Columna 'En la Línea'
Felix Fuentes
El Universal
060205

URGEN AL SENADO A APROBAR LEY DE RADIO Y TELEVISIÓN

- La Corte validó el "acuerdo" sin firmas de ministros .

Porque 80% de la televisión es operada por dos empresas Televisa y TV Azteca
y 80% de las emisoras de radio se encuentra bajo control de sólo 15 grupos
empresariales, los senadores libran ácidas discusiones. La mayoría de ellos
insiste en cancelar la ley "obsoleta" de 1960 y aprobar una que regule tan
fundamentales servicios concesionados, incluso los de cable, satelital y
directo al hogar.

Se oponen a la nueva Ley Federal de Radio y Televisión los priístas Enrique
Jackson Ramírez, Emilio Gamboa Patrón, Érick Rubio Barthell, Héctor Vicario
Castrejón, Rubén Zarazúa Rocha, José Bonilla Robles y Araceli Escalante
Jasso. Los dos últimos son beneficiarios de radiodifusoras.

Se pronuncian en favor del nuevo ordenamiento, entre otros, el priísta
Manuel Bartlett Díaz, el panista Javier Corral Jurado y la bancada del PRD.
Este bando propone que la Secretaría de Comunicaciones deje de otorgar y
renovar concesiones y que tan importante responsabilidad la asuma un Consejo
Nacional de Radio y Televisión compuesto por consejeros independientes y
nombrados por el jefe del Ejecutivo.

En el proyecto de decreto es contemplada la necesidad de abrir a la
competencia el fundamental sector y limitar los "altos índices de
concentración de radio y televisión en unas pocas manos".

En la vieja ley son advertidas enormes lagunas, como la forma discrecional
para obsequiar frecuencias y la indefinición de criterios en una adecuada
participación plural de la sociedad.

Mediante el nuevo ordenamiento se pretende el "incentivo a la apertura de la
industria con nuevos operadores y su incorporación al desarrollo
tecnológico". Esto rechazan los senadores primeramente mencionados.

El reclamo de legisladores es a favor de transparencia, pluralidad y
democracia en el acceso a dichos medios y establecer mecanismos a fin de que
se cumpla la función de atender el interés público.

El proyecto consta de 201 artículos agrupados en ocho títulos y 14
transitorios, destacándose la búsqueda de "un servicio eficiente, plural,
equitativo, competitivo, democrático y transparente". Asimismo, que sea de
calidad y sustituya los programas y telenovelas de hoy en día, verdaderos
adefesios.

El mencionado Consejo vigilaría el cumplimiento de contenidos y
programación. A la vez impondría sanciones a prestadores de servicios, cómo
distribuir tiempos de Estado, puntualizar el derecho de réplica y atender
inconformidades de concesionarios.

Es de primera importancia lo señalado en el artículo 44 del proyecto, de que
el titular de concesión o permiso que cuente con más de 35% de las
frecuencias, operando en una zona geográfica de cobertura bajo una misma
categoría, no podrá obtener ninguna más. Esto obligaría a abrir la puerta a
nuevos competidores que "hagan crecer de manera paulatina y sin lastimar
derechos de emisoras existentes la oferta de radiodifusión".

Alto a traspasos simulados de radiodifusoras

Un propósito incómodo a senadores comprometidos con dueños de televisoras y
estaciones de radio es el de que a quienes operan estaciones de radio no
todos son titulares de concesiones se les impida actuar al margen de la ley,
y sin conocimiento y autorización previa del Consejo se traspasen esos
privilegios o explotación directa en derechos conferidos.

De ser aprobada la nueva ley, los titulares deberán prestar directamente el
servicio a fin de terminar con la simulación. Algunos radiodifusores
usufructúan más de 100 estaciones cada uno y corresponden a individuos
ajenos a la industria, beneficiada por el actual y otros gobiernos.

Respecto a prestadores de televisión abierta, indica el documento, deben ser
obligados a retransmitir su señal y de manera gratuita el servicio
restringido que opere en la misma plaza.

Considera el proyecto que la licitación, bajo características de
transparencia y publicidad, es el mecanismo óptimo para evitar conductas de
corrupción e inequidad de funcionarios en el otorgamiento de concesiones.

Advierten senadores de tres comisiones legislativas que la facultad
discrecional de Comunicaciones y Transportes para conceder concesiones con
duración de 30 años sólo genera incertidumbre, falta de transparencia y
conflictos por tan prolongados plazos. Debido a ello proponen establecer el
periodo de 15 años, tiempo pertinente para recuperar la inversión.

Lo anterior tampoco gusta a senadores de marcados intereses en la industria.
Menos reconocen que los otorgamientos en Canadá son de siete años y de ocho
en Estados Unidos. Incluso se han inconformado por la incorporación a la
misma ley de la radiodifusión restringida, es decir, cable, satelital y
directa al hogar.

A fin de garantizar respeto a la libertad de expresión, el proyecto elimina
en la programación todo tipo de revisiones en contenidos y no establece
ningún requisito para la transmisión, salvo los previstos en otras leyes en
materia de publicidad, a efecto de proteger la salud de consumidores.

La revisión integral de radio y TV, fundamental en la vida de la nación,
comenzó el 5 de marzo de 2001 mediante una mesa instalada en Gobernación. Al
cabo de 65 reuniones, los senadores Corral Jurado y Raymundo Cárdenas, éste
del PRD, presentaron la iniciativa correspondiente.

Después se sucedieron entrevistas con representantes de la industria,
servidores públicos, académicos, periodistas y de otros sectores. También
fueron realizados foros regionales en Guadalajara, Mérida, y Tijuana.

A la vez fue aprovechado el material en poder de la Cámara de Diputados en
la materia y al menos siete iniciativas de diferentes fracciones
parlamentarias. Pese a ello se ha negado a exponer su criterio la Cámara de
la Industria de Radio y Televisión. Al parecer se dignará hacerlo el 16 de
este mes.

Se enfrentan Bartlett y Gamboa Patrón

Senadores opositores al dictamen de la nueva ley argumentan, entre ellos
Gamboa Patrón, la necesidad de nuevas reglas, consultas y análisis. Pero el
bando contrario exige que en el actual periodo ordinario sea llevado el tema
a discusión en el pleno senatorial.

A nivel de comisiones, Manuel Bartlett dijo el 19 de enero pasado que debían
ponerse las cartas sobre la mesa, porque "todos decimos que se necesita una
ley, pero está perfectamente detenida". Agregó que por primera vez en 40
años se tiene un texto final, discutido y analizado durante meses". "Ya ha
habido `n` consultas", destacó.

Ante la insistencia de Gamboa por escuchar a técnicos del gobierno, Bartlett
dijo: "Seguramente Gamboa los va a escuchar por primera vez, después de
haber sido secretario de Comunicaciones y Transportes; entonces le van a
traer una serie de sorpresasŠ pero en fin, vamos a oírlos, a todos, pero no
sigamos entorpeciendo el procedimiento, porque no debemos engañarnos a
nosotros mismos, ni se quiera que esta ley no pase y se busque toda clase de
pretextosŠ" Bartlett dijo que es defendida la más desvergonzada facultad,
sin límites, de la Secretaría de Comunicaciones, que sin licitar puede
entregar concesiones y no informa a nadie.

Tampoco se quiere regular la televisión restringida, lo cual es
verdaderamente absurdo, denunció.

Los comprometidos están por que Comunicaciones y Transportes mantenga la
facultad discrecional de repartir permisos a largo plazo. Y los "cableros",
quienes aplican cuotas a placer en los servicios al público, se oponen a su
regulación.

Están felices porque operan al margen de la Ley.

En su réplica, Gamboa Patrón dijo sin ser el tema de discusión que la
iniciativa de energía lleva cuatro años y no se ha dictaminado. Le contestó
Bartlett que dos veces ha sido dictaminada, pero en contra.

Volvió a la carga Gamboa: "Yo le preguntaría a mi amigo, con todo respeto,
el sí o el no, eh. ¿Cree que México requiere de una reforma eléctrica? Si o
no, no nos vayamos al dogmatismo de que el puebloŠ Sí o no, nada más quiero
saber eso".

Bartlett terminó el roce verbal así: "México no requiere de la privatización
eléctrica ni del petróleo. ¡No!".

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