Dicho documento, firmado por Omaira Mindiola y Jean-Pierre Chabot, y dado a conocer en mayo último, detalla: “La industria minera ha recibido varias garantías de protección a sus inversiones sobre cambios en el régimen fiscal y en la legislación; sin embargo, las comunidades no tienen la garantía mínima de que los sectores público y privado respetarán su derecho a consulta”.

El informe reconoce que en Guatemala hay una fuerte polarización por la minería, y que, a pesar de las instancias de diálogo, los resultados no han llevado a avances positivos.

“Los intereses de un modelo de desarrollo basado en la economía de mercado son los que han estado afectando los derechos de los pueblos indígenas”, cita el documento.

Focal, con sede en Ottawa, Canadá, asegura que preparó ese estudio por la notoria presencia de mineras canadienses en Latinoamérica. El 11 por ciento de las empresas del sector que cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto opera en el subcontinente.

El documento indica que la minería no es una actividad prioritaria cuando se trata del desarrollo socioeconómico de comunidades indígenas en Guatemala y Perú, donde Focal organizó dos talleres en febrero recién pasado.

“Las comunidades prefieren reafirmar y fortalecer lo que tienen (tierra) y lo que saben hacer (producción agroindustrial y artesanías), porque hay falta de confianza en los beneficios mineros. El bajo nivel de participación de las comunidades en el nivel de toma de decisiones sobre los desarrollos de la minería no ayudan a llenar la expectativa de un cambio positivo en su calidad de vida”, refiere.

El texto enfatiza en que la falta de regulación de las industrias extractivas deja en el limbo la participación de las comunidades en el desarrollo local.

Acepta que existe una brecha entre los derechos de los pueblos indígenas establecidos en el Convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo, y la aplicación de esos derechos en las localidades afectadas por las explotación minera.

“La falta de una consulta libre, informada y previa con las comunidades indígenas es una de las causas primarias de conflictos relacionados con la minería”, concluye el referido informe.

Indica que ni la titulación ni la demanda de tierra han sido resueltas, lo que genera inseguridad e intranquilidad en las comunidades y poblaciones locales cerca de la minería.

Asevera que la competencia por recursos naturales, como tierra y agua, y los impactos ambientales, condicionan a las comunidades como víctimas, y a las compañías como blanco de demandas.

“Este es un tema que el sector privado no puede resolver. No parece pertenecer a la agenda de los gobiernos cuando de conceder licencias a empresas mineras se trata”, subraya el documento.