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Date: Tue, 31 Jan 2006 21:22:52 -0600




noviembre 2002

REFORMA DE PAPEL
Javier Esteinou Madrid


Antecedentes

Como parte del proceso de reforma del Estado, la Secretaría de Gobernación
inauguró el 5 de marzo de 2001 la Mesa de Diálogo para la Revisión Integral
de la Legislación de Medios Electrónicos, cuyo objetivo, según el secretario
de Gobernación, Santiago Creel Miranda, sería "lograr en el ámbito de un
absoluto respeto a las libertades -y particularmente a la libertad de
expresión- una relación sana, transparente y responsable entre el gobierno,
los medios y la sociedad, para que a través de esta vinculación democrática
se pueda garantizar la certidumbre y la seguridad jurídica a gobernantes y
gobernados". Según el gobierno, los acuerdos alcanzados en este espacio se
sustentarían en cinco grandes criterios: garantizar la libertad de
expresión; transparentar el otorgamiento de concesiones; contribuir al
afianzamiento de la unidad nacional; el enriquecimiento de nuestra cultura y
educación; el respeto a los principios humanistas, la dignidad de la persona
y la unidad de la familias; el fortalecimiento de las convicciones
democráticas, y el desarrollo armónico de la ciudadanía.

La mesa de negociación quedó integrada por un representante de cada una de
las siguientes instituciones, con su respectivo suplente: Secretaría de
Gobernación, Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia
de la República, Coordinación General de Imagen y Opinión Pública de la
Presidencia de la República, Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República,
Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados,
Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, Consejo Nacional para la
Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (Coneicc),
Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales A.C.,
la sociedad civil organizada, Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD),
Partido Verde Ecologista (PVEM), Partido del Trabajo (PT) y el secretario
técnico.

Después de varios análisis y discusiones entre los participantes, los temas
acordados como agenda de trabajo fueron siete: 1. Principios fundamentales;
2. Jurisdicción y competencia; 3. Participación social y derecho ciudadano;
4. Concesiones y permisos; 5. Programación; 6. Medios de Estado, y 7.
Competencia económica.

La Mesa tuvo un carácter consultivo y no deliberativo: su objetivo fue
elaborar un anteproyecto de ley de reforma integral de los medios
electrónicos, lo más equilibrado posible entre todos los diversos sectores
que participaron. En la preparación de esta propuesta "se buscaría el
consenso de todas las fracciones parlamentarias y el punto de vista de los
sectores involucrados, así como de los concesionarios de los medios de
comunicación". Luego, la propuesta sería enviada al Congreso para su
discusión y posible aprobación. El Poder Legislativo sería la única
instancia con autoridad definitiva para votarlo o no como ley.


Propuestas de la sociedad

Durante más de un año y medio de análisis y reflexión de todos los
involucrados, los participantes presentamos diversos proyectos para
construir otro marco jurídico; hubo consenso en varios acuerdos
fundamentales. Entre los aspectos más importantes que la academia y la
sociedad civil presentaron figuran los siguientes planteamientos:

1. Realizar una profunda reforma integral del marco normativo de los medios
de comunicación electrónicos y no sólo una revisión que parta del contexto
jurídico de la actual LFRyT, ya que se estaría tomando como modelo una ley y
un reglamento viciados que se elaboraron, respectivamente, en 1960 y 1973,
sin la participación de los grupos ciudadanos. Por consiguiente, se debe
crear un nuevo cuerpo jurídico en radio y televisión que conserve como ejes
de concepción, funcionamiento, responsabilidad y evaluación de los procesos
de radiodifusión, el espíritu de los artículos 3, 6, 7, 25, 27, 28, 42, 48 y
133 constitucionales, que permiten incorporarlos dentro del proyecto
integral de nación y no como simples empresas de entretenimiento, difusión,
información o negocio. Hoy, la historia reprimida de la expresión nacional
debe aflorar a través de una nueva ley de comunicación social.

2. Definir una propuesta normativa de comunicación social para radio y
televisión que considere como derechos ciudadanos las garantías
comunicativas básicas establecidas en los artículos 6 y 7 constitucionales,
sobre el derecho a la información y la libertad de expresión. Dichas
garantías deben ser reconocidas como bienes públicos a los cuales podrán
acceder todos los mexicanos y no como una facultad discrecional del Estado,
que la puede ejercer o no según sus intereses coyunturales en los medios
electrónicos.

3. El Poder Legislativo debe limitar constitucionalmente las facultades
discrecionales del Ejecutivo en el campo de la comunicación colectiva, para
crear un marco normativo más democrático y justo en el funcionamiento de los
procesos de comunicación social.

4. Crear un Consejo Nacional de Comunicación Social, con estatuto de
organismo público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de
formación plural, que norme la actividad de los diferentes medios,
reglamente el derecho de réplica, sea resolutivo en controversias sobre la
materia, establezca los criterios para el otorgamiento de las concesiones y
sea corresponsable en la vigilancia de la LFRyT.

5. Crear la figura del defensor del auditorio, que funcionaría como un
ombudsman interno encargado de vigilar la observancia de los códigos
deontológicos y de servir de vehículo de intermediación entre el auditorio y
el medio para los casos de conflictos informativos.

6. Garantizar la transparencia e imparcialidad en el régimen de
otorgamiento, renovación, revocación y manejo de las concesiones y permisos
de radio y televisión, mediante reglas claras, que al mismo tiempo otorguen
seguridad jurídica a los interesados y que en su asignación se tomen en
consideración las necesidades de los ciudadanos

7. Concluir con la forma discrecional de entregar las concesiones de radio y
televisión por parte de la Presidencia de la República y otros órganos de
gobierno.

8. Legislar para que los medios públicos sean del Estado y no de gobierno.
Para ello, es necesario reformar la naturaleza jurídica de los medios
financiados con recursos públicos, de tal suerte que se termine con la
representación única del Poder Ejecutivo federal en todos los procesos de
toma de decisiones.

9. Crear los mecanismos legales necesarios para garantizar formas de acceso
ciudadano a cada uno de los medios públicos, a efecto de garantizar la
libertad de información establecida por el artículo 7 de la Constitución.

10. Introducir en todas las estaciones de radio y televisión el derecho de
réplica y su respectiva reglamentación.

11. Modificar el artículo 13 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para
crear la figura jurídica de Medios No Lucrativos que permita que otros
actores sociales tengan acceso a los medios de comunicación. Estos medios
podrán recibir apoyos económicos del Estado y otros sectores y podrán
comercializar sus servicios.

12. Crear la figura jurídica viable de radio comunitaria, a través de una
ley federal separada de la LFRyT. En caso de que no sea posible, habrá de
incorporarse la figura de radio comunitaria en aquella legislación.

13. Incorporar a la LFRyT la obligación que el gobierno federal presente
cada año ante el Congreso de la Unión su gasto público en materia de radio y
televisión.

14. A partir del espíritu de los artículos 3, 6 y 7 constitucionales se
requiere proponer reformas a la legislación vigente relativa a los derechos
de terceros, a la dignidad personal, la calumnia, la injuria y el respeto a
la vida privada, así como determinar las responsabilidades de los
comunicadores al informar.

15. Incluir en la LFRyT al artículo 3 constitucional como un parámetro
fundamental para vigilar la difusión de los contenidos en los medios
electrónicos.

16. Garantizar el respeto al libre ejercicio profesional del informador y
facilitar su acceso a las fuentes de información públicas y privadas.

17. El Estado debe fortalecer y ampliar el esquema de medios de servicio
público para cumplir con su función de rector nacional y equilibrar el
funcionamiento del modelo de comunicación de mercado.

18. Exigir el uso transparente y equitativo de tiempos del Estado en radio y
televisión, legales, fiscales y electorales y revisar la aplicación y
vigencia del tiempo llamado fiscal.

19. Aprovechar el 12.5% de los tiempos oficiales para que el Estado
fortalezca y amplíe el esquema de medios de servicio público.

20. El Estado debe abrir la participación de la sociedad civil organizada en
los medios, a través del uso de los tiempos oficiales y otras modalidades.

21. Discutir en el Congreso y en los diversos sectores de la sociedad civil
qué políticas aplicar para el uso de los diversos tiempos oficiales con el
fin de construir con éstos un amplio sistema de Medios de Comunicación de
Estado de Servicio Público dentro de la actual infraestructura de medios
comercial-privados.

22. Rescatar y ampliar los pocos espacios que se han dedicado a la difusión
y construcción de valores plurales y cívicos, vía los medios masivos, y
proponer alternativas para impulsar la edificación de una cultura cívico
democrática más madura en nuestro país.

23. Promover la creación de órganos plurales con participación de la
sociedad civil en la vigilancia de la normatividad relacionada con el
funcionamiento global de los medios de comunicación.

24. Impulsar el respeto irrestricto a la privacidad de los ciudadanos que
impida exhibirlos ante la sociedad, vía los medios, de manera morbosa,
injuriosa o difamante.

25. Rescatar y preservar la memoria histórica de nuestra sociedad como parte
del derecho a la información.

26. Definir en la nueva LFRyT las condiciones jurídicas para que los pueblos
y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de
radio y televisión, como lo señala el nuevo artículo 2, inciso B.-VI de la
Constitución que reconoce los derechos y la cultura indígena.


La reaccion antiética del Estado

Sin embargo, en plena fase del proceso de trabajo y deliberación de las
propuestas en la Secretaría de Gobernación, el 10 de octubre, en la comida
anual de la CIRT, el presidente Vicente Fox anunció sorpresivamente la
expedición de un nuevo acuerdo presidencial sobre el manejo del 12.5% de los
tiempos de Estado y un nuevo reglamento para la Ley Federal de Radio y
Televisión, que dejó de lado la iniciativa de reforma integral, instalada
por Gobernación, y derogó los marcos jurídicos anteriores, ocasionando las
siguientes repercusiones para la transición a la democracia:

1. Se regresó al viejo esquema bilateral viciado entre gobierno y
concesionarios para resolver la agenda de los problemas de la comunicación y
se desconocieron los acuerdos trilaterales aceptados, ética y moralmente,
entre el Ejecutivo, sociedad y los propietarios de los medios, que el
gobierno del presidente Fox junto con otros actores sociales se
comprometieron a impulsar y a respetar trilateralmente desde principios de
su gestión.

2. Se reglamentó de forma oscura, autoritaria y mentirosa una parte medular
de la libertad de expresión y del derecho a la información que son garantías
ciudadanas elementales.

3. Se desconocieron las decenas de propuestas específicas de los sectores
representados en la Mesa de Diálogo. Con ello, se canceló todo el esfuerzo y
los acuerdos políticos que por consenso se habían alcanzado entre los
participantes, y se despreciaron las vías del diálogo entre los diversos
actores sociales para reformar al Estado, premiándose al viejo autoritarismo
del siglo XX.

4. El gobierno de la transición a la democracia reveló que no tiene calidad
ética y moral para sostener sus compromisos públicos con la sociedad, y
valor para defender los derechos de comunicación elementales de la
ciudadanía ante los voraces intereses de mercado de los grandes
concesionarios de los medios. El gobierno se burló y humilló a la sociedad
que busca medios de información para comunicarse y evitar las rupturas de la
institucionalidad nacional.

5. Una vez más se demostró que no existe voluntad política de cambio en la
cúpula del poder en esta materia, pues se regresó al antiguo esquema de
comunicación excluyente, en el cual la sociedad no quedó representada para
crear otro modelo de comunicación y se continuó privilegiando el modelo de
comunicación de mercado.

El Poder Legislativo fue sustituido por la CIRT y el Ejecutivo para elaborar
dicho marco normativo y reformar al Estado en materia comunicativa,
favoreció a los tradicionales monopolios informativos y marginó a la
sociedad que espera con buena fe desde hace cuatro décadas esta oportunidad
histórica.

En síntesis, el nuevo marco normativo conserva, refuerza y actualiza para
las próximas décadas el viejo modelo de información que ha durado 50 años en
el país.

De aquí, la enorme importancia de realizar como mínimo dos estrategias.
Primero, que los ciudadanos exijan a los diversos partidos políticos
representados en el Congreso que legislen con gran equilibrio, justicia,
pluralidad, transparencia y democracia la operación de los medios. Segundo,
el Congreso tiene la enorme responsabilidad de elaborar una nueva Ley
Federal de Radio y Televisión.

De no considerarse estas demandas en la Mesa de Diálogo para la Revisión
Integral de la Legislación de Medios Electrónicos, encontraremos que en
plena fase de modernización nacional se habrán modificado las estructuras
económicas, políticas, jurídicas, tecnológicas, etcétera de nuestra
sociedad, pero no se habrán transformado las estructuras mentales profundas
que, en última instancia, son las que sostienen y le dan vida a nuestra
comunidad. Bajo estas circunstancias la sociedad mexicana estará avanzando
con los "ojos vendados" por un precipicio muy peligroso y dentro de algunos
años veremos y sufriremos las consecuencias devastadoras que habrá dejado
sobre nuestras conciencias y comportamientos colectivos la presencia del
funcionamiento desregulado de la lógica de mercado en el terreno cultural y
espiritual de nuestro país.


Javier Esteinou Madrid es representante de la academia en la Mesa de Diálogo
e investigador titular del Departamento de Educación y Comunicación de la
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.


http://etcetera.com.mx/pag14ne25.asp

Además:
UN CÓDIGO DE ÉTICA PARA LOS MEDIOS MEXICANOS
opinan nuestros lectores
http://etcetera.com.mx


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