ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS-ASOCIAÇAO AMERICANA DE
JURISTAS-ASSOCIATION AMÉRICAINE DE JURISTES-AMERICAN ASSOCIATION OF
JURISTS

ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE AVEC STATUT CONSULTATIF SPÉCIAL À L'ONU
-REPRÉSENTATION À GENÈVE-

Comisión de Derechos Humanos. 60º período de sesiones- marzo/abril 2004
Tema 15 del orden del día. Orador : Jaime Valdés A 08/04/04 - 11.30 hs.

Señor Presidente,

La Asociación Americana de Juristas quiere manifestar su profunda
preocupación por la violación sistemática de los derechos fundamentales de
los pueblos indígenas en la República de Chile y en especial, la represión
a la cual ha sido objeto el Pueblo Mapuche, habitante originario del sur
del continente americano. Por otra parte, valoramos el Informe del Relator
Especial, Sr. Rodolfo Stavenhagen sobre Cuestiones Indígenas en Chile
(E/CN.4/2004/80/Add.3) presentado en noviembre de 2003.

Es de lamentar que en los 14 años de gobiernos democráticos, sucesivos a
la repudiada dictadura militar presidida por el General Pinochet, no se
haya avanzado cualitativamente en el respeto de los derechos de los
pueblos indígenas. Sí bien es cierto, en 1993 se promulgó la Ley Indígena
Nº 19,253, sus disposiciones fundamentales ya estaban anuladas por otros
cuerpos legales existentes tales como el Código Minero, la Ley de Pesca y
el Código del Agua, que se encuentran en un régimen independiente sobre la
propiedad de la tierra y el uso productivo que esta pueda tener. La mayor
parte de los recursos naturales de las áreas indígenas están concesionados
a terceros, privando a las poblaciones originarias de los derechos
tradicionales de acceso a los recursos naturales para su supervivencia. El
parlamento chileno, integrado por senadores vitalicios, comprometidos y
designados por la dictadura, se ha negado a aprobar reformas
constitucionales en materias indígenas y a ratificar el Convenio 169 de la
OIT, que reconoce y protege los derechos de los pueblos originarios.

El Pueblo Mapuche en su justa lucha por la recuperación de sus tierras, su
dignidad y su cultura, así como en el ejercicio de sus derechos políticos,
civiles y sociales ha sido víctima de constantes atropellos y de una
sistemática violación a los derechos humanos. Esta situación ha sido
acompañada por una desmesurada represión policial cuyo objetivo es el
amedrentamiento, la pérdida de identidad como pueblo y el despojo de sus
recursos económicos históricos. Empresas trasnacionales, forestales y
latifundistas nacionales y extranjeros, en estrecha alianza y complicidad
con el Estado chileno, han sido los promotores de esta situación. El
allanamiento de viviendas y destrucción de las mismas; la violenta
represión a sus actividades reivindicativas y culturales; la presencia
constante de la policía civil y militarizada en sus comunidades; el
sobrevuelo de helicópteros militares y amenazas a la población civil; la
agresión física a hombres, mujeres y niños desarmados, incluso con armas
de guerra, presenta un panorama similar al de los Territorios Ocupados de
Palestina.

Varios dirigentes se encuentran encarcelados y condenados a largas penas
de prisión que se decretaron a través de procesos fraudulentos, realizados
incluso por tribunales dependientes de la justicia militar, que han
utilizado "testigos sin rostros", interrogatorios extrajudiciales con
tratamientos violentos, inhumanos y degradantes; y han recurrido incluso,
a intervenciones telefónicas de los abogados defensores. Las justas
protestas del Pueblo Mapuche han sido reprimidas y han arrojado como
resultado decenas de presos políticos, heridos a bala por las fuerzas
policiales e incluso ha costado la vida del joven Alex Lemún Saavedra de17
años, en noviembre del 2002. Se ha aplicado a los defensores de la causa
y derechos del Pueblo Mapuche la "Ley Antiterrorista" Nº 18.314, decretada
en 1984 por la Dictadura Militar, que fue creada para reprimir a quienes
luchaban por recuperar la democracia y que fue denunciada por violación a
los derechos humanos por quienes están hoy en el poder y se sirven de
ella.

El Informe del Relator Especial es categórico en la condena de esta
situación y plantea específicamente en los párrafos 69 y 70 lo siguiente;
cito: - Bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o
penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las
organizaciones y comunidades indígenas- y - No deberán aplicarse
acusaciones de delitos tomados de otros contextos ("amenaza terrorista",
"asociación delictuosa") a hechos relacionados con la lucha social por la
tierra y los legítimos reclamos indígenas-.

Los derechos de los pueblos indígenas se ven violentado aún más por el
carácter racista y discriminatorio de una parte importante de la sociedad
chilena que se niega a reconocer la identidad Mapuche y margina a los
pueblos originarios. Esta situación se ve incentivada por políticas de
Estado y es apoyada por el control absoluto de la prensa y los medios de
comunicación masivos a través del duopolio de las empresas de El Mercurio
y la Tercera. Los calificativos de "antisocial" y "terrorista" se utilizan
como sinónimos de indígena o Mapuche en sus radios, televisión y
periódicos nacionales.

Sr. Presidente,

Esta Comisión debería adoptar el informe del Relator Especial y crear o
establecer los mecanismos apropiados y necesarios para dar seguimiento a
las recomendaciones del mismo. También debería exigir al gobierno chileno
como mínimo e incondicionalmente, la libertad inmediata de todos los
presos políticos Mapuche, el inicio de procesos destinados al
reconocimiento constitucional de los pueblos aborígenes y la ratificación
del convenio 169 de la OIT.

Muchas gracias.

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Presidenta : Dra. Clea CARPI DA ROCHA Secretaria General : Dra. Vanessa
RAMOS Porto Alegre New York carpi@... vramos1565@...

Representante en Ginebra : Dr. Alejandro TEITELBAUM -
aleteitelbaum@...