BIODIVERSIDAD:
Compartamos los beneficios

Marcela Valente

BUENOS AIRES, 23 ene (IPS) - El Sur necesita más transferencias de recursos
y de tecnología del Norte y un reparto equitativo de los beneficios
derivados de la riqueza biológica, que se concentra sobre todo en los países
en desarrollo, según delegados gubernamentales de América Latina y el
Caribe, reunidos en Buenos Aires.

Estos fueron los ejes acordados este viernes por delegados de 23 países de
América Latina y el Caribe al ajustar la agenda que llevarán a la Séptima
Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, a
celebrarse en Kuala Lumpur del 9 al 20 de febrero.
Además, los participantes debatieron propuestas que llevarán a la Primera
Reunión de la Conferencia de las Partes del Protocolo de Cartagena sobre
Seguridad de la Biotecnología (en vigor desde el 11 de septiembre) y que
también será en la capital malasia, del 23 al 27 del mes próximo.
Desde la primera conferencia de diversidad biológica, que se celebró 10 años
atrás en Bahamas, hubo avances en materia de conservación de la
biodiversidad, dijo a IPS el embajador argentino Raúl Estrada Oyuela,
encargado de asuntos ambientales de la cancillería y quien presidió la
reunión regional.
Sin embargo, en los otros dos objetivos del Convenio, que cuenta con
adhesión de 188 estados, las negociaciones están más estancadas. Se trata
del "uso sustentable" de la diversidad biológica y de la "participación
equitativa" en los beneficios que resulten de esa riqueza natural.
La conservación de la biodiversidad es un objetivo respaldado por la mayoría
de los países en desarrollo e industriales, principalmente la Unión Europea,
remarcó Estrada Oyuela.
Pero para un uso sustentable de los recursos ­genes, especies y ecosistemas-
"haría falta dinero que no llega", señaló.
El diplomático se refería a los recursos financieros que la convención prevé
para proyectos que contemplen la utilización de la biodiversidad en el marco
del desarrollo sustentable.
El Convenio prevé la financiación de proyectos por parte del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), administrado
principalmente por el Banco Mundial y en menor medida por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.
Organizaciones no gubernamentales y gobiernos de países en desarrollo
cuestionan al GEF porque no tiene en cuenta las prioridades de las naciones
pobres, y se restringe a aprobar proyectos volcados más a la conservación
que al uso sustentable de los recursos biológicos.
Por otro lado, Estrada señaló la preocupación latinoamericana por el escaso
progreso en materia de participación equitativa de los beneficios, que deben
ser compartidos entre los países poseedores de recursos y los que los
explotan con fines industriales.
"Nuestra región quiere poner el énfasis en aumentar el financiamiento para
proyectos de uso sustentable, y en trabajar más en la participación en los
beneficios, porque si una planta con propiedades curativas de la Amazonia
termina en un laboratorio en Suiza, debe haber un reconocimiento parejo para
todos", ejemplificó Estrada Oyuela.
En este sentido, los participantes analizaron las propuestas para crear un
régimen de control de acceso a los recursos genéticos y distintas formas de
reconocimiento a quienes conocen sus propiedades, como comunidades indígenas
y campesinas, útiles a menudo para las poderosas industrias de alimentos,
medicamentos o cosmética.
Así como en los últimos 10 años se resolvió elaborar el Protocolo de
Cartagena para regular el transporte y la manipulación de organismos vivos
genéticamente modificados, como semillas y granos, del mismo modo se debe
proceder en materia de participación en los beneficios, afirmaron delegados.
"En Kuala Lumpur hay que lanzar un proceso de negociación similar al que
derivó en el protocolo de bioseguridad de Cartagena, luego se verá si es un
régimen internacional o un protocolo específico, pero hay que ir por etapas
comenzando en la próxima conferencia", insistió Estrada Oyuela.
Al respecto, la región reconoce que las comunidades indígenas deben tener
mucho peso en las decisiones. El conocimiento tradicional sobre los usos
curativos de plantas y animales está en la base de numerosos "hallazgos" de
la industria, que luego se beneficia de las patentes por recursos y
conocimientos que no le son propios.
"Las comunidades originarias deben participar pero también tienen que
entender que lo importante aquí no es esconder los recursos sino organizarse
para venderlos bien, porque las posiciones defensivas no conducen a nada",
advirtió el diplomático.
De la cita participaron funcionarios ambientales de Antigua y Barbuda,
Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Paraguay,
Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nevis, Uruguay y Venezuela.

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+ Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica
(http://www.biodiv.org/default.aspx?lg=1)
+ Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, en inglés
(http://www.biodiv.org/biosafety/default.aspx)
+ Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(http://www.gefweb.org/Spanish/spanish.html) (FIN/IPS/mv/dcl/en dv/04)
(FIN/2004)

<http://ipsnoticias.net/interna.asp?idnews=26136>

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