por Germán F. Westphal y Pedro A. Matta

En un reciente intercambio de mensajes electrónicos sostenido entre
el Secretario de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y
Tortura, Cristián Correa Montt, por una parte, y los suscritos, por
otra, el primero argumentó en los siguientes términos:

"En cuanto a [la postergación del plazo para la recepción de
antecedentes], debo señalarles que estamos ya contra reloj si
queremos que las medidas de reparación sean aprobadas en el Congreso.
En efecto, se requieren los tres meses de extensión del plazo para
procesar, buscar información y calificar los 25.000 casos que hemos
recibido, y para elaborar el Informe. Entregado éste en agosto, aún
estamos a tiempo para que la discusión parlamentaria acerca de las
medidas de reparación no se produzca en el clima de confrontación de
la elección presidencial. No obstante, si tardamos más que eso, se
arriesga seriamente no sólo que la discusión no tenga la altura de
miras que requiere, sino incluso que las leyes no sean aprobadas
durante la actual administración, lo que constituye una seria amenaza
para el resultado final del proceso. Tenemos la obligación de
cumplir con aquellos 25.000 que han presentado sus testimonios,
enfrentando temores y reviviendo pesadillas."

La presunción en que se basa todo lo que dice el Secretario de la
Comisión es que en tiempos de elección presidencial, las discusiones
parlamentarias corren el riesgo de no tener "altura de miras" y, en
el caso de medidas de reparación como las que nos ocupan, se corre el
riesgo de que "no sean aprobadas". Por cierto, si seguimos la lógica
de Cristián Correa, deberíamos cerrar el Congreso durante dicha época
pues toda legislación que tramite el mismo estaría "teñida" por la
confrontación política-electoral... Sin embargo, éste no es el fondo
del asunto. En efecto, lo que realmente le preocupa a Cristián Correa
sigue inmediatamente a continuación cuando dice que se corre el
riesgo de que las leyes correspondientes "no sean aprobadas durante
la actual administración..." Es decir, lo que interesa es aprobar las
leyes durante el gobierno de Ricardo Lagos. Una vez que esto está
claro, la motivación política queda abiertamente de manifiesto: De lo
que se trata es aprobar un paquete legislativo que se pueda exhibir
como un logro del gobierno. Este es el fondo del asunto. Todo lo
demás, como "el resultado final del proceso" y la "obligación de
cumplir con aquellos 25.000 que han presentado sus testimonios..." no
es lo auténticamente central pues en contrapartida a las 25.000
víctimas que menciona Cristián Correa, están las 300.000 que menciona
la Comisión Etica Contra la Tortura en una reciente declaración
pública.

Si el asunto honesta y auténticamente era de prioridad ética para el
gobierno, bien podría haber establecido la Comisión del caso con
debida anticipación, en respuesta a las voces que persistentemente
vienen reclamando sobre el tema de la prisión política y la tortura
desde hace 14 años. Sin embargo, no ha sido así y lo que en verdad
tenemos es que, en las postrimerías de su mandato, el gobierno ha
creado una Comisión para investigar uno de los más crueles y
abominables horrores de la dictadura, como es el de la tortura,
haciendo uso de la figura moral de Monseñor Sergio Valech Aldunate,
quien preside la Comisión, para terminar instrumentalizando a su
favor los resultados correspondientes, sin importar realmente el
universo total de las víctimas, estimado en unas 300.000 por la
Comisión Etica Contra la Tortura: 25.000 son suficientes para
anotarse "un poroto" antes de las elecciones presidenciales...


Nueva York, 2 de mayo del 2004