01-12-2004

La propuesta de Lagos sobre prisión política y tortura es deficiente
y omite la búsqueda de justicia


Elie Valencia, Miguel Loguercio y Hernán Biott


El reciente discurso del Presidente Lagos, en el contexto de la
difusión al país, del Informe de la Comisión de Política y Tortura,
presentó una propuesta de reparación de derechos humanos (DDHH) para
las víctimas de prisión política y tortura durante la dictadura
militar.

Es altamente positivo que el Presidente de Chile y el Informe de la
Comisión de Política y Tortura reconozcan públicamente que la tortura
y prisión política fueron crímenes cometidos como parte de una
política institucionalizada del Estado de Chile.

Esta propuesta presidencial para reparar nuestros derechos y remediar
el daño causado nos es adecuada. Es decepcionante. La reparación es
mínima y no hay reconocimiento real del daño y la extensión de los
crímenes cometidos, y la necesidad de justicia que existe entre las
victimas.

En el discurso del Presidente Lagos no se nombró la palabra Justicia.
No se nombró a los responsables por lo crímenes de lesa humanidad que
se testimoniaron a la Comisión. No se nombró como responsables a las
fuerzas armadas, las cortes de justicia, los políticos civiles que
fueron cómplices y participes de estos crímenes, ni a los partidos
políticos que encubrieron y callaron. Justicia es parte de la
reparación en un estado de derecho.

En este discurso ni en el informe de la Comisión se nombran a las
victimarios ni a los violadores. Más aún, se propone hacer secreto
los testimonios de las víctimas por 50 años, lo que beneficia
indirectamente a los torturadores y les facilita la continuidad de su
impunidad.

El Presidente nos dice que no tiene respuestas al porque se nos
violaron nuestros derechos fundamentales. Nos dice que el que el
silencio sobre estos crímenes fue, por una parte, el resultado del
miedo creado por la dictadura y, por otra parte, de la decisión de
las víctimas de proteger su dignidad. Aunque ese fuera el caso, esta
explicación no justifica un total de 31 años de impunidad de los
torturadores, y 14 de esos años de impunidad en gobiernos
democráticos. Tampoco, esa explicación justifica la exclusión de "la
prisión política y la tortura" de los informes e investigaciones
sobre las violaciones de DDHH que se realizaron anteriormente en el
país. Exclusión no es lo mismo que silencio. También cabe hacer
notar, que un buen número de nosotros, ex prisioneros políticos y
torturados, hemos estado denunciando estas violaciones por décadas,
comenzando por nuestras propias denuncias a la Cruz Roja
Internacional cuando estábamos secuestrados en los campos de
concentraciones de la dictadura en Magallanes y en Isla Dawson.

Las reparaciones propuestas son mínimas, no se reconoce la necesidad
de tratar de reparar por el daño causado por la prisión y la tortura
en términos económicos – o sea la indemnización. La pensión propuesta
es de gracia, no es compensatoria, y no alcanza a $ 200 mensuales. El
costo total anual de estas pensiones es equivalente a un par de
aviones F19 que la Fuerza Aérea desea comprar. Estas reparaciones son
inadecuadas, no alcanzan ni para ser austeras, y están muy lejos de
ser justas. En realidad, la falta de equidad y relación entre loa
magnitud de los crímenes y las reparaciones que se proponen disminuye
la dimensión real de lo que fue ser torturado y prisionero político
durante la dictadura.

A más de tres décadas del inicio de nuestras torturas y prisión
política, aún no se abren caminos de justicia y reparación integral,
y se refuerzan las avenidas de impunidad.


29 de Noviembre de 2004

www.Dawson2000.com