Presidente Alan García, Julio M. Sanguinetti y Jorge Edwards (El
Comercio)
Hoy escriben para usted

Por Alan García Pérez. Presidente de la República

El reclamo por la titulación de la vivienda es muy grande. Cada
peruano sabe que con una propiedad legalizada, vendible, hipotecable o
transmisible por herencia puede mejorar su situación. Pero el Perú
como conjunto tiene el mismo problema y no lo sabe. Muchos de sus bienes
no se pueden poner en valor, ni vender, ni se puede invertir en ellos,
ni generar empleos con ellos.

Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros
millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han
cultivado ni cultivarán, además cientos de depósitos minerales
que no se pueden trabajar y millones de hectáreas de mar a los que no
entran jamás la maricultura ni la producción. Los ríos que
bajan a uno y otro lado de la cordillera son una fortuna que se va al
mar sin producir energía eléctrica. Hay, además, millones de
trabajadores que no existen, aunque hagan labores, pues su trabajo no
les sirve para tener seguro social o una pensión más adelante,
porque no aportan lo que podrían aportar multiplicando el ahorro
nacional.

Así pues, hay muchos recursos sin uso que no son transables, que no
reciben inversión y que no generan trabajo. Y todo ello por el
tabú de ideologías superadas, por ociosidad, por indolencia o por
la ley del perro del hortelano que reza: "Si no lo hago yo que no lo
haga nadie".

El primer recurso es la Amazonía. Tiene 63 millones de hectáreas
y lluvia abundante. En ella, se puede hacer forestación maderera
especialmente en los 8 millones de hectáreas destruidas, pero para
eso se necesita propiedad, es decir un terreno seguro sobre 5.000,
10.000 o 20.000 hectáreas, pues en menos terreno no hay inversión
formal de largo plazo y de alta tecnología.

Ahora solo existen las concesiones que dependen de la voluntad del
Gobierno y del funcionario que puede modificarlas. Por eso nadie
invierte ni crea un puesto de trabajo por cada dos hectáreas como
debería ser; ni hay elaboración de la madera y exportación de
muebles. En su mayoría, esas concesiones rapiña solo han servido
para sacar la madera más fina, deforestar y abandonar el terreno.

Por el contrario, la propiedad formal por grandes empresas colectivas
como los fondos de pensiones permitiría hacer inversiones de largo
plazo desde la siembra hasta la cosecha años después.

Los que se oponen dicen que no se puede dar propiedad en la Amazonía
(¿y por que sí en la costa y en la sierra?). Dicen también que
dar propiedad de grandes lotes daría ganancia a grandes empresas,
claro, pero también crearía cientos de miles de empleos formales
para peruanos que viven en las zonas más pobres. Es el perro del
hortelano.

Respetemos los bosques vírgenes y nativos, pero comencemos por los 8
millones de hectáreas que han sido convertidos en desiertos y
destruidos en los últimos años por las concesiones rapiña, la
coca y la tala salvaje. Allí podrán generarse un millón de
empleos y además trabajos en la elaboración de muebles.

Es una vergüenza que Chile exporte US$2.000 millones en madera sin
tener una hectárea de Amazonía, Uruguay US$1.000 millones, Brasil
US$8.000 millones y que el Perú apenas exporte US$200 millones.

Un segundo tema demuestra lo mismo, es la tierra. Para que haya
inversión se necesita propiedad segura, pero hemos caído en el
engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que
no tienen un centavo para invertir, entonces aparte de la tierra,
deberán pedirle al Estado para fertilizantes, semillas, tecnología
de riego y además precios protegidos. Este modelo minifundista y sin
tecnología es un círculo vicioso de miseria, debemos impulsar la
mediana propiedad, la clase media de la agricultura que sabe conseguir
recursos, buscar mercados y puede crear trabajo formal.

¿Pero qué es lo que observamos en el país? Cuando uno ve una
playa muy bella, alguien ya la denunció hace muchos años y no ha
puesto un centavo de inversión para hacer en ella un balneario y
pasará decenios más sin valor. Así están todos los cerros
que rodean lima, donde la inversión podría hacer milagros. Así
están todas la canteras y calizas de cemento denunciadas pero no
trabajadas.

Además existen verdaderas comunidades campesinas, pero también
comunidades artificiales, que tienen 200 mil hectáreas en el papel
pero solo utilizan agrícolamente 10 mil hectáreas y las otras son
propiedad ociosa, de 'mano muerta', mientras sus habitantes viven en la
extrema pobreza y esperando que el Estado les lleve toda la ayuda en vez
de poner en valor sus cerros y tierras, alquilándolas,
transándolas porque si son improductivas para ellos, sí serían
productivas con un alto nivel de inversión o de conocimientos que
traiga un nuevo comprador.

Pero la demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden
tocarse porque son objetos sagrados y que esa organización comunal es
la organización original del Perú, sin saber que fue una
creación del virrey Toledo para arrinconar a los indígenas en las
tierras no productivas.

Este es un caso que se encuentra en todo el Perú, tierras ociosas
porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por
tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes
lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también
el comunero, pero la telaraña ideológica del siglo XIX subsiste
como un impedimento. El perro del hortelano.

El tercer tema es el de los recursos mineros en los que el Perú tiene
la riqueza más grande del mundo, no solo por la cantidad sino
también por la variedad de recursos mineros, o que permite que si un
producto baja de precio, se compense con otros productos. Sin embargo,
apenas la décima parte de esos recursos está en proceso de
explotación, porque aquí todavía discutimos si la técnica
minera destruye el medio ambiente, lo que es un tema del siglo pasado,
claro que antes lo destruía y los problemas ambientales de hoy son
básicamente por las minas de ayer, pero en la actualidad las minas
conviven con las ciudades sin que existan problemas y en todo caso eso
depende de lo estricto que sea el Estado en la exigencia tecnológica
a las empresas mineras y en negociar mayor participación económica
y laboral para los departamentos donde estén las minas.

Cuando voy a la ciudad de Ilo y veo su desarrollo urbano, que es el
más avanzado del Perú, sé que es producto de la minería y de
la pesquería y me duele comparar eso con el pueblo de Ayabaca, que
tiene más recursos mineros que la mina de Cuajone en el sur, pero que
vive la mayor pobreza. Y es que allí el viejo comunista
anticapitalista del siglo XIX se disfrazó de proteccionista en el
siglo XX y cambia otra vez de camiseta en el siglo XXI para ser
medioambientalista. Pero siempre anticapitalista, contra la
inversión, sin explicar cómo, con una agricultura pobre, se
podría dar un salto a un mayor desarrollo.

Y contra el petróleo, han creado la figura del nativo selvático
'no conectado'; es decir, desconocido pero presumible, por lo que
millones de hectáreas no deben ser exploradas, y el petróleo
peruano debe quedarse bajo tierra mientras se paga en el mundo US$90 por
cada barril. Es preferible para ellos que el Perú siga importando y
empobreciéndose.

Un cuarto tema es el del mar; Japón tiene menos riqueza pesquera pero
come cinco veces más pescado por año y por habitante que el
Perú, porque ha desarrollado su maricultura. Pero aquí, cada vez
que se quiere otorgar un lote de mar para que un inversionista ponga sus
jaulas de crianza artificial, aumente la producción y cree trabajo,
reaccionan los pescadores artesanales de la caleta cercana, que ven
nacer una competencia más moderna y dicen que se está bloqueando
su derecho al libre paso, que se contamina el mar y otros invocan lo
sagrado del Mar de Grau, en vez de aceptar esta nueva actividad que
podría generar cientos de miles de empleos.

Además, el Perú tiene en la cordillera una riqueza enorme por las
lluvias que caen sobre ella. Se calcula que anualmente caen 800 mil
millones de metros cúbicos en la cordillera que bajan por los ríos
hacia el Pacífico y el Atlántico. De lo que va al Pacífico
aprovechamos una pequeña cantidad para agricultura y para la
generación eléctrica, pero de lo que baja hacia el Atlántico a
formar el Amazonas, no aprovechamos prácticamente nada.

¿Cómo aprovecharlo? Ahora que el petróleo aumenta y seguirá
aumentando su precio, debemos pensar en la generación eléctrica
que es renovable, casi eterna y limpia. Y pensar su uso y su venta en
términos continentales. Grandes centrales eléctricas hechas sobre
el Marañón y en las caídas del bajo Urubamba, nos permitirán
vender energía a Ecuador, Colombia, Chile, Brasil. Pero eso tienen
que hacerlo grandes capitales privados o internacionales que necesitan
una seguridad de muy largo plazo para invertir miles de millones y para
poder recuperar sus inversiones. Pero el perro del hortelano dice:
¿Por qué van a hacer dinero con nuestras caídas de agua? Mejor
que lo haga el gobierno regional. Pero no dicen con qué dinero.

Así pues, cualquier peruano que mire a su alrededor verá cuánta
riqueza existe que no está puesta en valor.

En quinto lugar, el propio trabajo humano no está puesto en valor
para el que trabaja. El trabajo informal que es mayoritario, es un
trabajo no incorporado a la economía ni a la legalidad; no tiene
seguridad social porque no cotiza, no tiene pensión porque no aporta
a ningún sistema, para darle valor a ese trabajo en beneficio a la
persona, lo lógico sería un avance progresivo para que los
empleados de la microempresa, que son millones, tengan en primer lugar
los derechos fundamentales mínimos, seguro de salud, pensión y 8
horas. Es más de lo que hoy tienen. Así se fortalecen la caja de
pensiones y el fondo del seguro médico.

Pero a este acceso progresivo se opone la demagogia que dice: "Hay que
dar de inmediato todos los derechos a los trabajadores de la
microempresa familiar o informal". Pero no saben (o tal vez sí) que
lo único que conseguirán es que el microempresario, incapaz de
pagar esos costos, cierre la empresa y despida a muchos trabajadores,
con lo cual el remedio será peor que la enfermedad.

También hay otros que dicen: "Si no se puede dar de inmediato todas
las gratificaciones y 30 días de vacaciones, que el Estado les dé
salud total sin que coticen y les dé a todos una pensión mínima
sin que hayan aportado". Pero resulta que son estos los mismos que
están en contra de la inversión forestal en la selva porque es
sagrada, en contra de que el comunero venda, aunque quiera, las tierras
comunales porque son sagradas, en contra de que se abran más minas
porque el Perú solo debe ser agrario, que no haya maricultura en el
mar. Y así sin inversión, sin trabajo creado, creen que el Estado
es un pozo sin fondo del que pueden salir eternamente todos los recursos
y terminar diciendo: "Reduce la jornada laboral estatal a 6 horas, paga
más salarios, aunque el Perú no produzca más".

Como punto final podría añadir que tampoco se pone en valor el
cerebro de nuestros alumnos e hijos. La educación se hace en la
mayoría de casos para ser aprobada con 11, en lugar de impulsar la
excelencia y el esfuerzo del 18. Un grupo de malos profesores y malos
funcionarios exigen no ser evaluados para esconder su mediocridad y
así el sistema sigue produciendo resultados sin valor. Y los de
siempre dicen: "Que me den más sin que yo cambie y sin que haga
ningún esfuerzo". Así pues, son aliados del minero informal, del
maderero clandestino, de la miseria campesina, del empleo informal y de
la falta de mérito y esfuerzo.

Frente a la filosofía engañosa del perro del hortelano, la
realidad nos dice que debemos poner en valor los recursos que no
utilizamos y trabajar con más esfuerzo. Y también nos lo enseña
la experiencia de los pueblos exitosos, los alemanes, los japoneses, los
coreanos y muchos otros. Y esa es la apuesta del futuro, y lo único
que nos hará progresar.



Poner en valor los recursos naturales, ¿para quién?



viernes, 02 de noviembre de 2007 ( La República )

Humberto Campodónico.

El artículo del presidente García insiste en que hay un enorme
potencial de ingresos si se explotan los recursos naturales, pero hay
"perros del hortelano" que se oponen a esa explotación de manera
dogmática. Son los "comunistas de ayer, convertidos en los
ecologistas de hoy, que no quieren que el Perú progrese".

Ciertamente, existen pequeños sectores que no quieren ninguna
explotación. Pero son los menos. Sin embargo, con ese argumento se
pretende también incluir como "opositores radicales" a los que
plantean que la explotación de los recursos naturales debe cumplir
con los estándares ambientales y sociales de la legislación
vigente.

Por ejemplo, la ley 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas,
establece que en los parques nacionales no puede haber extracción
de recursos naturales. Pero hay un proyecto del Ejecutivo que pretende
recortar el Parque Nacional Bahuaja Sonene para la explotación de
gas. ¿Por qué? En Brasil, como en Perú, existe esta
legislación. Y Petrobrás la cumple. ¿Exigir que se cumpla la
ley es ser perros del hortelano?

Cuando Yanacocha, en el 2004, quiso explotar yacimientos de oro en el
Cerro Quilish, la población se opuso porque estimaba que se
depredarían los acuíferos de la zona. Yanacocha insistió,
pero finalmente se dio cuenta de su error y se rectificó
públicamente en un comunicado (www.cristaldemira.com
<http://www.cristaldemira.com/> , 6/11/2004).

Ahora bien, si los proyectos de explotación de recursos naturales
cumplen con la ley y se procede a su explotación, la cuestión
central es: ¿Quién se beneficia con su "puesta en valor"? Lo
normal es que las concesiones mineras y los contratos petroleros
reflejen un equilibrio económico que beneficie a las empresas y al
Estado, porque la Nación es dueña de los recursos naturales.

Pero esto no sucede actualmente. Los precios internacionales están
por las nubes, así como las utilidades de las empresas. En esta
situación, el ejemplo de la provincia de Alberta, Canadá, es
significativo, pues acaba de establecer que, si los precios del
petróleo aumentan, también deben subir las regalías.

Léase bien, en Alberta se considera que no es suficiente el ingreso
extra proveniente del impuesto a la renta (lo que también sucede en
el Perú), pues plantea que la sobreganancia por el alza de precios
no solo debe beneficiar al inversionista, sino que también debe ser
extensiva al propietario del recurso natural.

Pero en el Perú eso no sucede, pues las modalidades de
contratación no lo contemplan y el Estado no participa de las
sobreganancias. Este impuesto fue planteado por los 2 partidos que
llegaron a la segunda vuelta, pero el APRA incumplió su promesa.

Tampoco el artículo de García plantea modificar esa situación
de ahora en adelante, proponiendo, por ejemplo, una cláusula de
aumento de las regalías cuando aumenten los precios. No solo eso.
Se firman nuevos contratos de estabilidad tributaria (con Majaz) que
no contemplan participación en la sobreganancia y ni siquiera se
habla de derogar el Art. 62 de la Constitución, que los hace
inmodificables.

Así, las sobreganancias irán a las arcas de las empresas y no al
Estado. Se pierde la oportunidad de que los recursos naturales
financien el salto del país al siglo 21, con inversiones en
infraestructura, salud, educación, modernización tecnológica
y pleno aprovechamiento de las tecnologías de la información y
del conocimiento.

El sentido de la "puesta en valor" de los recursos naturales
(respetando el medio ambiente y los derechos de la población) implica
reconocer que estos son de la Nación, a la cual le corresponde
participar de sus beneficios. De otra manera, la "puesta en valor"
valorizará, sobre todo, las acciones de sus inversionistas.


¿Cómo superar "el síndrome del perro del hortelano"? (El
Comercio)
No más mendigos sentados en bancos de oro ni perros del hortelano.
Los recursos debe ser utilizados racionalmente en beneficio de todos

Hace una semana publicamos en esta misma página un artículo
enviado por el presidente Alan García, tan inusual como polémico e
importante para el devenir del Gobierno y del país. En torno al mismo
se ha armado un arduo y productivo debate, que debiera continuar hasta
recalar en la revisión y discusión de consensos nacionales y de
políticas de Estado orientadas a promover el salto cualitativo hacia
el desarrollo de las áreas más deprimidas del país.

En lo formal e ideológico, resulta gratificante asistir a lo que
podríamos llamar una maduración doctrinal del pensamiento
político del doctor García, matizado ahora de pragmático
estadismo y acompañado de la correspondiente valentía para
sustentar puntos de vista no siempre populares. Ya en la campaña
electoral, tuvo que reconocer los graves errores de gestión de su
primer gobierno, debidos tanto al ímpetu juvenil pero también a la
adherencia a una línea partidaria ideológica trasnochada, en la
que el Estado tenía un rol preeminente, con todos los perjuicios que
ello trajo.

Ahora, dos décadas después, la realidad es distinta. Caído el
Muro de Berlín y cuando las fronteras ceden al dinamismo de la
globalización, de la iniciativa privada y del libre comercio, hay
cada vez menos lugar para los corsés y rigideces ideológicos de
uno u otro lado.

Como bien lo ha dicho acá el ex presidente del Gobierno Español
Felipe González hoy las políticas de gobierno en América Latina
deben estar sustentadas en el crecimiento económico, la reducción
de la pobreza y la generación de empleo, y no en priorizar las
ideologías. Y es que, según su experiencia, algunos gobiernos de
izquierda --a la que él pertenece-- rechazan iniciativas que
podrían beneficiar a millones de personas, como dar en concesión
los servicios de agua potable, por priorizar su armazón ideológica
antiempresa privada. Mientras tanto, los pobres continúan sufriendo
la falta del vital servicio.

¿La carreta delante de los caballos? ¿La defensa a ultranza de
consignas y escudos ideológicos antes que del genuino interés de
los gobernados? Si no es de esta manera --y así lo sustenta
García--resulta imperativo hacer un exhaustivo análisis para
determinar las fuentes de las cuales beben los grupos que,
arrogándose la representación de los pobres y la defensa a
ultranza del medio ambiente, se oponen a la explotación racional de
los recursos naturales que puedan crear riqueza y desarrollo justamente
en beneficio de esos pobres.

Tal es el telón de fondo del artículo del presidente que compara
la situación del floreciente Ilo, "producto de la minería y de la
pesquería", con la de Ayabaca (Piura), que tiene más recursos
mineros que Cuajone en el sur, pero que vive la mayor pobreza. "Y es que
allí --dice-- el viejo comunista anticapitalista del siglo XIX se
disfrazó de proteccionista en el siglo XX y cambia otra vez de
camiseta en el siglo XXI para ser medioambientalista. Pero siempre
anticapitalista, contra la inversión, sin explicar cómo, con una
agricultura pobre, se podría dar un salto a un mayor desarrollo".

Es lo que ha llamado el síndrome del perro del hortelano, que no come
ni deja comer, que dice: "Si no lo hago yo, que no lo haga nadie".

Lo mismo pasa, siguiendo el hilo conductor de García, con los
ingentes recursos forestales, marinos e hidrográficos del Perú,
tan potencialmente ricos pero inertes ante la arremetida opositora de
grupos de interés de una u otra raigambre. Claro que ha habido
proyectos fallidos y mal planeados y ejecutados, pero hoy, como lo
recuerda el jefe del Estado, existe la tecnología suficiente para
explotar recursos sin dañar el ecosistema.

Es dentro de este marco --dice García-- que deberá otorgarse
concesiones forestales de largo plazo y a "grandes empresas", vender en
grandes lotes las tierras donde viven las comunidades campesinas pero
dialogando con ellas. También podrá convencérseles de que se
reconviertan a la modernidad, como ha señalado con válidos
ejemplos el ecólogo Antonio Brack en reciente artículo. Para ello,
pensamos, las comunidades deberán conseguir los capitales necesarios,
ya sea mediante préstamos o asociaciones, pero no esperando que se
los proporcione el Estado. Deberán también modernizar su
estructura asociativa, pues la actual es un freno ante la necesaria
agilidad empresarial y financiera.

Retomando el hilo de García, se deberá otorgar lotes de mar a
inversionistas para que desarrollen la maricultura y haciéndoles ver
a los pescadores artesanales que ellos no tienen por qué convertirse
en 'perros del hortelano'. Tampoco puede dejarse de lado el
aprovechamiento de los enormes recursos hidroenergéticos de la sierra
para exportar energía limpia.

En concreto, no puede perderse de vista que el objetivo del desarrollo
es crear riqueza y bienestar. Pero ello debe ser redistribuido durante
el proceso y no esperando que llegue a los que más tienen y luego
'chorree'.

Es, entonces, momento de pasar a la acción. El Gobierno, sustentado
sobre estas sólidas y maduras estructuras de pensamiento político,
deberá asumir la responsabilidad de promover la inversión privada
en el país, de forma generalizada y no solo entre los empresarios
tradicionales, como lo ha venido haciendo.

Deberá hacer de esta inversión privada social el espolón de
proa de la reconversión de las áreas más deprimidas y
convencerlas de dejar de esperar sentados en un banco de oro la ayuda
del Estado. Ellos tienen la fuerza, como lo demuestran la cooperativa de
Porcón, en Cajamarca, que ha reforestado 9.500 hectáreas de pino,
o la Cooperativa Oro Verde, que exporta café de primera calidad a
Francia, entre tantas otras.

Eso sí, deberá haber controles y sanciones estrictas para quienes
transgredan la ley, en especial los que abusen de los beneficios
otorgados. Tampoco se podrá dejar de lado la ayuda social para
aquellos más deprimidos a quienes les tome mayor tiempo incluirse en
esta reconversión.

Y todo esto corresponde hacerlo al Gobierno y de manera específica al
autor del artículo, el presidente Alan García.

No más mendigos sentados en bancos de oro, ni perros del hortelano,
ni chivos expiatorios. Es el mensaje que nos deja el artículo. Es
tiempo de que entendamos que los recursos están para ser utilizados
(si bien no abusados) y que, respetando la propiedad, quienes los tengan
ahora asuman la responsabilidad social de hacer que produzcan lo más
posible en beneficio



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