del Archipiélago* de Puerto Rico, de las Antillas y de toda América.
Reportaje
realizado por Maritza Torres
para El Nuevo
Día, 1°de junio de 2009.
* El archipiélago de Puerto Rico está constituido por las
islas a su alrededor cayos o islotes siendo éstas: Vieques, Culebra, Culebrita,
Mona, Monito, Isleta Marina, Desecheo, Isla Caja de Muertos, Cayo Ratones,
Islotes Cayo de Barca, Islas Magueyes, Cayo Berberia, Cayo Caribe, Cayo
Santiago, Isla Piñero, Cayo Norte, Cayo Icacos, Isla de Palominos, Palominitos,
Isla de Guilligan y otros cayos menores.
Guillermo Muñoz
www.gipri.org
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