Santiago, 30 de agosto de 2006

Señor:

Director
Diario electrónico El Mostrador

Presente

En una reciente entrevista de prensa, publicada en el diario bajo su
dirección, la Ministra de Bienes Nacionales, señora Romy Schmitt, se
refirió a la situación de algunos sitios que fueron utilizados como
recintos de detención y a las iniciativas que el Ministerio se ha
propuesto. Respecto a estas declaraciones nos parece importante
puntualizar lo siguiente:

1. Durante la dictadura, la historia asociada a los sitios en que operaron
recintos de detención, tortura y exterminio fue sistemáticamente ocultada
o distorsionada desde el Estado. No obstante, desde aquella época y, sobre
todo, con posterioridad a 1990, ha habido una serie de iniciativas
impulsadas, principalmente, por diversas organizaciones sociales y
políticas que han buscado revertir ese proceso, a fin de rescatar esta
parte de la memoria histórica que también fue objeto de un verdadero
secuestro.

Qué hacer con estos lugares es un tema que, sin duda, incumbe a todo el
país y respecto del cual el Estado no sólo tiene una responsabilidad
fundamental, sino que también mantiene una deuda ética y política con el
país. Por esta razón, resulta esperanzador que en la citada entrevista, la
Ministra de Bienes Nacionales señale que se busca “promover la
recuperación de la memoria histórica en materia de derechos humanos”. Sin
embargo, nos preocupa que, junto con ello, se afirme que “estamos haciendo
el diseño (de reconstitución histórica) en conjunto con varias
instituciones públicas” y que “vamos a levantar la memoria de esos
sitios, a través de una investigación que implique no sólo el lugar, sino
que también a los vecinos”.

2. Con relación a ello, resulta sorprendente que se considere a los
“vecinos” de los ex centros de detención, y no se contemple a los
protagonistas directos o indirectos de los hechos, que son quienes, por
lo demás, ya están haciendo su aporte a este trabajo y a este verdadero
deber de memoria. En otras palabras ¿por qué no apoyar a los actores
sociales, familiares de las víctimas, sobrevivientes y testigos directos
de los hechos que ya están realizando una labor en este ámbito, desde hace
largo tiempo? Y cuyo aporte, –cabría agregar--, ha estado presente en el
origen y desarrollo de cada iniciativa de rescate de la memoria, en el
diseño de obras y espacios conmemorativos, y en la gestión de estas
iniciativas.

En efecto, diversos “emprendimientos de la memoria”, relacionados con la
historia reciente, han nacido como demanda de diversos grupos y sectores
sociales. Según datos del programa de Derechos Humanos del Ministerio del
Interior, al año 2003, había 147 iniciativas de este tipo, en las 13
regiones del país. Según informes de dicho Programa diversas
“agrupaciones de familiares, amigos, compañeros de trabajo o de profesión,
en ocasiones los propios vecinos”, han promovido “la instalación de
cruces, memoriales, placas alusivas en hospitales, universidades, plazas y
salas de clase, como una forma de dignificar la memoria de las víctimas y
contribuir a que hechos como ésos no se repitan nunca más en nuestro
territorio”.

De igual manera, los logros alcanzados en torno a algunos de los más
importantes centros de detención, tortura y ejecuciones extrajudiciales
que funcionaron en la Región Metropolitana, han sido posibles gracias a la
existencia de organizaciones de detenidos sobrevivientes y familiares y
compañeros de detenidos desaparecidos, como es el caso de la Corporación
Villa Grimaldi, la Corporación José Domingo Cañas, el Colectivo Londres 38
y el Colectivo 119, así como al respaldo social de diversos sectores y al
de otros organismos sociales, de la cooperación internacional, personas,
parlamentarios, gobierno, municipios, etc.

3. Esta realidad no aparece reflejada en las afirmaciones de la Ministra
de Bienes Nacionales cuando señala que “se dificulta el trabajo con las
agrupaciones de derechos humanos porque no tienes una única entidad con la
cual hablar, y entre ellas no hay mucha coordinación”. Al respecto, cabe
preguntar, ¿por qué tendría que haber una “única entidad” en el ámbito de
los derechos humanos? Y, sobre todo, ¿por qué tendría que ser ésta una
dificultad cuando, ha sido, justamente, el surgimiento y la existencia de
estas distintas agrupaciones lo que ha posibilitado el desarrollo de
múltiples iniciativas?

4. Para quienes participamos de estos procesos, las dificultades para
avanzar han estado relacionadas, más bien, con la escasa valoración que
estas iniciativas de rescate de la memoria colectiva han tenido por parte
del Estado. Aunque la necesidad de llevar a cabo acciones de “reparación
simbólica” fue declarada hace 15 años atrás, por el propio Informe Rettig
, aún no existe un organismo a nivel gubernamental que, entre sus
funciones principales, contemple una línea de acción de largo plazo en
este ámbito y un presupuesto adecuado a estos fines. Asimismo, entre las
instancias de gobierno relacionadas con estos temas y que han debido dar
respuesta a las demandas de los ciudadanos organizados, tampoco parece
haber una adecuada coordinación.

Lo anterior ha quedado de manifiesto en torno a lo sucedido con el
inmueble ubicado en la calle Londres 40 (ex 38), de Santiago. De propiedad
del Partido Socialista de Chile, éste fue confiscado por la dictadura
para convertirlo en el primero y uno de los más importantes recintos
clandestinos utilizados por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA)
en la Región Metropolitana durante el primer año de existencia del régimen
de terrorismo de Estado. En él se cometieron graves, masivas y
sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales de las personas, que
incluyeron la desaparición y / o ejecución de, al menos, 94 personas (81
hombres y 13 mujeres, tres de las cuales estaban embarazadas) y el
secuestro y tortura de un número aún no determinado de detenidos y
detenidas.

Posteriormente, mediante DS No 964 de fecha 29/11/78, el inmueble fue
transferido gratuitamente al Instituto O´Higginiano, actual titular del
dominio y en el año 2001, el Partido Socialista de Chile, acogiéndose a la
Ley de Bienes Confiscados, mediante DS No 143/2001, fue indemnizado por
dicha propiedad. Hasta la fecha, Londres 38, permanece en poder del
Instituto O´Higginiano, organismo privado, subvencionado por el Estado,
dirigido por el general ® Washington Carrasco, quien fue protagonista de
esta historia, puesto que se desempeñó como jefe de la Zona de Estado de
Sitio en la VIII Región, al momento del golpe militar de 1973.

En julio de 2005, como una forma de proteger el inmueble e impulsar el
proceso de rescate de la memoria asociada con ese recinto, el Colectivo
Londres 38 junto a un grupo de personalidades, solicitó al Consejo de
Monumentos Nacionales su declaratoria como Monumento Histórico, la que se
oficializó en el mes de octubre.

En marzo del presente año, el Instituto O’Higginiano intentó su venta
mediante subasta pública, pero ésta fue suspendida debido a las
dificultades para vender un inmueble que es Monumento Histórico, así
como a la denuncia y movilización de diversas organizaciones de derechos
humanos, y al apoyo de numerosas personas de diferentes ámbitos, en Chile
y en el extranjero. Durante más de un año se han realizado periódicamente
actividades frente a la casa de Londres en las que han participado
agrupaciones de expresos políticos y de familiares de detenidos
desaparecidos.

Ahora, el Instituto O’Higginiano ha puesto nuevamente a la venta la casa
de Londres 38, sin que se haya verificado ningún avance en la permuta que
el Ministerio de Bienes Nacionales propuso a dicho Instituto. Han pasado
ya casi tres años, y el procedimiento definido para que este inmueble
fuera recuperado por el Estado, se ha demostrado como inviable. Razón por
la cual, en junio pasado, solicitamos a la Presidenta Michelle Bachelet
que instruya a los organismos pertinentes para que procedan a la compra
del inmueble, como única forma de evitar el deterioro y eventual
destrucción de un lugar emblemático como éste.

De esta forma, el gobierno estaría dando una poderosa señal y asumiendo la
tarea de rescate de una parte significativa de nuestra memoria y
patrimonio histórico, objetivo que, si bien ha sido parte de las
preocupaciones y esfuerzos de diversas organizaciones sociales y de
derechos humanos, incumbe al conjunto de la comunidad nacional y
constituye por ello, una responsabilidad del Estado.




Colectivo Londres 38 Corporación Parque por la Paz
Villa Grimaldi

Colectivo de Familiares y Corporación José Domingo Cañas
Amigos de los 119