En marzo del 2002, el Diputado Socialista Sergio Aguiló Melo lanzó su famoso
"Grito de Aguiló", un grito de denuncia que llamaba a modificar substancialmente
la política económica y social del gobierno del cual su partido forma parte. Sin
embargo, aparte del alboroto inicial que su documento causó entre la clase
política en el gobierno, en los pasillos del Congreso y el palacio de la Moneda,
los efectos prácticos del mismo han sido absolutamente nulos.

Desde marzo del 2002, mes de difusión del documento, han transcurrido
exactamente 44 meses (3 años y 8 meses) de gobierno "socialista neoliberal" y
--en lo escencial-- nada de lo que en su oportunidad denunció Aguiló, ha
cambiado. Tampoco tiene visos de cambiar, a pesar de las promesas que --como
"las voces de sirenas de Curanilahue" de la campaña presidencial anterior-- los
ciudadanos chilenos vuelven a escuchar como parte del ritual para decidir quién
será el próximo inquilino de la Moneda y "frenar a la derecha más reaccionaria"
(con énfasis en el "más"), como lee una reciente declaración suscrita por el
mismo Aguiló y algunos otros parlamentarios:

"En los días y horas recientes, diversas organizaciones políticas y
personalidades de izquierda que en la elección del 11 de Diciembre pasado
adhirieron a la candidatura de Tomás Hirsch, han adoptado la importante decisión
de llamar a votar por Michelle Bachelet en la segunda vuelta de la elección
presidencial. Entre estas organizaciones se encuentran el Partido Comunista, la
Izquierda Cristiana, la Surda, Fuerza Social y el colectivo de ex dirigentes
estudiantiles, además de numerosos dirigentes sociales y políticos
independientes.

" Lo han hecho con el propósito de ayudar a frenar a la derecha más reaccionaria
y con la sola condición de que en el programa de la Concertación se releven
temas de enorme gravitación social y política, que hagan de Chile un país más
democrático y más justo.

"No han pedido nada a cambio; ni cargos ni puestos en ningún espacio de poder.
Por el contrario, han adoptado esta decisión con la dignidad y coherencia que
emana de su propia historia y principios políticos.

"Quienes firmamos esta declaración, parlamentarios recientemente electos, o
reelectos en las bancadas de la Concertación, queremos expresar nuestro respeto,
valoración y reconocimiento a la decisión adoptada por estas personas y
organizaciones de izquierda que, con toda seguridad, será relevante para el
triunfo de Michelle Bachelet el próximo 15 de Enero.

"Del mismo modo, reafirmamos nuestro compromiso de luchar desde el Parlamento,
para que los propósitos políticos y sociales que han fundamentado tan
importante decisión, puedan convertirse en realidad de una vez por todas en
nuestro país.

Firman:

Sergio Aguiló, Gabriel Ascencio, Marco Enríquez-Ominami, Eduardo Saffirio,
Nelson Ávila, Alejandro Navarro, Adriana Muñoz, Tucapel Jiménez, Juan Bustos,
Alvaro Escobar


Sin embargo, mientras los partidos progresistas que efectivamente están
dispuestos a modificar el status quo no se zafen de las amarras del centrismo
derechista que les impone la cúpula democratacristiana, el país seguirá siendo
el que describiera el mismo Aguiló:


CHILE ENTRE DOS DERECHAS

por Sergio Aguiló Melo


En diciembre del año pasado [2001], religiosas de Talca de una congregación que
mantiene un hogar de menores en riesgo social, vivieron una experiencia
traumática que, por desgracia, se ha repetido en otros lugares del país: al
momento de ir a matricular a los niños a la escuela pública más cercana, se
encontraron con el rotundo rechazo de la directora del establecimiento, bajo el
argumento de que había que mantener el prestigio de la escuela, el cual se
podría ver afectado con la incorporación de estos niños. En los siguientes
establecimientos donde fueron a golpear puertas les ocurrió otro tanto. Sólo
mucho más tarde, y después de reclamos y protestas, lograron ubicar matrícula
para sus niños, en escuelas más apartadas y con menor desarrollo académico. El
derecho a la educación de estos niños, precisamente de estos niños pobres,
marginados y marginales, fue gravemente vulnerado. Esto ocurrió justamente en
las escuelas públicas, en aquellas que creó el Estado para garantizar el derecho
a la educación de todos los chilenos.

En la mayoría de los liceos públicos de mayor desarrollo académico del país,
especialmente en aquellos ubicados en las capitales de regiones, algunos de los
cuales han sido beneficiados por programas especiales del Estado tendientes a
mejorar la calidad de la enseñanza, ha venido produciéndose en los últimos años,
lenta pero inexorablemente, un progresivo reemplazo de alumnos provenientes de
familias económicamente modestas, por aquellos provenientes de familias
económicamente acomodadas. El mecanismo a través del cual ha ocurrido este
fenómeno no ha sido explícito, pero no ha dejado de ser eficiente. Con el
argumento de elevar el prestigio de la educación pública, y del establecimiento
en particular, y para lograr ubicarse en lugares expectantes en los rankings de
la prueba Simce o de la PAA, los directores de los liceos han aumentado
crecientemente las exigencias de ingreso y los test de admisión a sus
establecimientos, al punto de generar, tal vez sin proponérselo, esta verdadera
mutación social en la composición de su alumnado. Si hoy hacemos una encuesta
para averiguar el perfil socioeconómico de los alumnos de estos liceos,
probablemente nos encontremos con la sorpresa de que no será radicalmente muy
distinto al de los alumnos del colegio particular pagado más cercano.
Ciertamente, todo ello ocurre mientras se les niega la matrícula a postulantes
de origen económico más modesto, que no fueron capaces de superar, muchas veces
por falta de acceso a la educación preescolar, por educación básica deficitaria
o por otras causas asociadas a su condición, las duras exigencias que les fueron
puestas para su ingreso a uno de estos liceos " top ". El fenómeno, en todo
caso, pone claramente en entredicho las limitaciones que hoy está teniendo el
ejercicio del derecho a la educación de los más pobres.

En la educación superior, el panorama es suficientemente conocido: miles de
jóvenes, no obstante sus capacidades y talentos, quedan todos los años al margen
de la posibilidad de continuar sus estudios exclusivamente por razones
económicas. Adicionalmente, la absoluta desrregulación y falta de control del
sistema de educación superior está generando miles de profesionales , sobre todo
de universidades privadas, que no encuentran espacio laboral por no ser útiles,
necesarias o pertinentes dichas profesiones al desarrollo económico, social y
cultural de nuestro país.

En otro ámbito, en las últimas semanas, miles de familias de nuestro país,
especialmente aquellas que viven en regiones donde se privatizó la empresa
sanitaria local, constataron con estupor el exorbitante aumento de las tarifas
del agua potable, las que en muchos casos duplicaron las cuentas del mes
inmediatamente anterior. En el caso de los cesantes y de los jubilados con
rentas bajas, esto se traducirá rápidamente en un incremento del número de
hogares con el suministro de agua potable cortado.

Así también, nos encontramos con que, según antecedentes actualizados al mes de
Junio del 2001, la lista de espera por atenciones de médicos especialistas en
los hospitales del país, superaba la cifra de 150.000 personas. Se trata de una
espera mayor de seis meses y de una cifra que subdimensiona el fenómeno, ya que
no todos los servicios de salud regionales han actualizado sus antecedentes.
Naturalmente, las personas afectadas son beneficiarias del Fonasa, y se puede
inferir que pertenecen a los tramos de ingreso más bajos entre sus afiliados,
puesto que de lo contrario habrían optado por atenderse con un médico
particular, haciendo uso de la modalidad de "libre elección" [A LA FECHA, LA
MINISTRA DE SALUD (2000 - 2002) ERA MICHELLE BACHELET, LA ACTUAL CANDIDATA
PRESIDENCIAL OFICIALISTA].

En los últimos dos años, producto de la crisis económica, la cartera de deudores
hipotecarios morosos del SERVIU se incrementó drásticamente. Aunque el
Ministerio de la Vivienda puso en práctica medidas de ayuda a las familias en
problemas, suspendiendo la obligatoriedad de pago de los dividendos por seis
meses prorrogables, adoptó la decisión estructural de traspasar a la banca
privada la cartera de créditos por viviendas sociales, agregando de esta forma
un factor adicional que alimenta la intranquilidad de muchas familias chilenas.

Estas breves pinceladas, que no pretenden agotar el panorama de la realidad
social de nuestro país, pueden, sin embargo, ayudar a comprender el estado de
ánimo y la percepción del país que hoy tienen un importante número de chilenos y
chilenas.

Los nuevos temores [que persisten]

Sabemos que muchos compatriotas se encuentran hoy experimentando una sensación
de temor, de inseguridad, de riesgo, de desesperanza e incluso de
"antiesperanza", como expresara recientemente el destacado dramaturgo nacional
Juan Radrigán. Muchas y muy serias encuestas así lo demuestran. Entre otras, las
incluidas en los prestigiosos estudios sobre la realidad chilena elaborados por
el PNUD. Inseguridad por no tener un trabajo estable o por la posibilidad de
perderlo en el futuro; riesgo de enfermarse y de no ser atendido; temor a no
dejarle a sus hijos ni siquiera la herencia de una buena educación.

Que contradictoria pareciera ser esta visión con la que tienen de Chile los
organismos financieros internacionales, la mayor parte de la prensa mundial y la
opinión pública exterior que se informa a través de esta prensa. Allí, Chile
cuenta con el sólido prestigio de tener una economía sana y de llevar adelante
una transición exitosa. Pero basta escarbar apenas un poco para encontrar
información sólida, con las comparaciones pertinentes, elaborada por
instituciones tan solventes y de reconocida reputación como Naciones Unidas,
para caer en la cuenta que nuestro país se encuentra, por ejemplo, entre las
diez naciones con la más desigual distribución del ingreso del planeta; que
nuestro país se encuentra entre los más inequitativos e injustos del mundo.

No es exagerado decir que un país, en donde el 10% más rico de su población
acapara más del 42% de todo lo que se produce, donde el 20% más pobre de su
población apenas se queda con el 3.7% del Ingreso, y donde el Estado ha sido
incapaz de construir una red de protección social, cuenta con un potencial de
conflictividad que puede llegar a amenazar la estabilidad y la paz social.

Definitivamente, no estamos construyendo una sociedad esperanzadora para los
pobres y para amplios sectores de la clase media de nuestro país.

Como ha dicho P. Bourdieu, una de las razones de la desesperación de todas esas
personas procede, en realidad, de que el Estado se ha retirado, o está a punto
de hacerlo, de cierto número de sectores de la vida social que le correspondían
y de los que se responsabilizaba: la vivienda social, la escuela pública, la
salud pública, entre los más relevantes.

La Dictadura retiró al Estado de su responsabilidad con la seguridad social de
los adultos mayores, privatizando el sistema previsional; nosotros, es decir la
Concertación, retiramos al Estado de su tarea de proveer a un costo razonable
los servicios de agua potable y alcantarillado, privatizando buena parte de las
empresas sanitarias del país; la Dictadura retiró al Estado de su función de
asegurar que todos los jóvenes capaces llegaran a la educación superior;
nosotros estamos retirando al Estado, al menos en parte, de su responsabilidad
con la vivienda social , al traspasar a la banca privada el financiamiento que
hasta ahora le correspondía al SERVIU; la Dictadura inició el retiro del Estado
de la salud pública disminuyéndole drásticamente los recursos y creando las
Isapres como seguros privados; nosotros, a pesar de haber destinado mayores
recursos a hospitales y consultorios, corremos el riesgo de terminar
consolidando un sistema sanitario con predominio de actores privados, poniendo
en serio peligro el ejercicio del derecho a la salud del conjunto de los
chilenos (si prosperan las iniciativas que hasta ahora han inspirado a
integrantes del equipo de la Reforma).

Con Pinochet completamente fuera del escenario político y con la no despreciable
distancia de más de doce años del momento en que nos interpelaba el dramático
dilema de dictadura o democracia, la mayoría de los chilenos busca en las
propuestas que hoy le ofrecen las principales fuerzas políticas - si es que algo
buscan todavía los chilenos en la política -, alguna respuesta que les permita
mitigar sus miedos, sus frustraciones, sus inseguridades, ante un mundo que se
globaliza, pero donde nadie les garantiza lo mínimo y justo. Y no encuentran más
que una respuesta: para que el país crezca es necesario liberar todos los
mercados; es necesario entregar toda iniciativa de producción y distribución de
bienes y servicios - salud, educación, transporte, agua potable, energía
eléctrica incluidos -, a los privados que son los que saben hacer eficientemente
estas cosas; es indispensable reducir al máximo la participación del Estado, ya
no sólo en la producción sino también en la regulación de los mercados, para no
distraer a los empresarios de su esfuerzo principal.

En lo que a los chilenos les preocupa ahora - no sería razonable que juzgáramos
esas preocupaciones quienes precisamente tenemos un trabajo estable y un sueldo
más que suficiente -, las agendas de la Concertación y de la Alianza por Chile
son, en lo fundamental, idénticas. Son de derecha, sin más. Y ese es el
principal problema político de nuestro país en estos tiempos: tener que optar
entre dos derechas. Una, la Concertación, integrada por mujeres y hombres de
larga y probada convicción y conducta democrática; otra, la Alianza por Chile,
integrada por personas que acompañaron y respaldaron a la Dictadura de Pinochet,
con todas sus violaciones incluidas. Ambas, sin embargo, dibujando el mismo
horizonte para Chile, a través de programas y proyectos que en cualquier debate
intelectual serio y sin censuras serían catalogados de derechas.

Derecha democrática o derecha autoritaria, esa pareciera ser la cuestión. Pobre
cuestión para un país orgulloso de su tradición democrática y de su imagen
progresista.

En cuatro años más, cuando estas alternativas estén planteadas directamente en
el terreno electoral, es muy probable que los chilenos tiendan a optar, como lo
advirtiera con preocupación Carlos Huneus en una reciente entrevista, por el
original y no por la copia.

Para tranquilizarnos, algunos de nuestros intelectuales, los que han hecho del
neoliberalismo su nueva obsesión ideológica , se han apresurado a preparar el
terreno a tan singular acontecimiento, señalando que no hay nada más propio de
la democracia que la alternancia en el poder. Se guardan de añadir, eso sí, que
la derecha autoritaria comandada por la UDI controlaría, en ese evento,
prácticamente todas las esferas de poder de nuestra sociedad: el mundo de la
empresa, los medios de comunicación, el gobierno, el parlamento eventualmente,
el poder militar.

Nuestros partidos, atomizados como están, pero no adormecidos, han realizado
algunos intentos por poner en discusión el tema más global del tipo de país que
estamos construyendo. Desde el mundo social, especialmente desde la CUT, se han
realizado planteamientos cuestionadores del "modelo" en su conjunto; desde el
mundo intelectual - o de lo que queda de aquel - llegan esporádicamente
reflexiones críticas y provocadoras que no alcanzan, sin embargo, a motivar una
discusión general; desde la política - militantes, dirigentes de partidos,
parlamentarios -, se ha hecho poco por poner en cuestión lo que a estas alturas
resulta inevitable. Razones nunca faltaron, y probablemente nunca faltarán. Al
comienzo estaba Pinochet, quien con sus boinazos y ejercicios de enlace,
ordenaba las prioridades de todo el mundo, excluyendo cualquier otra
preocupación. Luego vino la euforia por el crecimiento sostenido a tasas
superiores al 7%, relegando todo debate para mejores ( o habría que decir
peores) tiempos. Hasta que, en diciembre de 1997, llegó el momento propicio.
Aquel año, el crecimiento, el empleo y el consumo mostraban cifras más que
aceptables. Sin embargo, en las elecciones que se realizaron para renovar el
Parlamento, la Concertación perdió 900.000 votos. Fue suficiente - y era que no
- para que se iniciara una discusión seria en el seno de nuestra alianza. Como
se sabe, porque esto es historia, se instalaron múltiples espacios y se
generaron diversas convergencias, casi todas transversales, para exponer,
intercambiar y discutir los diversos planteamientos surgidos al calor de las
motivaciones del momento. Los principales argumentos cristalizaron en sendos
documentos formales ( dos o tres fueron los principales, según quien cuente la
historia), que no alcanzaron a ser masivamente socializados, porque en ese
momento cayó sobre sus promotores la amenaza de la doble calificación de
desleales y ridículos; la primera por poner en riesgo los avances del gobierno y
la segunda por el supuesto absurdo intento de contraponer a "autoflagelantes" y
"autocomplacientes". Allí abortó el debate.

Hoy, a dos años de haberse iniciado el tercer gobierno de la Concertación, y
cuando aún le quedan cuatro años al Presidente Lagos, el ánimo de dirigentes y
parlamentarios concertacionistas, con todas las graduaciones y matices
correspondientes, parece ser distinto. Como rendidos frente a la sentencia, más
famosa en francés, de "así es la vida", pareciéramos pensar, aunque no siempre
dispuestos a confesar, "que frente a una economía y a una sociedad globalizada
bajo los parámetros del neoliberalismo, nada significativo se puede hacer". Así,
cada vez es más evidente que ante la ausencia de un proyecto colectivo o ante la
ausencia de esfuerzos visibles por construirlo, nuestros empeños se encaminan en
la búsqueda de logros personales, que en la política suelen ser el poder, la
figuración mediática, el prestigio propio y, aunque por fortuna de manera muy
excepcional todavía, el dinero.

La expresión de este estado de ánimo, que predomina en las bancadas oficialistas
en el nuevo Parlamento que acaba de jurar, ha sido particularmente elocuente. En
las negociaciones por instalar las mesas y las presidencias de comisiones de
ambas cámaras, se han manifestado con fuerza inédita las ambiciones personales y
los proyectos individuales , incluso cuando, como ocurrió en relación a la
presidencia del Senado, esto haya podido acarrear un duro revés para el interés
colectivo de la Concertación.

Sería muy poco riguroso, además de injusto, si aquí no constatáramos que los
gobiernos de la Concertación, además de los enormes logros conseguidos en la
tarea de democratizar el país y de los sinceros esfuerzos desplegados para
alcanzar los objetivos de Verdad y Justicia en materia de Derechos Humanos,
pueden mostrar avances innegables en el mejoramiento de las condiciones de vida
del pueblo chileno. Bástenos recordar sólo que la pobreza se ha reducido a la
mitad, respecto a la que el país tenía en 1989.

Podemos decir, sin una gota de sarcasmo, que se ha administrado con gran
sensibilidad social el modelo neoliberal que heredamos.

El punto es, sin embargo, que la sociedad que se dibuja en el horizonte,
proyectada para los próximos años a partir de la administración de lo que hoy
tenemos, es rechazada por la mayoría de los chilenos y no convoca los
entusiasmos, los sueños ni las energías de los militantes de la Concertación.

Ya hemos hecho bastante, en verdad todo lo que podíamos hacer, administrando un
modelo neoliberal. Es hora de cambiar.

No es un cambio a la revolución. Ni a nada dramático, en verdad. Es un cambio a
lo que Ricardo Lagos comprometió en ese histórico discurso en Curanilahue, al
comienzo de su campaña, cuando sentenció recordando a Violeta Parra que "Chile
limita al centro de la injusticia", y trazó la que sería su principal tarea (que
luego se transformó en la consigna de la campaña): Crecer con Igualdad.

Hoy, para organizar sus prioridades en los próximos cuatro años, el Gobierno nos
presenta su agenda bajo el título de "Crecimiento con Protección Social".
Suponemos, de buena fe, que ambas consignas apelan a lo mismo: a que en una
sociedad como la nuestra, el Estado tiene un rol insustituible en la promoción
del empleo; en el subsidio a la cesantía cuando inevitablemente se produce; en
la salud pública; en la educación pública; en la seguridad social previsional;
en la promoción de la cultura y en garantizar el acceso equitativo a los bienes
culturales a todos los chilenos; en garantizar el ejercicio de sus derechos a
todos los habitantes del país, especialmente a sus minorías discriminadas; en
promover y hacer respetar los derechos de los trabajadores; en la redistribución
del ingreso, etc.

Así, no es el cambio de consigna lo que debe preocuparnos, sino la absoluta
falta de voluntad para llevar a la práctica las tareas y esfuerzos que
inevitablemente se desprenden de su enunciación.

Para participar de un proyecto colectivo que se proponga hacer de Chile un país
más igualitario y más justo, sobre todo más protector de los débiles, que
reduzca y ojalá elimine el temor y la incertidumbre que hoy agobia a miles de
compatriotas, hay mucha gente todavía en Chile. Ese es nuestro gran capital.
Está, por cierto, toda la Concertación y creo que también la llamada izquierda
extraparlamentaria. Sobretodo, están muchos jóvenes que sueñan con participar de
un proyecto colectivo, que se comprometa con la dignificar nuestra sociedad y
con un real respeto a los derechos de cada uno de nuestros compatriotas.

Con todo, siento necesario terminar diciendo que el sentido primero de estas
reflexiones es, antes que nada, autocrítico. Tengo perfecta conciencia de que en
estos doce años en que he ejercido como diputado, he votado favorablemente leyes
cuyos efectos sociales aquí critico. No puedo evitar, sin embargo, tener igual
conciencia acerca del dilema que enfrentamos quienes militamos en algún partido
de la Concertación, más aún si tenemos cargos de representación popular: caer en
el cinismo, con su secuela de deterioro moral, o ser arrastrados a la
frustración permanente e infecunda. Una manera de arrancar de este dilema, nada
de atractivo por lo demás, es colocar en común estos temas con quienes hemos
recorrido un camino similar estos años.

Entre tanto, en lo que a mi conducta estrictamente política se refiere, me ha
parecido necesario, para ser mínimamente coherente con lo que aquí he expresado,
renunciar al cargo de jefe de la bancada de diputados socialistas y al rango de
miembro de la comisión política del partido, toda vez que dichas funciones
implican necesariamente la representación colectiva de la opinión del conjunto
de los Diputados en el primer caso y, de la dirección política colectiva del
Partido Socialista, en el segundo. Asimismo, he estimado indispensable
informarle al Gobierno de mi disposición a votar favorablemente sólo aquellos
proyectos que, en mi opinión, vayan en la dirección de ir construyendo un país
que crece con igualdad.