Nota: Se adjuntó el mensaje reenviado.

1. DERECHO DEL BANCO DE DATOS O HABEAS DATA: Se hace necesario alegar como derecho fundamental del orden de los derechos civiles y políticos reconocidos en el orden constitucional interno (Art. 15 de la C. N.) lo mismo que en el orden jurídico internacional, y plenamente vigentes en el orden jurídico de los derechos humanos, todos los derechos que se desprenden de los datos que se almacenan en archivos físicos y/o electrónicos en cualquier entidad pública y/o privada como es el caso de las entidades financieras.

2. INCONSISTENCIA EN LA TASACIÓN DE LOS INTERESES POR PARTE DE LA ENTIDAD FINANCIERA: Si analizamos el tema de los intereses, tenemos que la entidad financiera tutelada presume variables diferentes en el asunto de los  susodichos intereses : Al  respecto tenemos que de manera descarada, se manejan diferentes tópicos de intereses en los diferentes documentos crediticios producidos por la entidad financiera, por ejemplo, la producción descarada de diferentes saldos e intereses en los extractos y otros documentos del banco.

3. A las anteriores, se suma la grave situación a la que se me ha expuesto, ya que no se me ha permitido copias de ninguna naturaleza de mi banco de datos incluido el pagaré que dio origen a la obligación, ni se determina en debida forma la información bancaria, es decir, no se atiende al derecho que tiene el deudor bancario de recibir información bancaria de manera veraz, imparcial, así como clara, garantizando el derecho de réplica.

4. Prueba de la solicitud, es el escrito que se radicara el día _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, pues, a la fecha no se ha pronunciado la entidad financiera, sin que haya valido réplicas al respecto, estando el deudor bancario desprovisto de información clara, veraz e imparcial sobre su BANCO DE DATOS (HABEAS DATA).

5. De la misma manera se tiene que la liquidación es desproporcionada con el manejo de las cifras, estando incurso el banco en una gran cantidad de ilegalidades, aspecto que de fondo no puede ser tenido en cuenta tales circunstancias, encontrándonos ante violación de todos los derechos fundamentales que se solicita sean amparados a través de la acción de tutela.

6. Valga la pena señalar la obra del joven y brillante Profesor y Catedrático Argentino, OSCAR PUCCINELLI, El Habeas Data en Indoiberoamérica, Editorial Temis S. A., Santa Fe de Bogotá – Colombia, 1999; en la cual se aboga por la solución efectiva de la problemática de los archivos o bancos de datos que las personas tienen que confiar a diferentes entidades en sus respectivos paíces y que se ha convertido en caldo de cultivo para la peor de las violaciones de los derechos humanos en el mundo, tema obligado en confederaciones de Estados Regionales como acontece en la Unión Europea.

7. DERECHO DE REPLICA, RECTIFICACIÓN, RESPUESTA, ACLARACIÓN, DETERMINACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE DATOS QUE CONTENGAN FALTA DE CLARIDAD: Con todo respeto, se solicita con especial atención que el honorable Despacho, preste enfasis en la problemática de la gran confusión que se ha presentado en la producción de información perjudicial que de manera antojoso y por demás arbitraria, manejan las entidades financieras, a fin de que de una vez por todas sea la SOBERANÍA DE LA RAMA JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA ponga en cintura la desbandada que ha producido el CAPITAL FINANCIERO ESPECULATIVO, a través de los diferentes pulpos económicos, como es el caso del CAPITAL JUDIO, EL CAPITAL JESUITA (JUEDO – CRISTIANOS) entre otros grupos económicos. Honorable Señor Juez, con todo respeto, SE LE SOLICITA que preste toda atención a todo el manejo estadístico – legal de los archivos financieros del caso en  cuestió, y la manera como se viene aplicando todoa esta desbandada de srbitrariedades que a todas anchas y sin control de ninguna naturaleza aplican los pulpos económicos. Y es que realmente, la fabrica de obligaciones que los departamentos de cartera y conexos de las entidades financieras cargan sin mediar consentimiento de los deudores, es verdaderamente asombrosa. Tenemos el manejo arbitrario y desleal de la manera como se aplica el tema de los intereses, el manejo de sumas que realmente no son claras, como es el caso en que facturan IMPUESTO AL VALOR AGREDADO (IVA) SOBRE EL COBRO DE HONORARIOS DE ABOGADOS. Y que decir del manejo antojoso de las pólizas de seguros. Pues, bien, la manera como se consigna el tema de los seguros en los títulos valores, es por demás ambiguo, no claro, de tal manera que easa situación queda totalmente al garete de la arbitrariedad en cuanto tiene que ver con los los SEGUROS. Por ejemplo, hay créditos donde se consignan las siguientes pólizas de seguros:

8. INGERENCIA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES INYECTADOS POR PULPOS ECONÓMICOS, EN PLENA VIOLACIÓN DE LA SOBERANÍA NACIONAL: Señor Juez, es preocupante la manera como el BANCO INTERAMERICANO DE “DESARROLLO”, BID, viene presionando para que se proceda de manera inmediata al desalojo de la población colombiana de sus viviendas, aspecto que preocupa si se analiza que es precisamente los E. E. U. U. quienes son los socios mayoritarios en un 40% en el mencionado banco trasnacional para someter a los pueblos latinoamericanos con endeudamiento de la población. Que problemática tan mayúscula a la que se está sometiendo a la comunidad nacional, y si se tiene en cuenta que es precisamente el capital JUDIO y el capital JESUITA quienes tienen mayor interés en arrasar con los derechos humanos de la vivienda digna de la población colombiana.

NORMAS ESPECIALES QUE HAN REGULADO EL TEMA DE LOS INTERESES ADICIONALES EN CRÉDITOS PARA VIVIENDA POPULAR:   Decreto 1269 del 17 de julio de 1972, artículo 10º, literal a, que determinó un interés adicional en créditos para vivienda del 7 ½ % anual.   Decreto 664 del 27 de marzo de 1979, artículos 1º y 2º; que determinó un interés adicional en créditos para vivienda del 7 ½ % anual.   Decreto 1298 de mayo 29 de 1980, artículo 2º, literal i, determinó un interés adicional del 7 ½ anual en créditos para vivienda.   Decreto 2928 del 11 de octubre de 1982, artículo 14; numeral 2º; determinó los siguientes topes en intereses adicionales: a). 6% anual, respecto de vivienda hasta de 1.000 UPAC. b). 7.5% de interés remuneratorio anual en créditos para vivienda superior a 1.000 UPAC y no mayores de 5.000 UPAC. c). 9.5% de interés remuneratorio anual en créditos para vivienda superior a 5.000 UPAC y no mayores de 15.000 UPAC. d). El mismo Decreto en su artículo 19, indica que el interés remuneratorio se tasa sobre un 50% más sobre el interés adicional o remuneratorio.   Decreto 1325 de 6 de mayo de 1983, artículo 12, modificó el artículo 14 del Decreto 2928 de 29 de mayo de 1982, y determinó los siguientes intereses: a). 6% anual, en créditos para vivienda con costo hasta 1.300 UPAC. b). 7.5% anual en créditos para vivienda. C). 8% anual en créditos para vivienda con costo superior a 5.000 UPAC y no mayor de 10.000 UPAC. d). 11% anual en créditos para vivienda con costo superior a 10.000 UPAC y no mayor de 15.000 UPAC.   El Decreto 839 de 1989, artículo 1º, literal b, reglamentario de los artículos 44 y 119 de la Ley 9ª de 1989, determinó el interés para vivienda de interés social en los siguientes términos: “La tasa de interés mensual, equivalente a la tasa de interés a que hace referencia el artículo 44 de la Ley 9ª de 1989, será igual a un doceavo de la variación en el salario mínimo legal fijado por el Gobierno Nacional ocurrida en los doce meses anteriores a la fecha de su aplicación”.   El Decreto 163 de 1990, artículos 1º y 3º, literal b, reglamentario de los artículos 44 y 119 de la Ley 9ª de 1989, determinó el interés para vivienda de interés social en los siguientes términos: “La tasa de interés mensual máxima será equivalente a la tasa de interés a que hace referencia el artículo 44 de la Ley 9ª  de 1989, esto es, un doceavo de la variación en el salario mínimo legal fijado por el Gobierno Nacional ocurrida en los doce meses anteriores a la fecha de su aplicación”.   Al mismo tiempo, el Decreto 163 de 1990, artículo 1º, determinó: “Los créditos de las corporaciones de ahorro y vivienda para financiar la adquisición de vivienda de interés social, definida por la Ley 9ª  de 1989, no podrán estipularse en Unidades de Poder Adquisitivo Constante -UPAC-.”.   A título de información adicional, es bueno señalar que mediante Decreto 915 de mayo 19 de 1993, artículo 2º, literal b, se indicó que las corporaciones de ahorro y vivienda quedaban autorizadas para otorgar créditos de consumo, pero no podrán estipularse en UPAC.   Resolución 23 del 29 de abril de 1987, artículo 7º, Emitida por la Junta Monetaria de la República de Colombia; determinó los siguientes topes y tipos de interés: a). Un interés adicional y remuneratorio del 5% anual, para créditos de vivienda con valor no superior a 1.500 UPAC. b). 6.5% de interés remuneratorio anual, para créditos de vivienda con precio superior a 1.500 UPAC y no mayor de 5000 UPAC. c). un interés adicional del 8% para créditos de vivienda con valor superior y 5000 UPAC y no mayo de 10.000 UPAC. d). 12% de interés remuneratorio anual en créditos para vivienda superior a 10.000 UPAC y no mayores de 15.000 UPAC.   Resolución 15 del 2 de marzo de 1988, artículo 5º, Emitida por la Junta Monetaria de la República de Colombia, determinó los siguientes intereses: a). Un interés adicional y remuneratorio del 5% anual, para créditos de vivienda con valor no superior a 2.000 UPAC. b). 7% de interés remuneratorio anual, para créditos de vivienda con precio superior a 2.000 UPAC y no mayor de 4.000 UPAC. c). un interés adicional del 8.5% para créditos de vivienda con valor superior y 4.000 UPAC y no mayo de 10.000 UPAC. d). Tasación libre de interés remuneratorio anual en créditos para vivienda superior a 10.000 UPAC y no mayores de 15.000 UPAC.   Resolución 5 de febrero 7 de 1990, artículo 12, Emitida por la Junta Monetaria de la República de Colombia; determinó las siguientes tasas de interés: a). Un interés adicional y remuneratorio del 7.5% anual, para créditos de vivienda con valor no superior a 4.000 UPAC. b). 9.5% de interés remuneratorio anual, para créditos de vivienda con precio superior a 4.000 UPAC y no mayor de 10.000 UPAC. c Tasación libre de interés remuneratorio anual en créditos para vivienda superior a 10.000 UPAC y no mayores de 20.000 UPAC.   La Resolución 5 de 1990, aquí citada, en su artículo 32, literal b, determinó una formula para tasar los intereses adicionales en créditos para vivienda de interés social, pero en todo caso, dicha Resolución no podía operar en contradicción al Decreto 839 de 1989, Art. 1º, literal b y el Decreto 163 de 17 de enero de 1990, es decir, con 10 días calendario de diferencia en la emisión de dichas normas, aspecto que superó todas las determinaciones mediante simples resoluciones, por encima de decretos ejecutivos.   Resolución 5 de 5 de enero de 1991, artículo 3º, Emitida por la Junta Monetaria de la República de Colombia; determinó las siguientes tasas de interés: a). 5% anual, para créditos de vivienda de interés social, (en contravención del Decreto 839 de 1989, modificado por el Decreto 163 de 17 de enero de 1990, artículos 1º y 3º, literal “b”).  b). 8.5% de interés remuneratorio anual, para créditos de vivienda con precios hasta de 4.000 UPAC.   Resolución 51 de junio 12 de 1991, artículo 2º, Emitida por la Junta Monetaria de la República de Colombia, reformó anulable Resolución anterior (5 de 1991), indicando los siguientes topes de interés: a). 5% anual en vivienda de interés social, (en contravención del Decreto 839 de 1989, modificado por el Decreto 163 de 17 de enero de 1990, artículos 1º y 3º, literal “b”).  b). 8.5% en vivienda con costo no superior a 4.000 UPAC.   Resolución 19 de diciembre 13 de 1991, artículo 3º, Emitida por la Junta Directiva del Banco de la República; determinó en el literal a de dicho artículo que los préstamos para vivienda de interés social, un interés adicional anual del 5%, y los demás préstamos vivienda (NO VIS), en la mencionada Resolución no quedó claro. Se resalta que en materia de derogatoria la misma resolución, en su artículo derogó las resoluciones 5 y 16 de 1991, pero no derogó el Decreto 839 de 1989, modificado por el Decreto 163 de 17 de enero de 1990, artículos 1º y 3º, literal “b”, que en el fondo son las normas que quedaron vigentes para el caso de vivienda de interés social, o por lo menos, no se tiene razón cualquier modificación al respecto.   Es de anotar que mediante Resolución 12 de 23 de abril de 1993, determinó: “Artículo 1o. Derógase el literal a. del artículo 3o. de la Resolución Externa No.19 de 1991 de la Junta Directiva del Banco de la República,  lo que implica que dichas normas no pudieron pasar por alto Decreto 839 de 1989, modificado por el Decreto 163 de 17 de enero de 1990, artículos 1º y 3º, literal “b”, que determinaron el interés adicional para vivienda de interés social, y además ordenaron que dichos créditos (VIS) no podían ser otorgados en UPAC, es decir, se liquidan sin capitalizar inflación.   Parágrafo del artículo 28 de la Ley 546 de 1999, Resolución 14 de septiembre 3 de 2000, Emitida por la Junta Directiva del Banco de la República; Resolución 20 del 22 de diciembre de 2000, Emitida por la Junta Directiva del Banco de la República, han determinado que el interés actual en créditos tomados con posterioridad al 23 de diciembre de 1999 es del 11% para vivienda de interés social, y en el caso de vivienda que no esté como vivienda de interés social, es a partir del 3 de septiembre cuando se conoció un interés adicional remuneratorio del 13.1%, de conformidad con la resolución anotada aquí.     PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO, TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS Y PROBLEMÁTICA DE LOS INTERESES ESPECIALES EN CRÉDITOS PARA VIVIENDA EN COLOMBIA:   Debido a la gran confusión que se ha venido observando en este tema y ante la grave situación de riesgo de los deudores por falta de claridad, más que por los problemas de pago, y ante la insistencia de la banca de no hacer claridad al respeto, situación de la cual no se escapa el Estado Colombiano, es preciso que se determine la problemática de los límites a los cuales está y estaba sometido el sistema financiero en materia de determinar las liquidaciones, la forma de determinar los intereses, sus límites y sus desafueros. Es preciso advertir que los contratos de empréstito que hacen las entidades financieras son contratos masa, y por ende se entienden que son CONTRATOS POR ADHESIÓN. Pero eso justifica que la banca pueda actuar sin límites y que se pretenda fusionar con el Estado Colombiano para aumentar su posición dominante en contra de los humildes deudores, especialmente, cuando ha asumido la política oficial de vivienda desde un ENFOQUE NEOLIBERAL ESPECULATIVO Y ARBITRARIO? Quiere la Banca cobrar unos créditos para vivienda capitalizando inflación mediante las fórmulas de matemática técnica financiera denominadas UPAC y UVR? Al tiempo le es permitido aplicar un interés adicional del orden comercial que incluso llegó en Colombia topes del 90%?   Ante tal situación, es preciso advertir que si de las normas antes indicadas en este recuadro, no se encuentra solución porque existe en el maremagnum de reglamentaciones normas escondidas que las hayan derogado, debe entonces acudirse a los principios generales del derecho. En ese sentido, la solución se desprende de los artículos 8º y 13 de la Ley 153 de 1887, que al respecto determinan: artículo 8º- “Cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicaran las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales del derecho”. Al tiempo que el artículo 13, indica: “La costumbre, siendo general y conforme con la moral cristiana, constituye derecho a falta de legislación positiva”. Las normas trascritas fueron declaradas exequibles por las sentencias C – 224 del 5 de mayo de 1994 y la sentencia C – 083 del 1º de marzo de 1995 de la Corte Constitucional. En ese orden de ideas, es preciso solicitar la aplicación del artículo 5º de la Ley 57 de 1887, a fin de dar aplicación a la a las normas en el siguiente orden de ideas: 1º). Se apliquen los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos conforme lo ordenan los artículos 93 y 94 de la constitución, especialmente el artículo 25 de la Ley 16 de 1972, Convención Americana de Derechos Humanos, llamado Pacto de san José de Costa Rica, que indica: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. En el mismo sentido, el artículo 2º, literal a, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante ley 74 de 1968: “Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente pacto, hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aún cuando tal violación hubiere sido cometida por personas que actuaban en el ejercicio de sus funciones oficiales”. 2º). Se examine las normas especiales sobre el tema de los intereses adicionales, ya sean que estén transcritas en este recuadro y en su defecto, toda norma especial que se sea aplicable en derecho al caso controvertido. 3º). De no existir norma especial aplicable, se aplique el Código Civil en su artículo 1617, que indica que el interés adicional es del 6% anual, y se aplica de preferencia al artículo 884 del Código de Comercio, para el caso de créditos para vivienda, pues, no es un crédito cualquiera y no está sometido a la norma comercial para que se pretenda aplicar el límite del interés comercial, para casos de créditos anteriores al 23 de diciembre de 1999.   Valga la cita de la obra del dramaturgo ingles, WILLIAM SHAKESPEARE, El Mercader de Venecia, brillante ejemplo sobre la avaricia, que caracteriza al JUDIO por excelencia, cuando al entregar dinero a préstamo exigió consignar una cláusula penal, constriñendo a su deudor a pagar con una libra de carne extraída de su propio cuerpo y lo más cerca al corazón, haciéndolo comparecer a la casa del Notario para dar fe del convenio. Qué ha pretendido la Banca en Colombia?

SOLICITUD ESPECIAL DE AMPARO DE POBREZA EN ESCRITO SEPARADO Y ADJUNTO A LA PRESENTE DEMANDA:

Se solicita que se admita esta demanda, una vez se me (nos) haya otorgado el amparo de pobreza que se adjunta con la respectiva prueba, en escrito separado, de conformidad con el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, para todos los efectos de personas y familias en estados económicos deplorables por desempleo, calamidades insalvables en la familia, como es el caso de enfermedades graves de los miembros de la familia, así como estados de invalidez graves que no les permite laborar para asistir la defensa judicial. Lo anterior, conforme a la norma procesal citada y además, conforme a los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, como es el caso de la Ley 16 de 1972, aprobatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos, llamada Pacto de San José de Costa Rica; y de la misma manera, el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado en Colombia mediante Ley 74 de 1968.

9. REGULACIPON Y PERDIDA DEL EXCESO COBRADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA: Se acude al procedimiento verbal de mayor cuantía a fin de solicitar la regulación y perdida del cobro en exceso pretendido por la entidad financiera en una suma que supera los ______________________________________, si se tiene en cuenta lo pagado por el deudor y lo que pretende la entidad financiera con base en los reportes más altos que insistentemente y de MANERA TORTURANTE replica que es el saldo insoluto de la obligación (capital, intereses, cuotas, seguros, gastos de cobranza, errores aritméticos, etc), todo medido en UNIDADES DE VALOR REAL, UVR, contra expresa prohibición legal, como en efecto lo indica el Decreto 163 de 1990, artículo 1º, por medio del cual se reglamento la ley 9ª de 1989.

10. CONCILIACIÓN PREJUDICIAL: De conformidad con el artículo 38 de la Ley 640 de 2001, los procesos verbales de mayor y menor cuantía, no necesitan el requisito de la conciliación previa para acudir a la jurisdicción civil, es el caso del procedimiento de regulación y perdida de intereses de que trata el artículo 427 del C. P. C., y es el procedimiento judicial al cual deben acudir los deudores de los bancos que se ven asaltados por las arbitrariedades que cometen estas empresas de la especulación financiera, lo mismo que en el caso de usura en agiotistas particulares, sin perjuicio de las acciones penales; al igual que es el mismo procedimiento al cual acuden semejantes maquinas del emporio financiero cuando alegan que se les ha perdido el título para perseguir al deudor, es decir, acuden al procedimiento verbal para cancelar y reponer el título valor.

11. El (Los) demandante (s), mediante Escritura Pública No. _____________ de fecha _______ _ _ _ _ _ _de la Notaría ______ _ _ _ _ _ del Círculo Notarial de la ciudad de  _______ _ _ _ _ _, hipotecó (ron) el inmueble de la dirección ________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de la ciudad de __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , inmueble con descripción, cabida y linderos determinados en la escritura antes indicada, con numero de matrícula inmobiliaria No. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, tomando un crédito para vivienda para el pago del inmueble por la suma de _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ante la entidad financiera _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

12. Es importante anotar que la entidad financiera, siempre pretende cobrar sumas que no se desprenden como obligaciones claras, expresas y exigibles que puedan estar debidamente determinadas en el título valor (pagaré), y que sean realmente obligaciones enmarcadas en el ámbito jurídico de tal naturaleza para ser ejecutadas como tal. Es el caso de los cobros que por aspecto de seguros, que siempre ha cargado como obligaciones claras y exigibles en contra del deudor (es), cuando se han consignado en el pagaré de manera ambigua por demás, sin que podamos concluir con claridad cual es el ámbito de exactitud de las obligaciones con las cuales la entidad financiera acosa al deudor bancario, y más parece que lo que pretende la entidad bancaria es demostrar su descomunal poder que significa el abuso dominante empresarial.

13. DENUNCIA PENAL: Ante las graves inconsistencias presentadas por la entidad financiera, no se descarta la posibilidad de acudir en denuncia penal a fin de que se investiguen los presuntos delitos de usura, estafa, enriquecimiento ilícito, falsificación de informes bancarios, ocultamiento de información, y lo que es peor, se investiguen las presuntas violaciones del BANCO DE DATOS (HABEAS DATA), por producir datos falsos e inexactos, aspectos que conllevan a violarle todos los derechos fundamentales al deudor bancario. De la misma manera se han presentado casos de mutilación en títulos valores llegando incluso a que entidades financieras cambien las hojas del cuerpo de los títulos valores (pagarés), alterando de esa manera la información.

14. Del título valor se tiene que la entidad financiera ha pretendido cobrar intereses adicionales o remuneratorios pactados de manera excedida, y de la misma manera se refleja en la liquidación, la reliquidación, los extractos mensuales que presenta la entidad financiera; y además, los intereses contravienen en todo sentido la norma monetaria, así como la estabilidad de los mismos conforme a lo establecido en los artículos 17 y 19 de la Ley 546 de 1999; pues, difieren los intereses en los diferentes documentos producidos por la entidad crediticia de vivienda de interés social (pagarés, escritura de hipoteca, liquidación, reliquidación, extractos, etc.).

15. Para cancelar el inmueble, se tomó un crédito por la suma de _ _ _ _ _________ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , crédito que se tomó a la entidad financiera demandada, mutuo con interés para vivienda de interés social tomado a fecha _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , con título valor de fecha _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, fecha de la cual se toma como punto inicial para presentar reliquidación por parte de la entidad financiera, aunque es de anotar que algunas entidades financieras han alterado las fecha de tope de liquidación inicial, al igual que la reliquidación.

16. Es importante anotar que la entidad financiera, siempre pretende cobrar sumas que no se desprenden como obligaciones claras, expresas y exigibles que puedan estar debidamente determinadas en el título valor (pagaré), y que sean realmente obligaciones enmarcadas en el ámbito jurídico de tal naturaleza para ser ejecutadas como tal. Es el caso de los cobros que por aspecto de seguros siempre ha cargado como obligaciones claras y exigibles en contra de los deudores bancarios, cuando se han consignado en el pagaré de manera ambigua por demás, sin que podamos concluir con claridad cual es el ámbito de exactitud.

17. De conformidad con la reliquidación, se tiene que a fecha 31 de diciembre de 1999 el deudor bancario ha cancelado sumas superiores al valor del crédito, y sin embargo se tiene que la entidad financiera ha elevado el saldo de manera desmesurada a sumas totalmente desproporcionadas y sin justificación alguna.

18. Posteriormente al 31 de diciembre de 1999, se han presentado otra serie de pagos sin que se pueda determinar exactamente la cantidad de pagos realizados, y que la entidad financiera debe actualizar la información sobre el banco de datos de los aquí demandantes.

19. Se suma al inconformismo que la entidad financiera pretende capitalizar intereses, en contravención con la inconstitucionalidad de la norma, y en concordancia con los principios generales del derecho, que prefiere la aplicación de la norma superior en caso de haber incompatibilidad con una norma de menor rango, tal como lo indica el artículo 10 del Código Civil en concordancia con el artículo 5º de la Ley 57 de 1887, así como el artículo 4º de la Constitución Política de Colombia. No es admisible la capitalización de intereses que la entidad ha venido liquidando, que produce el fenomeno del anatocismo doblemente aplicado contenido en la conocida UNIDAD DE PODER ADQUISITIVO CONSTANTE, UPAC, ahora denominada como UNIDAD DE VALOR REAL, UVR, contra expresa prohibición para créditos otogados antes del 23 de diciembre de 1999, conforme lo había estiupalado el Decreto 163 de 1990, artículos 1º y 3º, literal b, en concordancia con el decreto 839 de 1989, artículo 1º literal b.

20. DESPROPORCIÓN ABISMAL  DE LAS PRETENSIONES DE LA ENTIDAD FINANCIERA: De la manera como la entidad financiera ha venido liquidando y reliquidando el crédito, por aplicar una variable de corrección monetaria ligada a la tasa DTF y no al IPC, contra expresa prohibición legal, como ya quedó dicho, es que ha resultado un incremento desmesurado de la obligación, estando avocados los deudores a la imposibilidad, aspecto que carga la responsabilidad es a la entidad bancaria.

21. DERECHO DEL BANCO DE DATOS O HABEAS DATA: Se hace necesario alegar como derecho fundamental del orden de los derechos civiles y políticos reconocidos en el orden constitucional interno (Art. 15 de la C. N.) lo mismo que en el orden jurídico internacional, y plenamente vigentes en el orden jurídico de los derechos humanos, todos los derechos que se desprenden de los datos que se almacenan en archivos físicos y/o electrónicos en cualquier entidad pública y/o privada como es el caso de las entidades financieras.

22. Valga la pena señalar la obra del joven y brillante Profesor y Catedrático Argentino, OSCAR PUCCINELLI, El Habeas Data en Indoiberoamérica, Editorial Temis S. A., Santa Fe de Bogotá – Colombia, 1999; en la cual se aboga por la solución efectiva de la problemática de los archivos o bancos de datos que las personas tienen que confiar a diferentes entidades en sus respectivos paíces y que se ha convertido en caldo de cultivo para la peor de las violaciones de los derechos humanos en el mundo, tema obligado en confederaciones de Estados Regionales como acontece en la Unión Europea.

23. Conforme a la CIRCULAR EXTERNA No. DB-010 DE 1985 DE LA SUPERNITENDENCIA BANCARIA, en la cual se instruyó a las entidades financieras de cómo deben ser las cartas de instrucciones para el llenado de títulos valores, es indispensable anotar que en la mayoría de los títulos valores de las entidades financieras se hace necesario realizar un pormenorizado análisis para determinar si dichos títulos valores, especialmente pagarés y títulos hipotecarios (Escrituras), cumplen con la reglamentación para que en esos títulos valores tengan validez jurídica y no se presten a malas interpretaciones, tal como en efecto ha venido sucediendo. Se debe tener el cuidado que la Superintendencia Bancaria certifique si mediante otras circulares y/o normas se ha modificado la anterior Circular.

24. De la misma manera, CIRCULAR EXTERNA No. 015 DE 1990 DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA, para confirmar el detalle de los registros de los pagos hechos por deudor de las entidades financieras, se hace necesario confirmar en detalle que la entidad financiera haya hecho la aplicación respectiva del pago al momento de recibir el pago del deudor. Se le debe solicitar al Superintendencia Bancaria, todas las circulares modificatorias de la indicada aquí (015/90), a fin de determinar la manera de cómo deben llenar los títulos valores las entidades financieras.

25. CALIDAD DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL: Esta calidad de vivienda de interés social se determina por el valor de la vivienda según lo indica la Ley 9ª de 1989, y si no se ha consignado en la escritura, es menester realizar un avalúo del inmueble para determinar su calidad de vivienda de interés social.

• CIRCULAR EXTERNA No. DB-010 DE 1985 DE LA SUPERNITENDENCIA BANCARIA, en la cual se instruyó a las entidades financieras de cómo deben ser las cartas de instrucciones para el llenado de títulos valores. Se certifique si mediante otras circulares y/o normas se ha modificado la anterior Circular, soportando copias de las respectivas circulares.

• CIRCULAR EXTERNA No. 015 DE 1990 DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA, para confirmar el detalle de los registros de los pagos hechos por el deudor de las entidades financieras. Se certifique todas las circulares modificatorias de la indicada aquí (015/90), a fin de determinar la manera de cómo se debe registrar el respectivo pago.

NORMAS ESPECIALES QUE HAN REGULADO EL TEMA DE LOS INTERESES ADICIONALES EN CRÉDITOS PARA VIVIENDA POPULAR:   Decreto 1269 del 17 de julio de 1972, artículo 10º, literal a, que determinó un interés adicional en créditos para vivienda del 7 ½ % anual.   Decreto 664 del 27 de marzo de 1979, artículos 1º y 2º; que determinó un interés adicional en créditos para vivienda del 7 ½ % anual.   Decreto 1298 de mayo 29 de 1980, artículo 2º, literal i, determinó un interés adicional del 7 ½ anual en créditos para vivienda.   Decreto 2928 del 11 de octubre de 1982, artículo 14; numeral 2º; determinó los siguientes topes en intereses adicionales: a). 6% anual, respecto de vivienda hasta de 1.000 UPAC. b). 7.5% de interés remuneratorio anual en créditos para vivienda superior a 1.000 UPAC y no mayores de 5.000 UPAC. c). 9.5% de interés remuneratorio anual en créditos para vivienda superior a 5.000 UPAC y no mayores de 15.000 UPAC. d). El mismo Decreto en su artículo 19, indica que el interés remuneratorio se tasa sobre un 50% más sobre el interés adicional o remuneratorio.   Decreto 1325 de 6 de mayo de 1983, artículo 12, modificó el artículo 14 del Decreto 2928 de 29 de mayo de 1982, y determinó los siguientes intereses: a). 6% anual, en créditos para vivienda con costo hasta 1.300 UPAC. b). 7.5% anual en créditos para vivienda. C). 8% anual en créditos para vivienda con costo superior a 5.000 UPAC y no mayor de 10.000 UPAC. d). 11% anual en créditos para vivienda con costo superior a 10.000 UPAC y no mayor de 15.000 UPAC.   El Decreto 839 de 1989, artículo 1º, literal b, reglamentario de los artículos 44 y 119 de la Ley 9ª de 1989, determinó el interés para vivienda de interés social en los siguientes términos: “La tasa de interés mensual, equivalente a la tasa de interés a que hace referencia el artículo 44 de la Ley 9ª de 1989, será igual a un doceavo de la variación en el salario mínimo legal fijado por el Gobierno Nacional ocurrida en los doce meses anteriores a la fecha de su aplicación”.   El Decreto 163 de 1990, artículos 1º y 3º, literal b, reglamentario de los artículos 44 y 119 de la Ley 9ª de 1989, determinó el interés para vivienda de interés social en los siguientes términos: “La tasa de interés mensual máxima será equivalente a la tasa de interés a que hace referencia el artículo 44 de la Ley 9ª  de 1989, esto es, un doceavo de la variación en el salario mínimo legal fijado por el Gobierno Nacional ocurrida en los doce meses anteriores a la fecha de su aplicación”.   Al mismo tiempo, el Decreto 163 de 1990, artículo 1º, determinó: “Los créditos de las corporaciones de ahorro y vivienda para financiar la adquisición de vivienda de interés social, definida por la Ley 9ª  de 1989, no podrán estipularse en Unidades de Poder Adquisitivo Constante -UPAC-.”.   A título de información adicional, es bueno señalar que mediante Decreto 915 de mayo 19 de 1993, artículo 2º, literal b, se indicó que las corporaciones de ahorro y vivienda quedaban autorizadas para otorgar créditos de consumo, pero no podrán estipularse en UPAC.   Resolución 23 del 29 de abril de 1987, artículo 7º, Emitida por la Junta Monetaria de la República de Colombia; determinó los siguientes topes y tipos de interés: a). Un interés adicional y remuneratorio del 5% anual, para créditos de vivienda con valor no superior a 1.500 UPAC. b). 6.5% de interés remuneratorio anual, para créditos de vivienda con precio superior a 1.500 UPAC y no mayor de 5000 UPAC. c). un interés adicional del 8% para créditos de vivienda con valor superior y 5000 UPAC y no mayo de 10.000 UPAC. d). 12% de interés remuneratorio anual en créditos para vivienda superior a 10.000 UPAC y no mayores de 15.000 UPAC.   Resolución 15 del 2 de marzo de 1988, artículo 5º, Emitida por la Junta Monetaria de la República de Colombia, determinó los siguientes intereses: a). Un interés adicional y remuneratorio del 5% anual, para créditos de vivienda con valor no superior a 2.000 UPAC. b). 7% de interés remuneratorio anual, para créditos de vivienda con precio superior a 2.000 UPAC y no mayor de 4.000 UPAC. c). un interés adicional del 8.5% para créditos de vivienda con valor superior y 4.000 UPAC y no mayo de 10.000 UPAC. d). Tasación libre de interés remuneratorio anual en créditos para vivienda superior a 10.000 UPAC y no mayores de 15.000 UPAC.   Resolución 5 de febrero 7 de 1990, artículo 12, Emitida por la Junta Monetaria de la República de Colombia; determinó las siguientes tasas de interés: a). Un interés adicional y remuneratorio del 7.5% anual, para créditos de vivienda con valor no superior a 4.000 UPAC. b). 9.5% de interés remuneratorio anual, para créditos de vivienda con precio superior a 4.000 UPAC y no mayor de 10.000 UPAC. c Tasación libre de interés remuneratorio anual en créditos para vivienda superior a 10.000 UPAC y no mayores de 20.000 UPAC.   La Resolución 5 de 1990, aquí citada, en su artículo 32, literal b, determinó una formula para tasar los intereses adicionales en créditos para vivienda de interés social, pero en todo caso, dicha Resolución no podía operar en contradicción al Decreto 839 de 1989, Art. 1º, literal b y el Decreto 163 de 17 de enero de 1990, es decir, con 10 días calendario de diferencia en la emisión de dichas normas, aspecto que superó todas las determinaciones mediante simples resoluciones, por encima de decretos ejecutivos.   Resolución 5 de 5 de enero de 1991, artículo 3º, Emitida por la Junta Monetaria de la República de Colombia; determinó las siguientes tasas de interés: a). 5% anual, para créditos de vivienda de interés social, (en contravención del Decreto 839 de 1989, modificado por el Decreto 163 de 17 de enero de 1990, artículos 1º y 3º, literal “b”).  b). 8.5% de interés remuneratorio anual, para créditos de vivienda con precios hasta de 4.000 UPAC.   Resolución 51 de junio 12 de 1991, artículo 2º, Emitida por la Junta Monetaria de la República de Colombia, reformó anulable Resolución anterior (5 de 1991), indicando los siguientes topes de interés: a). 5% anual en vivienda de interés social, (en contravención del Decreto 839 de 1989, modificado por el Decreto 163 de 17 de enero de 1990, artículos 1º y 3º, literal “b”).  b). 8.5% en vivienda con costo no superior a 4.000 UPAC.   Resolución 19 de diciembre 13 de 1991, artículo 3º, Emitida por la Junta Directiva del Banco de la República; determinó en el literal a de dicho artículo que los préstamos para vivienda de interés social, un interés adicional anual del 5%, y los demás préstamos vivienda (NO VIS), en la mencionada Resolución no quedó claro. Se resalta que en materia de derogatoria la misma resolución, en su artículo derogó las resoluciones 5 y 16 de 1991, pero no derogó el Decreto 839 de 1989, modificado por el Decreto 163 de 17 de enero de 1990, artículos 1º y 3º, literal “b”, que en el fondo son las normas que quedaron vigentes para el caso de vivienda de interés social, o por lo menos, no se tiene razón cualquier modificación al respecto.   Es de anotar que mediante Resolución 12 de 23 de abril de 1993, determinó: “Artículo 1o. Derógase el literal a. del artículo 3o. de la Resolución Externa No.19 de 1991 de la Junta Directiva del Banco de la República,  lo que implica que dichas normas no pudieron pasar por alto Decreto 839 de 1989, modificado por el Decreto 163 de 17 de enero de 1990, artículos 1º y 3º, literal “b”, que determinaron el interés adicional para vivienda de interés social, y además ordenaron que dichos créditos (VIS) no podían ser otorgados en UPAC, es decir, se liquidan sin capitalizar inflación.   Parágrafo del artículo 28 de la Ley 546 de 1999, Resolución 14 de septiembre 3 de 2000, Emitida por la Junta Directiva del Banco de la República; Resolución 20 del 22 de diciembre de 2000, Emitida por la Junta Directiva del Banco de la República, han determinado que el interés actual en créditos tomados con posterioridad al 23 de diciembre de 1999 es del 11% para vivienda de interés social, y en el caso de vivienda que no esté como vivienda de interés social, es a partir del 3 de septiembre cuando se conoció un interés adicional remuneratorio del 13.1%, de conformidad con la resolución anotada aquí.     PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO, TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS Y PROBLEMÁTICA DE LOS INTERESES ESPECIALES EN CRÉDITOS PARA VIVIENDA EN COLOMBIA:   Debido a la gran confusión que se ha venido observando en este tema y ante la grave situación de riesgo de los deudores por falta de claridad, más que por los problemas de pago, y ante la insistencia de la banca de no hacer claridad al respeto, situación de la cual no se escapa el Estado Colombiano, es preciso que se determine la problemática de los límites a los cuales está y estaba sometido el sistema financiero en materia de determinar las liquidaciones, la forma de determinar los intereses, sus límites y sus desafueros. Es preciso advertir que los contratos de empréstito que hacen las entidades financieras son contratos masa, y por ende se entienden que son CONTRATOS POR ADHESIÓN. Pero eso justifica que la banca pueda actuar sin límites y que se pretenda fusionar con el Estado Colombiano para aumentar su posición dominante en contra de los humildes deudores, especialmente, cuando ha asumido la política oficial de vivienda desde un ENFOQUE NEOLIBERAL ESPECULATIVO Y ARBITRARIO? Quiere la Banca cobrar unos créditos para vivienda capitalizando inflación mediante las fórmulas de matemática técnica financiera denominadas UPAC y UVR? Al tiempo le es permitido aplicar un interés adicional del orden comercial que incluso llegó en Colombia topes del 90%?   Ante tal situación, es preciso advertir que si de las normas antes indicadas en este recuadro, no se encuentra solución porque existe en el maremagnum de reglamentaciones normas escondidas que las hayan derogado, debe entonces acudirse a los principios generales del derecho. En ese sentido, la solución se desprende de los artículos 8º y 13 de la Ley 153 de 1887, que al respecto determinan: artículo 8º- “Cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicaran las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales del derecho”. Al tiempo que el artículo 13, indica: “La costumbre, siendo general y conforme con la moral cristiana, constituye derecho a falta de legislación positiva”. Las normas trascritas fueron declaradas exequibles por las sentencias C – 224 del 5 de mayo de 1994 y la sentencia C – 083 del 1º de marzo de 1995 de la Corte Constitucional. En ese orden de ideas, es preciso solicitar la aplicación del artículo 5º de la Ley 57 de 1887, a fin de dar aplicación a la a las normas en el siguiente orden de ideas: 1º). Se apliquen los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos conforme lo ordenan los artículos 93 y 94 de la constitución, especialmente el artículo 25 de la Ley 16 de 1972, Convención Americana de Derechos Humanos, llamado Pacto de san José de Costa Rica, que indica: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. En el mismo sentido, el artículo 2º, literal a, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante ley 74 de 1968: “Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente pacto, hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aún cuando tal violación hubiere sido cometida por personas que actuaban en el ejercicio de sus funciones oficiales”. 2º). Se examine las normas especiales sobre el tema de los intereses adicionales, ya sean que estén transcritas en este recuadro y en su defecto, toda norma especial que se sea aplicable en derecho al caso controvertido. 3º). De no existir norma especial aplicable, se aplique el Código Civil en su artículo 1617, que indica que el interés adicional es del 6% anual, y se aplica de preferencia al artículo 884 del Código de Comercio, para el caso de créditos para vivienda, pues, no es un crédito cualquiera y no está sometido a la norma comercial para que se pretenda aplicar el límite del interés comercial, para casos de créditos anteriores al 23 de diciembre de 1999.   Valga la cita de la obra del dramaturgo ingles, WILLIAM SHAKESPEARE, El Mercader de Venecia, brillante ejemplo sobre la avaricia, que caracteriza al JUDIO por excelencia, cuando al entregar dinero a préstamo exigió consignar una cláusula penal, constriñendo a su deudor a pagar con una libra de carne extraída de su propio cuerpo y lo más cerca al corazón, haciéndolo comparecer a la casa del Notario para dar fe del convenio. Qué ha pretendido la Banca en Colombia?

SOLICITUD ESPECIAL DE AMPARO DE POBREZA EN ESCRITO SEPARADO Y ADJUNTO A LA PRESENTE DEMANDA:

Se solicita que se de curso a la contestación de la demanda, una vez se me (nos) haya otorgado el amparo de pobreza que se adjunta con la respectiva prueba, en escrito separado, de conformidad con el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, para todos los efectos de personas y familias en estados económicos deplorables por desempleo, calamidades insalvables en la familia, como es el caso de enfermedades graves de los miembros de la familia, así como estados de invalidez graves que no les permite laborar para asistir la defensa judicial. Lo anterior, conforme a la norma procesal citada y además, conforme a los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, como es el caso de la Ley 16 de 1972, aprobatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos, llamada Pacto de San José de Costa Rica; y de la misma manera, el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado en Colombia mediante Ley 74 de 1968.

• INTERÉS INFLACIONARIO SOBRE CAPITAL O DE ACTUALIZACIÓN DEL DINERO QUE SE HA COBRADO Y SE SIGUE COBRANDO, MEDIANTE FORMULA DE CAPITALIZACIÓN, AL APLICAR LA FORMULA QUE SE DETERMINÓ EN EL DECRETO 2703 DE 1999, EL CUAL ES INEXEQUIBLE E INCONSTITUCIONAL, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 6 DEL RESUELVE DE LA SENTENCIA C – 955 DEL 2000 DE LA HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL, QUE DECLARÓ LA ENEXEQUIBILIDAD DE LAS FACULTADES OTORGADAS AL GOBIERNO NACIONAL DEL ART. 3º DE LA LEY 546 DE 1999, CON LAS CUALES SE HABÍA EXPEDIDIO EL MENCIONADO DECRETO DE CONVERSIÓN DE CRÉDTIOS.

• INTERÉS INFLACIONARIO SOBRE INTERESES REMUNERATORIOS Y MORATORIOS O DE ACTUALIZACIÓN DEL DINERO QUE SE HA COBRADO Y SE SIGUE COBRANDO, MEDIANTE FORMULA DE CAPITALIZACIÓN, AL APLICAR LA FORMULA QUE SE DETERMINÓ EN EL DECRETO 2703 DE 1999, EL CUAL ES INEXEQUIBLE E INCONSTITUCIONAL.

• INTERÉS REMUNERATORIO QUE FUE PACTADO POR ENCIMA DEL AUTORIZADO EN LA RESOLUCIÓN 19 DE 1991, DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA, ART. 3º, LITERAL a, QUE LIMITÓ EN EL 5% ANUAL LOS INTERESES ADICIONALES EN CRÉDITOS PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL.

• INTERÉS MORATORIO QUE NO PUEDEN PRESUMIRSE COMO LO PRETENDE LA DEMANDANTE, TODA VEZ QUE NO FUE PACTADO, EN CIFRAS CIERTAS Y FIDEDIGNAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 546 DE 1999.

NORMAS ESPECIALES QUE HAN REGULADO EL TEMA DE LOS INTERESES ADICIONALES EN CRÉDITOS PARA VIVIENDA POPULAR:   Decreto 1269 del 17 de julio de 1972, artículo 10º, literal a, que determinó un interés adicional en créditos para vivienda del 7 ½ % anual.   Decreto 664 del 27 de marzo de 1979, artículos 1º y 2º; que determinó un interés adicional en créditos para vivienda del 7 ½ % anual.   Decreto 1298 de mayo 29 de 1980, artículo 2º, literal i, determinó un interés adicional del 7 ½ anual en créditos para vivienda.   Decreto 2928 del 11 de octubre de 1982, artículo 14; numeral 2º; determinó los siguientes topes en intereses adicionales: a). 6% anual, respecto de vivienda hasta de 1.000 UPAC. b). 7.5% de interés remuneratorio anual en créditos para vivienda superior a 1.000 UPAC y no mayores de 5.000 UPAC. c). 9.5% de interés remuneratorio anual en créditos para vivienda superior a 5.000 UPAC y no mayores de 15.000 UPAC. d). El mismo Decreto en su artículo 19, indica que el interés remuneratorio se tasa sobre un 50% más sobre el interés adicional o remuneratorio.   Decreto 1325 de 6 de mayo de 1983, artículo 12, modificó el artículo 14 del Decreto 2928 de 29 de mayo de 1982, y determinó los siguientes intereses: a). 6% anual, en créditos para vivienda con costo hasta 1.300 UPAC. b). 7.5% anual en créditos para vivienda. C). 8% anual en créditos para vivienda con costo superior a 5.000 UPAC y no mayor de 10.000 UPAC. d). 11% anual en créditos para vivienda con costo superior a 10.000 UPAC y no mayor de 15.000 UPAC.   El Decreto 839 de 1989, artículo 1º, literal b, reglamentario de los artículos 44 y 119 de la Ley 9ª de 1989, determinó el interés para vivienda de interés social en los siguientes términos: “La tasa de interés mensual, equivalente a la tasa de interés a que hace referencia el artículo 44 de la Ley 9ª de 1989, será igual a un doceavo de la variación en el salario mínimo legal fijado por el Gobierno Nacional ocurrida en los doce meses anteriores a la fecha de su aplicación”.   El Decreto 163 de 1990, artículos 1º y 3º, literal b, reglamentario de los artículos 44 y 119 de la Ley 9ª de 1989, determinó el interés para vivienda de interés social en los siguientes términos: “La tasa de interés mensual máxima será equivalente a la tasa de interés a que hace referencia el artículo 44 de la Ley 9ª  de 1989, esto es, un doceavo de la variación en el salario mínimo legal fijado por el Gobierno Nacional ocurrida en los doce meses anteriores a la fecha de su aplicación”.   Al mismo tiempo, el Decreto 163 de 1990, artículo 1º, determinó: “Los créditos de las corporaciones de ahorro y vivienda para financiar la adquisición de vivienda de interés social, definida por la Ley 9ª  de 1989, no podrán estipularse en Unidades de Poder Adquisitivo Constante -UPAC-.”.   A título de información adicional, es bueno señalar que mediante Decreto 915 de mayo 19 de 1993, artículo 2º, literal b, se indicó que las corporaciones de ahorro y vivienda quedaban autorizadas para otorgar créditos de consumo, pero no podrán estipularse en UPAC.   Resolución 23 del 29 de abril de 1987, artículo 7º, Emitida por la Junta Monetaria de la República de Colombia; determinó los siguientes topes y tipos de interés: a). Un interés adicional y remuneratorio del 5% anual, para créditos de vivienda con valor no superior a 1.500 UPAC. b). 6.5% de interés remuneratorio anual, para créditos de vivienda con precio superior a 1.500 UPAC y no mayor de 5000 UPAC. c). un interés adicional del 8% para créditos de vivienda con valor superior y 5000 UPAC y no mayo de 10.000 UPAC. d). 12% de interés remuneratorio anual en créditos para vivienda superior a 10.000 UPAC y no mayores de 15.000 UPAC.   Resolución 15 del 2 de marzo de 1988, artículo 5º, Emitida por la Junta Monetaria de la República de Colombia, determinó los siguientes intereses: a). Un interés adicional y remuneratorio del 5% anual, para créditos de vivienda con valor no superior a 2.000 UPAC. b). 7% de interés remuneratorio anual, para créditos de vivienda con precio superior a 2.000 UPAC y no mayor de 4.000 UPAC. c). un interés adicional del 8.5% para créditos de vivienda con valor superior y 4.000 UPAC y no mayo de 10.000 UPAC. d). Tasación libre de interés remuneratorio anual en créditos para vivienda superior a 10.000 UPAC y no mayores de 15.000 UPAC.   Resolución 5 de febrero 7 de 1990, artículo 12, Emitida por la Junta Monetaria de la República de Colombia; determinó las siguientes tasas de interés: a). Un interés adicional y remuneratorio del 7.5% anual, para créditos de vivienda con valor no superior a 4.000 UPAC. b). 9.5% de interés remuneratorio anual, para créditos de vivienda con precio superior a 4.000 UPAC y no mayor de 10.000 UPAC. c Tasación libre de interés remuneratorio anual en créditos para vivienda superior a 10.000 UPAC y no mayores de 20.000 UPAC.   La Resolución 5 de 1990, aquí citada, en su artículo 32, literal b, determinó una formula para tasar los intereses adicionales en créditos para vivienda de interés social, pero en todo caso, dicha Resolución no podía operar en contradicción al Decreto 839 de 1989, Art. 1º, literal b y el Decreto 163 de 17 de enero de 1990, es decir, con 10 días calendario de diferencia en la emisión de dichas normas, aspecto que superó todas las determinaciones mediante simples resoluciones, por encima de decretos ejecutivos.   Resolución 5 de 5 de enero de 1991, artículo 3º, Emitida por la Junta Monetaria de la República de Colombia; determinó las siguientes tasas de interés: a). 5% anual, para créditos de vivienda de interés social, (en contravención del Decreto 839 de 1989, modificado por el Decreto 163 de 17 de enero de 1990, artículos 1º y 3º, literal “b”).  b). 8.5% de interés remuneratorio anual, para créditos de vivienda con precios hasta de 4.000 UPAC.   Resolución 51 de junio 12 de 1991, artículo 2º, Emitida por la Junta Monetaria de la República de Colombia, reformó anulable Resolución anterior (5 de 1991), indicando los siguientes topes de interés: a). 5% anual en vivienda de interés social, (en contravención del Decreto 839 de 1989, modificado por el Decreto 163 de 17 de enero de 1990, artículos 1º y 3º, literal “b”).  b). 8.5% en vivienda con costo no superior a 4.000 UPAC.   Resolución 19 de diciembre 13 de 1991, artículo 3º, Emitida por la Junta Directiva del Banco de la República; determinó en el literal a de dicho artículo que los préstamos para vivienda de interés social, un interés adicional anual del 5%, y los demás préstamos vivienda (NO VIS), en la mencionada Resolución no quedó claro. Se resalta que en materia de derogatoria la misma resolución, en su artículo derogó las resoluciones 5 y 16 de 1991, pero no derogó el Decreto 839 de 1989, modificado por el Decreto 163 de 17 de enero de 1990, artículos 1º y 3º, literal “b”, que en el fondo son las normas que quedaron vigentes para el caso de vivienda de interés social, o por lo menos, no se tiene razón cualquier modificación al respecto.   Es de anotar que mediante Resolución 12 de 23 de abril de 1993, determinó: “Artículo 1o. Derógase el literal a. del artículo 3o. de la Resolución Externa No.19 de 1991 de la Junta Directiva del Banco de la República,  lo que implica que dichas normas no pudieron pasar por alto Decreto 839 de 1989, modificado por el Decreto 163 de 17 de enero de 1990, artículos 1º y 3º, literal “b”, que determinaron el interés adicional para vivienda de interés social, y además ordenaron que dichos créditos (VIS) no podían ser otorgados en UPAC, es decir, se liquidan sin capitalizar inflación.   Parágrafo del artículo 28 de la Ley 546 de 1999, Resolución 14 de septiembre 3 de 2000, Emitida por la Junta Directiva del Banco de la República; Resolución 20 del 22 de diciembre de 2000, Emitida por la Junta Directiva del Banco de la República, han determinado que el interés actual en créditos tomados con posterioridad al 23 de diciembre de 1999 es del 11% para vivienda de interés social, y en el caso de vivienda que no esté como vivienda de interés social, es a partir del 3 de septiembre cuando se conoció un interés adicional remuneratorio del 13.1%, de conformidad con la resolución anotada aquí.     PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO, TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS Y PROBLEMÁTICA DE LOS INTERESES ESPECIALES EN CRÉDITOS PARA VIVIENDA EN COLOMBIA:   Debido a la gran confusión que se ha venido observando en este tema y ante la grave situación de riesgo de los deudores por falta de claridad, más que por los problemas de pago, y ante la insistencia de la banca de no hacer claridad al respeto, situación de la cual no se escapa el Estado Colombiano, es preciso que se determine la problemática de los límites a los cuales está y estaba sometido el sistema financiero en materia de determinar las liquidaciones, la forma de determinar los intereses, sus límites y sus desafueros. Es preciso advertir que los contratos de empréstito que hacen las entidades financieras son contratos masa, y por ende se entienden que son CONTRATOS POR ADHESIÓN. Pero eso justifica que la banca pueda actuar sin límites y que se pretenda fusionar con el Estado Colombiano para aumentar su posición dominante en contra de los humildes deudores, especialmente, cuando ha asumido la política oficial de vivienda desde un ENFOQUE NEOLIBERAL ESPECULATIVO Y ARBITRARIO? Quiere la Banca cobrar unos créditos para vivienda capitalizando inflación mediante las fórmulas de matemática técnica financiera denominadas UPAC y UVR? Al tiempo le es permitido aplicar un interés adicional del orden comercial que incluso llegó en Colombia topes del 90%?   Ante tal situación, es preciso advertir que si de las normas antes indicadas en este recuadro, no se encuentra solución porque existe en el maremagnum de reglamentaciones normas escondidas que las hayan derogado, debe entonces acudirse a los principios generales del derecho. En ese sentido, la solución se desprende de los artículos 8º y 13 de la Ley 153 de 1887, que al respecto determinan: artículo 8º- “Cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicaran las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales del derecho”. Al tiempo que el artículo 13, indica: “La costumbre, siendo general y conforme con la moral cristiana, constituye derecho a falta de legislación positiva”. Las normas trascritas fueron declaradas exequibles por las sentencias C – 224 del 5 de mayo de 1994 y la sentencia C – 083 del 1º de marzo de 1995 de la Corte Constitucional. En ese orden de ideas, es preciso solicitar la aplicación del artículo 5º de la Ley 57 de 1887, a fin de dar aplicación a la a las normas en el siguiente orden de ideas: 1º). Se apliquen los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos conforme lo ordenan los artículos 93 y 94 de la constitución, especialmente el artículo 25 de la Ley 16 de 1972, Convención Americana de Derechos Humanos, llamado Pacto de san José de Costa Rica, que indica: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. En el mismo sentido, el artículo 2º, literal a, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante ley 74 de 1968: “Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente pacto, hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aún cuando tal violación hubiere sido cometida por personas que actuaban en el ejercicio de sus funciones oficiales”. 2º). Se examine las normas especiales sobre el tema de los intereses adicionales, ya sean que estén transcritas en este recuadro y en su defecto, toda norma especial que se sea aplicable en derecho al caso controvertido. 3º). De no existir norma especial aplicable, se aplique el Código Civil en su artículo 1617, que indica que el interés adicional es del 6% anual, y se aplica de preferencia al artículo 884 del Código de Comercio, para el caso de créditos para vivienda, pues, no es un crédito cualquiera y no está sometido a la norma comercial para que se pretenda aplicar el límite del interés comercial, para casos de créditos anteriores al 23 de diciembre de 1999.   Valga la cita de la obra del dramaturgo ingles, WILLIAM SHAKESPEARE, El Mercader de Venecia, brillante ejemplo sobre la avaricia, que caracteriza al JUDIO por excelencia, cuando al entregar dinero a préstamo exigió consignar una cláusula penal, constriñendo a su deudor a pagar con una libra de carne extraída de su propio cuerpo y lo más cerca al corazón, haciéndolo comparecer a la casa del Notario para dar fe del convenio. Qué ha pretendido la Banca en Colombia?

• CIRCULAR EXTERNA No. DB-010 DE 1985 DE LA SUPERNITENDENCIA BANCARIA, en la cual se instruyó a las entidades financieras de cómo deben ser las cartas de instrucciones para el llenado de títulos valores. Se certifique si mediante otras circulares y/o normas se ha modificado la anterior Circular, soportando copias de las respectivas circulares.

• CIRCULAR EXTERNA No. 015 DE 1990 DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA, para confirmar el detalle de los registros de los pagos hechos por el deudor de las entidades financieras. Se certifique todas las circulares modificatorias de la indicada aquí (015/90), a fin de determinar la manera de cómo se debe registrar el respectivo pago.

SOLICITUD ESPECIAL DE AMPARO DE POBREZA EN ESCRITO SEPARADO Y ADJUNTO A LA PRESENTE DEMANDA:

Se solicita que se admita esta demanda, una vez se me (nos) haya otorgado el amparo de pobreza que se adjunta con la respectiva prueba, en escrito separado, de conformidad con el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, para todos los efectos de personas y familias en estados económicos deplorables por desempleo, calamidades insalvables en la familia, como es el caso de enfermedades graves de los miembros de la familia, así como estados de invalidez graves que no les permite laborar asistir la defensa judicial. Lo anterior, conforme a la norma procesal citada y además, conforme a los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, como es el caso de la Ley 16 de 1972, aprobatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos, llamada Pacto de San José de Costa Rica; y de la misma manera, el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado en Colombia mediante Ley 74 de 1968.

26. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , quien es mayor de edad, vecino, residenciado y domiciliado en Bogotá, D. C., mediante Escritura Pública No. _ _ _ _ _ _ _ de fecha _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de la Notaría No. _ _ _ _ _ _ _ _ del Círculo Notarial de la ciudad de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, adquirió el inmueble alinderado en dicho protocolo, inmueble con descripción, cabida y linderos determinados en la escritura antes indicada, con numero de matrícula inmobiliaria No. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , tomando un crédito para vivienda para el pago del inmueble por la suma de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ($ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ), ante la entidad financiera _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

27. El mencionado crédito, se tomo en consideración a que El Estado Colombiano se desentendió de atender las políticas sociales de vivienda que le obliga el artículo 51 de la Constitución Política, y en una especie de fusión Estado – Banca, se han venido emitiendo normas supuestamente de políticas sociales de vivienda, pero, simplemente lo que hacen es decretar la más grande especulación financiera (POLÍTICA NEOLIBERAL DE VIVIENDA) a través de la capitalización de la inflación y recapitalización de intereses remuneratorios y moratorios del dinero, medidos en fórmulas financieras denominadas UNIDADES DE PODER ADQUISITIVO CONSTANTE (UPAC), ahora UNIDADES DE VALOR REAL (UVR), que consisten en manejar las sumas en factores exponenciales, como factor multiplicador de unidades de capitalización de la cirrección monetaria para liquidadar todos los conceptos monetarios (capital, intereses remuneratorios, intereses moratorios, altísimas tasas de seguros, gastos de cobranza, honorarios de abogados, impuestos, etc.), de conformidad con las siguiente fórmula:

28. Esta fórmula es empleada por el BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA para determinar la mentada UNIDAD DE VALOR REAL, lo que lo convierte en un Departamento Técnico del Estado para actualizar las cuentas indexadas mediante la inflación que los bancos de la política neoliberal de vivienda cobran sin discriminación alguna a los deudores de los mentados créditos. Esto hace parte de la fusión Estado – Banca en el proceso de liderazgo de la mentada política neoliberal de vivienda que ha producido un colapso social en la República de Colombia - continente Sur Americano; al tiempo que el mismo Estado a través de su estamento militar y su maquinaria propagandística de medios de comunicación induce a decir que el problema de la política de vivienda en Colombia colapsó debido a problemas de terrorismo y sindicalismo.

29. Las inconsistencias que se han podido detectar ameritan una especial atención, toda vez que las tremendas inconsistencias se presentan en demasiado, lo que ameritaron que el perjudicado acudiera en denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen delitos del orden de falsificación de informes bancarios, usura, estafa, fraudes procesales ante autoridades del Estado Colombiano, etc.

30. Seguidamente, es preciso determinar lo mejor posible, las inconsistencias, las cuales sintetizamos en los hechos que se determinan en los numerales siguientes, y especialmente se pretende dar seguridad jurídica al tráfico, comercialización y judicialización de títulos valores, conforme lo indica las siguientes CIRCULARES: Conforme a la CIRCULAR EXTERNA No. DB-010 DE 1985 DE LA SUPERNITENDENCIA BANCARIA, en la cual se instruyó a las entidades financieras de cómo deben ser las cartas de instrucciones para el llenado de títulos valores, es indispensable anotar que en la mayoría de los títulos valores de las entidades financieras se hace necesario realizar un pormenorizado análisis para determinar si dichos títulos valores, especialmente pagarés y títulos hipotecarios (Escrituras), cumplen con la reglamentación para que en esos títulos valores tengan validez jurídica y no se presten a malas interpretaciones, tal como en efecto ha venido sucediendo. Se debe tener el cuidado que la Superintendencia Bancaria certifique si mediante otras circulares y/o normas se ha modificado la anterior Circular. De la misma manera, CIRCULAR EXTERNA No. 015 DE 1990 DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA, para confirmar el detalle de los registros de los pagos hechos por deudor de las entidades financieras, se hace necesario confirmar en detalle que la entidad financiera haya hecho la aplicación respectiva del pago al momento de recibir el pago del deudor. Se le debe solicitar al Superintendencia Bancaria, todas las circulares modificatorias de la indicada aquí (015/90), a fin de determinar la manera de cómo deben llenar los títulos valores las entidades financieras.

31. La entidad financiaera _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , entabló demanda ejecutiva contra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , con el fin de lograr el pago de una confusa deuda, por las graves inconsistencias, que se pueden sintetizar en los siguiente: En las pretensiones de la demanda se pretenden varios pagarés determinados en UNIDADES DE VALOR REAL (UVR), cuando lo cierto es que un pagaré de los mencionados allí se determinan en pesos, amén de que dichos títulos tiene unos intereses remuneratorios que no son respectados en la pretensión, es decir, lo que se pretende en la demanda, es absolutamente contrario a lo determinado en los títulos valores. El mandamiento de pago fue emitido por el Juzgado _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de la ciudad de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , en el sentido solicitado en la demanda.

32. En la demanda antes indicada se solicitita por parte del BANCO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ que se le reconozca la aplicación de normas sobre intereses que fueron emitidas con anterioridad al 23 de diciembre de 1999, y las cuales se indican en el recuadro sobre normas que tasaban intereses, conforme se señala más adelante, normas estas que determinan intereses remuneratorios, pero que para nada son aplicados en la pretensión, es decir, en las mismas pretensiones de la demanda se violan las mencionadas normas.

33. En el proceso ejecutivo, finalmente se dictó sentencia, y se ordenó que se presentara la liquidación judicial, la cual se presentó y se observa que no coinciden los intereses de dicha liquidación con los solicitados en la demanda ni con los determinados en los pagarés que se han venido a ejecutar. Pero peor aún es el asunto cuando se observa que en una simple suma aritmética de liquidación simple, se comete un error grave, es decir, con un 40% de error sobre la cifra a determinar.

34. El procedimiento continúo con una gran serie de irregularidades a tal punto que se remató el bien contra todo derecho y cometiendo un sin número de irregularidades que conllevan a violar la Convención Americana sobre Derechos Humano, o Pacto de San José de Costa Rica, al igual que el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.

35. Una vez rematado el bien, se pretendió lanzar de la vivienda al encartado en toda esta maraña sin mediar explicación, viéndose obligado a reclamar del Banco; reclamaciones que no fueron atendidas en debida forma, y por el contrario, se procedió por parte del Banco a crear mayor confusión y zozobra sobre el deudor.

36. En efecto, a fecha _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , a través de apoderado, procedió a solicitar el BANCO DE DATOS (HABEAS DATA), de conformidad con radicación que se hiciera ante la entidad financiera en sus oficinas principales de la ciudad de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , y en la cual solicitaba aclaración sobre la falta de reportes al Juzgado de ejecución por la suma de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ , sumas que al parecer no habían sido reportados para determinar el saldo correcto, al tiempo que se había rematado el bien, cometido tremendas desatenciones en el proceso por reportes de cifras de manera erradas, es decir, a propósito se alteraron las cuantas en contra del encartado en semejante crédito, al tiempo que no se reportaban al Juzgado los pagos realizados por el deudor, haciendo que los errores fueran mayores. Seguramente, el banco querrá decir que el problema de esas violaciones, obedecen a problemas creados por el terrorismo y por desaciertos del sindicalismo.

37. La solicitud del HABEAS DATA fue contestada de manera sesgada y tendenciosa,  a fecha _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , según oficio emitido por el Departamento de Cartera del Banco, y más procedieron a solidarizarse con los tremendos errores cometidos dentro del proceso ejecutivo, es decir, como con el propósito de tapar la violación al habeas data. Para verificar el asunto, es bueno confrontar los documentos crediticios producidos por el banco con las cifras manejadas dentro del proceso, es decir, confrontar pretensiones con la liquidación que se ordena en la sentencia, según el artículo 521 del C. P. C., confrontar la liquidación de cartera con la reliquidación, con el contenido de los oficios, con el tipo de interés que se maneja de manera vairable sin respectar el artículo 19 de la Ley 546 de 1999, etc.

38. Del análisis de los documentos anexos al oficio de contestación realizada por la entidad financiera, sen encontraron las siguientes inconsistencias:

39. Ante las graves irregularidades observadas, se solicitó que por lo menos se aclarara las inconsistencias más relevantes, que las podemos resumir así:

40. Encontramos de esa manera la gravedad en la violación del habeas data del deudror bancario que se ve asaltado en la buena fe, quien desde luego, se ve afectado ante semejante manejo, y se le ha impedido un manejo comercial, industrial y de otra naturaleza, todo por el reporte erróneo de datos falsos e inexactos, en franco deterioro de su rol social, económico, cultural, etc.

41. Del título valor se tiene que la entidad financiera ha pretendido cobrar intereses adicionales o remuneratorios pactados de manera excedida, y de la misma manera está reflejada en la reliquidación que presenta la entidad financiera.

42. De conformidad con la reliquidación y las liquidaciones presentadas ante el Juzgado de ejecución, se tiene que la entidad financiera ha elevado el saldo de manera desmesurada, presentando graves incongruencias con el banco de datos, llegando incluso a la alteración de cifras, a no conceder el derecho de conocer todo el BANCO DE DATOS (HABEAS DATA) del encartado en semejante trato cruel de parte del sistema financiero colombiano, por demás de las constantes reclamaciones escritas que se han realizado para que atienda en debida forma las reclamaciones del caso.

43. Actualmente la entidad continúa determinando saldos multimillonarios sin justificación de ninguna naturaleza, pues, no se puede aceptar que  pretenda violar las normas sobre intereses que se relacionan en recuadro especial de esta demanda, normas estas que relacionó la entidad financiera en su demanda ejecutiva hipotecaria ya relacionada, pero que viola al momento de tasar sus intereses en las liquidaciones, reliquidaciones y pretensiones (por lo menos algunas de esas normas son citadas en las demandas ejecutivas de los bancos).

44. Se suma al inconformismo que la entidad financiera pretende capitalizar intereses, en contravención con la inconstitucionalidad de la norma, y en concordancia con los principios generales del derecho, que prefiere la aplicación de la norma superior en caso de haber incompatibilidad con una norma de menor rango, tal como lo indica el artículo 10 del Código Civil en concordancia con el artículo 5º de la Ley 57 de 1887, así como el artículo 4º de la Constitución Política de Colombia. No es admisible la capitalización de intereses que la entidad ha venido liquidando, que produce el fenomeno del anatocismo doblemente aplicado contenido en la conocida UNIDAD DE PODER ADQUISITIVO CONSTANTE, UPAC, ahora denominada como UNIDAD DE VALOR REAL, UVR, contra expresa prohibición para créditos otogados antes del 23 de diciembre de 1999, conforme lo había estiupalado el Decreto 163 de 1990, artículos 1º y 3º, literal b, en concordancia con el decreto 839 de 1989, artículo 1º literal b.

45. DESPROPORCIÓN ABISMAL  DE LAS PRETENSIONES DE LA ENTIDAD FINANCIERA: De la manera como la entidad financiera ha venido liquidando y reliquidando el crédito, por aplicar una variable de corrección monetaria ligada a la tasa DTF y no al IPC, es que ha resultado un incremento desmesurado de la obligación, estando avocado el deudor a la imposibilidad, aspecto que carga la responsabilidad es a la entidad bancaria.

46. De conformidad con el artículo 191 del C. P. C., en caso de operaciones sujetas a regulaciones legales de carácter especial, la tasa de interés se probará mediante copia auténtica del acto que la fije o autorice, y no se puede aplicar el Art. 884 del C. Cio, adjuntando la certificación de interés corriente, pues, este interés no se aplica. Sin embargo, mediante la reforma procesal, la Ley 794 de 2003, artículo 19, determinó que todos los indicadores económicos nacionales se consideran hechos notorios, sin que esto modifique el tema de los intereses para créditos especiales. Lo anterior, en concordancia con el artículo 5º de la Ley 57 de 1887, que le da prelación al Código Civil sobre el Código de Comercio, de tal manera que se debe aplicar el artículo 1617 del C. C., para créditos con anterioridad al 23 de diciembre de 1999.

47. No implica lo anterior, que el acreedor no le indique al Juez, que acto administrativo sobre interés se le debe aplicar a su acreencia, en el evento de ser de carácter especial, como en efecto es el préstamo para vivienda. Y es que se ha convertido en costumbre contra legem, que las entidades financieras toman como aspecto axiológico que para períodos anteriores al 3 de septiembre de 2000, no están en obligación a determinar el acto administrativo por medio del cual se le aplicó los intereses a los deudores, y afirman de manera tajante que es suficiente con que se hayan tasado en el título valor, sin estar en obligación alguna a demostrar la norma que les permitiera aplicar el límite de los intereses, aspecto que de facto es desproporcional, que no se puede permitir dejar al garete el tema del límite de los intereses para las mencionadas fechas.

48. Para el caso de los créditos de vivienda, como se trata de aplicar una serie de operaciones aritméticas, las cuales deben estar sujetas a una serie de soportes técnicos y de historial del crédito, incluyendo interpretación de las obligaciones que se determinaron en el título originario, se hace necesario que tal tarea sea cumplida por técnicos en la materia, como son los contadores públicos debidamente inscritos en la lista de auxiliares de la justicia, y en tal sentido se solicitara que sean estos profesionales de la materia, quienes liquiden el crédito bajo los parámetros de las normas de vivienda.

49. PRESUNCIÓN DE LOS INTERESES MORATORIOS Y DE PLAZO: De conformidad con las demandas ejecutivas se tiene que se presumen los intereses moratorios y de plazo, en violación del artículo 19 de la ley 546 de 1999, que a todas luces es muy claro en el sentido de indicar que no se pueden cobrar intereses moratorios que no están previamente tasados en el título valor (pagaré) que se pretende ejecutar, o que se pretenden ejecutar con base en fijación de intereses ilegales que se indicaron en el título valor.

50. DERECHO DEL BANCO DE DATOS O HABEAS DATA: Se hace necesario alegar como derecho fundamental del orden de los derechos civiles y políticos reconocidos en el orden constitucional interno (Art. 15 de la C. N.) lo mismo que en el orden jurídico internacional, y plenamente vigentes en el orden jurídico de los derechos humanos, todos los derechos que se desprenden de los datos que se almacenan en archivos físicos y/o electrónicos en cualquier entidad pública y/o privada como es el caso de las entidades financieras.

51. INCONSISTENCIA EN LA TASACIÓN DE LOS INTERESES POR PARTE DE LA ENTIDAD FINANCIERA: Si analizamos el tema de los intereses, tenemos que en las demandas ejecutivas, se están presumiendo variables diferentes en el asunto de los  susodichos intereses : Al  respecto tenemos que en los pagares obran intereses remuneratorios del 16% anual en unos títulos y del 5% anual en otros títulos, sin que las entidades hayan permitido el título originario que permita saber en interés con que se inició el crédito, pero en las demandas se tienen intereses del 17.96% anual y del 29.76% anual, contraviniendo totalmente los postulados del artículo 19 de la ley 546 de 1999. En las liquidaciones y reliquidaciones se observa que las entidades financieras no determinan la tasa de interés con precisión, y es así que en la liquidación judicial se manejo el interés del 16% y el 20% anual,  resultando de bulto la gran cantidad de contradicciones y arbitrariedades que están afectando al deudor bancario en el tema de los intereses. De la misma manera, en la llamada reliquidación se manejan diferentes variables de intereses, aspecto que salta a la vista las protuberantes contradicciones.

52. A lo anterior, se suma la grave situación del manejo del BANCO DE DATOS (HABEAS DATA), como derecho fundamental del deudor (artículos 15, 20 y 23 de la Constitución, en concordancia con los artículos 93 y 94 de la Carta Magna).

53. Estamos ante la situación en sumo gravísima, ya que los errores matemáticos son realmente enormes y no podemos aceptar argucias procesales de la entidad financiera y en contra del deudor, ya que si se pretende erróneamente, sumas por más multimillonarias, los perjuicios son en realidad de mayor entidad, en contra del deudor de crédito para vivienda.

NORMAS ESPECIALES QUE HAN REGULADO EL TEMA DE LOS INTERESES ADICIONALES EN CRÉDITOS PARA VIVIENDA POPULAR:   Decreto 1269 del 17 de julio de 1972, artículo 10º, literal a, que determinó un interés adicional en créditos para vivienda del 7 ½ % anual.   Decreto 664 del 27 de marzo de 1979, artículos 1º y 2º; que determinó un interés adicional en créditos para vivienda del 7 ½ % anual.   Decreto 1298 de mayo 29 de 1980, artículo 2º, literal i, determinó un interés adicional del 7 ½ anual en créditos para vivienda.   Decreto 2928 del 11 de octubre de 1982, artículo 14; numeral 2º; determinó los siguientes topes en intereses adicionales: a). 6% anual, respecto de vivienda hasta de 1.000 UPAC. b). 7.5% de interés remuneratorio anual en créditos para vivienda superior a 1.000 UPAC y no mayores de 5.000 UPAC. c). 9.5% de interés remuneratorio anual en créditos para vivienda superior a 5.000 UPAC y no mayores de 15.000 UPAC. d). El mismo Decreto en su artículo 19, indica que el interés remuneratorio se tasa sobre un 50% más sobre el interés adicional o remuneratorio.   Decreto 1325 de 6 de mayo de 1983, artículo 12, modificó el artículo 14 del Decreto 2928 de 29 de mayo de 1982, y determinó los siguientes intereses: a). 6% anual, en créditos para vivienda con costo hasta 1.300 UPAC. b). 7.5% anual en créditos para vivienda. C). 8% anual en créditos para vivienda con costo superior a 5.000 UPAC y no mayor de 10.000 UPAC. d). 11% anual en créditos para vivienda con costo superior a 10.000 UPAC y no mayor de 15.000 UPAC.   El Decreto 839 de 1989, artículo 1º, literal b, reglamentario de los artículos 44 y 119 de la Ley 9ª de 1989, determinó el interés para vivienda de interés social en los siguientes términos: “La tasa de interés mensual, equivalente a la tasa de interés a que hace referencia el artículo 44 de la Ley 9ª de 1989, será igual a un doceavo de la variación en el salario mínimo legal fijado por el Gobierno Nacional ocurrida en los doce meses anteriores a la fecha de su aplicación”.   El Decreto 163 de 1990, artículos 1º y 3º, literal b, reglamentario de los artículos 44 y 119 de la Ley 9ª de 1989, determinó el interés para vivienda de interés social en los siguientes términos: “La tasa de interés mensual máxima será equivalente a la tasa de interés a que hace referencia el artículo 44 de la Ley 9ª  de 1989, esto es, un doceavo de la variación en el salario mínimo legal fijado por el Gobierno Nacional ocurrida en los doce meses anteriores a la fecha de su aplicación”.   Al mismo tiempo, el Decreto 163 de 1990, artículo 1º, determinó: “Los créditos de las corporaciones de ahorro y vivienda para financiar la adquisición de vivienda de interés social, definida por la Ley 9ª  de 1989, no podrán estipularse en Unidades de Poder Adquisitivo Constante -UPAC-.”.   A título de información adicional, es bueno señalar que mediante Decreto 915 de mayo 19 de 1993, artículo 2º, literal b, se indicó que las corporaciones de ahorro y vivienda quedaban autorizadas para otorgar créditos de consumo, pero no podrán estipularse en UPAC.   Resolución 23 del 29 de abril de 1987, artículo 7º, Emitida por la Junta Monetaria de la República de Colombia; determinó los siguientes topes y tipos de interés: a). Un interés adicional y remuneratorio del 5% anual, para créditos de vivienda con valor no superior a 1.500 UPAC. b). 6.5% de interés remuneratorio anual, para créditos de vivienda con precio superior a 1.500 UPAC y no mayor de 5000 UPAC. c). un interés adicional del 8% para créditos de vivienda con valor superior y 5000 UPAC y no mayo de 10.000 UPAC. d). 12% de interés remuneratorio anual en créditos para vivienda superior a 10.000 UPAC y no mayores de 15.000 UPAC.   Resolución 15 del 2 de marzo de 1988, artículo 5º, Emitida por la Junta Monetaria de la República de Colombia, determinó los siguientes intereses: a). Un interés adicional y remuneratorio del 5% anual, para créditos de vivienda con valor no superior a 2.000 UPAC. b). 7% de interés remuneratorio anual, para créditos de vivienda con precio superior a 2.000 UPAC y no mayor de 4.000 UPAC. c). un interés adicional del 8.5% para créditos de vivienda con valor superior y 4.000 UPAC y no mayo de 10.000 UPAC. d). Tasación libre de interés remuneratorio anual en créditos para vivienda superior a 10.000 UPAC y no mayores de 15.000 UPAC.   Resolución 5 de febrero 7 de 1990, artículo 12, Emitida por la Junta Monetaria de la República de Colombia; determinó las siguientes tasas de interés: a). Un interés adicional y remuneratorio del 7.5% anual, para créditos de vivienda con valor no superior a 4.000 UPAC. b). 9.5% de interés remuneratorio anual, para créditos de vivienda con precio superior a 4.000 UPAC y no mayor de 10.000 UPAC. c Tasación libre de interés remuneratorio anual en créditos para vivienda superior a 10.000 UPAC y no mayores de 20.000 UPAC.   La Resolución 5 de 1990, aquí citada, en su artículo 32, literal b, determinó una formula para tasar los intereses adicionales en créditos para vivienda de interés social, pero en todo caso, dicha Resolución no podía operar en contradicción al Decreto 839 de 1989, Art. 1º, literal b y el Decreto 163 de 17 de enero de 1990, es decir, con 10 días calendario de diferencia en la emisión de dichas normas, aspecto que superó todas las determinaciones mediante simples resoluciones, por encima de decretos ejecutivos.   Resolución 5 de 5 de enero de 1991, artículo 3º, Emitida por la Junta Monetaria de la República de Colombia; determinó las siguientes tasas de interés: a). 5% anual, para créditos de vivienda de interés social, (en contravención del Decreto 839 de 1989, modificado por el Decreto 163 de 17 de enero de 1990, artículos 1º y 3º, literal “b”).  b). 8.5% de interés remuneratorio anual, para créditos de vivienda con precios hasta de 4.000 UPAC.   Resolución 51 de junio 12 de 1991, artículo 2º, Emitida por la Junta Monetaria de la República de Colombia, reformó anulable Resolución anterior (5 de 1991), indicando los siguientes topes de interés: a). 5% anual en vivienda de interés social, (en contravención del Decreto 839 de 1989, modificado por el Decreto 163 de 17 de enero de 1990, artículos 1º y 3º, literal “b”).  b). 8.5% en vivienda con costo no superior a 4.000 UPAC.   Resolución 19 de diciembre 13 de 1991, artículo 3º, Emitida por la Junta Directiva del Banco de la República; determinó en el literal a de dicho artículo que los préstamos para vivienda de interés social, un interés adicional anual del 5%, y los demás préstamos vivienda (NO VIS), en la mencionada Resolución no quedó claro. Se resalta que en materia de derogatoria la misma resolución, en su artículo derogó las resoluciones 5 y 16 de 1991, pero no derogó el Decreto 839 de 1989, modificado por el Decreto 163 de 17 de enero de 1990, artículos 1º y 3º, literal “b”, que en el fondo son las normas que quedaron vigentes para el caso de vivienda de interés social, o por lo menos, no se tiene razón cualquier modificación al respecto.   Es de anotar que mediante Resolución 12 de 23 de abril de 1993, determinó: “Artículo 1o. Derógase el literal a. del artículo 3o. de la Resolución Externa No.19 de 1991 de la Junta Directiva del Banco de la República,  lo que implica que dichas normas no pudieron pasar por alto Decreto 839 de 1989, modificado por el Decreto 163 de 17 de enero de 1990, artículos 1º y 3º, literal “b”, que determinaron el interés adicional para vivienda de interés social, y además ordenaron que dichos créditos (VIS) no podían ser otorgados en UPAC, es decir, se liquidan sin capitalizar inflación.   Parágrafo del artículo 28 de la Ley 546 de 1999, Resolución 14 de septiembre 3 de 2000, Emitida por la Junta Directiva del Banco de la República; Resolución 20 del 22 de diciembre de 2000, Emitida por la Junta Directiva del Banco de la República, han determinado que el interés actual en créditos tomados con posterioridad al 23 de diciembre de 1999 es del 11% para vivienda de interés social, y en el caso de vivienda que no esté como vivienda de interés social, es a partir del 3 de septiembre cuando se conoció un interés adicional remuneratorio del 13.1%, de conformidad con la resolución anotada aquí.     PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO, TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS Y PROBLEMÁTICA DE LOS INTERESES ESPECIALES EN CRÉDITOS PARA VIVIENDA EN COLOMBIA:   Debido a la gran confusión que se ha venido observando en este tema y ante la grave situación de riesgo de los deudores por falta de claridad, más que por los problemas de pago, y ante la insistencia de la banca de no hacer claridad al respeto, situación de la cual no se escapa el Estado Colombiano, es preciso que se determine la problemática de los límites a los cuales está y estaba sometido el sistema financiero en materia de determinar las liquidaciones, la forma de determinar los intereses, sus límites y sus desafueros. Es preciso advertir que los contratos de empréstito que hacen las entidades financieras son contratos masa, y por ende se entienden que son CONTRATOS POR ADHESIÓN. Pero eso justifica que la banca pueda actuar sin límites y que se pretenda fusionar con el Estado Colombiano para aumentar su posición dominante en contra de los humildes deudores, especialmente, cuando ha asumido la política oficial de vivienda desde un ENFOQUE NEOLIBERAL ESPECULATIVO Y ARBITRARIO? Quiere la Banca cobrar unos créditos para vivienda capitalizando inflación mediante las fórmulas de matemática técnica financiera denominadas UPAC y UVR? Al tiempo le es permitido aplicar un interés adicional del orden comercial que incluso llegó en Colombia topes del 90%?   Ante tal situación, es preciso advertir que si de las normas antes indicadas en este recuadro, no se encuentra solución porque existe en el maremagnum de reglamentaciones normas escondidas que las hayan derogado, debe entonces acudirse a los principios generales del derecho. En ese sentido, la solución se desprende de los artículos 8º y 13 de la Ley 153 de 1887, que al respecto determinan: artículo 8º- “Cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicaran las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales del derecho”. Al tiempo que el artículo 13, indica: “La costumbre, siendo general y conforme con la moral cristiana, constituye derecho a falta de legislación positiva”. Las normas trascritas fueron declaradas exequibles por las sentencias C – 224 del 5 de mayo de 1994 y la sentencia C – 083 del 1º de marzo de 1995 de la Corte Constitucional. En ese orden de ideas, es preciso solicitar la aplicación del artículo 5º de la Ley 57 de 1887, a fin de dar aplicación a la a las normas en el siguiente orden de ideas: 1º). Se apliquen los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos conforme lo ordenan los artículos 93 y 94 de la constitución, especialmente el artículo 25 de la Ley 16 de 1972, Convención Americana de Derechos Humanos, llamado Pacto de san José de Costa Rica, que indica: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. En el mismo sentido, el artículo 2º, literal a, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante ley 74 de 1968: “Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente pacto, hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aún cuando tal violación hubiere sido cometida por personas que actuaban en el ejercicio de sus funciones oficiales”. 2º). Se examine las normas especiales sobre el tema de los intereses adicionales, ya sean que estén transcritas en este recuadro y en su defecto, toda norma especial que se sea aplicable en derecho al caso controvertido. 3º). De no existir norma especial aplicable, se aplique el Código Civil en su artículo 1617, que indica que el interés adicional es del 6% anual, y se aplica de preferencia al artículo 884 del Código de Comercio, para el caso de créditos para vivienda, pues, no es un crédito cualquiera y no está sometido a la norma comercial para que se pretenda aplicar el límite del interés comercial, para casos de créditos anteriores al 23 de diciembre de 1999.   Valga la cita de la obra del dramaturgo ingles, WILLIAM SHAKESPEARE, El Mercader de Venecia, brillante ejemplo sobre la avaricia, que caracteriza al JUDIO por excelencia, cuando al entregar dinero a préstamo exigió consignar una cláusula penal, constriñendo a su deudor a pagar con una libra de carne extraída de su propio cuerpo y lo más cerca al corazón, haciéndolo comparecer a la casa del Notario para dar fe del convenio. Qué ha pretendido la Banca en Colombia?

ANTANAS MOCKUS SIVICKAS

FERNANDO LOPEZ GUTIERREZ                                                                     CLARA INES PARRA ROJAS

ANTANAS MOCKUS SIVICKAS