1. DERECHO DEL BANCO DE DATOS O HABEAS DATA: Se hace necesario alegar como derecho fundamental del orden de los derechos civiles y políticos reconocidos en el orden constitucional interno (Art. 15 de la C. N.) lo mismo que en el orden jurídico internacional, y plenamente vigentes en el orden jurídico de los derechos humanos, todos los derechos que se desprenden de los datos que se almacenan en archivos físicos y/o electrónicos en cualquier entidad pública y/o privada como es el caso de las entidades financieras.

2. INCONSISTENCIA EN LA TASACIÓN DE LOS INTERESES POR PARTE DE LA ENTIDAD FINANCIERA: Si analizamos el tema de los intereses, tenemos que la entidad financiera tutelada presume variables diferentes en el asunto de los  susodichos intereses : Al  respecto tenemos que de manera descarada, se manejan diferentes tópicos de intereses en los diferentes documentos crediticios producidos por la entidad financiera, por ejemplo, la producción descarada de diferentes saldos e intereses en los extractos y otros documentos del banco.

3. A las anteriores, se suma la grave situación a la que se me ha expuesto, ya que no se me ha permitido copias de ninguna naturaleza de mi banco de datos incluido el pagaré que dio origen a la obligación, ni se determina en debida forma la información bancaria, es decir, no se atiende al derecho que tiene el deudor bancario de recibir información bancaria de manera veraz, imparcial, así como clara, garantizando el derecho de réplica.

4. Prueba de la solicitud, es el escrito que se radicara el día _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, pues, a la fecha no se ha pronunciado la entidad financiera, sin que haya valido réplicas al respecto, estando el deudor bancario desprovisto de información clara, veraz e imparcial sobre su BANCO DE DATOS (HABEAS DATA).

5. De la misma manera se tiene que la liquidación es desproporcionada con el manejo de las cifras, estando incurso el banco en una gran cantidad de ilegalidades, aspecto que de fondo no puede ser tenido en cuenta tales circunstancias, encontrándonos ante violación de todos los derechos fundamentales que se solicita sean amparados a través de la acción de tutela.

6. Valga la pena señalar la obra del joven y brillante Profesor y Catedrático Argentino, OSCAR PUCCINELLI, El Habeas Data en Indoiberoamérica, Editorial Temis S. A., Santa Fe de Bogotá – Colombia, 1999; en la cual se aboga por la solución efectiva de la problemática de los archivos o bancos de datos que las personas tienen que confiar a diferentes entidades en sus respectivos paíces y que se ha convertido en caldo de cultivo para la peor de las violaciones de los derechos humanos en el mundo, tema obligado en confederaciones de Estados Regionales como acontece en la Unión Europea.

7. DERECHO DE REPLICA, RECTIFICACIÓN, RESPUESTA, ACLARACIÓN, DETERMINACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE DATOS QUE CONTENGAN FALTA DE CLARIDAD: Con todo respeto, se solicita con especial atención que el honorable Despacho, preste enfasis en la problemática de la gran confusión que se ha presentado en la producción de información perjudicial que de manera antojoso y por demás arbitraria, manejan las entidades financieras, a fin de que de una vez por todas sea la SOBERANÍA DE LA RAMA JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA ponga en cintura la desbandada que ha producido el CAPITAL FINANCIERO ESPECULATIVO, a través de los diferentes pulpos económicos, como es el caso del CAPITAL JUDIO, EL CAPITAL JESUITA (JUEDO – CRISTIANOS) entre otros grupos económicos. Honorable Señor Juez, con todo respeto, SE LE SOLICITA que preste toda atención a todo el manejo estadístico – legal de los archivos financieros del caso en  cuestió, y la manera como se viene aplicando todoa esta desbandada de srbitrariedades que a todas anchas y sin control de ninguna naturaleza aplican los pulpos económicos. Y es que realmente, la fabrica de obligaciones que los departamentos de cartera y conexos de las entidades financieras cargan sin mediar consentimiento de los deudores, es verdaderamente asombrosa. Tenemos el manejo arbitrario y desleal de la manera como se aplica el tema de los intereses, el manejo de sumas que realmente no son claras, como es el caso en que facturan IMPUESTO AL VALOR AGREDADO (IVA) SOBRE EL COBRO DE HONORARIOS DE ABOGADOS. Y que decir del manejo antojoso de las pólizas de seguros. Pues, bien, la manera como se consigna el tema de los seguros en los títulos valores, es por demás ambiguo, no claro, de tal manera que easa situación queda totalmente al garete de la arbitrariedad en cuanto tiene que ver con los los SEGUROS. Por ejemplo, hay créditos donde se consignan las siguientes pólizas de seguros:

8. INGERENCIA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES INYECTADOS POR PULPOS ECONÓMICOS, EN PLENA VIOLACIÓN DE LA SOBERANÍA NACIONAL: Señor Juez, es preocupante la manera como el BANCO INTERAMERICANO DE “DESARROLLO”, BID, viene presionando para que se proceda de manera inmediata al desalojo de la población colombiana de sus viviendas, aspecto que preocupa si se analiza que es precisamente los E. E. U. U. quienes son los socios mayoritarios en un 40% en el mencionado banco trasnacional para someter a los pueblos latinoamericanos con endeudamiento de la población. Que problemática tan mayúscula a la que se está sometiendo a la comunidad nacional, y si se tiene en cuenta que es precisamente el capital JUDIO y el capital JESUITA quienes tienen mayor interés en arrasar con los derechos humanos de la vivienda digna de la población colombiana.

NORMAS ESPECIALES QUE HAN REGULADO EL TEMA DE LOS INTERESES ADICIONALES EN CRÉDITOS PARA VIVIENDA POPULAR:   Decreto 1269 del 17 de julio de 1972, artículo 10º, literal a, que determinó un interés adicional en créditos para vivienda del 7 ½ % anual.   Decreto 664 del 27 de marzo de 1979, artículos 1º y 2º; que determinó un interés adicional en créditos para vivienda del 7 ½ % anual.   Decreto 1298 de mayo 29 de 1980, artículo 2º, literal i, determinó un interés adicional del 7 ½ anual en créditos para vivienda.   Decreto 2928 del 11 de octubre de 1982, artículo 14; numeral 2º; determinó los siguientes topes en intereses adicionales: a). 6% anual, respecto de vivienda hasta de 1.000 UPAC. b). 7.5% de interés remuneratorio anual en créditos para vivienda superior a 1.000 UPAC y no mayores de 5.000 UPAC. c). 9.5% de interés remuneratorio anual en créditos para vivienda superior a 5.000 UPAC y no mayores de 15.000 UPAC. d). El mismo Decreto en su artículo 19, indica que el interés remuneratorio se tasa sobre un 50% más sobre el interés adicional o remuneratorio.   Decreto 1325 de 6 de mayo de 1983, artículo 12, modificó el artículo 14 del Decreto 2928 de 29 de mayo de 1982, y determinó los siguientes intereses: a). 6% anual, en créditos para vivienda con costo hasta 1.300 UPAC. b). 7.5% anual en créditos para vivienda. C). 8% anual en créditos para vivienda con costo superior a 5.000 UPAC y no mayor de 10.000 UPAC. d). 11% anual en créditos para vivienda con costo superior a 10.000 UPAC y no mayor de 15.000 UPAC.   El Decreto 839 de 1989, artículo 1º, literal b, reglamentario de los artículos 44 y 119 de la Ley 9ª de 1989, determinó el interés para vivienda de interés social en los siguientes términos: “La tasa de interés mensual, equivalente a la tasa de interés a que hace referencia el artículo 44 de la Ley 9ª de 1989, será igual a un doceavo de la variación en el salario mínimo legal fijado por el Gobierno Nacional ocurrida en los doce meses anteriores a la fecha de su aplicación”.   El Decreto 163 de 1990, artículos 1º y 3º, literal b, reglamentario de los artículos 44 y 119 de la Ley 9ª de 1989, determinó el interés para vivienda de interés social en los siguientes términos: “La tasa de interés mensual máxima será equivalente a la tasa de interés a que hace referencia el artículo 44 de la Ley 9ª  de 1989, esto es, un doceavo de la variación en el salario mínimo legal fijado por el Gobierno Nacional ocurrida en los doce meses anteriores a la fecha de su aplicación”.   Al mismo tiempo, el Decreto 163 de 1990, artículo 1º, determinó: “Los créditos de las corporaciones de ahorro y vivienda para financiar la adquisición de vivienda de interés social, definida por la Ley 9ª  de 1989, no podrán estipularse en Unidades de Poder Adquisitivo Constante -UPAC-.”.   A título de información adicional, es bueno señalar que mediante Decreto 915 de mayo 19 de 1993, artículo 2º, literal b, se indicó que las corporaciones de ahorro y vivienda quedaban autorizadas para otorgar créditos de consumo, pero no podrán estipularse en UPAC.   Resolución 23 del 29 de abril de 1987, artículo 7º, Emitida por la Junta Monetaria de la República de Colombia; determinó los siguientes topes y tipos de interés: a). Un interés adicional y remuneratorio del 5% anual, para créditos de vivienda con valor no superior a 1.500 UPAC. b). 6.5% de interés remuneratorio anual, para créditos de vivienda con precio superior a 1.500 UPAC y no mayor de 5000 UPAC. c). un interés adicional del 8% para créditos de vivienda con valor superior y 5000 UPAC y no mayo de 10.000 UPAC. d). 12% de interés remuneratorio anual en créditos para vivienda superior a 10.000 UPAC y no mayores de 15.000 UPAC.   Resolución 15 del 2 de marzo de 1988, artículo 5º, Emitida por la Junta Monetaria de la República de Colombia, determinó los siguientes intereses: a). Un interés adicional y remuneratorio del 5% anual, para créditos de vivienda con valor no superior a 2.000 UPAC. b). 7% de interés remuneratorio anual, para créditos de vivienda con precio superior a 2.000 UPAC y no mayor de 4.000 UPAC. c). un interés adicional del 8.5% para créditos de vivienda con valor superior y 4.000 UPAC y no mayo de 10.000 UPAC. d). Tasación libre de interés remuneratorio anual en créditos para vivienda superior a 10.000 UPAC y no mayores de 15.000 UPAC.   Resolución 5 de febrero 7 de 1990, artículo 12, Emitida por la Junta Monetaria de la República de Colombia; determinó las siguientes tasas de interés: a). Un interés adicional y remuneratorio del 7.5% anual, para créditos de vivienda con valor no superior a 4.000 UPAC. b). 9.5% de interés remuneratorio anual, para créditos de vivienda con precio superior a 4.000 UPAC y no mayor de 10.000 UPAC. c Tasación libre de interés remuneratorio anual en créditos para vivienda superior a 10.000 UPAC y no mayores de 20.000 UPAC.   La Resolución 5 de 1990, aquí citada, en su artículo 32, literal b, determinó una formula para tasar los intereses adicionales en créditos para vivienda de interés social, pero en todo caso, dicha Resolución no podía operar en contradicción al Decreto 839 de 1989, Art. 1º, literal b y el Decreto 163 de 17 de enero de 1990, es decir, con 10 días calendario de diferencia en la emisión de dichas normas, aspecto que superó todas las determinaciones mediante simples resoluciones, por encima de decretos ejecutivos.   Resolución 5 de 5 de enero de 1991, artículo 3º, Emitida por la Junta Monetaria de la República de Colombia; determinó las siguientes tasas de interés: a). 5% anual, para créditos de vivienda de interés social, (en contravención del Decreto 839 de 1989, modificado por el Decreto 163 de 17 de enero de 1990, artículos 1º y 3º, literal “b”).  b). 8.5% de interés remuneratorio anual, para créditos de vivienda con precios hasta de 4.000 UPAC.   Resolución 51 de junio 12 de 1991, artículo 2º, Emitida por la Junta Monetaria de la República de Colombia, reformó anulable Resolución anterior (5 de 1991), indicando los siguientes topes de interés: a). 5% anual en vivienda de interés social, (en contravención del Decreto 839 de 1989, modificado por el Decreto 163 de 17 de enero de 1990, artículos 1º y 3º, literal “b”).  b). 8.5% en vivienda con costo no superior a 4.000 UPAC.   Resolución 19 de diciembre 13 de 1991, artículo 3º, Emitida por la Junta Directiva del Banco de la República; determinó en el literal a de dicho artículo que los préstamos para vivienda de interés social, un interés adicional anual del 5%, y los demás préstamos vivienda (NO VIS), en la mencionada Resolución no quedó claro. Se resalta que en materia de derogatoria la misma resolución, en su artículo derogó las resoluciones 5 y 16 de 1991, pero no derogó el Decreto 839 de 1989, modificado por el Decreto 163 de 17 de enero de 1990, artículos 1º y 3º, literal “b”, que en el fondo son las normas que quedaron vigentes para el caso de vivienda de interés social, o por lo menos, no se tiene razón cualquier modificación al respecto.   Es de anotar que mediante Resolución 12 de 23 de abril de 1993, determinó: “Artículo 1o. Derógase el literal a. del artículo 3o. de la Resolución Externa No.19 de 1991 de la Junta Directiva del Banco de la República,  lo que implica que dichas normas no pudieron pasar por alto Decreto 839 de 1989, modificado por el Decreto 163 de 17 de enero de 1990, artículos 1º y 3º, literal “b”, que determinaron el interés adicional para vivienda de interés social, y además ordenaron que dichos créditos (VIS) no podían ser otorgados en UPAC, es decir, se liquidan sin capitalizar inflación.   Parágrafo del artículo 28 de la Ley 546 de 1999, Resolución 14 de septiembre 3 de 2000, Emitida por la Junta Directiva del Banco de la República; Resolución 20 del 22 de diciembre de 2000, Emitida por la Junta Directiva del Banco de la República, han determinado que el interés actual en créditos tomados con posterioridad al 23 de diciembre de 1999 es del 11% para vivienda de interés social, y en el caso de vivienda que no esté como vivienda de interés social, es a partir del 3 de septiembre cuando se conoció un interés adicional remuneratorio del 13.1%, de conformidad con la resolución anotada aquí.     PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO, TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS Y PROBLEMÁTICA DE LOS INTERESES ESPECIALES EN CRÉDITOS PARA VIVIENDA EN COLOMBIA:   Debido a la gran confusión que se ha venido observando en este tema y ante la grave situación de riesgo de los deudores por falta de claridad, más que por los problemas de pago, y ante la insistencia de la banca de no hacer claridad al respeto, situación de la cual no se escapa el Estado Colombiano, es preciso que se determine la problemática de los límites a los cuales está y estaba sometido el sistema financiero en materia de determinar las liquidaciones, la forma de determinar los intereses, sus límites y sus desafueros. Es preciso advertir que los contratos de empréstito que hacen las entidades financieras son contratos masa, y por ende se entienden que son CONTRATOS POR ADHESIÓN. Pero eso justifica que la banca pueda actuar sin límites y que se pretenda fusionar con el Estado Colombiano para aumentar su posición dominante en contra de los humildes deudores, especialmente, cuando ha asumido la política oficial de vivienda desde un ENFOQUE NEOLIBERAL ESPECULATIVO Y ARBITRARIO? Quiere la Banca cobrar unos créditos para vivienda capitalizando inflación mediante las fórmulas de matemática técnica financiera denominadas UPAC y UVR? Al tiempo le es permitido aplicar un interés adicional del orden comercial que incluso llegó en Colombia topes del 90%?   Ante tal situación, es preciso advertir que si de las normas antes indicadas en este recuadro, no se encuentra solución porque existe en el maremagnum de reglamentaciones normas escondidas que las hayan derogado, debe entonces acudirse a los principios generales del derecho. En ese sentido, la solución se desprende de los artículos 8º y 13 de la Ley 153 de 1887, que al respecto determinan: artículo 8º- “Cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicaran las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales del derecho”. Al tiempo que el artículo 13, indica: “La costumbre, siendo general y conforme con la moral cristiana, constituye derecho a falta de legislación positiva”. Las normas trascritas fueron declaradas exequibles por las sentencias C – 224 del 5 de mayo de 1994 y la sentencia C – 083 del 1º de marzo de 1995 de la Corte Constitucional. En ese orden de ideas, es preciso solicitar la aplicación del artículo 5º de la Ley 57 de 1887, a fin de dar aplicación a la a las normas en el siguiente orden de ideas: 1º). Se apliquen los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos conforme lo ordenan los artículos 93 y 94 de la constitución, especialmente el artículo 25 de la Ley 16 de 1972, Convención Americana de Derechos Humanos, llamado Pacto de san José de Costa Rica, que indica: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. En el mismo sentido, el artículo 2º, literal a, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante ley 74 de 1968: “Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente pacto, hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aún cuando tal violación hubiere sido cometida por personas que actuaban en el ejercicio de sus funciones oficiales”. 2º). Se examine las normas especiales sobre el tema de los intereses adicionales, ya sean que estén transcritas en este recuadro y en su defecto, toda norma especial que se sea aplicable en derecho al caso controvertido. 3º). De no existir norma especial aplicable, se aplique el Código Civil en su artículo 1617, que indica que el interés adicional es del 6% anual, y se aplica de preferencia al artículo 884 del Código de Comercio, para el caso de créditos para vivienda, pues, no es un crédito cualquiera y no está sometido a la norma comercial para que se pretenda aplicar el límite del interés comercial, para casos de créditos anteriores al 23 de diciembre de 1999.   Valga la cita de la obra del dramaturgo ingles, WILLIAM SHAKESPEARE, El Mercader de Venecia, brillante ejemplo sobre la avaricia, que caracteriza al JUDIO por excelencia, cuando al entregar dinero a préstamo exigió consignar una cláusula penal, constriñendo a su deudor a pagar con una libra de carne extraída de su propio cuerpo y lo más cerca al corazón, haciéndolo comparecer a la casa del Notario para dar fe del convenio. Qué ha pretendido la Banca en Colombia?