Desplazamiento forzado: ¿Un objetivo Militar?

Por Stewart Vriesinga

Marzo 22, 2008

Traducido por Jonathan Stucky

Las amenazas a la seguridad de los campesinos que habitan en el valle del Cimitarra continúan. Consideran que las mismas entidades encargadas por su seguridad y protección, o sea las fuerzas armadas del estado, están amenazando su seguridad y bienestar. La mayoría de los campesinos que habitan en esta área sienten que la intervención del estado busca promover en vez de prevenir el desplazamiento forzado, como parte de una estrategia que busca expropiar sus fincas y territorios. Los campesinos siguen insistiendo que la obligación del estado es proteger su derecho a la seguridad y prevenir a como de lugar el desplazamiento forzado de ellos. La gente de allí siente que ante el statu quo que se vive deben desplazarse antes que el estado considere proveerles de algún tipo de asistencia.

La situación poco viable de dos veredas del municipio de San Pedro en el Sur de Bolívar – Paraíso, Alto Cañabraval y sus alrededores, ilustran muy bien esta situación. Los ECAPeros Jim Fitz y Stewart Vriesinga participaron en una comisión de verificación llevada a cabo el 11 y 12 de Marzo que viajó a estas remotas comunidades bajo la invitación de la Asociación de Campesinos del Valle del Cimitarra (ACVC). Esta comisión estaba compuesta por organizaciones no gubernamentales (ONGs) a nivel local, representantes de la organización de estados americanos (OEA), funcionarios públicos del nivel nacional, regional y local y tres ONGs de acompañamiento internacional. El objetivo era documentar violaciones a los derechos humanos y amenazas a la seguridad de los pobladores que habitan el área ocurridas en el pasado y que siguen sucediendo en la actualidad.

Residentes locales y líderes de la comunidad nos dieron un panorama difícil acerca de los riesgos en la seguridad actual de los pobladores así como la amenaza vigente de más desplazamientos. Ellos describieron la manera en que durante las operaciones militares miembros de la comunidad fueron asesinados y luego disfrazados y presentados como guerrilleros muertos en combate. También describieron la manera en que desmovilizados de grupos guerrilleros y paramilitares patrullaban con las fuerzas militares acusando líderes de las comunidades los cuales a consecuencia de esto fueron arrestados por rebelión. (En la actualidad se encuentran seis en la cárcel y 14 mas tienen ordenes de captura en su contra). Nos informaron acerca de cómo sus cultivos de cacao que fueron sembrados como parte de un programa de sustitución de cultivos ilícitos, fueron exterminados por las fumigaciones aéreas patrocinadas por los Estados Unidos (Para mayor información referirse a artículos publicados por ECAP Colombia “LAS FUERZAS ARMADAS JUSTIFICAN EL DESPLAZAMIENTO”)  

Uno los pobladores dijo “La ultima vez que se fumigó mataron todos nuestros cultivos de alimentos.  ¡Inclusive los cultivos de aquellas personas que no tenían ni una sola planta de coca fueron fumigados! ¿Como esperan que seamos leales a un gobierno cuya intención es matarnos de hambre?” Otro dijo: “Si no nos están protegiendo, si nos están haciendo estas cosas, ¿Que podemos esperar de nuestro gobierno?” “Una bala” replicó un tercer hombre.

Residentes locales y líderes comunitarios continuaron describiendo la manera en que se había acordado con la erradicación manual de los cultivos de coca, con la condición de que el gobierno se comprometiera a proveer alternativas económicas viables.  Pero desde que no exista ningún cultivo sustito viable, se oponen a la erradicación manual de la coca ejercido por los militares.  (Para mayor información referirse a artículos publicados por ECAP Colombia “¿Por Qué los Campesinos Cultivan Coca?”) Los campesinos denunciaron que las tropas que erradican la coca están también quemando las casas de la gente. También describieron la manera en que las FARC atentan contra el personal militar por medio de la siembra de minas antipersonales en los caminos y dentro de los cultivos, haciendo que los campesinos no puedan trabajar o inclusive movilizarse. A la vez contaron acerca de la colaboración entre las fuerzas militares y los grupos paramilitares y la manera en que el ejército amenaza la población diciéndoles que ellos no les harán daño, pero que los grupos paramilitares que vienen detrás sí lo harán. Los campesinos denunciaron la manera en que el ejército soborna los niños por medio de dulces a cambio de obtener información de ellos. Contaron que los soldados los usan como escudos humanos, permaneciendo varios días en sus caseríos.  Una gran preocupación es que cuando el personal del ejercito responda por sus actos y abusos ya que generalmente andan en la zona en camiseta sin ningún tipo de insignia y cuando se les pide identificarse su respuesta es “No se preocupe, somos todos los mismos”.

Los habitantes de estas comunidades dieron la bienvenida a esta comisión, pero con cierto escepticismo acerca de que la presencia de la misma iba mejorar sus condiciones de seguridad. Denunciaron que cuando los lideres de la comunidad hacen estas denuncias son señalados o amenazados (Hubo presencia de soldados momentos antes que comenzara la reunión, cuando las autoridades departamentales, regionales, instituciones gubernamentales de derechos humanos y el ECAPero Stewart Vriesinga cuestionaron al comandante acerca de esto el simplemente dijo que solo habían venido a comprar provisiones y que se irían luego. Sin embargo todavía estaban en el área una hora después y hubieran podido identificar con claridad algunos de los residentes locales que estaban reunidos con la comisión).

Todos los comentarios reflejan un alto grado de desesperanza: “Nosotros hacemos nuestras denuncias, pero nada sucede, el estado no se compromete”, “Estamos completamente olvidados por el estado, solo tenemos dos profesores para de 100 niños, hasta tenemos que alimentar los maestros porque el estado no les paga a tiempo”, “El municipio a sido sordo, ciego y mudo, cuando fuimos por ayuda a ellos durante las fumigaciones” (Junio del 2007); “Al parecer va ser igual que las ultima vez. Las águilas negras estuvieron aquí hace como 15 días…”

Los residentes locales dudaban que la presencia de la comisión previniera futuros desplazamientos, ellos estas dispuestos a resistir como comunidad. Solicitar estatus de desplazados lo único que les conseguiría son algunos recursos para reubicación, pero terminarían dispersos y su posibilidad de retorno a sus tierras tendría pocas posibilidades. Por estas razones las personas que están pensando en desplazarse están pensando unirse a otros desplazados del Valle del Cimitarra en un “campamento humanitario”, que se encuentra en la USO (Unión Sindical Obrera de Barrancabermeja) Como campamento humanitario pueden continuar presionando al gobierno por justicia y el apoyo en perseguir su sueño de retorno a su tierras. El prospecto de estar separados de sus tierras de manera permanente es impensable. Como lo plantea un miembro de la comunidad: “Ya somos todos desplazados, así fue como llegamos a este lugar en primera instancia”.

La idea de que existe una campaña deliberada de expropiarlos de sus tierras no es remota. Existe un gran numero de mega proyectos para el área en el que estas comunidades habitan: Nuevas autopistas a través del Magdalena medio hacia Medellín y el Caribe, grandes multinacionales con proyectos mineros, hidroeléctricas, expansión de la industria del bio-diesel (siembra de palma africana) y sumándole la lucha armada entre dos grupos paramilitares rivales por el negocio del trafico de drogas ilícitas que amenaza la población civil.

Así como pasa en otros lugares de Colombia, cuando un terreno adquiere una importancia económica, los habitantes generalmente se ven obligados a venderlos a precios inferiores al precio del mercado, asesinados o desplazados. Este fenómeno puede que ocurra en la zona rural de San Pablo sin embargo los habitantes siguen rehusándose a dejar sus tierras. Las amenazas a la seguridad de los pobladores es real y la especulación acerca de las razones detrás de esto están basadas en sus experiencias anteriores y experiencias de otras comunidades en situación similares. (Ver Times online article ).

La discusión acerca de si la visita de la comisión genera mayor seguridad o no de los habitantes locales, depende directamente en el uso que se de a la información y denuncias recopiladas por la comisión. Todos los que recibieron esta información deben actuar. Deben actuar para dar por terminado la expropiación de tierras campesinas por parte de las corporaciones nacionales e internacionales. Deben actuar para incrementar el desarrollo comunitario rural que beneficie a las personas que viven allí (al contrario de incrementar el valor de sus tierras agravando la situación de expropiación de sus tierras). Se debe actuar en asegurar una distinción clara entre civiles, lideres comunitarios y combatientes y actuar para dar por terminado los arrestos y ejecuciones extrajudiciales de civiles en el área. Se debe actuar para asegurar que halla un esfuerzo real por parte de las fuerzas del estado para proteger las vidas y hogares de las personas en estas áreas rurales de conflicto y proveer la comunidad con todos los servicios a los que tiene derechos un ciudadano sin tener que forzarlos al desplazamiento.

Lo que esta pasando en el área rural de San Pablo no es un hecho aislado, no es simplemente un incidente local, no es un fenómeno nacional. Es la combinación de todas. Poniéndole fin al desplazamiento forzado y a la expropiación de tierras requiere cambiar la mentalidad a nivel local, nacional e internacional de las personas que están en el poder.

Cuando hago presentaciones acerca de Colombia generalmente dijo “Una de dos cosas es lo mas probable que le suceda a un campesino en Colombia que viva cerca de un recurso lucrativa, el o ella será asesinado o forzado al desplazamiento. Esto es cierto ya sea que el campesino viva cerca de un recurso lucrativo legal como lo es el oro, petróleo, la tierra o ilegal como los carteles de las drogas o la gasolina”.

¡Esto tiene que parar!

¡Por favor haz tu parte!            

 

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MISIÓN: Equipos Cristianos de acción por la Paz (ECAP) Colombia es una comunidad integrada por voluntari@s capacitad@s de diferentes culturas que hace parte de ECAP, una organización internacional y ecuménica. La base de nuestro trabajo se enmarca en el Magdelena Médio, aunque no es exclusivo de esta región de Colombia. Colaboramos en iniciativas de base para visibilizar y transformar estructuras de dominación y opresión por medio de la no-violencia activa, para hacer posible un mundo donde vivan el respeto, la justicia y el amor, incluso por nuestr@s enemig@s.

 

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