Santiago, Lunes 7 de agosto de 2006, El Mercurio.- Este segundo semestre serán lanzados al mercado nuevos proyectos como Santa Elena en el que participa Hernan Somerville y Urbanya, de los Yaconi-Santa Cruz. Disponibilidad y bajos precios de los terrenos han despertado interés de grandes grupos. Inversiones por US$ 13 mil millones son las que se prevén dentro de los próximos 15 años en los dos grandes polos de desarrollo inmobiliario del Gran Santiago: Pudahuel y el acceso norte a la capital. Según un estudio de Fuenzalida Desarrolladores Inmobiliarios (FDI), ambas zonas corresponden a los pocos grandes paños de terreno que quedan disponibles.

El primer gran foco es el sector del Valle Lo Aguirre. Según explica Rodrigo Fuenzalida, gerente general de FDI, en el sector de Pudahuel y hasta el túnel Lo Prado se están desarrollando varios proyectos de gran envergadura. Ciudad de los Valles, del grupo González-Abalos, fue el pionero. A punto de salir se encuentra Urbanya, de los Yaconi-Santa Cruz, que en un terreno de 700 hectáreas invertirán aproximadamente US$ 250 millones; la expansión de Enea y el proyecto Praderas, en el que participan el grupo Hurtado Vicuña y Cruzat. Según explica Alejandro Magni, gerente general de El Bosque, sociedad a cargo del proyecto, Pudahuel es una zona que hace años está identificada como de desarrollo urbano prioritario por no tener condiciones agrícolas. Praderas, que está siendo desarrollado bajo la normativa de Proyecto de Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC), contempla la construcción de 30 mil viviendas en un plazo de 30 años y es el más grande que se construye en el sector.

¿Por qué Pudahuel? Según explica Fuenzalida, porque es una zona destinada principalmente a un sector socioeconómico que actualmente habita en Maipú, el centro o Quilicura, por lo que no significa un gran alejamiento y tienen acceso expedito al resto de la ciudad a través de las autopistas. Es precisamente esto lo que no ha funcionado bien en Chicureo, el segundo polo de desarrollo de los próximos 15 años, aunque Fuenzalida asegura que el problema se está solucionando con mejores accesos como la radial de Vespucio. En esa zona existen cuatro grandes proyectos importantes, como Piedra Roja, La Reserva, Valle Norte y Las Brisas de Chicureo. A estos se sumaría a fines de año el proyecto Santa Elena,que está siendo desarrollado por Patricio Abalos y otros socios entre los que está el presidente de la CPC, Hernán Somerville. El proyecto que se ubica entre la carretera San martín y la 5 Norte apuesta al sector ABC 1, pero con viviendas un poco más económicas que las de Chicureo. Por último, está la zona ubicada en la Panamericana Norte. Ya hay en desarrollo proyectos emblemáticos como ValleGrande, de Novaterra, Larapinta, de Socovesa y otras como El Alfalfal, de Francisco Pérez Yoma. Todos estos proyectos se verán beneficiados por el tren hacia el norte.

A diferencia del sector norponiente de la capital, el desarrollo inmobiliario hacia el sur es prácticamente nulo. Esto, porque según explica Fuenzalida, se trata en su mayoría de terrenos agrícolas, y por lo tanto de un valor mucho mayor como para poder desarrollar grandes proyectos. Salvo casos aislados como lo que Besalco desarrolla en la mestranza de Ferrocarriles, en San Bernardo, los proyectos que se llevan a cabo son muy pequeños, y no conforman una tendencia marcada. (El Mercurio,

Santiago, Lunes 7 de agosto de 2006, El Mercurio.- Vespucio Norte Express, Vespucio Sur y Túnel San Cristóbal no debieron cumplir con tal fiscalización. Un drástico cambio ambiental realizará la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) con los nuevos proyectos que se liciten. "Todos serán sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)", anunció Francisca Castro, directora de Concesiones del MOP.

Carreteras, caminos, cárceles, hospitales, aeropuertos, puentes y puertos tendrán que pasar el test ambiental antes de construirse. Someterse al SEIA significa que son consultados todos los actores involucrados y afectados con la obra, como la comunidad y los servicios públicos. Por último, las comisiones regionales (Corema) respectivas decidirán si aprueban o no el proyecto en una votación de todos sus integrantes. Concesiones terminará con la fórmula legal que utilizaba anteriormente para definir las carreteras como "autovías", para saltarse el test ambiental. Este mecanismo lo usó el MOP con las autopistas urbanas con tag Vespucio Norte Express y Vespucio Norte, y el Túnel San Cristóbal. En cambio, Costanera Norte aprobó dos estudios de impacto ambiental. El cambio se debe a las nuevas políticas de mejoramiento de gestión.

Francisca Castro aseguró que la medida "va a dar más fluidez a los proyectos y a destrabar muchas cosas que se han entrabado en forma posterior". Sergio Romero, presidente de la comisión de OO.PP. del Senado, dijo estar de acuerdo con la norma, destacando que hay que buscar el equilibrio entre el desarrollo y la preservación del medio ambiente. Juan Carlos Latorre, presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, reiteró que todas las obras tienen que cumplir con la ley. En tanto, el diputado Gonzalo Uriarte calificó de impresentable el subterfugio de "autovía" y dijo que fiscalizará con rigor cada nueva licitación para que respete su entorno. Herman Chadwick, presidente del gremio, dijo que si los proyectos concesionados tienen impacto en el medio ambiente "evidentemente que estamos dispuestos a someternos a evaluación".(El Mercurio,

Santiago, 7 de agosto de 2006, por Patricio Hermann, Agrupación Defendamos la Ciudad, El Mostrador.- En días pasados el Concejo Municipal de Vitacura, accediendo a una especulativa solicitud de los propietarios de las viviendas unifamiliares que enfrentan la Av. Escrivá de Balaguer, paralela al río Mapocho, adoptó el acuerdo de iniciar el trámite administrativo conducente a modificar las normas de edificación de su Plan Regulador sólo para las manzanas que van desde el Club de Polo por el poniente hasta la calle Guaraníes por el oriente. Se permitirá la construcción en altura hasta llegar a los 10 pisos, si son conjuntos armónicos, es decir, edificios de 28 metros. Para el resto de los vecinos de ese agradable barrio de densidad baja se mantienen las actuales condiciones. Luego, ese cuerpo colegiado conformado mayoritariamente por personas afuerinas de esa comuna, en forma unánime, le entregó un "traje a la medida" a aquellos propietarios que están ansiosos en vender sus casas a excelente precio para irse a vivir a La Dehesa, sector de moda en la comuna de Lo Barnechea.

En términos porcentuales podríamos afirmar que el 15% de los vecinos obtendrá una importante plusvalía patrimonial y el 85% restante deberá asumir una minusvalía por sus casas, ya que estas tendrán como telón de fondo hacia el norte un muro casi continuo de concreto con la altura señalada en el primer párrafo. A la luz de ese despropósito urbano, los vecinos perjudicados se han organizado y han conformado el referente "Salvemos Vitacura", cuyo primer acto público se llevó a cabo el pasado sábado 29 de Julio en la mañana, en donde, enfrente de la Casa Consistorial, en el Parque Las Américas, un centenar de vecinos dieron a conocer a la prensa sus postulados en defensa de sus estilos de vida, rechazando por lo tanto, la iniciativa comercial de sus autoridades orientada a la minoría apitutada.

La ciudadanía debidamente informada expresó: "Nos hemos reunido para pedir un plebiscito, para defender la democracia, para defender la capacidad de los vecinos de ser escuchados, para defender nuestra comuna. Queremos que el caso de Vitacura se transforme en un ejemplo para todos los procesos de este tipo en Chile". Los enérgicos dirigentes vecinales expresaron que en un país democrático no podía prosperar una iniciativa de ese tipo porque cuenta con el amplio rechazo de la comunidad afectada. Decían que todo cambio crea conflictos de interés, pero estos conflictos deben ser resueltos sin arrasar con los derechos de la mayoría para beneficiar a unos pocos. Más aún, ya que se utilizaron falaces argumentos técnicos que van contra el sentido común y el necesario equilibrio.

Ese "traje a la medida" totaliza US$250 millones en ventas inmobiliarias proyectadas,probablemente uno de los más grandes proyectos inmobiliarios residencialesa realizarse en la historia de este país. Sólo es superado por el cuestionado proyecto de la torre de equipamientos Costanera Center en Providencia que contempla una inversión del orden de los US$ 300 millones. Se dejó en claro que entre las 150 propiedades que aumentan su valor, existen varios especuladores inmobiliarios que concentran 2 o más terrenos y que éstos se presentan como "vecinos" supuestamente perjudicados por la situación actual. Esa municipalidad, en una muestra brutal de autoritarismo, no ha permitido la generación de proyectos alternativos y para ello ha utilizado maniobras poco claras, dejando a un lado los conceptos de transparencia, rigurosidad y probidad, necesarios para implementar los cambios en los planos reguladores. Esta conflictiva situación se repite en varias comunas con resultados diversos, siendo la más emblemática la de La Reina, en donde se impuso la posición de la comunidad bien articulada: el alcalde retiró el proyecto y primó la cordura.

Los dirigentes de "Salvemos Vitacura" le pidieron al alcalde Raúl Torrealba un plebiscito para zanjar la controversia y éste se negó por considerarlo "demagógico" (sic). Ante tal curiosa respuesta ya se están organizando a nivel comunal para forzar el plebiscito, tal como está establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. En estos días iniciarán la recolección de firmas del 10% de los vecinos inscriptos en los Registros Electorales de Vitacura, con la idea de finalizar el proceso en un plazo máximo de un mes. Necesitan 5.300 firmas autentificadas ante cualquier notario.

Los líderes comunitarios Gonzalo Benavente, Rodolfo Terrazas y Alberto Warnken, han señalado que no bajarán los brazos porque están comprometidos con sus bases para preservar a Vitacura como una comuna residencial que ofrezca buena calidad de vida. Aseguran que están luchando por su territorio, por sus hijos y también por los vecinos de otras comunas que buscan ser escuchados y considerados por quienes dicen ser sus representantes en las municipalidades. También dijeron que no descansarán hasta que opere finalmente el sistema democrático. Conociéndolos y sabiendo que en otros tantos barrios de esa comuna sucede lo mismo y dado que ya se han unido en la noble tarea de imponer el plebiscito, que sería el primero en Chile, para abordar materias urbanas, no queda más que esperar el feliz desenlace. En todo caso, ante la magnitud del conflicto y sus repercusiones, todavía no hemos escuchado la voz de los dos diputados del distrito 23 como tampoco hemos sabido nada de los dos senadores de la Circunscripción Oriente.

Sería muy conveniente que los diputados Dittborn y Monckeberg, como también la senadora Alvear y el senador Longueira, políticos por los cuales la gran mayoría de los vecinos ofuscados votaron, manifestaran públicamente sus pareceres para así poder decir que ellos también escuchan a la gente en períodos no eleccionarios. Dado que el Concejo Municipal está conformado casi exclusivamente por políticos de derecha, sería apropiado que las directivas de Renovación Nacional (RN) y la Unión Democráta Independiente (UDI) llamen a sus concejales y alcalde para que les expliquen las motivaciones que tuvieron a la vista para proceder de esa manera antisocial.

Por último y teniéndose en cuenta que el movimiento contestario está tomando mucho cuerpo, lo que nos consta, sería más que razonable establecer desde ya las bases del llamado a plebiscito para que éste se desarrolle en igualdad de condiciones en los recintos adecuados, teniéndose presente que su resultado será vinculante para la díscola municipalidad de Vitacura siempre que los votantes sean a lo menos el 50% de los ciudadanos inscriptos en la comuna. (EL Mostrador,

Til Til, 6 de agosto de 2006, Sustentable.- Codelco Andina, KDM, Angloamerican, Agricom, Grupo Polpaico, Proacer y Aguas Andinas, se comprometieron a aportar con el desarrollo sustentable de esta comuna. Con la presencia del ex Presidente de la República, Ricardo Lagos, hoy se realizó en el frontis de la Municipalidad de Til Til, la ceremonia de lanzamiento de Corporación Empresarial para el Desarrollo de la comuna de Til Til, Pro Til Til. Este comité, integrado por siete empresas que tienen presencia en el municipio a través de sus respectivos negocios, se compromete a aportar al desarrollo sustentable de esta empobrecida comuna, promoviendo y potenciando la generación de proyectos desde la comunidad, en los ámbitos de la educación, medioambiente, fomento a la pequeña empresa, salud y cultura. Las compañías participantes son Codelco Andina, KDM, Angloamerican, Agricom, Grupo Polpaico, Proacer y Aguas Andinas, representada en el directorio por Jonás de Miguel, Gerente Corporativo de Comunicaciones y Desarrollo Organizacional. El alcalde de Til Til, Salvador Delgadillo, en su alocución agradeció el compromiso de estas firmas y enfatizó qué aspira a mejorar sustancialmente la calidad de la educación, la infraestructura sanitaria a través de la construcción de un alcantarillado, entre otras metas. Asistieron por parte de Aguas Andinas, Felipe Larrain, Gerente General; Jonás de Miguel, Gerente Corporativo de Comunicaciones y Desarrollo Organizacional; Enrique Donoso Gerente Corporativo de Saneamiento y Pedro Soto, Gerente de Zona Maipo, entre otros ejecutivos. (Sustentable,

Santiago, 6 de agosto de 2006, por Francisco Aedo, La Nación.- La calificación de construcciones de una calidad inferior a la real habría sido una práctica habitual que favorecía a empresas inmobiliarias. Dos funcionarias del municipio se encuentran sumariadas y la Contraloría, a petición del edil, realiza una investigación. Escuche la oferta. En un edificio de lujo con finas terminaciones, departamentos con tres dormitorios y tres baños y más de 130 metros cuadrados, o en su defecto, cuatro dormitorios y cuatro baños y más 170 metros, los precios oscilan entre las 4.890 y las 7.350 UF. Sector: Manquehue con Apoquindo. Este edificio fue clasificado como B-3 en calidad de construcción, lo que técnicamente corresponde a subterráneos o estacionamientos por no tener terminaciones o equipamientos especiales y su estructura es catalogada de básica por ser de costos de construcción menor. Numerosos edificios están pagando permisos de construcción del tipo B-3 cuando, a juicio del concejal de Las Condes Hugo Unda (PPD) debieran cancelar como B-1 o B-2, es decir, de los más caros o al menos intermedio. Un edificio clasificado en B-3 supone un costo aproximado de 7,2 UF por metro cuadrado. Un B-1 supone costos de construcción cercanos a las 13 UF por el mismo área. Una pequeña diferencia. La discusión tiene un elemento racional que no se puede dejar de lado. El alcalde de Las Condes, Francisco de la Maza, plantea que "si uno pensara en qué lugar del país habría edificaciones B-1, uno tendería a creer que es en Las Condes. Yo pregunté cuántos edificios B-1 tenemos y la respuesta fue uno. Entonces, ¿dónde se hacen los edificios B-1 en Chile?".

De los más de 30 permisos de edificación en Las Condes a los cuales LND tuvo acceso, sólo uno indicaba un tercio de su perímetro calificado como B-1. En otro caso se calificaba de B-2 y otras dos construcciones compartían en su permiso las categorías B-3 y B-2. El resto indicaba que sus metros cuadrados correspondían en su totalidad al B-3. El concejal Unda presentó un estudio que analiza 13 edificios, todos los cuales tienen la clasificación B-3. En dicho estudio se calcula la diferencia que se habría producido de haber sido calificados como B-2. El escrito muestra un perjuicio al patrimonio municipal del orden de los 101 millones de pesos. Aunque se trata de sólo 13 edificios y la transformación fue en B-2 (es decir, calidad intermedia), sin pasar a una categoría B-1 (la mejor), en la Dirección de Obras Municipales de Las Condes se aprueban alrededor de 90 permisos mensuales, lo cual hace que desde diciembre de 2003 se hayan otorgado aproximadamente unos 3.600. El alcalde De la Maza dice que la tabla para clasificar los edificios es sumamente engorrosa. Explica que cuando llegó una denuncia por parte de particulares, pidió la matriz e hizo el ejercicio de llenar un permiso de edificación. "Me dio B-2 y estaba calificado como B-3, hice otro y me pasó lo mismo. En ese momento, la Contraloría llegó a preguntar y le pedimos que se hiciera cargo". De esa investigación aún no se conoce el resultado. El edil asegura que de haber un daño al municipio se va a investigar a los involucrados, sean funcionarios o no. "Si están mal cobrados, vamos a perseguir a todos los responsables: revisores independientes, funcionarios, inmobiliarias, todos. Porque aquí no habría buena o mala fe, aquí habría daño".

La buena fe a la cual se refiere el alcalde tiene su razón de ser. El concepto ha estado en el centro de otra gran discusión en Las Condes. El dictamen 32.357, del 11 de julio, de la Contraloría General de la República produjo un descalabro de proporciones. Inmobiliarias en Las Condes habían levantado torres o estaban construyendo edificios con una cantidad de pisos que sobrepasan la permitida por el plan regulador modificado en 2003, que redujo las alturas máximas de edificación –libres hasta esa fecha– a 15 pisos. En febrero de este año se aprobaron dos permisos de construcción en terrenos pertenecientes a la Federación Rusa. Posteriormente esta medida se revirtió y el edil debió notificar a la inmobiliaria correspondiente. "En dicha reunión, un arquitecto que estaba ahí le dice a la directora de Obras: 'Pero, María Eugenia, si este es el criterio que tú has aplicado muchas veces'. Ahí me sorprendí bastante, paré la reunión e hice varias cosas: pedí ejemplos, le apliqué comisión de servicios a la directora y me fui a la Contraloría".

La entidad fiscalizadora sostuvo que los permisos de edificación pendientes que habían perdido su vigencia tenían que ser rechazados por extemporáneos, pero también aclaró que la posibilidad de invalidar ese acto administrativo irregular está limitada. ¿Por qué razón? "Por la existencia de situaciones jurídicas consolidadas, de buena fe". Y dicha razón apunta a, como dice el dictamen de la Contraloría, "evitar consecuencias más perniciosas que las que produciría la convalidación de los mismos actos". De no existir consolidación, se debería analizar caso a caso. De la Maza plantea que cuando vio actos jurídicos consolidados reconoció que había una irregularidad, pero asumió que se hizo de buena fe. El dictamen señala que igualmente los actos pueden ser revertidos hasta en dos años si un tercero presenta antecedentes y se sigue una investigación. Por otra parte, los anteproyectos que no se han constituido en permiso se anulaban. Cuatro anteproyectos fueron rechazados, aunque el alcalde asegura que desde ese momento se han impugnado muchos más. En la investigación también se observaron anteproyectos vigentes desde el año '93, y que quedaron automáticamente vencidos.

La directora de Obras Municipales, María Eugenia Vial, se encuentra sometida a sumario, fue separada de sus funciones y está bajo la figura de comisión de servicios en otra dependencia del organismo hasta el 31 de diciembre. No es la única. La jefa del Departamento de Edificación del municipio, Marina Serrano, está en la misma situación. Mientras la primera tiene una multa del 20% de sueldo, la segunda tiene un detrimento del 10% de su salario. Pero el alcalde De la Maza asegura que hay varias otras personas sumariadas. "El alcalde habló de buena fe, pero en la cosa inmobiliaria la buena fe no existe. Un personaje abrió cuentas por miles de millones en el Banco Riggs de muy buena fe", dice con ironía el concejal Unda. Según el abogado de la agrupación Defendamos la Ciudad, Tomás Fabres, los actos administrativos de carácter particular rigen desde la notificación al interesado mediante carta certificada, y se entiende hecha al tercer día después de que el municipio deposita la misiva en el correo. La Contraloría establece que en algunos casos, a pesar de aprobarse el proyecto, pasaron hasta dos años y medio sin que se notificara. A juicio de Fabres, esto demostraría que se trata de un mecanismo creado para que las normas derogadas el 2003 se siguieran aplicando a anteproyectos presentados antes de esta fecha y que no se habían notificado.

El alcalde De la Maza contesta que este es un dictamen que no existía. "Es fácil ser general después de la guerra, pero yo fui a la Contraloría para fijar plazos y ahí recién, hace menos de un mes, el organismo contralor establece cuándo empieza a regir y cómo debe proceder un municipio". El edil agrega que la instrucción que se tenía era que aprobado el anteproyecto se mandaba al interesado, y reconoce que eso no sólo no se hacía, sino que los plazos se empezaban a contabilizar desde un momento que era facultativo de un tercero. "Creo que esta facultad entregada por parte de la directora de Obras a un tercero no corresponde. Pero esto no es sólo para Las Condes, es para todo el país". Frente a la acusación de concejales de Las Condes en relación con no entregar los nombres de los proyectos involucrados, De la Maza refuta que no podía dar a conocer proyectos sobre los cuales no se sabía aún si estaban bien o mal. Para la agrupación Defendamos la Ciudad, este punto es fundamental, pues permitiría investigar si existen nexos entre Dirección de Obras, inmobiliarias y demases. En todo caso, hay inmobiliarias que se repiten, así como también entre los denominados revisores independientes. Por ejemplo, 20 de los 30 permisos a los cuales tuvo acceso LND pasaron por la revisión de Arquitectos Cepeda y Pinedo Ltda. y Revisores y Asesores Inmob. S.A.

Lo importante, a juicio de Fabres, es conocer la información y tener claro que en ciertos casos se puede llegar a la demolición de los edificios. Aunque la realidad muestra lo contrario.

Los vecinos de la calle Carmencita de Las Condes, seguramente no entendían nada de lo que ocurría a mediados del año pasado. Una fiesta que no tenían contemplada les llamó la atención, y al preguntar se encontraron con la sorpresa. "Vendimos", fue la respuesta. El terreno de Carmencita 262 había sido vendido y allí se levantarían dos edificios de 27 y 30 pisos cada uno. El mismo día que ese permiso se otorgó se presentó un reclamo a la Seremi de Vivienda de la Región Metropolitana. Como respuesta, la secretaria regional de la época ordenó a la directora de Obras de la municipalidad paralizar la construcción y dejar sin efecto el permiso. Sin embargo, la funcionaria María Eugenia Vial desobedeció y la obra no se paralizó. Los vecinos interpusieron un recurso de protección que fue acogido por los tribunales, pero el edificio se terminó y la Dirección de Obras le dio la recepción final. En diciembre, la Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, desestimando el recurso de protección que a su vez había presentado la Inmobiliaria Loft Carmencita Ltda. en contra de la Seremi, y el máximo tribunal ordenó proceder en consecuencia, lo que se traducía en demoler la construcción, lo que hasta el día de hoy no ocurre. "Carmencita 262, en Las Condes, exclusivo edificio ubicado en una tranquila calle a pocos pasos de plaza Perú y en el mejor sector de El Golf. Un edificio ecológico en donde todo funciona en base a electricidad en convenio y con tarifas especiales con Chilectra", reza en la página web de PG Larraín. Los departamentos están para entrega inmediata, con precio desde 3.577 UF, y hasta fines de agosto se pueden conseguir excelentes ofertas que incluyen bodega y estacionamiento. Buena suerte. (La Nación,

Santiago, sábado 05 de agosto de 2006, por Amnistía Internacional, Comunicado de prensa, PiensaChile.- Se invita a la comunidad, autoridades, medios de prensa y simpatizantes a un acto neutral y apolítico. El acto durará 20 minutos. Por favor, solo carteles pidiendo el " Cese del Fuego".

En Santiago de Chile, el acto se realizará el lunes 7 de agosto, a las 13.00 en la Plaza de Armas.
Amnistía Internacional (AI) está llamando a un acto de vigilia global en muchas ciudades alrededor del mundo el próximo lunes 7 de agosto en el que pedirá el cese del fuego entre Israel y Líbano y expresará su solidaridad con las víctimas del conflicto.

Amnistía Internacional (AI) está llamando a un acto de vigilia global en muchas ciudades alrededor del mundo el próximo lunes 7 de agosto en la Plaza de Armas de Santiago, en el que pedirá el cese del fuego entre Israel y Líbano y expresará su solidaridad con las víctimas del conflicto. En los actos se encenderán velas en solidaridad con las víctimas, se desplegarán pancartas con el lema " Cesen el Fuego" y se leerá un manifiesto en el que Amnistía Internacional solicita a Israel y Hezbolá que respeten las vidas y los Derechos Humanos de las personas inocentes y reclama a la comunidad internacional que intervenga y se sume a esta petición para acabar con tanta violencia sin sentido.

Hay actos confirmados en Asunción, Ámsterdam, Beirut, Bruselas, Caracas, Haifa, Londres, París, Sidney, Washington, y Santiago de Chile. Otras ciudades están siendo confirmadas. Por otra parte, Amnistía Internacional sigue recogiendo firmas a través de su web: para exigir el fin de los crímenes de guerra en Medio Oriente. Actualmente, casi 100.000 personas se han sumado a esta petición. En la actualidad, Amnistía Internacional mantiene dos misiones de investigación sobre el terreno. Una de ellas se encuentra en Líbano, encargada de investigar las violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario en el marco del actual conflicto entre Israel y Hezbolá. La otra se encuentra en Israel, con el objetivo de investigar el impacto de los ataques con misiles de Hezbolá sobre la vida de los civiles del norte de Israel y obtener información de las autoridades israelíes sobre las investigaciones anunciadas en torno a algunas de las muertes causadas por sus fuerzas armadas en el sur de Líbano.

Equipo de Comunicaciones, Amnistía Internacional – Chile,

ACTIVIDADES:

Actividad: ACADEMIA MANUEL ROJAS 2006, 1º Ciclo, 7 de agosto al 28 de septiembre
Lugar: Centro Cultural Manuel Rojas. García Reyes 243, Santiago. El Centro Cultural Manuel Rojas abre una vez más su Academia, con el propósito de intervenir nuestra realidad a partir de un espacio que promueva la reflexión y el análisis crítico de la sociedad en que vivimos, a través del encuentro y el diálogo que se produce entre las distintas personas y experiencias que confluyen en la Academia Manuel Rojas. Cada curso consta de 8 sesiones una vez por semana. Costo único de inscripción: $5.000, $3.000 (para personas de organizaciones sociales)

Cursos 1º Ciclo
Poesía chilena. Profesor: José Ángel Cuevas Fecha de inicio: lunes 7 de agosto. Horario: 19:00 a 20:30 hrs. Este curso se propone como una mirada a los últimos 30 años de la poesía nacional, centrándose en el trabajo de mirar la poesía y en el valor del lenguaje en sí. Se tratará de un taller de apreciación y creación, en base a lecturas y análisis, tanto de autores emblemáticos seleccionados como de los mismos participantes del curso.

Historia social de la educación en Chile, siglos XX y XXI. Profesora: Leonora Reyes Fecha de inicio: miércoles 9 de agosto. Horario: 19:00 a 20:30 hrs. Este curso está orientado a estudiar algunos conceptos teóricos e históricos que aporten a la comprensión de las crisis de los sistemas educacionales actuales. Se propone revisar la instalación del sistema educacional público vigente, así como algunas propuestas pedagógicas alternativas, críticas, surgidas durante el siglo XX.

Literatura Chilena. Profesores: Soledad Cuello y Jacinto Bustos Fecha de inicio: miércoles 9 de agosto. Horario: 20:45 a 22:15 hrs. Este curso consiste en una mirada a la literatura nacional desde la historia, abordando desde la Sociedad Literaria de José Victorino Lastarria en 1842, hasta los movimientos literarios de 1920 y la generación de Manuel Rojas. En su parte práctica, el taller comprenderá la escritura de pequeños ensayos sobre los temas tratados.

Utilización de herramientas audiovisuales. Profesora: Tania Troncoso Fecha de inicio: jueves 10 de agosto. Horario: 19:00 a 20:30 hrs. Este taller tiene como objetivo el entregar los conocimientos necesarios del área audiovisual, que permitan utilizar las técnicas audiovisuales como herramientas de expresión. Se trata de un taller teórico-práctico donde se manejarán elementos de cámara, composición, sonido, proyectos, libretos, guión, edición y montaje.

Estructura social en el Chile neoliberal. Aspectos teóricos y metodológicos para el análisis de coyuntura. Profesor: Bosco Camilo Gonzalez y José Molina Fecha de inicio: martes 8 de agosto (este curso se entregará durante el primer y segundo ciclo de la Academia). Horario: 19:00 a 20:30 hrs. Taller que tiene entre sus objetivos conocer los aspectos teóricos, metodológicos y técnicos para el análisis de clase, coyuntura y teoría de la estratificación social; entregando algunos de los elementos que caracterizan actual perido del neoliberalismo en Chile. A la modalidad expositiva se suman talleres de participación colectiva en torno a la generación de un documento.

Antofagasta, Lunes 7 de Agosto de 2006, El Mercurio.- 2.052 personas paralizan sus funciones a contar de las 8 de esta mañana. Hasta última hora de anoche, una treintena de trabajadores de la minera Escondida confeccionaba las pancartas con las que protestarán hoy por las principales calles de Antofagasta. A partir de las 8 de la mañana, ningún trabajador del sindicato único de la empresa seguirá trabajando, hasta que no se llegue a un acuerdo económico. Exigen un bono de $16 millones por mejor valor del cobre y términó de conflicto, más un aumento del 13% en sus remuneraciones. Escondida es la principal productora de cobre del país.

Hoy de madrugada los empleados de Escondida empezarán a paralizar la maquinaria para dar inicio a la huelga. Hoy también los empleados votarán la última oferta de la minera, aunque el sindicato ya llamó a rechazarla. Desde las 7:00 horas, empleados de la minera detendrán las maquinarias. Aseguran que, sin problemas, están preparados para enfrentar 2 meses de huelga. Bajo un efecto denominado "ruedas cuadradas", en que los trabajadores han reducido al máximo su productividad, funcionó Minera Escondida en las últimas horas, previo a la huelga legal que comenzará hoy a las 8 horas. Esta disminución productiva es denominada por los trabajadores como "seguridad total"; es decir, un menor movimiento de roca al interior de la mina. Esto deriva, según reconocen, en una menor producción, aunque desde la administración del yacimiento recalcan que hasta el momento este ítem no se ha visto afectado. Y si bien la hasta ayer se sentía en el interior de la mina la sensación de huelga, los empleados no habían abandonado las faenas.

Luis Troncoso, presidente del sindicato único de trabajadores de Escondida, aseguró que la huelga se iniciará sólo a partir de las 8:00 de la mañana de hoy y que ningún empleado dejará sus funciones antes de lo estipulado. "Eso sería un abandono de trabajo y nadie quiere perder su empleo", manifestó. De todas formas se espera que a partir de las 7:00 de la mañana ya se inicie la etapa de paralización de las máquinas más grandes del yacimiento, como el chancador. Según los trabajadores, este proceso es más bien prolongado, ya que se necesitan como 6 horas para detener este tipo de maquinarias. A la vez, en la madrugada de hoy los trabajadores comenzarán a estacionar los camiones.

La huelga se produce dado que la compañía y el sindicato -que agrupa a más de 2 mil trabajadores- no lograron ponerse de acuerdo respecto de las condiciones de su último contrato colectivo. Mientras la última propuesta de la empresa, dada a conocer el viernes pasado, ofreció bonos por $8.500.000 brutos por concepto del precio del cobre y término de negociación y un reajuste de sueldo real de 3%, los trabajadores piden bonos por $16 millones líquidos y un reajuste de 13% en el sueldo base, más un aumento de 5% en las asignaciones de zona. Según la dirigencia sindical, los trabajadores se han preparado para resistir "sin problemas" por lo menos dos meses en huelga, luego de que el sindicato solicitara un préstamo masivo de $4.000 millones, para repartir entre los trabajadores. La idea, aseguran, es poder paliar sus gastos durante los días que no percibirán remuneraciones. En total, cada uno recibirá cerca de un millón ochocientos mil pesos.

En tanto, la cuprífera ha guardado con celo la cantidad de cobre que tiene en sus reservas para afrontar algunos días de paralización. Pedro Correa, gerente de asuntos corporativos de Escondida, dijo que la negociación colectiva es un proceso normal y reglado, que tiene distintas fases, y una de ellas es la huelga. El ejecutivo indicó que la minera se ha preparado para todos los escenarios, por lo que se intentará mantener la continuidad operacional mientras dure la movilización. (El Mercurio,

Sábado, Viernes 4 de Agosto de 2006, Economía y Negocios On Line.- La ministra de Minería y Energía Karen Poniachik anunció esta mañana que el Gobierno va a promover acuerdos para materializar iniciativas del Gas Natural Licuado (GNL) en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). "El Gobierno ha decidido asumir un rol protagónico para promover los acuerdos tendientes a materializar iniciativas de GNL en el SING. Codelco y otros actores del sistema están evaluando la viabilidad de los proyectos, se han presentado varios y el Gobierno liderará este esfuerzo", afirmó la ministra. Poniachik afirmó además que la planta de GNL de Quintero reemplazará al gas argentino a partir del 2008 y manifestó que "el sistema hoy día regulatorio, a través de la Ley Corta I y en especial la Ley Corta II, genera los incentivos necesarios para promover las inversiones que se requieren".

"El Gobierno ha decidido asumir un rol protagónico para promover los acuerdos tendientes a materializar iniciativas de GNL en el SING. Codelco y otros actores del sistema están evaluando la viabilidad de los proyectos", afirmó. Vea la presentación completa de la ministra aquí. La ministra de Minería y Energía Karen Poniachik anunció esta mañana que el Gobierno va a promover acuerdos para materializar iniciativas del Gas Natural Licuado (GNL) en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING).

"El Gobierno ha decidido asumir un rol protagónico para promover los acuerdos tendientes a materializar iniciativas de GNL en el SING. Codelco y otros actores del sistema están evaluando la viabilidad de los proyectos, se han presentado varios y el Gobierno liderará este esfuerzo", afirmó la ministra. Manifestó además que la Presidenta Michelle Bachelet "le ha encomendado a Codelco liderar esta iniciativa en conjunto con otros actores del sistema, para en una primera etapa evaluar, estudiar las distintas propuestas que existen (...) y en una segunda etapa liderar un proyecto tendiente a construir una planta de GNL".

Durante su participación en el seminario "¿Hay crisis energética? La salida", organizado por Sofofa, la Universidad Finis Terrae y El Mercurio, Poniachik comentó además que "la seguridad energética es la máxima prioridad del Gobierno: para crecer necesitamos energía. Por eso la prioridad hoy está en la diversificación, el logro de mayores grados de autonomía y el fomento a la eficiencia energética". La titular de Minería y Energía afirmó además que la planta de GNL de Quintero reemplazará al gas argentino a partir del 2008 y manifestó que "el sistema hoy día regulatorio, a través de la Ley Corta I y en especial la Ley Corta II, genera los incentivos necesarios para promover las inversiones que se requieren". Poniachik concluyó además que el Gobierno se compromete para que los proyectos se materialicen en los plazos más breves posibles.

Por su parte, el ex ministro de Economía Jorge Rodríguez Grossi, en su intervención sobre la evolución y adaptación de las regulaciones energéticas, manifestó que las decisiones en el tema energético deben ser independientes de la situación argentina. "La nueva ley eléctrica lo que propone es que la crisis argentina la dejemos fuera de nuestro esquema de manera de que tomemos decisiones de inversión que no dependan de lo que va a hacer el presidente de la República trasandino", manifestó el ex ministro. Comentó además que "las alternativas que tiene Chile son hacer centrales básicamente a carbón para los próximos años y crecientemente ir incorporando otras centrales hidroeléctricas o de otro tipo". (Emol,

Santiago, 5 de agosto de 2006, El Mercurio.- Expertos advierten sobre excesivo celo ambientalista y cuestionan las intenciones de sobrerregular el mercado. Hubo consenso en que la energía nuclear es la mejor opción para el país en el largo plazo y se pidió comenzar los estudios. Según especialistas, hoy está en manos de los privados y de la autoridad dejar la dependencia del gas argentino. Ministra Karen Poniachik anuncia cargo clave para agilizar proyectos eléctricos.

Más de 400 asistentes llegaron ayer al Edificio de la Industria. Entre los expositores estuvo la ministra de Minería y Energía, Karen Poniachik, además de expertos energéticos y ex autoridades del sector. Agilizar trámites ambientales, la opción de la energía nuclear y olvidarse del gas argentino fueron parte de la agenda. Desde muy temprano, los principales expertos y empresarios del país interesados en el tema energético, junto a autoridades y público en general concurrieron ayer al Edificio de la Industria para participar en el seminario "¿Hay crisis energética? La Salida", organizado por Economía y Negocios de "El Mercurio", la Sofofa y la Universidad Finis Terrae. Más de 400 asistentes se dieron cita en el evento, donde se debatieron las necesidades del sector en el mediano plazo, las oportunidades que se abren y las opciones que tiene el país de alejarse del gas argentino y qué tipo de energía es más conveniente para los desafíos futuros.

Al inaugurar el seminario, el secretario general de la Sofofa, Andrés Concha, junto al director responsable de "El Mercurio", Cristián Zegers, destacaron el alto nivel de los expositores en el encuentro: la ministra de Minería y Energía, Karen Poniachik, y los ex ministros de Economía, Jorge Rodríguez; de Educación, Juan Antonio Guzmán, y de Relaciones Exteriores, Hernán Felipe Errázuriz. Además resaltó la participación de especialistas, académicos y consultores de alto nivel, como los economistas Alex Galetovic y Javier Fuenzalida, el doctor en Ingeniería Nuclear, Julio Vergara, y los ingenieros Javier Hurtado, Sebastián Bernstein y Hugh Rudnick. Al entrar en detalle, los expositores dejaron varios temas clave sobre la mesa. Uno de ellos apuntó a lo que se está haciendo para olvidarse de la dependencia del gas proveniente de Argentina. Las autoridades y los expertos coincidieron en que se están dando pasos adecuados, pero que aún quedan importantes temas pendientes. Por eso, aunque para después de 2010 el sistema eléctrico debería quedar fuera de los riesgos del gas trasandino -por la entrada de nuevos proyectos de generación-, el problema de estrechez se dará entre 2008 y 2009, cuando se acentúen los recortes desde el país vecino.

¿Qué se requiere para el mediano plazo? Garantizar que los actuales proyectos en carpeta efectivamente puedan entrar a los sistemas en los tiempos estipulados, para lo que se requiere que su tramitación ambiental sea adecuada. Por eso empresarios y expertos exigieron mayor agilización de los trámites de aprobación ambiental para las nuevas centrales. También pidieron medidas para evitar que éstos se entrampen por la presión de grupos ambientalistas, y se habló de las necesidades de largo plazo, y ahí apareció la petición de comenzar a la brevedad con los estudios para hacer realidad la energía nuclear.

"Sin voluntad política no habrá seguridad energética en el futuro próximo". El mensaje es claro y es del ex Canciller chileno, Hernán Felipe Errázuriz, quien cree que "las restricciones legales, burocráticas y presiones ambientalistas e indigenistas exageradas", pueden conducirnos a una crisis por lo que significa la limitación al aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del país y la materialización de otros proyectos complementarios. A juicio de Errázuriz, actualmente la hidroelectricidad recibe los mayores obstáculos ambientales, políticos y de legislaciones especiales. "Las centrales de embalse permiten gestionar más eficientemente el recurso, pero son dificultadas por sus mayores impactos ambientales y resistidas políticamente: ningún Presidente de la Concertación, salvo (Eduardo) Frei a la central Pangue, ha concurrido a la inauguración de una central hidroeléctrica", comentó. A este escenario se suma, según Errázuriz, el hecho de que exista una "imposibilidad de confiar en la integración energética con los países vecinos", tanto en lo que respecta al gas argentino como a la posible integración con Bolivia.

Una visión también crítica tiene el empresario Juan Antonio Guzmán, quién apuntó sus dardos al exceso de regulación que puede enfrentar el mercado energético y las trabas que esto puede implicar para las decisiones que toman los inversionistas."La falta de claridad y la incertidumbre para los inversionistas no son buenas. Son fantásticas las leyes cortas, se las agradecemos a Jorge Rodríguez, pero de qué longitud es la siguiente ley, ¿va a ser mediana, larga?", dijo. En efecto, para el presidente de Polpaico el gran riesgo es de regulaciones de todo tipo: arbitrarias, excesivas, manipuladas, ambientales y también de grupos de presión. "Dejo la moraleja de que no conviene ni se debe manipular el mercado. Yo creo que las lecciones las hemos aprendido", señaló ayer Juan Antonio Guzmán.

CLAVES. EL EXCESO de regulaciónes y las presiones ambientalistas son temas que hoy pueden trabar los nuevos proyectos eléctricos, según Hernán Felipe Errázuriz y Juan Antonio Guzmán.

Chile tendrá cada vez una mayor independencia del gas del país vecino. "Ahora Argentina tiene que perder si les decimos que no queremos más gas", afirmó el economista e investigador del CEP, Alex Galetovic, en el seminario realizado ayer. Esto, debido a que en el futuro Chile no confiará en la nación vecina para su abastecimiento energético, y desarrollará nuevas fuentes como el Gas Natural Licuado (GNL). Con esto, Argentina deberá asumir por sí sola el nuevo precio del gas que importa desde Bolivia, el cual casi duplicó su valor. Respecto al abastecimiento energético, Galetovic asegura que la "situación no es holgada, pero tampoco desesperada". Sin embargo, cree que "no hay espacio para errores".

Mientras, el ex ministro de Economía, Jorge Rodríguez, aseguró que "el país está completamente seguro", y reconoció que el gran "pero" es que "hay que pagar más caro y ya lo estamos haciendo". El experto afirmó que no tenemos una crisis energética, porque Chile se ha blindado y se está alejando de un mal mercado como es el argentino, por lo que de aquí al 2008 o 2009 debiéramos estar completamente independientes de las crisis que pudieran ocurrir en Argentina.

En tanto, el ex secretario ejecutivo de la CNE y consultor de la empresa Synex, Sebastián Bernstein, aseguró que se está llevando adelante una política energética adecuada, pero advirtió que no se debe forzar el uso de energías renovables. Según el especialista, la energía eólica en Chile no tiene un gran futuro, debido, principalmente, a su alto costo de implementación y su baja constancia, debido a que no está operativo el 100% del tiempo. Mientras que en el plano nuclear apuntó que ésta energía requiere el apoyo del Estado, no en el plano económico, sino en el regulatorio. (El Mercurio,

Santiago, 6 de agosto de 2006, Sustentable.- Un total de 57 proyectos de generación de energía, a partir de fuentes renovables, fueron seleccionados en la II versión del Concurso CORFO- CNE para iniciativas de pequeño tamaño, que este año dispone de un total de US$ 2 millones. Entre los admisibles destacan 19 proyectos hidráulicos, 28 eólicos y 8 de biomasa. Bío Bío presentó 14 iniciativas, Los Lagos 10, Maule 8 y Valparaíso 7. Se estima para octubre el listado de los favorecidos. Los proyectos, que se estima generarán 370 MW de potencia, fueron escogidos entre 90 propuestas, para obtener recursos que permitan financiar parte de los estudios o asesorías especializadas –de factibilidad, ingeniería básica o ingeniería de detalle, entre otros- en la etapa de preinversión, con un tope máximo de US$ 50.000 por empresa. A través de esta Convocatoria - que cerró las postulaciones en junio pasado -, CORFO fomenta la innovación y la diversificación energética del país, aprovechando la amplia disponibilidad de recursos naturales, además de impulsar la conformación de una importante cartera comerciable de emisión de bonos de carbono. En este sentido, CORFO está organizando el Primer Encuentro Internacional de Inversión en Energía Renovable, que se realizará el 5 y 6 de octubre, en el hotel Crowne Plaza.

Este evento, cuyo objetivo es facilitar el acceso a financiamiento para proyectos de generación de energía sobre la base de fuentes renovables, reforzando alianzas estratégicas para la concreción de negocios y la implementación de proyectos en esta área, contará con la presencia de alrededor de 60 inversionistas de diversos países de Europa, Asia y Norteamérica, además de los empresarios chilenos desarrolladores de más de 70 iniciativas en este ámbito, principalmente, proyectos hidráulicos, eólicos y de biomasa. Así mismo, la intención es promocionar los fondos de pre-inversión, las líneas de crédito blando y las líneas de apoyo a Fondos de Inversión que posee CORFO para la concreción de iniciativas de este tipo. Se estima que en el mes de octubre estarán disponibles los resultados de esta segunda convocatoria, con un número de beneficiados igual o superior al los 46 beneficiados en la versión 2005 (monto asignado: US$ 1.319.210).

Cabe destacar que el Concurso nace aprovechando las modificaciones en la regulación de generación eléctrica en el país. Una nueva Ley (las llamadas leyes cortas I y II) que, junto con la enorme y creciente demanda por energía, establece un escenario propicio para invertir en proyectos de este tipo. Es así como, a partir de este llamado, ingresan a dicho mercado actores que no necesariamente están vinculados con el negocio de la generación eléctrica, entre ellos: empresas mineras en busca de un autoabastecimiento energético, pequeñas sociedades de inversión, ganaderos y agricultores, asociaciones de canalistas, empresas forestales en prospección de generación de energía a partir de biomasa, empresas de ingeniería y de gestión de residuos, e inversionistas internacionales. Para este año, los proyectos que siguen en evaluación son, en su mayoría, centrales de pasada –generación de energía a partir de desviación de cursos de agua- (19 proyectos), plantas eólicas (28) y de biomasa –energía a partir de desechos orgánicos en cualquiera de sus formas- (8). La región con mayor cantidad de proyectos es Bío Bío con 14, y la siguen Los Lagos con 10, Maule con 8 y Valparaíso con 7. (Sustentable,

Chañaral, 7 de agosto de 2006, El Mercurio.- El color verde predomina en la bahía, demostración de que aún continúa contaminada, según han concluido varios estudios. Altas concentraciones de metales pesados contaminan el agua. Un intenso color verde cubre gran parte de la playa grande de Chañaral. La famosa bahía donde el ex Presidente Lagos chapoteó durante 15 minutos como prueba de su descontaminación parece estar lejos de ser un lugar recuperado y limpio. Los pocos árboles que la Conaf y Codelco han intentado plantar se ven mustios y sin intenciones de seguir creciendo. Para los chañaralinos, la ilusión de ver su playa descontaminada está lejos de concretarse. Así lo confirmaron los resultados preliminares de un estudio elaborado por el doctor en Geología de la Universidad de Lausanne (Suiza) Bernhard Dold, quien afirma que la playa de relaves continúa siendo un foco de contaminación y que "la población de Chañaral está principalmente expuesta a la contaminación de cobre, níquel y zinc vía el transporte eólico".

Ese es el polvo verdoso del que se quejan los habitantes del sector de Aeropuerto. El estudio argumenta que "la playa de relaves" sufre un proceso de oxidación que libera los metales contenidos hacia el mar y hacia las poblaciones. Resultados similares obtuvo la ecóloga marina Daniela Araya, de la Universidad de Antofagasta, que en 2004 estudió la presencia del cobre en organismos marinos. En las cholgas, por ejemplo, el cobre alcanzaba las 15 y 17 partes por millón (ppm) y la norma tolerable para el consumo humano es de 10 ppm. En el fitoplancton, el metal rojo era tanto que inhibía su fotosíntesis y por ende su reproducción. El consejero regional Julio Palma cree que Lagos fue engañado: "Le dijeron que la playa estaba descontaminada, pero los problemas no se resuelven con el baño de una autoridad".

Desde 1938 hasta 1990 se vaciaron mas de 350 millones de toneladas de desechos mineros al río Salado que desemboca en la Bahía de Chañaral desde el distrito minero Potrerillos-El Salvador. Esto dejó a Chañaral a 2 km de la orilla del mar desde su posición original. En 1991 se prohibió vaciar los relaves en la bahía. (El Mercurio,

La Serena, 5 de agosto de 2006, Universia.- El jueves 3 de agosto se llevó a cabo en el salón Raúl Bitrán Nachary de la Casa Central de la Universidad de La Serena, la firma de constitución de la corporación sin fines de lucro "Centro de innovación y gestión en tecnología espacial y sistemas de información geográfica", en el cual participa esa casa de estudios junto a diversas instituciones nacionales e internacionales. La iniciativa tiene como objetivo coordinar, difundir y aplicar acciones que permitan integrar actividades de investigación y desarrollo a través del diseño de modelos teórico prácticos de las ciencias espaciales, contribuyendo a la resolución de problemáticas de relevancia para el desarrollo socioeconómico local, regional, nacional y latinoamericano, con el uso de sensores remotos y metodología de sistemas de información geográfica.

La idea es generar grupos de trabajo de aplicación en las diferentes líneas de investigación y desarrollo que demanda la comunidad científica y tecnológica en el ámbito nacional e internacional, en las áreas de la minería, comunicaciones, planificación territorial, silvoagropecuaria, topografía, costera y marítima, industrial e ingeniería satelital, aeronáutica, medicina, seguridad ciudadana, educación y capacitación, prevención y mitigación de desastres naturales y medio ambiente. Firmaron el documento el rector de la ULS Jaime Pozo; el embajador Raimundo González de la Dirección de Política Especial del Ministerio de Relaciones Exteriores; el subdirector del Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea de Chile, comandante Felipe Sáez; el vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos de la ULS, José Aguilera, Daniela González, de la Comisión del Borde Costero IV Región; Mario Pereira, director general de Investigación y Postgrado de la UCN; entre otros profesionales.

Tanto la máxima autoridad de la ULS Jaime Pozo, como el embajador Raimundo González, coincidieron en señalar la importancia de impulsar estas iniciativas en regiones a través de redes conformadas por instituciones nacionales y también extranjeras. Este último afirmó que este proyecto "tiene la condición de hito ya que marca un cambio cualitativo y drástico en la materia". El Comandante de Escuadrilla (A) Felipe Sáez, agradeció la invitación realizada para ser parte del proyecto y señaló que la FACH "está sumamente comprometida con el tema, interesados en desarrollar diversas iniciativas en conjunto y conseguir un objetivo concreto y que además permita posicionar como corresponde este tema que es transversal a la nación y que por desconocimiento o alguna otra causa todavía no se dimensiona como corresponde".

La iniciativa también busca promover y capacitar a profesionales tanto en el sector público y privado en el uso de la Teledetección y los SIG como una manera de favorecer la utilización más eficiente de los recursos territoriales, con el apoyo de cursos, conferencias, seminarios, exposiciones y reuniones técnicas. Otro de los propósitos de este centro es experimentar y validar el desarrollo de modelos teóricos, proponiendo soluciones a problemáticas de relevancia para la actividad pública y privada, mediante el uso de tecnologías sustentables en aplicaciones de las distintas ramas de las ciencias espaciales.

Cabe señalar que este proyecto fue presentado por Ricardo Cabezas en la V Conferencia Espacial de las Américas llevada a cabo en la ciudad de San Francisco de Quito, Ecuador, entre el 25 y 28 de julio. En la ocasión, el profesional formó parte de la delegación de Chile en dicho encuentro, la cual estuvo encabezada por Raúl Vergara, subsecretario de Aviación. Fuente: Universidad de La Serena / PG / JMU / (Universia,

Caimanes, Lunes 7 de agosto de 2006, por Antonio Valencia, La Nación.- El conflicto socioambiental que enfrenta el embalse de relaves de la minera Los Pelambres. Es el más grande de Sudamérica. Se levanta encima de Caimanes, un pueblito nortino sin poder ni dinero. Los lugareños temen que los 1.700 millones de toneladas de desechos intoxiquen su agua y su salud. La mina del grupo Luksic descarga no sólo sus relaves. También su defensa. La última palabra es de la justicia. Las fotos parecen perfectas postales. Una niña de negros ojos sonríe y su telón de fondo es una laguna azul y un cielo imperdible. Un lugareño de sombrero y caballo tiene a sus espaldas el verde valle rodeado de encajonados cerros. Una flor de maravilla es visitada por una abeja en medio de más verde y más belleza. Cada imagen hace grata la visita a la web de Minera Los Pelambres. Y en todas ellas aparecen lucidos eslóganes. "Minería moderna. Respetuosa con las personas. Responsable con el medio ambiente". Las frases e imágenes sacan incrédulas sonrisas de sus detractores, la mayoría, habitantes del pequeño y pobre pueblo de Caimanes, Cuarta Región. Tambien a los abogados y las organizaciones ecologistas que lidian por detener las obras. La razón es sencilla. No es que Caimanes vaya a tener una monumental mina delante de sus narices. Eso está a 60 kilómetros de distancia. Lo que ocurre es que a diez kilómetros de sus vidas tendrán millones de toneladas de relave de cobre amenazando su escasa agua y su salud. El Mauro -nombre del embalse de desechos mineros- estará ahí por los días de los días, aunque unos recen porque así no sea.

El Mauro no es un tranque cualquiera. En la Brigada Investigadora de Delitos del Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de la Policía de Investigaciones, que elabora un informe para la fiscalía de Los Vilos, enseñan que se trata del más grande de Sudamérica y el tercero del mundo. De eso ya saben los habitantes de Caimanes. "Le doy una idea: es como todo el cerro San Cristóbal de Santiago dado vuelta. Pero en lugar de tierra y roca, habrá tóxicos", grafica Nair Huerta, integrante del Comité de Agua Potable de Caimanes, enfermera del policlínico del pueblo y una de las principales activistas en rechazo de la obra. Tendrá el alto de dos torres Entel, es decir, más de 240 metros de altura. La inversión supera los quinientos millones de dólares y ya está construido más del 42% del tranque, afirman en la minera ligada al poderoso grupo Luksic, que además cuenta con capitales nipones.

La versión de la empresa, en voz de sus gerentes de proyectos medioambientales y salud, Gustavo Pössel; de asuntos externos, Fernando Crisosto; y de comunicaciones, Adolfo Yánez, rebate todas las objeciones de la comunidad y sus abogados. Están seguros que las 1.700 millones de toneladas de relaves que llenarán El Mauro en las próximas cinco décadas no configuran un riesgo para la gente. En su defensa, también arguyen que pocas empresas en Chile se hacen cargo como ellos del tema medioambiental, que todas las obras están aprobadas por la Conama en 2004 y hasta por el Consejo de Ministros de Estado, y que están mitigando "con largueza" los daños. Aseguran que el flujo de agua está asegurado para las comunidades cercanas y reseñan por qué eligieron montar un solo gran basural en Caimanes, en lugar de construir tres tranques más pequeños en sitios más lejanos, desérticos y nula actividad humana.

En el pueblo de Caimanes, situado en el Pupío, uno de los últimos valles antes de que el desierto se coma todo lo verde, vivían poco más de mil personas, que en su mayoría subsisten con alguna pequeña producción agrícola o mínima ganadería. Una escuela, una posta, uno que otro boliche. Pero desde que se iniciaron las obras de El Mauro ha llegado a albergar dos mil almas. Todo ha cambiado desde que en 1997 la comunidad inició la batalla para evitar que sobre sus cabezas se levante una mole tóxica. Ya no están tan unidos como antes, cuando a través de dos plebiscitos el 98% de los vecinos rechazó dar luz verde a la contaminación. O cuando protestaron cortando caminos, tomándose una carretera, rayando muros y hasta encendiendo barricadas. Hay, de hecho, dos juntas de vecinos: una a favor y otra en contra. "Es verdad, hoy el pueblo está dividido por Pelambres. La minera promete algunas cosas que aun no cumple, da trabajo que por necesidad aceptan y unas tres familias han podido hacer negocios con ellos. Y no los culpamos. Tienen gastos que cubrir", asumen la enfermera Huerta, el dirigente vecinal Jorge Vega y el latifundista de la zona Víctor Ugarte, todos firmes opositores a las obras.

"Hay gente que no entiende la magnitud del problema y otra que, estando en contra, no puede decirlo porque el trabajo acá no sobra. Pero el tranque está justo arriba de las napas y donde nacen las aguas que acá no abundan", razona Vega desde su negocio de abarrotes. Luego lanzan otros argumentos. "En minería no existe la filtración cero. Ninguna tecnología, por muy de punta que sea, garantiza que los sulfuros y metales pesados de los relaves contaminen las napas o el estero Pupío", afirma en su fundo Víctor Ugarte. El Mauro, dice, es un tranque 1,5 veces más grande que el embalse de agua La Paloma, el de mayor capacidad que existe en Chile. "Y para construirlo contaron con todos los desprolijos permisos para además destruir bosques de canelos en extinción y cientos de petroglifos que son patrimonio cultural", sentencia Ugarte.

Por la misma razón, y tras la denuncia hecha en febrero por el fotógrafo y diplomado en Conservación del Patrimonio, Patricio Bustamante, dos detectives de la Policía de Investigaciones constataron en terreno la violación a la Ley de Bosques y a la Ley de Monumentos Nacionales. "El daño está hecho", dicen desde sus cuarteles centrales. Según la empresa, por ambos temas también hay requerimientos en el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría General de la República. La oposición a la minera Los Pelambres suma "detalles". Que no se respetaron los derechos de aguas, que los Estudios de Impacto Ambiental se aprobaron pese a las objeciones de la comunidad y que toda la institucionalidad estatal -Conama, Dirección General de Aguas, el Servicio Agrícola y Ganadero, Consejo de Monumentos Nacionales y Sernageomin, por ejemplo- no fue rigurosa a la hora de aprobar el tema.

Pero hay más. "Esta es una zona sísmica y nadie garantiza que un tranque de estas dimensiones aguante, como no soportó un terremoto el tranque de relaves de la mina El Soldado en 1965, a diez kilómetros de La Calera, cuando murieron cerca de 200 personas", dicen los vecinos. Es más, de colapsar el muro con los millones de toneladas de relave, temen lo peor. "En once minutos llegaría a Los Vilos, sepultando todo lo que esté a su paso. Caimanes incluido". De eso nada sabe una vecina que ha visto mejorar su economía doméstica. Toda su familia trabaja vinculada a minera Los Pelambres. "Nos da trabajo y eso evita que la gente se vaya del pueblo en busca de futuro. Además, nos van a poner alcantarillado y otras cosas. Y sobre la contaminación del agua, bueno, eso no va a pasar ahora sino como en veinte años más", comenta despreocupada. "¿Que otros vecinos tienen miedo a que el tranque no sea seguro y se derrumbe? No sé, no sabemos nada de eso", se encoge de hombros.

La mitad de Caimanes siente que su caso no tiene la atención pública que merece, que sólo se habla de Celco o Pascua Lama, que poco y nada se ventila del tranque de relaves que los acecha. Es más. Entienden que es ahí donde "el poder y la influencia de los Luksic también se nota", reclama un lugareño. "No estamos en contra de la mina en sí. Sólo decimos que la empresa eligió el lugar más barato para construir, pues perfectamente pudo hacer tranques en sitios más secos, sin habitantes ni actividad agrícola. Tenía como 26 sitios explorados, pero optó por El Mauro", se quejan los vecinos. Por supuesto, la minera responde que nada de esto es azaroso, que en su decisión pesaron aspectos medioambientales, sociales y técnicos, que analizaron "en profundo" las condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, meteorológicas, hídricas y sísmicas, "no sólo en el área específica, sino que en un radio de 200 kilómetros a la redonda".

Adolfo Yáñez, gerente de comunicaciones, dice que "se estudiaron diversos sitios en el Choapa" y que se evaluó la opción de depositar los desechos en Argentina, alternativa descartada por no ser "técnicamente factible". Y eligieron El Mauro por estar "en una zona de secano sin actividad agrícola relevante debido a la inconstancia del agua natural", porque "el poblado más cercano está a diez kilómetros", porque el tranque no tiene "impacto visual" y porque "la capacidad del lugar evita reproducir estos impactos en cuatro a cinco cuencas más". Dicho de otro modo, optaron por 'comprarse' un problema en lugar de cuatro o cinco. Por cierto, tienen claro que la minería no es inocua. Y es por eso que, en palabras de la firma, se "acepta el impacto y se mitiga". De paso desperfilan lo que a otros ojos se entiende como catástrofe socioambiental.

En su defensa, apuntan que el tranque ocupa el 2,6% de la Cuenca del Pupío, que brindan trabajo y oportunidades a la población, que el abastecimiento de agua de Caimanes está asegurado y que Los Vilos obtiene el recurso desde otras quebradas (Cavilolén y La Palma). "Si hay un terremoto, se van a caer las casas de Caimanes antes que el tranque", aseguran en la empresa. Y si a Pelambres autorizaron remover petroglifos con un informe "que apenas indicaba que existían ocho sitios arqueológicos en lugar de los quinientos petroglifos que había" -se quejan los detractores-, la empresa mitiga rescatando decenas de petroglifos y armando un museo rupestre. Nada de eso consuela a quienes han rotulado el hecho como "la mayor intervención patrimonial de la historia de Chile", como reconoció a El Mostrador Mauricio Uribe, presidente de la Sociedad Chilena de Arqueología. Las mitigaciones son de todo orden. Si Pelambres destruyó bosques de canelos, responde que rescató semillas y desarrolla viveros de la misma especie. Y si va a intervenir los cursos acuíferos, contesta que captarán el agualluvia antes de que escurra desde las laderas al tranque, y que además construirán un embalse de agua detrás de El Mauro. Y que sí han impactado tres mil hectáreas, en la misma región ya suman 25 mil hectáreas protegidas, incluido un humedal en Los Vilos.

Pero lo que la empresa haga en materia de compensaciones no convence a los opositores de El Mauro. Y porfían cada argumento. Poco vale -reclaman- que la empresa haya incluido "un año de participación ciudadana y decenas de reuniones con la comunidad" si finalmente la principal propuesta de la gente, la de construir en otro lado con menos impacto, no fue considerada. "Ya no protestaremos más en las calles. No nos sirve. Sólo nos queda confiar en ganar los recursos judiciales", aclaran Nair Huerta y Víctor Ugarte. En eso trabaja el abogado de la ONG Fiscalía del Medio Ambiente, Fernando Dougnac, que ha dado pelea a proyectos emblemáticos como lo fue Trillium. "Lo que están haciendo en Caimanes es una brutalidad", empieza.

Dougnac describe que desde 2005 tienen una reclamación ante la Corte de Apelaciones contra la Dirección General de Aguas por autorizar un tranque que vulnera normas del Código de Aguas al afectar el derecho de los reclamantes. También interpusieron una demanda de jactancia pues Pelambres dice tener los derechos de aguas y los reclamantes todo lo contrario. "Acá se destruye el estero Pupío en la cabecera y se reemplaza por un embalse de cola de insuficiente capacidad que, además, genera el absurdo de que los derechos de agua de los regantes pasan a propiedad privada. Y cuando se vaya la minera, ¿quién responde por el embalse?", se pregunta Dougnac. El abogado especifica que tienen otros dos recursos contra el SAG por reconocer derechos de aprovechamiento de aguas a Pelambres, "cuando no existen tales derechos". Y otras dos demandas de nulidad contra las resoluciones de la Corema y la Conama. El escenario ideal, obvio, es "detener el tranque, indemnizar a las personas y restaurar lo destruido", resume.

Lo grave de esto -añade- es la "extrema insensibilidad social de endilgar a gente pobre los costos que la gran minera no quiso asumir, todo esto con la complicidad del Estado". La dirigente vecinal Nair Huerta lo tiene claro: "Esto es como David contra Goliat", dice. El 'pequeño' problema es que en su cabeza, Goliat porta un casco de acero. Mientras la justicia dice la última palabra, la comunidad de Salamanca - que convive más cerca de la mina y se opuso con firmeza a tener más relaves en una zona con "mucha más gente y actividad agrícola" que Caimanes, dicen-, ya ven el horizonte de sus vecinos distantes a unos 60 kilómetros al oeste: "Caimanes -sentencian-, se va a convertir en un pueblo fantasma".

El 30 de junio de 2005 un camión que transportaba tres estanques que sumaban 28,5 toneladas de sulfhidrato de sodio (NaSH) para Minera Los Pelambres volcó en el camino que une Salamanca y Cuncumén. Todo comenzó a oler a podrido y parte del tóxico llegó a canales de regadío. ¿Qué es el NaSH? "Sustancia corrosiva clase 8. Puede causar quemaduras en la piel. Severo irritante para vías respiratorias y el tracto digestivo. En los casos más severos puede producir parálisis respiratoria y muerte. Nocivo para la vida acuática", anota un informe de la minera.

Ante exposiciones elevadas, algunos estudios establecen que el NaSH puede producir daños neuroconductuales (Kilburn & Warshaw, 1995) e incidencia de aborto espontáneo como ocurrió en China (Xu et al., 1998). Hasta ahora, ni los bomberos de Salamanca ni la Junta de Vigilancia del Río Choapa tienen certeza de cuánto tóxico fue derramado. "No fue toda la carga, pero pudo ser peor", cuentan. La empresa revela que se derramaron 11,3 toneladas sobre el camino, "pero sólo mil litros llegaron al canal". El NaSH -y la cal que intentaron frenar la emergencia- alcanzó otros dos canales, dice Luis Lohse, presidente de la Junta de Vigilancia. La mortandad de peces fue instantánea.

Cinco personas sufrieron mareos y vómitos, puntualizan en Pelambres. todas fueron derivadas al hospital, dadas de alta el mismo día y visitadas después por personal de la minera. Pero de eso ni se enteraron Juan Barraza (65 años) y Manuel Carvajal (75), que viven justo donde colapsó el camión. "Fue terrible, el agua se puso espesa, los pescaditos pegaban un salto y se morían. El olor a huevo podrido me tuvo mareado más de un mes -dice Barraza-. Ningún médico me revisó y aun no sé si me afectó en algo. "También se me murieron unos paltos y a los mareos, como soy de campo, ni le hice caso –añade Carvajal-. Después vinieron a limpiar, pero no se llevaron todo el barro contaminado".

Pelambres señala que el derrame no tuvo efectos permanentes ni cambió la temperatura, el PH ni la concentración de oxígeno del agua. La firma se respalda en un análisis realizado por la U. Federico Santa María. A los parceleros afectados, los responsables del accidente pagaron doce millones 600 mil pesos para limpiar los canales El Higueral, Pardo y Población. "Acá el que contamina paga. Además, ahora todos los camiones con cargas peligrosas son escoltados", anota Lohse. Eso pareció ser el fin del lío. Pero no, el caso pasó a la fiscalía de Los Vilos y, pese a ser archivado tras un año de indagaciones, la causa fue reabierta a petición del Servicio Nacional de Pesca. El final sigue en suspenso. (La Nación,

Santiago, Lunes 7 de agosto de 2006, por Flavia Liberona. Coordinadora Red Bosque Nativo. El Mostrador.- Resulta increíble y vergonzoso recordar que el Proyecto de Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal fue ingresado al Parlamento en el año 1992. Desde entonces, y después de casi 14 años de tramitación, la iniciativa no ha logrado generar los consensos mínimos para ser aprobada. Ahora, en el inicio de un nuevo gobierno, parece abrirse una ventana para avanzar, pero las nuevas autoridades deberán demostrar con decisión política que efectivamente quieren pagar esta añeja deuda.

Y es que luego de aquella primera manifestación de intenciones del ex presidente Aylwin, los gobiernos de la Concertación han seguido vinculados con el tema. De hecho, fue un compromiso del Programa de Gobierno del Presidente Lagos, que finalmente no fue cumplido. En medio de este proceso, el año 2004 el Ejecutivo envió dos nuevas indicaciones, una de las cuales permitía la sustitución de los bosques nativos para habilitación de terrenos agrícolas y la otra autorizaba la corta de especies declaradas Monumento Natural y en categorías de conservación. Estas indicaciones fueron incorporadas por el Ejecutivo sin el conocimiento de los actores involucrados y, por tanto, generaron gran oposición en muchos sectores que habían confiado en la buena fe del proceso. El año pasado, la ley ya había perdido absolutamente su sentido original, al punto que tres de los cuatro candidatos presidenciales, entre ellos la actual presidenta Bachelet, criticaron duramente el proyecto que hoy descansa en la Comisión de Hacienda del Senado.

Teniendo en cuenta las dificultades para lograr consensos y el nivel de confusión de la vieja ley, surgió desde este nuevo gobierno la idea de una ley corta, que allanara entre los actores involucrados aquellos aspectos menos polémicos. Más específicamente, que abordara el tema de los incentivos al manejo sustentable del bosque y dejara para otros cuerpos legales temas como la sustitución. Esta propuesta, que originalmente ha sido apoyada por las organizaciones ecologistas y de pequeños propietarios, lamentablemente se ha quedado entrampada y todavía no se concreta. El Gobierno debe dar una señal política de su real interés en este tema, concretando el envío de las indicaciones sin más dilación.

Pero no sólo eso. En el manejo del bosque hay aspectos sociales que deben ser considerados para que los recursos lleguen efectivamente a quienes los necesitan. En ese sentido, el proyecto debe beneficiar de modo preferencial a pequeños propietarios y, por tanto, se debería eliminar o al menos restringir el sistema de concurso. Además esta ley debería contemplar mecanismos de asociatividad entre pequeños propietarios que permitan acceder a los beneficios de esta ley. También es importante que esta ley contenga incentivos capaces de revertir la sustitución. Por ello, el monto que fije esta ley para bonificar las actividades de manejo de bosque nativo debe ser al menos similar a la que el Estado ha destinado año a año al DL 701.

Finalmente, respecto al sistema de bonificaciones, es muy importante que los pequeños propietarios cuenten con un sistema de apoyo técnico a la gestión de manejo y un adecuado sistema de comercialización de los productos que sea un incentivo al manejo del bosque. El Gobierno tiene todo el piso político para agilizar ahora una ley corta que resuelva el problema de los incentivos. Esperamos que las autoridades se decidan entonces a romper un maleficio que ya lleva demasiado tiempo entrampado en el Parlamento. (El Mostrador,

Puerto Montt, 7 de agosto de 2006, Radio Cooperativa.- Los pescadores de la Décima Región iniciarán el lunes una serie de movilizaciones contra las industrias salmoneras a quienes acusan de contaminar las aguas de la costa provocando perjuicios en la pesca artesanal. Los trabajadores aclararon que las protestas no son contra el Gobierno, pues con las autoridades se han producido acercamientos y hay una reunión programada para el martes con el intendente y el subsecretario de Pesca. Los pescadores de cerca de 400 caletas comenzarán las movilizaciones con una campaña de difusión y concientización acerca de la contaminación que se provoca por el tipo de alimentos que se les da a los salmones. (Cooperativa,

Santiago, 6 de agosto de 2006, por Patricio Melillanca. Encargado de Comunicaciones Centro Ecoceanos, El Mostrador.- ¡Dejen de "sacarle la madre" a la industria! Esta fue parte de la respuesta del presidente de la asociación de salmoneros, Carlos Vial Larraín, a los crecientes cuestionamientos a nivel nacional e internacional, por los deficientes estándares ambientales, sanitarios y laborales con los que operan las compañías salmoneras en la zona sur austral de Chile.

Paradojalmente, en las últimas semanas se desarrolló una huelga de trabajadores de AquaChile, la primera compañía salmonera en Chile y la segunda a nivel mundial, y esta semana los trabajadores de Mainstream/Cermaq, de capitales noruegos, votaron el inicio de una medida similar, debido a sus inadecuadas condiciones salariales.

A las palabras de Vial Larraín, se sumaron el fin de semana pasado las del Vicepresidente de la patronal SalmonChile, Francisco Ariztía, quién señaló que a los salmoneros les "están pegando bajo, y los están dejando solos". Este fue un evidente llamado al gobierno y al mundo político para que bloqueen el proceso de investigación en la Cámara de diputados acerca de las condiciones y estándares con que está operando esta industria que exporta el 98% de su producción.

Las declaraciones de los máximos representantes de SalmonChile se dan en un contexto de cambio de las condiciones políticas nacionales y de la situación de los mercados internacionales. En ella queda en evidencia tanto la débil institucionalidad ambiental, sanitaria y laboral existente, como la extremadamente ideologizada posición de esta industria, algunos de cuyos principales empresarios no logran comprender que son una industria global, la cual tiene que avanzar hacia estándares internacionales, dejando atrás prácticas tercermundistas con el medio ambiente, la salud pública, los trabajadores y los diferentes stakeholders.

A su vez, su estilo de "comportamiento salmonero" frente a las autoridades, funcionarios y ciudadanos semejan más al de los tradicionales patrones de fundo o mineros extractivistas del siglo 18, que de "empresarios modernos" sujetos a la denominada Responsabilidad Social Empresarial.

Esto es la causa que los está haciendo entrar en crecientes conflictos con los diversos sectores sociales, productivos y políticos de una sociedad que exige mayor transparencia, participación informada y respeto a las leyes y convenios internacionales. El proceso que los ha llevado a ser investigados por la Cámara de Diputados, tiene una larga historia. Es así que el 2005, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), instancia en la cual nuestro país trata de ser miembro pleno, realizó una serie de recomendaciones al gobierno para elevar los estándares ambientales y sanitarios con los que opera la industria acuícola.

A ello se han ido sumando durante el 2005 y 2006 una serie de fiscalizaciones realizadas por la Inspección Regional del Trabajo de la Región de Los Lagos, las cuales entregaron impresentables cifras de accidentabilidad y muertes de trabajadores salmoneros, desarrollo de prácticas antisindicales y no cumplimiento de las jornadas de trabajo, entre otras infracciones. El propio ministro del Trabajo afirmó hace unas semanas en el Parlamento que el índice de violaciones a la legislación laboral alcanzó este primer semestre un 80 por ciento, diez puntos más que en 2005. Es decir, de cada 10 empresas inspeccionadas, 8 no cumplían la ley.

Junto a estas situaciones, estos últimos meses tres casos dejaron en evidencia el poco compromiso de la industria del salmón con la legislación chilena. Es así que varias de las principales empresas nacionales y multinacionales del salmón superaron en hasta 11 veces los niveles de producción máximos permitidos por las autoridades ambientales. La compañía Salmones Pacific Star continúa posponiendo el plazo definido por la autoridad para retirar los cientos de jaulas salmoneras que ha mantenido de manera ilegal durante tres años sin poseer concesión alguna en el borde costero de Chaitén. Por su parte, la compañía Los Fiordos/Agrosuper, luego de varios reclamos de las comunidades locales de Puerto Cisne, fue denunciada por mantener un basural industrial ilegal, el cual ha contaminando los ecosistemas costeros locales.

La revisión salmonera en el Parlamento, única en su tipo y la primera de la historia parlamentaria en que se examinará el comportamiento de un sector productivo, contempla la solicitud a los intendentes de las tres regiones australes del país, de crear mesas de trabajo que analicen e informen sobre el comportamiento de esta industria exportadora. A ello se une el llamado a todos los sectores interesados a que informen a las Comisiones de Medio Ambiente y a la de Pesca y Acuicultura, sobre los impactos negativos que han provocado las empresas salmoneras.

Lamentablemente, ante las crecientes evidencias de que existen serios problemas en el sector salmonero, SalmonChile cierra los ojos, se tapa los oídos y su presidente amenaza a legisladores, organizaciones ciudadanas, pescadores artesanales, científicos y trabajadores, mientras empieza a moverse una compleja maquinaria política-comunicacional llamando nuevamente a "Papá Estado", o quizás "Mamá Estado", a no dejarlos solos frente al escrutinio público y de consumidores.

Las evidencias y cifras acerca del mal comportamiento de las compañías salmoneras son mayoritariamente de origen estatal, las cuales el Centro Ecocéanos, en un trabajo persistente, ha logrado recopilar. No es fácil obtener información de las oficinas públicas, cuando en el sistema estatal aún persiste una cultura del secretismo, temor al empresariado, o en muchos casos, la complicidad y silencio ante los ilícitos patronales.

Contrariamente, en este proceso se ha puesto en evidencia que los denominados Acuerdos de Producción Limpia actúan como un instrumento de lavado de imagen sectorial, porque varias compañías adscritas a estas iniciativas están involucradas en violaciones a la ley laboral y en acciones de gran impacto ambiental.

Las recomendaciones de la OCDE y el proceso de investigación sobre esta industria implementada por la Cámara de Diputados, constituyen dos potentes señales que muestran que los tiempos están cambiando y que lentamente van ganando terreno los sectores de ciudadanos, pueblos originarios, comunidades costeras, empresarios regionales y consumidores que impulsan el cumplimiento de las leyes, el respeto de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, la sustentabilidad de los ecosistemas acuáticos nacionales, la soberanía alimentaria, la salud pública y la responsabilidad social de las empresas.

Mientras el Estado no tenga la capacidad de hacer cumplir sus propias leyes en el sur del país, y de monitorear realmente la expansión de esta industria exportadora global, diversos sectores regionales están solicitando el cese temporal de la entrega de nuevas concesiones salmoneras. A ello, se une la demanda para que las empresas se hagan cargo legalmente de sus impactos ambientales, sociales y sanitarios que provocan en los lagos y áreas costeras de las regiones australes de Chile. (El Mostrador,

La Paz, Bolivia, Domingo 6 de agosto de 2006, por Mery Vaca, BBC, Prensa Latina.- La inauguración de la Asamblea Constituyente, que tiene la misión de escribir la nueva Carta Magna de Bolivia, abre la puerta a bloques ciudadanos que hasta ahora habían sido excluidos de la vida pública del país. El ícono de la nueva composición política es la presidenta de la Asamblea. Se llama Silvia Lazarte y es una indígena quechua de escasos recursos económicos. Fue elegida por la próspera región de Santa Cruz, pero es originaria del área rural de Cochabamba. Lazarte fue nombrada en las sesiones preparatorias y asume sus funciones este domingo, cuando el país celebra, además, 181 años de vida republicana. Ella cree que su elección tiene que ver con "las luchas de todas las mujeres bolivianas y de nuestros antepasados, y también gracias a la marginación que nos han hecho a las mujeres, a los indígenas durante tanto tiempo".

Hace 16 años fueron precisamente los indígenas del oriente quienes hicieron una larga marcha hacia la ciudad de La Paz para exigir la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Desde entonces, la demanda se mantuvo en la agenda nacional sin mayores sorpresas hasta el año 2000, cuando los originarios del occidente rompieron la aparente tranquilidad del país con incontrolables bloqueos de carreteras. Ese año, las ciudades descubrieron que una parte de Bolivia había permanecido en la sombra. El proceso de cambios se precipitó con mayor rapidez desde aquellos hechos. En 2003, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada fue obligado a renunciar y de inmediato emergió con fuerza el indígena de izquierda Evo Morales, quien ahora gobierna el país con porcentajes de apoyo que oscilan entre el 70 y el 80%. Morales, que este sábado dio su mensaje al Congreso, destacó el carácter refundacional y plenipotenciario de la Asamblea, cuyos designios estarán en manos de las mujeres y de los indígenas.

La conformación de la Asamblea muestra también una alta ascendencia femenina, sindical y juvenil. Según un recuento del diario La Razón, más del 30% de los constituyentes son sindicalistas y a la vez indígenas y otro tanto son mujeres. Y el 82%de los representantes tiene entre 20 y 50 años. La Constituyente, que funcionará por un año como máximo, está conformada por 255 asambleístas, de los cuales, 137 son del partido de Evo Morales. El presidente, si bien pregona la soberanía de la Constituyente, también dice que su único sometimiento es a los sectores sociales.

El vicepresidente Álvaro García Linera declaró este sábado que "Bolivia ha tenido más de una docena de asambleas constituyentes. En todas ellas, los indígenas, los campesinos y los sectores mayoritarios fueron marginados de la vida republicana". Según él, lo fundamental en esta ocasión será "la presencia multitudinaria de los sectores indígenas excluidos que hace 181 años no participó en un evento similar". Para darle mayor simbolismo a la Constituyente, miles de indígenas de las 36 nacionalidades que existen en Bolivia se trasladaron a Sucre, la sede del evento, donde desfilarán e, incluso, participarán en la parada militar que solía ser un evento exclusivo de los uniformados. La Constituyente se inaugura con una gran expectativa interna porque todos los conflictos y potenciales enfrentamientos fueron derivados para su resolución en la Asamblea. Así, por ejemplo, se debatirán las autonomías, que pusieron frente a frente al oriente y al occidente del país; la religión, en lo que el gobierno y las iglesias no hallan punto de acuerdo; la tenencia de la tierra, que ahora es un foco de conflicto permanente.

El mandatario boliviano, Evo Morales, reconoció hoy como autoridad suprema a la Asamblea Constituyente y llamó a la unidad de los sectores populares en ese foro, para la refundación del país. En el discurso inaugural de la Asamblea en esta ciudad, capital histórica de Bolivia, el mandatario rechazó que la Constituyente sea solamente reformadora y señaló que "debe tener todos los poderes", por encima del Presidente, el Parlamento, el Poder Juidicial y cualquier otra instancia. El mandatario puso así sobre el tapete el que puede ser el primer gran tema de debate de los 255 delegados electos el pasado 2 de julio: si la Asamblea debe ser originaria y tener poderes totales, o debe limitarse a modificar la Carta Magna sin cambios de fondo. "No estamos hablando de una simple reforma, estamos hablando de refundar Bolivia", señaló el jefe de Estado, a tiempo de señalar que para lo primero hubiera bastado una decisión congresal y no hubiera sido necesario elegir una Constituyente. Tras advertir que determinados sectores querrán impedir el desarrollo de la Asamblea y desprestigiar a sus integrantes, dijo que su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), y todos los sectores populares deben unirse sin importar diferencias partidarias.

En un discurso ante los asambleístas e invitados internacionales como el vicepresidente cubano, Carlos Lage, Morales dijo en español, aymara y guaraní, que "el gran día ha llegado" para la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Señaló que la apertura de la Constituyente es un momento histórico para la refundacíón de la Patria, cuyos pueblos han sufrido una profunda discriminacón, maltratos y el saqueo de sus recursos naturales. Ahora estamos todos juntos para cambiar esta Bolivia maltratada, estos pueblos humillados, discriminados, despreciados, puntualizó el mandatario. Morales subrayó en tal sentido la gran responsabilidad de los constituyentes, la cual, advirtió, no se limita a redactar una nueva Carta Magna, sino que implica actuar como soldados de la verdadera independencia del país. Ustedes son como soldados de la lucha por la libertad, la igualdad y la dignidad para nuestro pueblo, como soldados de la lucha por recuperar los recursos naturales de esta noble tierra, manifestó. Dijo que esos recursos, históricamente saqueados, deben volver a manos del Estado, para que nunca más vuelvan a privatizarse, y apuntó que personalmente no es partidario ni siquier de entregar su explotación en concesiones temporales.

El presidente subrayó la extracción mayoritariamente pobre de los delegados, muchos de los cuales vienen de pueblos sin electricidad o viven en humildes chozas, y advirtió a la comunidad internacional que si no se resuelve el problema económico y social de los indígenas, no se alcanzará el desarrollo del país. "Siento que aquí comienza la nueva historia de Bolivia, una historia donde haya igualdad, donde no haya discriminación", expresó con optimismo. Al destacar que en la Asamblea hay inclusive empresarios, por amplitud, advirtió que estos no tienen derecho a explotar a los trabajadores ni a saquear los recursos naturales. Dijo también que la Constituyente realiza los sueños y las luchas de los líderes populares y sugirió que los debates apliquen la democracia comunitaria indígena, en la que el interés colectivo determina el consenso, sin el esquema de mayorías y minorías. Auguró que en un año la Constituyente haya terminado su tarea de cambiar Bolivia con una revolución pacífica, democrática y cultural, que sea referente para otros pueblos que luchan para cambiar su historia. (BBC,

Lima, 5 de agosto de 2006, La Tercera.- Los efectos del fenómeno climático del Niño pudieran ser muy leves en Perú en los primeros meses de 2007, informaron hoy a la prensa local de Lima fuentes oficiales. Hugo Arévalo, presidente del comité multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, explicó que en septiembre u octubre próximos se conocerá con precisión si el fenómeno se presentará en el mar peruano, provocando inundaciones y sequías. Los indicadores numéricos, atmosféricos, oceanográficos y meteorológicos se mostrarán más claros y estables a efectos de un pronóstico acertado para los próximos seis meses, agregó Arévalo, quien no descartó que se presente un fenómeno del Niño "leve". Por su parte, el presidente del Instituto Geofísico del Perú, Ronald Woodman, declaró hoy a Radio Programas del Perú que el probable fenómeno climático presentará temperaturas "una fracción de grado por encima de lo normal". Woodman informó de que "la temperatura (en Perú en los primeros meses de 2007) será un tercio de grado por encima de lo normal en relación al Pacífico Ecuatorial Central".El último fenómeno del Niño ocurrido en Perú se remonta a 1998 con millonarias pérdidas en caminos, casas y tierras de cultivo, además de la presencia de enfermedades por contaminación ambiental. (Efe, La Tercera,

Vitoria, España, 6 de agosto de 2006, Perú 21.- El arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto, se reunió hoy con el jefe del Gobierno regional del País Vasco, Juan José Ibarretxe, para recabar su apoyo ante la "grave" situación de la población de La Oroya, cuyos habitantes sufren la contaminación de los residuos de una fundición de metal. Antes del encuentro, el arzobispo de la capital del departamento de Junín declaró a Efe que el 99,9 por ciento de los niños menores de seis años del entorno de La Oroya "tiene plomo en la sangre con niveles preocupantes". Además, Barreto señaló que los residuos sólidos y líquidos de la fundición de metal, que funciona desde 1922, han ocasionado la contaminación del río Mantaro y del aire en La Oroya. El arzobispo, que también es presidente de la Comisión Episcopal de Acción Social de Perú, busca la colaboración del Gobierno vasco para paliar la situación de esta región, donde viven 1.600.000 personas y que exige, a su juicio, "una solidaridad internacional". Barreto opinó que la Iglesia "no puede ser ajena a este problema humano" y aseguró que es necesario buscar soluciones para el saneamiento de toda la cuenca del río Mantaro.

El Consejo Nacional del Ambiente aprobó el Plan de Acción para la Mejora de la Calidad del Aire en la Cuenca Atmosférica de La Oroya, provincia de Yauli, en Junín, destinado a promover los estándares nacionales de calidad de aire. El proyecto busca proteger la salud de las personas y la calidad del ambiente mediante la implementación de estrategias, políticas y medidas de acción directas para controlar la contaminación por las emisiones de las chimeneas del complejo metalúrgico. Además comprende otras medidas complementarias, sanitarias y ambientales, a fin de mitigar los efectos en la salud, especialmente los grupos sensibles. (EFE, Perú 21,

Corrientes, 6 de agosto de 2006, La República.- La iniciativa sugiere el reaprovechamiento de los residuos sólidos para eliminar el gran basural de la ciudad. Dará empleo a 170 personas, principalmente a quienes revuelven los desechos en busca de la comida diaria. Generará gasto cero al Municipio. Una interesante propuesta surge para dar fin a algunos de los grandes flagelos sociales en la provincia. Se trata de la creación de una planta para reciclar residuos sólidos, que daría trabajo a cientos de personas, especialmente a quienes sobreviven del "cirujeo", es decir, a quienes juntan basura para vender o bien para darle uso propio cuando se puede. El reciclaje de estos elementos y el empleo de indigentes se conjugarán en una obra que implicará gasto cero para el Municipio.

El proyecto demandará una inversión de US$ 2 millones, y generará empleo para 170 personas. Una de las posibilidades es que se lo instale en las inmediaciones del Aeropuerto "Piragine Niveyro". Sus promotores aseguraron que además de implicar un gasto cero para el Municipio, no se necesitarán cambios de hábito por parte de la sociedad. Oscar de Castro y Sara Braillard Poccard son quienes encabezan este proyecto que consiste principalmente en la instalación de una planta de residuos sólidos y urbanos, de donde se podrán obtener 26 productos a partir de la basura. De Castro, explicó en una entrevista realizada en el programa televisivo "Emprender en la Región" que la basura constituye un problema serio para la sociedad y que, con la realización de este proyecto, se atacará la etapa de "disposición final", es decir que en lugar de que los residuos vayan a los basurales, se destinarán a una planta de reciclado. Asimismo, los profesionales señalaron que para poder llevar adelante se necesita una inversión de US$ 2 millones y, de concretarse la propuesta, se dará empleo a 170 personas, de los cuales 70 serán para la clasificación primaria y maestranza, y los 60 restantes, corresponderán a una alta y mediana categorización. El pago de los haberes corresponderá a la cantidad de toneladas encasilladas, en tanto que la iniciativa asegura que cada empleado trabajará en las condiciones adecuadas y con los instrumentos necesarios.

La oferta incluye además, la certeza de que la planta recuperará la materia prima y reciclará todo aquello que sea perecedero. Con alguno, por ejemplo, se fabricará una harina para alimento de animales. Sara Braillard Poccard agregó al respecto que "todo lo que ingrese a la planta se recuperará al ciento por ciento, en la mayor medida de lo posible". Asimismo, indicó que además de que la Municipalidad tendrá un gasto cero, ahorraría una importante suma de dinero al no tener que enterrar más la basura, como se hace hasta ahora. "El recogido de la basura se hará de manera similar a la actual, y recién en la planta se separarán los distintos tipos de desechos", detallaron. Tres son los objetivos que persigue el proyecto, uno de ellos es terminar racionalmente con la contaminación ambiental y el simultáneo derroche de materia prima que se produce en el conurbano de la ciudad de Corrientes, Resistencia y su zona de influencia. Otro es la creación de fuentes de trabajo genuinas, en especial para personal de baja calificación. Por último, propone aprovechar recursos inexplorados que podrán ser utilizados en la generación de múltiples actividades productivas. Para todo este proceso, se clasificarán los residuos en: elementos industriales, patológicos, sólidos y públicos, como así también se los separarán en perecederos y no perecederos. (La República, Corrientes,

Ciudad Piar, 6 Agosto de 2006, ABN.- El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, anunció que próximamente inaugurará el II Puente sobre el río Orinoco, estado Bolívar. Así lo anunció durante su programa dominical Aló, Presidente, número 259, realizado en el hato La Vergareña, ubicado en Ciudad Piar, estado Bolívar. Según autoridades del Ministerio de Industrias Básicas y Minería (Mibam), la inversión total del proyecto es de 28 millardos de dólares, de los cuales 886 millones de dólares fueron destinados para la construcción del puente. Otros 270 millones de dólares fueron utilizados para construir 166 kilómetros de vía conexa e instalar los cuatro distribuidores viales, mientras que para los seis puentes anexos se invirtieron 127 millones de dólares.

Esta obra se caracteriza por ser un puente mixto carretero-ferroviario sobre el río Orinoco, con una longitud de 3,15 kilómetros y un ancho de 24,70 metros, acompañado de la construcción de una red vial de 166 kilómetros que se conectará con la estructura. El rápido y seguro acceso hacia el centro y el oriente del país será otra de las grandes ventajas que hace de esta superestructura vial una de las piezas claves en los planes económicos que adelanta el Gobierno Nacional. La obra es catalogada como una de las más grandes desarrolladas en Latinoamérica por sus características. La misma permitirá fortalecer nuevos espacios para la consolidación de varios núcleos de desarrollo endógeno en su entorno y, por ende, la generación de empleos en la zona. En el desarrollo de los trabajos más complejos de esta obra se generaron aproximadamente 3 mil 700 empleos. Después de la inauguración del puente, etapa de circulación de vehículos automotor, se prevé el desarrollo del plan ferroviario nacional hacia la región Guayana. (ABN,

Santiago, 6 de agosto de 2006, El Mostrador.- Senador Alejandro Navarro (PS), quien durante los temporales se contactó con el embajador Víctor Delgado, agradeció el gesto "humanitario y fraterno". Un millón de dólares en ayuda humanitaria enviará en los próximos días el gobierno de Venezuela a los damnificados de los temporales de la Octava Región, apoyo que beneficiará a miles de familias con materiales de construcción, elementos de abrigo, menaje, alimentos no perecibles, medicinas y otros artículos de primera necesidad.

El senador Alejandro Navarro (PS), quien durante los temporales se contactó con el embajador de Venezuela en Chile, Víctor Delgado, y con el vicepresidente de dicho país, José Vicente Rangel, y les envió las fotografías de la catástrofe y los antecedentes en cifras de lo que había ocurrido, agradeció el gesto "humanitario y fraterno". "Se conmovieron con el sufrimiento de los más de 186 mil afectados en la Octava Región, que lo perdieron todo producto de las lluvias, y decidieron gestionar la ayuda necesaria para colaborar con las familias que deberán empezar de cero a construir y reparar sus casas y a reponer sus enceres que quedaron bajo el agua", indicó.

El parlamentario comentó que la iniciativa fue dada a conocer por la embajada venezolana a la cancillería, organismo al cual solicitó poner en contacto a las autoridades regionales responsables de emergencia para que coordinen la recepción de la ayuda con el Director de Protección Civil de Venezuela, coronel Antonio Riveros, a cargo de la operación. El miembro del Senado , gestor de la iniciativa, dijo que conversó con Riveros quien le señaló que "dentro de la próxima semana debiera materializarse el envío de la ayuda". (El Mostrador,

Roma, 6 de agosto de 2006, Naciones Unidas.- Hacia 2020, más de 60 por ciento de los abastecimientos de madera en América Latina y el Caribe se originarán en plantaciones forestales, pero la superficie de bosques naturales disminuirá de 924 a 881 millones de hectáreas, informó la FAO. l potencial anual de suministro de madera de las plantaciones sostenibles de bosques se incrementará de 303 a 480 millones de metros cúbicos en el período 2003-2020, dice el "Estudio de Perspectivas del Sector Forestal para América Latina y el Caribe", publicado por la FAO recientemente.

Simultáneamente, la madera proveniente de bosques naturales disminuirá de 320 a 293 millones de metros cúbicos, dice la agencia de la ONU para la Agricultura y la Alimentación, con sede en Roma. Estas cifras son en parte resultado de las crecientes medidas de protección de los bosques naturales y de las regulaciones establecidas para la protección y gestión de los recursos naturales en la región.

Las áreas protegidas de la región aumentaron de 17,5 millones de hectáreas en 1950 a 386 millones en 2000, equivalentes a 23 por ciento del total de reservas naturales del planeta. En la mayoría de los países, intensos programas de reforestación encabezados por el sector privado, y apoyados por programas gubernamentales, lograron altas tasas de productividad y competitividad de las plantaciones.

La mayor parte de los propietarios de estas plantaciones forestales son medianas y grandes empresas, pero también ha aumentado el número de pequeñas plantaciones gestionadas por las comunidades rurales, dice el informe. En muchos casos, las grandes empresas forestales colaboran en programas para las comunidades rurales a través de transferencias tecnológicas, semillas, acceso a mercados y la producción de madera a precios competitivos, afirma.

El estudio anticipa que las plantaciones forestales en la región aumentarán de 13,3 millones a 17,1 millones en 2020. La expansión de la agricultura y la ganadería aparecen en el estudio como las causas principales de la deforestación. El crecimiento poblacional, de 520 a 620 millones entre 2004 y 2020, así como el crecimiento económico demandarán un correspondiente aumento de los suministros de madera, incluida aquella que se usa como combustible en muchos países. (Naciones Unidas,

Washington/Nairobi/Roma, 7 agosto 2006, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).- El Proyecto del Fondo para el Medio Ambiente Mundial conduce a reducciones significativas en la pesca de descarte en algunos mares. Los amantes del camarón pueden ahora consumirlo con menos culpabilidad gracias a un proyecto pionero que esta reduciendo el daño ambiental de la pesca del camarón.

El proyecto, financiado por la organización FMMA (Fondo para el Medio Ambiente Mundial) ha reducido dramáticamente la captura no deseada de peces jóvenes, tortugas y otros en cada pesca de descarte de un 30 a un 70 por ciento en algunos países. Los pescadores de camarón que participan en este proyecto también se ven beneficiados por la innovadora iniciativa.