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Daniel Samper Pizano
Cambalache
Matones del medio ambiente (Primero de junio de 2005)

Varios proyectos plantean una escabechina en parques,
selva, bosques y aguas.

En carta al columnista de EL TIEMPO Andrés Hurtado, el
vicepresidente Francisco Santos ratifica que el
gobierno se propone fumigar con glifosato los parques
nacionales. Pacho esgrime el argumento de que son más
dañinos los cocales y plantaciones de amapola que el
veneno, y que el país perdió en los últimos once años
casi un millón y medio de hectáreas de bosque por los
cultivos ilícitos. Alega que los narcotraficantes
“organizan migraciones de campesinos muy pobres, que
llegan a destruir selva para sembrar coca o bosques
andinos para sembrar amapola”. Y cierra la carta con
la cacareada advertencia según la cual oponerse a las
fumigaciones “beneficia a las organizaciones del
narcotráfico”.

La carta es desoladora. Ella revela que, después de
seis semanas de debates sobre la posible fumigación de
parques, el gobierno aún no se ha enterado de lo que
está en juego, ni parece darse cuenta de que sus
argumentos, antes que fortalecer la causa del
glifosato, debilitan la política represiva que se
aplica sin éxito contra los cultivos ilegales. Ni una
sola alusión al estudio alcahueta en el que el Consejo
Nacional de Estupefacientes sustenta su campaña de
fumigaciones. Ni una refutación de las razones que
aporta la comunidad científica contra el glifosato (la
última señala que este pesticida ha aumentado los
casos de malformaciones en niños de la Sierra Nevada
de Santa Marta). Ni una reflexión sobre el hecho
evidente de que la aspersión de cultivos provoca esas
migraciones campesinas que acaban destruyendo más
selva y más bosque. Con lo cual al arrasamiento del
glifosato en el medio ambiente hay que agregar el que
generan los colonos: pero el primero no evita el
segundo y, por el contrario, lo fomenta. Finalmente ni
una sola mención al remedio que recomiendan los
especialistas: erradicación manual de plantaciones.

Tristemente, recae el vicepresidente, como lo han
hecho otros miembros del gobierno, en la absurda
sindicación de que oponerse a la política oficial de
fumigaciones es beneficiar a los narcotraficantes. Hay
muchas cosas indispensables para el país que también
benefician a los narcos, qué le vamos a hacer:
carreteras, acueductos, alcantarillado, internet, el
habeas corpus, los baños termales. ¿Quieren que
destruyamos todo esto? Como dije en anterior columna,
es deber de las autoridades imaginar métodos que
alivien los piojos el apestado, pero sin quitarle la
cabeza. Precisa Santos que en este momento quien debe
tomar la decisión de si se fumiga o no los parques es
el propio Uribe.

Esperaremos a ver si en el “Estado comunitario”•que
dibuja la filosofía política del Presidente vale más
la opinión de los ciudadanos y los científicos que la
de la DEA.

¿Qué le ocurre a este gobierno con los problemas
ecológicos? ¿Es sordo? ¿Autista? ¿Soberbio?
¿Ignorante? ¿Sometido a los dictados de Washington?
¿Todo lo anterior junto? No lo sé. Pero resulta
unánime la idea de que el retroceso en materia
ambiental durante la actual administración ha sido
escandaloso.

Ahora circula en el Congreso un proyecto de ley que el
Gobierno haría bien en atacar con la vehemencia con
que se ha opuesto a otras iniciativas legisladoras. Es
una norma que entrega la explotación comercial de los
recursos madereros a grandes empresas multinacionales,
y desconoce los derechos de las comunidades indígenas
y campesinas que viven en las regiones boscosas y
extraen de ellas su alimento.

Según denuncia formulada por catorce entidades que
agrupan a cabildos indígenas, coordinadoraas
campesinas y palenques afrocolombianos, el proyecto de
ley nace de la intención positiva de ordenar el caos
jurídico existente en asuntos madereros, pero su
aplicación podría ser nefasta.

En primer lugar, porque no vincula la explotación a
los ecosistemas silvestres; segundo, porque “sobrepone
el interés comercial a la protección del ambiente”;
tercero, porque “viola los derechos territoriales de
las comunidades”. Y, además, porque perjudica a las
pequeñas empresas, pone en peligro la propiedad
tradicional de los colonos en las zonas maderables y
omite toda participación de las comunidades de base.

Según el ex ministro de Medio Ambiente Manuel
Rodríguez, “leyes similares a este proyecto generaron
el arrasamiento e irreparable destrucción de enormes
extensiones de selva tropical en el sudeste asiático
por parte de las grandes multinacionales madereras en
corto período de tiempo”.

Como si faltaran invitados a la escabechina ambiental,
el senador Jorge Enrique Robledo denuncia una Ley de
Páramos que perjudicará a miles de familias
campesinas, un proyecto de privatización de agua que
la convertirá en artículo de lujo y otro que entrega a
los particulares la explotación de los parques
nacionales.

Es posible que el sistema político sobreviva a la
reelección presidencial, e incluso que los
menoscabados partidos logren superar la ineptitud de
sus líderes. Pero no me atrevo a augurar lo mismo al
más valioso tesoro del país, su naturaleza, si el
gobierno se empecina en actuar como un matón del medio
ambiente.



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