Ningún país, incluso el menos desarrollado, puede prosperar sin una enseñanza primaria y secundaria que garantice unos sólidos conocimientos que fundamenten después la formación profesional o los estudios universitarios. Lo dicho es una obviedad, una evidencia que absurdamente una sociedad y unos gobiernos estatal y autonómicos, como en el caso de España, ignoran. La crisis de nuestra enseñanza es literalmente brutal. Quienes mejor pueden explicar la forma como ha ido disminuyendo la preparación de nuestros alumnos son las universidades. Ahora que han llegado ya a ellas dos promociones completas de jóvenes educados en la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), nadie puede discutir que los resultados son literalmente trágicos, no sólo por falta de conocimientos, sino por incapacidad para el estudio y la expresión coherente oral y escrita. La LOGSE ha sido la peor medida que en años ha podido adoptar la administración de este país.

A todo este desajuste, han contribuido de manera destacada los socialistas en su periplo histórico, pero también en el caso de Cataluña Convergencia i Unió (CiU), de la mano del propio Jordi Pujol, que ha sido siempre un claro defensor de aquella ley. La nueva Ley de Calidad de la Enseñanza (LOCE) promovida por el PP tiene obviamente defectos, pero como mínimo corrige, por sentido común, cuestiones tan elementales como, por ejemplo, que deban existir pruebas para pasar curso, que un determinado número de asignaturas suspendidas obligue a repetir, que existan itinerarios de acuerdo con las capacidades y, sobre todo, vocaciones de los alumnos, por citar solo algunas referencias concretas.

El daño de la LOGSE es ya irreparable, aunque podía paliarse en el futuro. Pero ahora esta situación todavía se ha complicado más, porque el nuevo Gobierno socialista ha congelado su aplicación a pocos meses de finalizar el curso y a la espera de que elabore otra ley que difícilmente podrá implementarse con sus reglamentos para tener efectividad antes del curso 2005-2006. Un desastre absoluto. Desorientación entre los profesores, los alumnos, los editores de textos, y finalmente los que siempre acabamos pagando los platos rotos: los padres.

Pero el problema es sobre todo una cuestión que afecta a los centros públicos, donde la indisciplina y la imposibilidad de que exista un criterio claro de autoridad y de ideario, que dé cohesión y sentido a la enseñanza, impiden corregir los defectos que la crisis de la familia ha introducido. El resultado de todo ello es que, a pesar de la discriminación a que la administración somete a las escuelas concertadas al aportar económicamente sólo del orden del 60 por ciento de lo que tiene asignado una plaza escolar en un centro público, se produce una progresiva emigración de alumnos hacia las escuelas privadas. La respuesta de las administraciones socialistas ha sido iniciar el ahogo de la escuela concertada, ir extinguiéndola lentamente a fin de evitar que se produzca la fuga desde los centros públicos, en lugar de intentar resolver las causas del problema.

Para este tipo de gobernantes, los resultados escolares no importan. Lo único que importa es preservar una ideología que (¡vete a saber por qué!) sostiene que lo único que puede existir son escuelas públicas, como si el Estado, que ha fracasado produciendo coches o electricidad, fuera capaz de hacer algo tan difícil como educar personas. Y en medio de toda esta catástrofe, están los maestros y profesores de la enseñanza pública, en su mayoría excelentes profesionales, que ven con desaliento cómo el sectarismo ideológico destroza alumnos y arruina su vocación de enseñar.