Cámara Baja rechaza intento de restringir el español en papeletas de votación
EFE
Mayo 11, 2006
Mayo 11, 2006
Washington.- El Comité Judicial de la Cámara Baja de EEUU rechazó hoy un intento por parte de algunos legisladores conservadores de eliminar el requisito de que las papeletas para el voto estén en español en lugares donde los hispanos son numerosos.
La obligación de que haya papeletas en más de un idioma e intérpretes está contemplada en la Ley del Derecho al Voto, de 1965, cuya renovación había sido bloqueada por un grupo de conservadores para exigir que todo el proceso sea en inglés.
Sin embargo, sus intentos murieron hoy, cuando el Comité rechazó la enmienda para la eliminación de esta cláusula por 26 votos a favor y 9 en contra.
Los nueve legisladores que respaldaron la idea, abanderada por el republicano Steve King, eran de su mismo partido, mientras que los demócratas se opusieron en masa a ella.
Los conservadores alegan que este requisito "anima a la división lingüística de nuestra nación y contradice el ideal 'de crisol' que nos ha hecho la nación multiétnica más exitosa de la Tierra", según indicó una carta suscrita a principios de año por King y otros 54 representantes republicanos y un demócrata.
La ley requiere prestar ayuda con el idioma a los extranjeros que sumen 10.000 personas o el 5 por ciento del total de ciudadanos habilitados para votar dentro de una jurisdicción.
A pesar de esta obligación, vigente en 31 estados del país, un informe del Departamento de Justicia indicó este año que a menudo los funcionarios electorales no la cumplen.
Algunos estudios indican que la baja participación electoral de los hispanos en EEUU se debe en parte a dificultades idiomáticas en lugares donde no se les presta asistencia o en jurisdicciones donde las traducciones del inglés al castellano dejan mucho que desear.
A pesar de estos problemas, las asociaciones latinas se oponen de plano a que se elimine este requisito.
La polémica sobre el idioma en las elecciones se enmarca en el debate sobre la reforma migratoria, que la semana que viene retomará el pleno del Senado.
Allí se batirán los conservadores que quieren medidas de mano dura contra los inmigrantes ilegales frente a los que, como el presidente de EEUU, George W. Bush, quieren un plan para regularizar su situación legal así como el flujo de trabajadores extranjeros.
La obligación de que haya papeletas en más de un idioma e intérpretes está contemplada en la Ley del Derecho al Voto, de 1965, cuya renovación había sido bloqueada por un grupo de conservadores para exigir que todo el proceso sea en inglés.
Sin embargo, sus intentos murieron hoy, cuando el Comité rechazó la enmienda para la eliminación de esta cláusula por 26 votos a favor y 9 en contra.
Los nueve legisladores que respaldaron la idea, abanderada por el republicano Steve King, eran de su mismo partido, mientras que los demócratas se opusieron en masa a ella.
Los conservadores alegan que este requisito "anima a la división lingüística de nuestra nación y contradice el ideal 'de crisol' que nos ha hecho la nación multiétnica más exitosa de la Tierra", según indicó una carta suscrita a principios de año por King y otros 54 representantes republicanos y un demócrata.
La ley requiere prestar ayuda con el idioma a los extranjeros que sumen 10.000 personas o el 5 por ciento del total de ciudadanos habilitados para votar dentro de una jurisdicción.
A pesar de esta obligación, vigente en 31 estados del país, un informe del Departamento de Justicia indicó este año que a menudo los funcionarios electorales no la cumplen.
Algunos estudios indican que la baja participación electoral de los hispanos en EEUU se debe en parte a dificultades idiomáticas en lugares donde no se les presta asistencia o en jurisdicciones donde las traducciones del inglés al castellano dejan mucho que desear.
A pesar de estos problemas, las asociaciones latinas se oponen de plano a que se elimine este requisito.
La polémica sobre el idioma en las elecciones se enmarca en el debate sobre la reforma migratoria, que la semana que viene retomará el pleno del Senado.
Allí se batirán los conservadores que quieren medidas de mano dura contra los inmigrantes ilegales frente a los que, como el presidente de EEUU, George W. Bush, quieren un plan para regularizar su situación legal así como el flujo de trabajadores extranjeros.