1 de febrero del 2003

IMPUNIDAD EN GUATEMALA, UN EPISODIO SIN RESOLVER

Miguel Jiménez
Agencia de Información Solidaria (AIS). España, febrero del 2003.

La violencia política y la impunidad son un problema crónico en Guatemala.
Los esfuerzos por investigar y castigar abusos del pasado han sido poco
fructíferos, y los defensores de los Derechos Humanos son víctimas de actos
de intimidación reiterados. A lo que, además, se suma el clima de corrupción
generalizada en el país. El riesgo de que esta violencia aumente en el
futuro es muy alto, dado que no se le está poniendo freno.
Desde el fin de la guerra civil guatemalteca en 1996, una serie de grupos
clandestinos, a veces relacionados con los servicios oficiales de seguridad,
han atacado especialmente a los defensores de los Derechos Humanos y a otras
personas que buscaban que se hiciera justicia por las brutalidades que se
cometieron durante el conflicto, en el que cerca de 200.000 personas (la
gran mayoría campesinos indígenas) fueron ejecutadas de forma extrajudicial
o "desaparecieron" a manos de las fuerzas armadas de Guatemala y de sus
colaboradores civiles, las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). En la gran
mayoría de los casos, quienes ordenaron y llevaron a cabo estas graves
violaciones gozan de una impunidad total por sus crímenes. En los últimos
años, por ejemplo, se han enviado amenazas de muerte a varias ONG, varias de
sus oficinas han sido saqueadas y algunos de sus miembros han sido asaltados
o, incluso, asesinados. Tal es el caso de Guillermo Ovalle de León. El 29 de
abril de 2002, este miembro de la Fundación Rigoberta Menchú, fue asesinado
en un restaurante cerca de las oficinas de la fundación en Ciudad de
Guatemala. Claramente, el objetivo de estos ataques es disuadir las
iniciativas en curso para investigar y procesar abusos a los Derechos
Humanos cometidos en el pasado. Objetivo que están logrando.
El Gobierno de Alfonso Portillo ha reconocido públicamente la existencia de
estos grupos clandestinos y organizó una serie de reuniones entre un
Gabinete de Seguridad especial y representantes de las ONG que habían sido
hostigadas. Pero estas conversaciones no arrojaron ningún resultado
concreto, y varias ONG las rompieron alegando que el Gobierno no estaba
tomando medidas serias para desarticular a los grupos clandestinos. De
hecho, el Gobierno ha sido muy criticado por otras actuaciones que
benefician la impunidad y la injusticia. Así, Human Rights Watch manifestó
su preocupación por la propuesta gubernamental de ofrecer compensaciones a
ex miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), las milicias
civiles que fueron responsables de violaciones generalizadas de los Derechos
Humanos durante la década de los ochenta.
En julio, ex miembros de las PAC ocuparon un aeropuerto nacional y tomaron a
civiles como rehenes para exigir una compensación monetaria del Gobierno. El
presidente Portillo respondió a sus acciones elogiándoles públicamente por
ser "héroes" nacionales y anunciando la intención de su Gobierno de cumplir
sus demandas. Asimismo, las ONG también consideraron inaceptable la decisión
de Portillo de aplazar el desmantelamiento del Estado Mayor Presidencial
(EMP), un cuerpo militar de elite asociado a violaciones a los Derechos
Humanos en el pasado, y que debía ser desmantelado conforme a los Acuerdos
de Paz de 1996. Por otro lado, un hecho positivo fue el éxito del proceso
penal contra los responsables del asesinato del Obispo Juan Gerardi,
golpeado hasta la muerte en 1998, dos días después de hacer público un
informe de la Iglesia sobre la guerra. El tribunal declaró culpables de
asesinato al Coronel Byron Lima Estrada y a su hijo, el Capitán Byron Lima
Oliva.
Un importante obstáculo en la investigación de las violaciones de los
Derechos Humanos cometidas por los militares fue la intimidación a fiscales,
jueces y testigos mediante el terror. A este respecto, el tribunal del caso
Gerardi no fue una excepción. Desde el principio, las personas clave del
caso padecieron un "hostigamiento que se intensificó en los momentos clave
del juicio", según la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en
Guatemala (MINUGUA). Aunque el resultado de este juicio constituyó un enorme
avance, se registraron pocos progresos en otros casos famosos. El proceso a
los militares implicados en la masacre de Xamán de 1995, en la que fueron
asesinadas once personas, fue anulada por la Corte Suprema basándose en que
se habían cometido errores procesales en el juicio. Aunque se ha ordenado la
celebración de un nuevo juicio, las pruebas clave en el caso se han perdido
o manipulado. Tampoco se registraron avances en el proceso, iniciado en
1994, contra los soldados acusados de perpetrar en 1982 la masacre de Dos
Erres, donde murieron más de 160 personas.
Desgraciadamente, la injusticia anida en todos los escalafones de la
sociedad, y parece no tener límites. La violencia antisindical es una
realidad, numerosos periodistas están amenazados, muchos funcionarios de la
policía han sido acusados de obstruir a la justicia, torturar e, incluso,
llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales; y, por si fuera poco, la ausencia
de un cumplimiento efectivo de la ley y el alto índice de delincuencia común
han cimentado la inseguridad y la continua práctica del linchamiento como
forma de "velar por la justicia". En definitiva, hoy, más que nunca, la
comunidad internacional debe llamar la atención sobre un país que se muestra
incapaz de cicatrizar las heridas de uno de los peores conflictos de América
Latina.