Buenos tardes a todos los colegas:

 

En respuesta a las denuncias graves sobre la situación de los archivistas, relacionada puntualmente con los modelos de contratación y las formas de pago, consideramos que este fenómeno se da principalmente por varios factores como son la carencia de normas que regulen y exijan la presencia de archivistas profesionales y de personal capacitado en los diferentes campos ocupacionales; por la falta de incorporación de cargos con perfiles claramente definidos para los archivistas al interior de las plantas de las entidades públicas y privadas en los diferentes niveles de actividad; por la ausencia de formación específica del personal que dirige este tipo de empresas de outsourcing y en algunos casos del que estas contratan; por los bajos presupuestos y/o salarios asignados para estos proyectos; por la inexistencia de herramientas de control, verificación y validación de la calidad de los servicios que prestan dichas empresas y por las mismas condiciones del mercado que condicionan para que el posicionamiento social de los archivistas difiera en relación con los  requisitos contractuales de trabajo y salario.

 

Dichas  condiciones ilegales de vinculación laboral o de contratación de prestación de servicios son el soporte de los empresarios para aumentar  el margen de rentabilidad de sus negocios a costa de las necesidades de vida de cada trabajador de archivo, sin importar su nivel o cargo.

 

Para este panorama, que si bien no es común a todas las empresas no deja de ser aciago, la comunidad archivística nacional, conformada por la Sociedad Colombiana de Archivistas, las escuelas de formación profesional, tecnológica y técnica, los profesionales y las instituciones archivísticas,  hemos venido trabajando en el desarrollo de acciones estratégicas que en el corto, mediano y largo plazo cambien esta problemática en beneficio de la profesión, de las instituciones  y del país.

 

De las ejecutorias más relevantes se destaca el proceso de elaboración, análisis y trámite de un proyecto de Ley del Archivista, el cual se construyó con la participación de los diferentes actores de nuestra comunidad y del cual se espera su incorporación, discusión y sanción en la agenda legislativa del Congreso para este año.

 

Una de las mayores falencias en los procesos de contratación de las entidades públicas es la consistencia de los términos de referencia, que para el caso de nuestra profesión se presenta de manera más evidente, por lo que la Sociedad dictó el año anterior el curso para la contratación de proyectos archivísticos con el fin de orientar metodológicamente las especificaciones técnicas y los perfiles requeridos en estos procesos.

 

Adicionalmente, las escuelas de formación de nivel técnico, tecnológico, pregrado y posgrado han reformulado sus planes de estudio y los han acondicionado para responder a las necesidades del mercado laboral y ocupacional.

 

Para hacer coherente este proceso con la  proyección de políticas gubernamentales, complementarias al trámite de la Ley del Archivista y de la Ley 594 de 2000, se han llevado a cabo actuaciones ante la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento Administrativo de la Función Pública para la definición de perfiles, requisitos y niveles de los trabajadores de archivo en las entidades públicas que tengan un parámetro en las características definidas en el Mapa Funcional de Archivística que se trabajó bajo la coordinación del SENA, de la SCA, de la Universidad de La Salle y del Archivo General de La Nación como integrantes de la Mesa Sectorial de Bibliotecología y Archivística.

 

Desde hace más de tres años la Sociedad ha sugerido una escala salarial para los diferentes niveles de cargos a ocupar por nuestros profesionales, la cual se ha actualizado periódicamente con el IPC de cada año, propuesta que ha sido acogida tanto por profesionales como por algunas entidades del sector privado, lo que ha redundado en el posicionamiento laboral y social de nuestra comunidad y en una acción concreta de equilibrio salarial en relación con otras profesiones.

 

Sumado a lo anterior, el papel de la SCA como organismo que ha venido recogiendo las diversas voces de los trabajadores de archivo y de los profesionales y coordinando algunos de los trabajos mencionados para la transformación de nuestra realidad y la obtención de garantías que protejan nuestro ejercicio profesional.

 

Sin dejar de lado el papel permanente de la SCA como organismo veedor de nuestros derechos y de la protección de los archivos, es dable entender que no se pueden gestar procesos de demanda o reclamaciones directas por parte de los gremios  a las empresas de outsourcing pues estas competencias no son por ahora de nuestro alcance, lo que no es óbice para que los trabajadores de archivo y los profesionales que se vean afectados adelanten las acciones legales del caso y  para que las instituciones archivísticas actúen como organismos de control y trasladen a las autoridades competentes, si así lo ameritan  los hechos, las denuncias que se deriven de tales prácticas.

 

Y aunque estos procesos no son tan rápidos como se quisiera, la SCA no claudica en sus esfuerzos por garantizar el beneficio de la comunidad archivística y de la sociedad en general manteniendo su activa participación y apoyo para la resolución de las diversas problemáticas, que si bien aquejan a la profesión, son a la vez el estímulo para continuar avanzando como equipo hacia la edificación de escenarios deseables, por lo que reiteramos nuestra permanente invitación para que todos trabajemos en estos nobles propósitos.

 

Cordialmente.

 

 

GUSTAVO VILLATE MORENO

Presidente Junta Directiva
Sociedad Colombiana de Archivistas