FUENTE: http://www.rebelion.org/ddhh/videla110701.htm

El genocida argentino Videla procesado por integrar una asociación ilícita

Una jaula para los del Plan Cóndor

Victoria Ginzberg

Página 12

"Se encuentra acreditado que Jorge Rafael Videla, en su calidad de
Presidente de la República Argentina, tomó parte en la formación y
mantenimiento de la organización ilícita denominada 'Operación
Cóndor'." Con estas palabras el juez federal Rodolfo Canicoba Corral
dispuso ayer el primer procesamiento de un dictador por su
participación en el plan de coordinación de la represión en el Cono
Sur durante la década del 70.
El magistrado procesó y dictó la prisión preventiva de Videla y trabó
embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de un millón de pesos
en un extenso escrito en el que se prueba la existencia del Plan
Cóndor, sus objetivos criminales y la responsabilidad del dictador
argentino debido al "ejercicio de sus funciones de gobierno, en su
calidad de máxima autoridad de la nación y presidente de Argentina",
y como tal representante del Estado en el exterior. La imputación de
Videla como responsable "político" y no como comandante en jefe del
Ejército refuta el argumento de "cosa juzgada" que los abogados del
represor realizaron en la causa por robo de bebés -y que fue
rechazada por jueces de primera instancia y camaristas-, por la que
Videla se encuentra preso desde mediados de 1998.
El listado de personas extranjeras que desaparecieron en Argentina y
de los argentinos desaparecidos en el exterior aportado por la
Subsecretaría de Derechos Humanos, documentos del archivo del Terror
de Paraguay, los informes de inteligencia del agente de la policía
secreta pinochetista Enrique Lautaro Arancibia Clavel -condenado el
año pasado por el asesinato del general Carlos Prats y su mujer-,
informes desclasificados de Estados Unidos y los testimonios tomados
en esta y otras causas en las que se investigan crímenes relacionados
con las dictaduras latinoamericanas forman la prueba principal que le
permitieron a Canicoba Corral probar judicialmente la existencia del
Operativo Cóndor.
El documento del Departamento de Estado norteamericano que fue
remitido por el agente del FBI Robert Scherrer desde la embajada de
Buenos Aires el 28 de septiembre de 1976 es esclarecedor. Allí se
menciona textualmente que "Operación Cóndor es un nombre clave para
la recopilación y el intercambio sobre los llamados izquierdistas,
comunistas o marxistas. Fue recientemente establecida entre los
servicios secretos de América del Sud (...) Además de Chile, sus
miembros incluyen Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Brasil
acordó provisoriamente proporcionar información confidencial".
"La totalidad de las piezas probatorias permiten estimar la
existencia de una organización criminal político-militar a nivel
internacional sostenida por el poder ejercido de autoridades
jerárquicas militares, civiles y policiales de los países que habrían
integrado la misma, con fines criminales ilícitos como es, entre
otros injustos, la desaparición forzada de personas", escribió
Canicoba Corral. En el fallo también se mencionan otros delitos que
realizó esta asociación ilícita agravada: robos, utilización y
falsificación de documentos, imposición de tormentos y asesinatos. El
juez consideró que existirían tres fases o etapas que integrarían el
Plan Cóndor: "El intercambio de información de inteligencia entre los
Estados, la ubicación del denominado elemento subversivo o terrorista
y la ejecución o traslado del sujeto de cualquier otro país
signatario".
Al imputar concretamente la responsabilidad de Videla en el Plan
Cóndor -que habría estado a cargo de la SIDE-, Canicoba Corral cita
las declaraciones de Otto Carlos Paladino, ex secretario de
Inteligencia-, y el agente Aníbal Gordon, que declararon ante la
Justicia en 1984 y 1986 respectivamente. Ambos afirmaron que las
órdenes provenían de quien detentaba el Poder Ejecutivo. "El aquí
firmante estima coherente entender que la participación del referido
(Videla) dentro del acuerdo ilícito en el marco de la represión
interestatal clandestina -a nivel internacional -resultó de vital
importancia y trascendencia ya que éste país no podría- haber
resultado parte integrante del mismo sin la correspondiente decisión
de su máxima autoridad política." Videla fue informado de su nuevo
procesamiento ayer al mediodía, cuando fue trasladado a Comodoro Py.
En la secretaría de Oscar Aguirre se le comunicó que sería citado
nuevamente el 17 de agosto, para interrogarlo puntualmente por las
desapariciones ocurridas dentro del Plan Cóndor. Es la segunda
oportunidad en que el dictador deberá concurrir a tribunales en una
fecha patria: el pasado 20 de junio fue indagado en esta causa.
Canicoba Corral ya reclamó las capturas internacionales del dictador
paraguayo Alfredo Stroessner -que vive en Brasil como asilado
político-; del ex jefe de la policía secreta chilena Manuel Contreras
y de tres militares y un policía uruguayo. El próximo paso será pedir
la extradición del dictador Augusto Pinochet, sobreseído en Chile por
padecer una "demencia leve a moderada".

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Represores de aquí y de allá
En el escrito, el magistrado analiza las relaciones bilaterales de
Argentina con el resto de los países miembros del Operativo Cóndor
para lograr sus objetivos y menciona que según el estado de la causa
se puede afirmar que la asociación ilícita se habría conformado, al
menos, por:
Argentinos
Jorge Rafael Videla: ex presidente de facto de Argentina.
Carlos Guillermo Suárez Mason: ex comandante del Primer Cuerpo del Ejército.
Eduardo Albano Harguindeguy: ex ministro de Interior, general de división.
Chilenos
Augusto Pinochet Ugarte: general, ex miembro de la Junta Militar y
dictador de Chile.
Manuel Contreras: ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia de
la República de Chile (DINA).
Pedro Espinoza: coronel, ex alto funcionario de la DINA.
Paraguayos
Alfredo Stroessner: general de división, dictador de Paraguay.
Francisco Brites: general, jefe de la policía de Paraguay.
Pastor Milcíades Coronel: ex jefe del Departamento de Investigaciones
de la Policía de Asunción.
Benito Guanes: coronel, ex jefe del Servicio de Inteligencia militar
de Paraguay.
Uruguayos
Julio Vapora: ex comandante en jefe del Ejército de Uruguay.
El coronel Guillermo Ramírez, los mayores José Nino Gavazzo, Manuel
Cordero y Enrique Martínez y los capitanes Jorge Silveira y Hugo
Campos Hermida.

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El caso Rutilo Artes
En la resolución dictada ayer por el juez federal Rodolfo Canicoba
Corral se relatan decenas de secuestros de chilenos, uruguayos,
paraguayos, bolivianos y uruguayos en Argentina y de argentinos en
esos países que ilustran el accionar de las dictaduras del Cono Sur
dentro del Plan Cóndor. Entre ellos está el caso de la argentina
Graciela Rutilo Artes, quien fue secuestrada junto con su hija Carla
de nueve meses en Bolivia, abril de 1976. Según los datos que pudo
recopilar su madre, Matilde Artes, Graciela fue torturada por una
comisión de la Policía Federal Argentina que se hizo presente en La
Paz -en una casa perteneciente al Ministerio de Interior boliviano- a
mediados de agosto de 1976. Todo indica que Graciela y Carla fueron
entregadas a los represores argentinos en la frontera Villazón-La
Quiaca. Es seguro que Carla llegó a Argentina: fue apropiada por el
torturador Eduardo Ruffo. La niña fue recuperada por su abuela en
1985 y actualmente vive en España. Su madre sigue desaparecida.
El médico paraguayo Agustín Goiburú vivía con su esposa en Posadas,
Misiones, desde 1959, ya que en su país había sido perseguido por la
dictadura de Alfredo Stroessner. En 1969 la marina paraguaya lo
apresó en aguas del río Paraná y lo encerró tres meses en un sótano.
En diciembre de 1970 Goiburú y otros detenidos se escaparon por un
túnel subterráneo de la comisaría séptima de Paraguay. El médico
volvió a refugiarse en Argentina y fue secuestrado el 9 de febrero de
1977 en Paraná, Entre Ríos. Ese día fue interceptado por un Ford
Falcon gris claro sin chapa y una Pick-Up. Una semana después el
teniente coronel Juan Ibarra, jefe del Servicio de Inteligencia de la
Segunda Brigada de Caballería, le dijo a la señora Goiburú que su
esposo había sido llevado a Paraguay y que las autoridades de ese
país habían pagado muchos dólares por él. El destino de Goiburú
permanece incierto. Según denunció su mujer, el médico formaría parte
de un grupo de cinco paraguayos que fueron entregados por los
argentinos a la policía de su país.


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