Boletin 109 el WRM - Agosto 2006número 109 - Agosto 2006 NUESTRA OPINIÓN
El consumo excesivo de papel: los impactos de la injusticia
COMUNIDADES Y BOSQUES
Papúa Nueva Guinea: madereo a gran escala y violaciones de los DDHH
Colombia: el pueblo Bari se pronuncia por su territorio
Celebración del Día de la Defensa del Manglar el 26 de julio
Vínculos culturales con el bosque: la trama de la salud
COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES
Brasil: Pataxó, eucaliptos y la sustentabilidad de Veracel Celulose
Chile: la celulósica Celco S.A. vuelve a ser enfrentada por la población de
Mehuín
Chile: el bosque de Ñielol - testigo de mentiras sobre bosques y
plantaciones
Uruguay: empresa de celulosa Botnia pretende lucrar con el cambio climático
Indonesia: de las plantaciones de palma aceitera, con represión...
Indonesia: plantaciones de palma aceitera invaden las tierras tradicionales
de las comunidades
Perú: la Amazonía amenazada por proyectos de plantaciones de palma aceitera
Uganda: plantaciones de palma aceitera que trajeron fuertes vientos y
salarios bajos

NUESTRA OPINIÓN

- El consumo excesivo de papel: los impactos de la injusticia

En el mundo actual existen muchos millones de personas cuyo nivel de consumo
no alcanza a cubrir sus necesidades básicas. Dicho en lenguaje sencillo, se
trata de millones de personas -en su mayoría niños- que sufren hambre y
miseria. En contrapartida, otros millones de personas -aunque muchos menos
que los anteriores- consumen demasiado, sin que ello signifique que sus
necesidades básicas -como seres humanos- se vean así cubiertas.

El resultado de la situación anterior no es solo un mundo injusto -que por
supuesto lo es- sino un mundo que va derecho al desastre ambiental. No
precisamente por culpa de quienes consumen poco, sino por quienes lo hacen
en exceso. Si bien esto es aplicable al consumo de prácticamente cualquier
producto -desde petróleo a camarones- el consumo de papel y cartón sirve
para ejemplificar el problema.

El consumo anual per cápita mundial de papel y cartón fue de 52 kilos en el
2004 (1) Como ocurre con todos los promedios, éste esconde la desproporción
entre quienes consumen mucho y quienes consumen poco. En efecto, los
ciudadanos de los llamados países "desarrollados" consumieron en promedio
175 kilos, en tanto que los de los llamados "en vías de desarrollo",
consumieron apenas 20. Pero también estos promedios esconden la realidad de
que en algunos países del Norte el consumo es muy superior al promedio -como
en los casos de Finlandia (334 kgs), Estados Unidos (312) y Japón (250)- y
que un consumo supuestamente "bajo" -por ejemplo, de 20 kilos- puede
alcanzar perfectamente para cubrir las necesidades básicas de papel.

El tema es que ese consumo excesivo genera graves impactos sobre la vida de
millones de personas en el Sur. En efecto, ese papel y cartón se produce a
partir de celulosa, para cuya elaboración se requiere madera, que
crecientemente proviene de enormes monocultivos de árboles, en particular
eucaliptos, pinos y acacias.

Dichos monocultivos se instalan en regiones que reúnen varias condiciones:
rápido crecimiento de los árboles, acceso a amplias áreas de tierra fértil y
barata, bajo costo de mano de obra, disponibilidad de subsidios y apoyos
estatales, escaso control ambiental. Es decir: básicamente en el Sur.

El resultado es el mismo en país tras país: latifundización y
extranjerización de la tierra, concentración de poder, expulsión de la
población rural, pérdida neta de empleos a nivel local, agotamiento de
suelos y recursos hídricos, pérdida de biodiversidad. Pese a las promesas de
"desarrollo" que acompañan a las plantaciones, los impactos no hacen más que
agravarse a medida que se incrementa el área plantada, como es fácilmente
percibido en países con millones de hectáreas de plantaciones como
Sudáfrica, Brasil, Chile e Indonesia.

El problema se agrava aún más cuando se instalan fábricas de celulosa para
exportación en la cercanía de las áreas plantadas, con los consiguientes
impactos socioambientales. Aracruz y Veracel en Brasil, Arauco en Chile y
Argentina, Sappi y Mondi en Sudáfrica y Swazilandia, Advance Agro en
Tailandia, Asia Pulp and Paper en Indonesia son ejemplos conocidos de los
graves impactos de esta industria.

¿Y todo para qué? Para que la industria del papel pueda disponer de celulosa
abundante y barata para seguir ampliando sus mercados y aumentando sus
ganancias mediante la permanente invención de nuevas "necesidades".

El resultado -en particular en el Norte pero también replicado
crecientemente en el Sur- es la imposición de un consumo desmedido de papel.
Los ejemplos abundan. Existe una cantidad impresionante de artículos
descartables de papel y cartón tales como vasos, platos, bandejas,
servilletas y hasta manteles que están sustituyendo -a nivel masivo- a sus
similares duraderos. Es ahora común que cuando una persona adquiere un
producto cualquiera -un juguete, un reloj, un par de zapatos- éste viene
envuelto en papel, dentro de una caja de cartón y es entregado al comprador
en una bolsa de papel. Los hogares de las personas son invadidos cada mañana
por correspondencia no solicitada consistente en publicidad impresa en
papel. En definitiva, toda persona es forzada a consumir una dosis diaria de
papel y cartón que nunca pidió ni quiso consumir.

El tema trasciende entonces a la responsabilidad del consumidor individual y
se enmarca en el plano más amplio de la sociedad de consumo. Por tanto, no
se resuelve simplemente culpabilizando al individuo, sino que se trata de un
tema que debe ser resuelto a nivel de la sociedad en su conjunto.

En ese plano, las sociedades del Norte deben llegar a comprender que su
estilo de vida -en el que el consumo ocupa un lugar exagerado- está
afectando las posibilidades de supervivencia de personas con sus mismos
derechos en otras partes del mundo. Al mismo tiempo, deben entender que ese
consumo desmedido está llevando al planeta al desastre ambiental, que ya se
evidencia en el cambio climático, el agotamiento y contaminación del agua,
la pérdida de biodiversidad, entre otros.

El uso excesivo e innecesario de papel y cartón es sólo un ejemplo de muchos
otros posibles, pero puede servir para desencadenar el necesario debate -en
particular en el Norte- sobre los límites que deben ponerse al consumo y
para identificar mecanismos para hacerlo posible. Las sabias palabras de
Gandhi -" El mundo alcanza para cubrir las necesidades, pero no la codicia
de todos"- pueden servir para iluminar ese debate.

(1) World Resources Institute.- Resource Consumption: Paper and paperboard
consumption per capita
http://earthtrends.wri.org/searchable_db/index.php?theme=9&variable_ID=573&actio\
n=select_countries
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COMUNIDADES Y BOSQUES

- Papúa Nueva Guinea: madereo a gran escala y violaciones de los DDHH

La historia social, política y económica de Papúa Nueva Guinea llevan la
impronta de sus bosques tropicales. Estos bosques, que cubren el 60% de la
masa terrestre del país y son en su mayor parte impenetrables, han limitado
el comercio, han definido las leyes consuetudinarias y han perfilado la vida
y la cultura. Cuando el mundo piensa en Papúa, imagina sus bosques.

En la actualidad el madereo de estos sistemas de vida sin par está
corroyendo la sociedad y la política papúas, dejando a cambio beneficios
económicos mínimos y una seguidilla de efectos alarmantes en la región.

La industria maderera de Papúa Nueva Guinea está dominada por un puñado de
empresas malayas, la mayor de las cuales es Rimbanan Hijau. Esta industria
es sinónimo de corrupción política, extorsión policial y represión brutal de
los trabajadores, las mujeres y todo aquél que cuestione su proceder. En sus
operaciones, la destrucción de las fuentes de agua y alimentos y la
propiedad cultural de estas mismas comunidades es de rutina. Son caldo de
cultivo del contrabando de armas, la corrupción y la violencia en todo el
país. A cambio, la industria no genera beneficios económicos duraderos a las
comunidades de los bosques, ocasiona considerables costos a largo plazo y
contribuye con un modesto 5% al presupuesto nacional.

Este historial está lejos de cumplir con el cuarto Objetivo Nacional de
Papúa Nueva Guinea, establecido al obtener la independencia en 1975 - de que
sus "recursos naturales y medio ambiente ... se conserven y utilicen para el
beneficio colectivo de todos nosotros y que se renueve en aras del beneficio
de las generaciones futuras".

La industria maderera compra influencias en Papúa mediante donaciones
políticas, patrocinio público, grupos de presión y los medios de
comunicación que poseen. Las empresas simplemente "compran" los derechos a
las zonas de madereo, sin más trámite. Los jerarcas del gobierno interponen
proyectos madereros en favor de estas empresas. La influencia de la
industria sobre el gobierno de Papúa se extiende mucho más allá de lo
forestal. Una empresa, Rimbunan Hijau, controlada por la multimillonaria
malaya Hiew King Tiong, tiene acciones en los sectores financiero, medios,
tecnología de la información, inmobiliario, minorista, imprentas
comerciales, viajes y transporte marítimo. Estos intereses trascienden las
fronteras de Papúa. El grupo Tiong tiene inversiones en medios de
comunicación en China, Malasia, Camboya, Hong Kong, Papúa Nueva Guinea,
Canadá y EEUU, así como una radio en Nueva Zelanda. Entre las inversiones de
Tiong en Australia se cuentan el complejo comercial Harbourside, en Darling
Harbour, Sydney, y empresas que dan cuenta del 10% del cultivo de mango de
ese país.

Sin una acción internacional concertada, la reforma de la industria maderera
de Papúa es una perspectiva lejana. Dentro del país la corrupción ha
sofocado la voluntad de hacer valer las leyes existentes contra los
intereses de las empresas madereras. En los casos en que se inició acción
legal, quienes lo hicieron fueron atacados física y comercialmente.

En Papúa, la capacidad y la voluntad política de defender los derechos
jurídicos y los derechos humanos están siendo socavadas por, entre otros, la
propia industria maderera. Siguen algunos ejemplos de circunstancias
perturbadoras de violaciones de los DDHH:

* Denegación del debido proceso de apropiación de la propiedad. El proceso
mediante el cual el gobierno de Papúa Nueva Guinea compra derechos sobre la
madera a las comunidades propietarias de las tierras y luego emite
"licencias de extracción" a las empresas madereras tiene graves errores y
termina significando la apropiación ilegal de tierras boscosas por parte de
los madereros.

* Detención arbitraria de propietarios de tierras y brutalidad física por
parte de la policía. A los intentos de restringir esta apropiación se está
respondiendo con brutalidad. A veces la policía hace doble jornada y trabaja
también para las empresas madereras. Entre las atrocidades documentadas se
cuentan golpizas a los pobladores que iniciaron acciones legales,
encarcelamiento sin cargos, quema de viviendas y cultivos, matanza de
animales domésticos con fusiles M16 y hombres obligados a punta de revólver
a realizar actos homosexuales entre sí.

* Intimidación a las mujeres y abusos. Las mujeres sufren la vuelta
siguiente de esta violencia. Los "hombres grandes" de la comunidad manejan
los tratos con las empreas madereras y algunos de ellos consideran que las
regalías del madereo son "plata dulce" para gastar en alcohol y armas. Hay
casos documentados de abuso sexual por parte de los trabajadores de las
madereras así como de matrimonios por conveniencia entre trabajadores
extranjeros y mujeres locales.

* Contaminación de fuentes de agua y alimentos. Lejos de brindar los
beneficios prometidos, el madereo está quitando a la gente su derecho a una
calidad de vida adecuada. Los sedimentos de bosques talados y carreteras
abiertas están contaminando los ríos y lo mismo ocurre con los productos
químicos que se usan para matar las plagas de la madera y preservar los
troncos talados. Peces, langostas, cerdos salvajes, casuarios, canguros
arborícolas y aves en general, todos ellos alimentos esenciales para las
comunidades locales, han abandonado las zonas taladas.

* La destrucción de sitios culturales, objetos religiosos y cementerios. Es
muy raro que haya compensaciones por tales actos de profanación, que niegan
los derechos de las comunidades a utilizar su propia tierra con fines
culturales y espirituales.

* Condiciones de trabajo injustas. Las lamentables condiciones de trabajo de
muchos campamentos madereros vuelven a salir a la luz. En la Provincia del
Golfo han muerto trabajadores y la empresa los enterró allí mismo en lugar
de gastar en la devolución de los cuerpos a sus familias. A algunos
trabajadores de la industria de la madera no se les pagó, otros han vivido
en condiciones de hacinamiento y antihigiénicas, han trabajado de 7:00 de la
mañana a 7:00 de la tarde o, puesto que la única opción es el transporte de
la empresa, han sido forzados a permanecer en el área de trabajo más allá de
su voluntad de quedarse.

Las violaciones de los derechos humanos florecieron gracias al aislamiento
físico de las comunidades madereras y a la corrupción y los recursos
inadecuados del gobierno de Papúa Nueva Guinea. Estas mismas condiciones han
permitido el tráfico internacional de armas, madera y seres humanos. Se está
socavando la seguridad de la región y no apenas la administración y el
gobierno de Papúa Nueva Guinea.

En Papúa, quienes más saben de manejo forestal sustentable son los
habitantes locales. Sin embargo no se permite que este saber entre en el
proceso de la administración forestal, contrariamente a los Objetivos
Nacionales y Principios Directivos de Papúa Nueva Guinea.

Debe establecerse de inmediato una moratoria al otorgamiento y la renovación
de todos los permisos de madereo. El modelo actual no está funcionando.

Extraído de: "Bulldozing Progress: Human Rights Abuses and Corruption in
Papua New Guinea's Large-scale Logging Industry", por The Centre for
Environmental Law and Community Rights y The Australian Conservation
Foundation, 2006,
http://www.acfonline.org.au/uploads/res_ACF-CELCOR_full.pdf
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- Colombia: el pueblo Bari se pronuncia por su territorio

El pueblo Bari, una minoría perteneciente a la familia Arawak denominada Los
Hijos de la Selva, habita la Cuenca del Catatumbo, en el Departamento del
Norte de Santander. Los Motilón Bari tienen una lengua denominada Bari-ara y
una estructura de organización política y social interna y externa propia.
Su máxima autoridad es el Consejo Autónomo de Caciques, integrado por 23
caciques pertenecientes a las 23 comunidades del pueblo indígena Motilón. Su
economía está orientada al autoabastecimiento por lo que la defensa de su
territorio implica la defensa de los bienes naturales que son la base de su
existencia.

A lo largo de los años, los Motilón Bari han sufrido la pérdida constante de
su territorio en función de poderosos intereses comerciales que han buscado
lucrar con las riquezas de su territorio. Su integridad volvió a estar en
peligro cuando en mayo de 2005 el Ministerio del Medio Ambiente autorizó el
funcionamiento de la empresa petrolera ECOPETROL (ver boletín del WRM Nº
106), pese a numerosas fallas graves que tenía el Estudio de Impacto
Ambiental presentado inicialmente.

Pero no termina ahí la violación de los derechos humanos de los Bari. Además
de la presencia militar en su territorio, en respaldo a los megaproyectos,
que afecta la libre circulación y la realización de actividades culturales y
de subsistencia de este pueblo, se agrega ahora la preocupación por las
intenciones que tiene el gobierno central de fumigar incluso en zonas como
parques naturales. Esto afectaría el territorio Bari contaminando las
fuentes de agua, los cultivos de subsistencia y las especies animales de las
cuales los Bari se alimentan, lo cual finalmente incidirá en la salud de los
miembros de las comunidades.

Frente a esta situación, el Consejo Autónomo de Caciques Bari, Asociación de
Comunidades Motilón Bari de Colombia "Asocbari", celebrarán el 12 de octubre
próximo en Tibú, norte de Santander, una audiencia pública bajo la consigna
de "Por nuestro territorio nos vamos a pronunciar", con el fin de:

"1. Convocar a las autoridades e instituciones del Estado para que se
comprometan en la solución de las Problemáticas del Pueblo Indígena Bari y
exigir explicaciones sobre las decisiones que éstas han tomado y vulneran
los derechos del Pueblo Indígena.

2. Visibilizar la grave vulneración y violación de derechos del Pueblo
Indígena Bari, con ocasión del desconocimiento de nuestra presencia en
Socbacaira, territorio ancestral donde se desarrolla el proyecto de
exploración y explotación de Petróleo (Pozo Álamo I).

3. Presentar a las autoridades, instituciones y al Estado colombiano las
siguientes solicitudes:
- El reconocimiento de la presencia del Pueblo Bari en sus territorios
ancestrales
- La Suspensión de la Ejecución del proyecto de exploración y explotación
Álamo I
- Que se revoque la Licencia Ambiental 0624 del 15 mayo de 2005, para la
exploración del pozo Álamo I, por las irregularidades con las cuales fue
concedida, entre ellas, la certificación por parte de la Dirección de Etnias
del Ministerio del Interior de la no existencia de comunidades indígenas en
Socbacayra, llamado por ECOPETROL Álamo I
- Al Estado Colombiano, a las Fuerzas Militares, ECOPETROL y las autoridades
civiles y militares y organismos de seguridad, cumplir su obligación
constitucional de proteger y garantizar los derechos de los pueblos
indígenas, cesar la violación de esos derechos y tomar las medidas
necesarias para que en el futuro esto no vuelva a ocurrir".

Convocatoria de Asocbari, correo electrónico: puebloindigenabari@... y
Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, correo electrónico:
paraquehayajusticia@..., www.colectivodeabogadoslcp.org
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- Celebración del Día de la Defensa del Manglar el 26 de julio

En el año 2000 se estableció el Día Internacional de la Defensa del
Ecosistema Manglar, eligiéndose para su celebración el 26 de julio, fecha
muy significativa para el movimiento latinoamericano encabezado por la Red
Manglar. El 26 de julio conmemora aquel día de 1998 en que Hayhow Daniel
Nanoto, activista de Greenpeace originario de Micronesia, murió de un paro
cardíaco mientras participaba de una acción de protesta masiva encabezada
por FUNDECOL y Greenpeace Internacional. Durante esta acción, la comunidad
local de Muisne se sumó a las ONG para desmantelar un estanque de camarones
ilegal en un intento por recuperar esta zona dañada y volverla a su estado
anterior de manglar. A partir de la muerte de Hayhow, FUNDECOL y otros han
conmemorado esta fecha como el día para recordar y renovar los esfuerzos
para salvar los manglares.

En 2003, Mangrove Action Project y la Red Manglar aunaron sus fuerzas para
alentar a los pescadores de todo el mundo a que se les unieran en el Día de
la Defensa del Manglar formando flotillas en protesta contra la expansión
destructiva del cultivo del camarón en sus zonas. Este llamado a la acción
obtuvo respuestas positivas de Bangladesh, India, Malasia, Ecuador, Brasil,
Colombia, México, Honduras, Nigeria, Senegal, Kenya, Europa y EEUU.

Desde entonces, cada 26 de julio se ha convertido en el día mundial de
conmemoración de los manglares. La consigna de este año fue "Manglar,
nuestro patrimonio natural". Según la Red Manglar latinoamericana, cuya base
está en Ecuador, "Los manglares son nuestro patrimonio, nuestra fuente de
vida, nuestro sustento diario, nuestro lugar de trabajo, nuestra despensa
... nuestro hogar".

Desde México hasta el Perú, leemos a diario noticias de contaminación, tala
y devastación de los ecosistemas de manglar a cargo de mega-emprendimientos
hidroeléctricos, turísticos y de acuacultura de camarón. La contaminación de
los esteros, el dragado de sus canales, las obras civiles proyectadas en
detrimento de estos ecosistemas y la tala indiscriminada de los bosques son
una constante.

Red Manglar advierte que "En aquellos países en donde la pérdida de la
barrera protectora frente a fenómenos naturales se ha dado por la tala
indiscriminada del manglar, ni siquiera las inundaciones, huracanes
tropicales y ciclones han podido mermar el espíritu devastador del turismo
industrial, incapaz de virar sus ojos hacia lo acontecido en el Asia hace
apenas año y medio cuando el cruento tsunami arrasó a magníficas
instalaciones turísticas y por supuesto, a poblados enteros".

En Bangladesh, el Instituto de estudios para el medio ambiente y el
desarrollo organizó una charla-debate para el Día de la Defensa del Manglar.
Los oradores advirtieron que la destrucción de los manglares empeoraría los
sufrimientos siempre en aumento de las personas más pobres del mundo en las
zonas costeras, destruyendo su capacidad de resistencia frente a ciclones,
olas de marea y tsunamis. Afirmaron que "la destrucción de los manglares
deja a nuestros ecosistemas expuestos. Aprendimos de nuestra experiencia con
el tsunami asiático más reciente que los manglares protegieron Bangladesh y
la costa sudeste de India del ataque devastador de la ola. Los manglares de
los Sunderbans sustentan la vida en la tierra y es necesario proteger y
conservar los mangles aun más pues cada vez es más probable que haya
tsunamis, ciclones y subidas del nivel del mar".

También el Centro para la Conservación Ambiental Costera (CCEC) de
Bangladesh ha iniciado un programa para la protección de los ecosistemas
costeros del sudoeste del país, en particular en el pólder 30 de Batiaghata
Upazilla (subdistrito), para lo cual conformó la sociedad de protección de
los manglares Mangrove Protection Society, de 51 miembros. Están pensando en
llevar a cabo la actividad en el pólder 32 de Dacope, adyacente al
Sundarban, el sitio declarado Patrimonio Mundial por UNESCO.

En India, COPDANET! organizó concursos de arte, dibujo y pintura para
escolares haciendo énfasis en el de la Defensa del Manglar, que se celebró a
gran escala con un acto, una concentración pública y la distribución de los
premios a cargo de altos funcionarios de la administración de bosques.

En cuanto a África, la ONG local Congo Nature Conservation conmemoró el día
internacional recibiendo mensajes y llamados telefónicos en adhesión al
programa congoleño de manejo sustentable de los manglares amenazados por la
planificación urbana, la contaminación marina provocada por el petróleo, las
malas técnicas pesqueras, etc.

Como afirma Mangrove Action Project, "En el mundo se está generando un
impulso para asumir la responsabilidad de la defensa, conservación y
recuperación de este ecosistema severamente amenazado, puesto que es
herencia de nuestras naciones y territorio de las comunidades usuarias
ancestrales".

Artículo basado en información enviada por Alfredo Quarto, Mangrove Action
Project (MAP), correo electrónico: mangroveap@...,
http://www.earthisland.org/map/map.html
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- Vínculos culturales con el bosque: la trama de la salud

Numerosos sistemas culturales están íntimamente interconectados con el
bosque, sea por quienes viven dentro del bosque o en sus límites (incluso
habitantes de ciudades e investigadores que estudian las culturas). Las
culturas con base en el bosque han evolucionado dentro de ese entorno
natural y su supervivencia requiere que ese ambiente se conserve.

Dentro de los vínculos culturales con el bosque figuran la subsistencia, la
generación de ingresos, las plantas medicinales, los roles de género, los
sistemas de conocimiento y simbólicos y los lazos espirituales.
Fundamentalmente, este tipo de interconexión entre cultura y bosque crea
elementos importantes para el significado de las vidas de las personas. Sin
el bosque, esas personas pueden quedar indefensas. Cuando se destruye el
bosque, los aspectos asociados de su cultura también quedan afectados. Esto
a su vez es motivo tanto de problemas de salud mental como de pérdida de
sistemas de conocimiento relacionados con el bosque. Y es aún más probable
que sufran efectos cuando la destrucción del bosque se lleva a cabo sin
planificación alguna, sin que medie algún tipo de control o cuando es
iniciada desde afuera, provocando sentimientos de desempoderamiento,
inferioridad e impotencia entre la población local.

La salud mental de las personas ha estado estrechamente asociada a la idea
de integridad cultural: viven y mueren dentro de un determinado contexto
cultural y ecológico, y de esos contextos derivan el significado de sus
vidas -un componente central del bienestar humano (y por lo tanto de la
salud). Cuando esos contextos cambian -ya sea por índices de deforestación
acelerados o por la exposición a culturas extrañas o a otras fuerzas- las
personas suelen sufrir consecuencias emocionales y físicas adversas.

La enfermedad mental puede destruir tanto la motivación como la capacidad
para manejar con eficacia los recursos que resten. La pérdida de
conocimientos ambientales puede tener un efecto similar. A esto le sigue un
círculo vicioso que impacta aún más negativamente en el ambiente.

Hay una variedad de enfoques sobre salud y enfermedad entre los pueblos del
bosque. Esas diferencias culturales pueden explicar las respuestas a veces
negativas de estos pueblos a los criterios médicos y de salud pública
basados en la noción de la universalidad de las preferencias, necesidades y
creencias de la atención de la salud humana. Tratar de curar una enfermedad
sin comprender las interpretaciones locales de sus causas a menudo da como
resultado un tratamiento ineficaz, falta de continuidad por parte de los
pacientes, y mala administración de los medicamentos. Los intentos por
resolver el hambre pueden ser ineficaces si no se comprenden los conceptos
locales del hambre; un error común es ofrecer alimentos culturalmente
inaceptables. Mantener la salud humana requiere prestar atención a la
naturaleza holística de la cultura y las interconexiones entre los pueblos
del bosque, sus culturas y sus bosques.

El elemento central de los vínculos entre bosque-personas-salud es claro, en
especial entre los cazadores recolectores y muchos grupos de agricultura
itinerante. Otras cuestiones importantes tienen que ver con el grado de
integración de las creencias y prácticas en materia de salud con otras
partes de los sistemas culturales, las diferentes orientaciones teóricas y
nociones filosóficas sobre salud y atención de la salud, y la diversidad de
criterios sobre salud y enfermedad que existen en los bosques del mundo. En
una escala más global, la protección de la diversidad cultural puede servir
como una política de seguros contra el exceso de dependencia en los modelos
culturales occidentales.

Para lograr una comunicación efectiva con los pueblos del bosque es
necesario comprender sus opiniones sobre el mundo y tener apertura para
aprender acerca de sus percepciones. El conocimiento indígena sobre
alimentos y medicinas varía en sus posibilidades de aplicación más amplias y
debería ser evaluado, pero seguramente incluya elementos útiles para los
profesionales de la salud y los estudiosos del bosque. Un reconocimiento más
amplio de los útiles conocimientos indígenas puede contribuir a la
autoestima de los pueblos del bosque, con resultados positivos para su salud
mental.

Permanecer rígidamente adheridos a una visión occidental de la salud puede,
de hecho, hacer más mal que bien. El uso excesivo y mala administración de
los antibióticos sea tal vez el ejemplo más conocido, pero otros son la
marginación (o incluso penalización) de los sanadores tradicionales, lo cual
reduce el acceso a cualquier tipo de atención de la salud; la promoción de
vegetales occidentales cuando es posible disponer de vegetales locales más
nutritivos; y la reticencia de los actores médicos formales en reconocer
enfermedades mentales definidas tradicionalmente, lo que provoca un
ocultamiento de tales casos. Los nuevos medicamentos y sus usos pueden ser
interpretados de manera diferente y ser utilizados de manera inadecuada a
menos que quienes los proporcionan construyan un puente de acercamiento a
las opiniones locales sobre salud, enfermedad y tratamiento. Como numerosos
autores han sugerido, los enfoques participativos de la atención de la salud
pueden ser necesarios para mejorar la salud entre los pueblos del bosque (y
otros pueblos).

Extraído de: "Forests and human health: assessing the evidence", Carol J.
Pierce Colfer, Douglas Sheil, Misa Kishi, Center for International Forestry
Research (CIFOR), 2006, CIFOR Occasional Paper; No. 45,
http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-45.pdf
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COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES
- Brasil: Pataxó, eucaliptos y la sustentabilidad de Veracel Celulose

El caso de la empresa Veracel Celulose sirve -como tantos otros- para
desnudar las falsedades del discurso empresarial sobre "sustentabilidad".
Veracel es una empresa moderna, propiedad en partes iguales de la
sueco-finlandesa Stora Enso y de la noruego-brasileña Aracruz Celulose.
Veracel es propietaria de 164.000 hectáreas de tierra, 78.000 de las cuales
plantadas con eucaliptos en el estado de Bahía, donde el año pasado comenzó
a funcionar su gigantesca fábrica de celulosa, con una producción anual de
900.000 toneladas de celulosa destinadas a la exportación.

En su página web, Veracel dice que "Respetar el medio ambiente, generar
empleo y renta, promover la mejoría de la calidad de vida de la población y
generar retornos para los accionistas, siguiendo principios de
sustentabilidad, son algunos de los compromisos del emprendimiento".

No tenemos la menor duda de que la empresa está seriamente comprometida en
"dar retorno para os accionistas". Sin embargo su compromiso en "Respetar el
medio ambiente, generar empleo y renta, promover la mejoría de la calidad de
vida de la población" se demuestra a todas luces falso.

En efecto, en materia ambiental esta empresa ha sido hallada culpable de
destruir áreas de Mata Atlântica con cadenas, tractores e incendios a gran
escala (ver boletín WRM Nº 102). O sea que su responsabilidad en materia de
conservación ambiental está cuestionada.

En cuanto a la generación de empleos, está más que demostrado que las
plantaciones de eucaliptos constituyen la peor opción posible, lo que en los
casos de Aracruz y Veracel ha sido documentado en una investigación reciente
disponible en http://www.wrm.org.uy/paises/Brasil/faseESP.pdf

En materia social "promover la mejoría de la calidad de vida de la
población" obviamente no se condice con la apropiación de tierras
pertenecientes a pueblos indígenas. Sin embargo, el hecho es que la empresa
continúa con la invasión de las tierras tradicionales del pueblo indígena
Pataxó, tal como lo afirmaron los propios indígenas en el Documento Final de
la IV Asamblea del Frente de Resistencia y Lucha Pataxó, realizada en agosto
del 2005. Allí los Pataxó decían que "Esta empresa [Veracel] ha venido
agrediendo a nuestro medio ambiente, cooptando a nuestra dirigencia con
distribución y promesas de beneficios con el objetivo claro de dividirnos y
continuar invadiendo nuestro territorio ". Cooptar a las dirigencias como
mecanismo de división resulta antagónico con la afirmación -también extraída
de la página web de Veracel- de que "basa sus relaciones en la transparencia
y la ética".

A mayor abundamiento, este año, en el Documento Final de la V Asamblea del
Frente de Resistencia y Lucha Pataxó, los indígenas y las organizaciones que
los apoyan exigieron el "Fin de la plantación de eucalipto en nuestras
tierras que se encuentra bajo el dominio de la empresa Veracel Celulose, que
continúa agrediendo a nuestro medio ambiente".

O sea que esa empresa, que afirma estar comprometida con los principios de
sustentabilidad, continúa manteniendo en su poder tierras pertenecientes a
los Pataxó y plantándolas con eucaliptos, siendo acusada de continuar
agrediendo el medio ambiente. Quizá haya que re-definir la palabra
"sustentabilidad" para adaptarla a las prácticas de Veracel, ya que en su
acepción más aceptada, el uso que de ella hace es claramente una burla.

Artículo elaborado en base al Documento final de la V Asamblea del Frente de
Resistencia y Lucha Pataxó y página web de Veracel:
http://www.veracel.com.br/pt/
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- Chile: la celulósica Celco S.A. vuelve a ser enfrentada por la población
de Mehuín

El pueblo costero de Mehuín está ubicado en la zona noroeste de la Provincia
de Valdivia, en los límites de las IX y X regiones y se encuentra en una
pequeña bahía donde desemboca el río Lingue, rodeado de cerros de la
cordillera costera. Tiene una población de aproximadamente 1.700 personas
pero convive con 13 comunidades de unos 3.000 indígenas mapuches-lafkenche
que bajan al pueblo a vender sus productos y a abastecerse. Existen además
sectores muy definidos en Mehuín, con sus propias particularidades
culturales. Uno de ellos son los pescadores artesanales que habitan
preferentemente un sector del pueblo llamado "la caleta", al lado del río
Lingue, y donde se desarrolla gran parte de la vida cotidiana del pueblo.

Hace casi 10 años, la empresa celulósica chilena Celco S.A. comenzó a hacer
estudios en secreto para instalar allí una fábrica y construir un ducto que
llevaría a la bahía 900 litros por segundo de residuos industriales líquidos
(Riles). El proyecto fue aprobado en mayo de 1996 y la resolución ambiental
le daba la posibilidad a Celco de elegir entre dos alternativas para los
residuos líquidos: vaciarlos en un río, instalando un sistema más moderno, o
en el mar distante a 35 kilómetros.

Para la empresa, la alternativa más barata era llegar al mar, pero se
encontró con la oposición al proyecto de la comunidad de Mehuín, la cual
desde un principio se opuso a la realización de los estudios convencida de
que eso aseguraría su aprobación y ejecución y la consiguiente contaminación
del mar. Se organizó una campaña de rechazo al uso del mar como basurero de
residuos contaminantes que se llamó NO AL DUCTO.

Ante esta oposición Celco reaccionó con los mismos argumentos utilizados en
otros conflictos en el país. Lo primero era tratar de imponer el proyecto
como una decisión de la autoridad, y asustar a la comunidad de que oponerse
era un delito. La prepotencia y el autoritarismo fueron herramientas fuertes
y validadas. El segundo paso era convencer a la gente de los beneficios del
proyecto, desprestigiando todo argumento y grupo que estuviera en contra, en
especial a los grupos ambientales a los cuales se acusaba de terroristas y
manipuladores. El tercer paso era ofrecer dinero, lo cual era fácil para un
proyecto que invertía US$1.400 millones. Se ofreció una escuela nueva,
materiales de trabajo a los pescadores, hasta un muelle para cubrir el ducto
que entraría al mar. También dinero para algunos dirigentes, si terminaba el
conflicto. Además Celco se apoyó en el poder de los medios de comunicación
afines al empresariado, siendo el diario de Valdivia el más decidido
defensor del proyecto.

El gobierno intentó imponer el proyecto como una decisión tomada por equipos
técnicos, y que cualquier oposición de la comunidad debía hacerse en el
marco de la legislación vigente. Para el gobierno lo importante era
reafirmar su política de crecimiento económico y ello significaba apoyar
toda inversión privada, y el modelo forestal era parte de este proceso.

Celco trató de ingresar por mar y tierra a Mehuín para hacer los estudios,
pero se encontró con una comunidad ya muy organizada y que había logrado
sensibilizar a gran parte de la opinión pública. El gobierno estaba expuesto
a la mirada del país y de parte de la comunidad internacional que miraba con
preocupación lo que pasaba en los conflictos ambientales e indígenas, así
como la fuerte represión que se había visto en algunas zonas mapuches. Ante
la inminente derrota, la empresa y el gobierno negociaron una salida al
conflicto: aprobar el proyecto con la alternativa inicial propuesta en el
primer proyecto: vaciar los residuos líquidos en el río Cruces con un
tratamiento ambiental más moderno, y que garantizaría la menor
contaminación.

Pero a poco de iniciadas las actividades de la fábrica, con su vaciamiento
en el río Cruces, los valdivianos comenzaron a sentir olores pestilentes que
generaron una serie de medidas de reclamo. Peor aún, una amenaza silenciosa
descendía por el río Cruces, un caldo químico conformado por metales
pesados, sulfatos y compuestos organoclorados, alimentados por un millón de
litros diarios de residuos industriales líquidos, que inundó las aguas del
Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter (30 kilómetros aguas abajo de la
Planta de Celulosa), provocando la muerte y migración de miles de cisnes de
cuello negro.

La crisis ambiental despertó la conciencia de miles de habitantes de la
provincia y del país. Después de meses de movilización, el entonces
Presidente Ricardo Lagos, planteó la "solución" a la crisis: verter los
residuos de Celco al mar.

Nuevamente los mehuinenses --quienes le habían doblado la mano al grupo
económico más poderoso del país y a esa idea de desarrollo nacional que en
forma simplista considera que el crecimiento del país necesita del
sacrificio de algunos, aunque eso signifique la muerte de pequeños
ecosistemas del país-- están en pie de resistencia. Su objetivo sigue siendo
evitar la contaminación de sus aguas y salvar así su única fuente de
sustento. Están convencidos de que basta la presentación de un Estudio de
Impacto Ambiental por parte de un gran conglomerado económico como Celco,
para que éste sea aprobado, por lo cual están dispuestos a impedir su
realización en la zona. El principio preventivo y las posibilidades de
revertir una decisión de la autoridad, utilizando los mecanismos de
participación ciudadana, son nulas. Históricamente sólo un 4% de los
proyectos sometidos a este instrumento de gestión han sido rechazados y de
los aprobados no más del 25% son sometidos a una mínima fiscalización, por
lo que no es aventurado concluir que los Estudios de Impacto Ambiental sólo
recogen declaraciones de intenciones que en el mayor de los casos no se
cumplirán.

En ese contexto ocurrió que la comunidad de Mehuín despertó el jueves 17 de
agosto con la sirena activada por los vigilantes de los cerros, anunciando
la llegada de embarcaciones al lugar donde Celco debía iniciar las
mediciones. Dos remolcadores contratados por la empresa llegaron a las
cercanías de Punta Chanchán, escoltados por lanchas patrulleras "Chiloé" y
"Antofagasta" de la Armada y un buque de guerra con más de 100 marinos,
entre los que se encontraban algunos hombres encapuchados y botes zodiac
dispuestos para actuar.

En 20 minutos los botes de pescadores llegaron al lugar para enfrentar la
iniciativa. Se sumaron otras 30 lanchas más de Queule, del sur de la Novena
Región, quienes también se oponen al ducto. Los agentes públicos dispararon
a los botes de pescadores en reiteradas oportunidades, todo lo cual está
debidamente filmado. En la tarde, luego de la cerrada posición de los
pescadores, los dos remolcadores se retiraron hacia el norte y las naves de
la Armada regresaron a Corral y Valdivia.

El presidente de la Federación de Pescadores de Mehuín, Joaquín Vargas,
expresó que defienden la fuente laboral de más de 400 familias que viven de
la pesca. "Estamos defendiendo el derecho de trabajar en un ambiente libre
de contaminación. Es lo que le corresponde al Estado, velar por un ambiente
libre de contaminación, salvaguardar el patrimonio de todos los chilenos,
como lo dice la Constitución", dijo.

A juicio de Vargas, el estudio de impacto ambiental no es ninguna garantía
para los pescadores, ya que siempre terminan aprobándolos. "Donde funcionan
las plantas de celulosa con Estudio de Impacto Ambiental los resultados
están a la vista. Cerquita lo podemos ver en Valdivia en el río Cruces. Ahí
había cisnes que podían volar, nosotros, los pescadores, no tenemos alas
para volar".

Ver video en: http://www.mehuin-celco.blogspot.com/

Artículo elaborado en base a información obtenida de: "El conflicto de
Mehuín", José Araya Cornejo,
http://www.wri-irg.org/nonviolence/nvse23-es.htm; y por información enviada
por Vladimir Riesco Bahamondes, Acción por los Cisnes, correo electrónico:
riesco@... y por Lucio Cuenca, Observatorio Latinoamericano de
Conflictos Ambientales, correo electrónico: "Segundo intento de la empresa
por iniciar estudios en la zona. Con presencia de buque de guerra y marinos
encapuchados Celco no pudo iniciar estudio para ducto al mar", Eliab
Viguera, OLCA.
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- Chile: el bosque de Ñielol - testigo de mentiras sobre bosques y
plantaciones

El cerro Ñielol que se encuentra en la ciudad de Temuco, en la IX Región de
Chile, es fiel testigo de las numerosas mentiras que se escuchan tanto en
esa región como en muchas otras de ese país, y otros, con relación a los
bosques y las plantaciones.

La primera de ellas se refiere al hecho de que se quiere confundir a la
gente hablando de bosques cuando en realidad se está hablando de
monocultivos de árboles. Las empresas forestales, primeras interesadas en
esta confusión, utilizan varias expresiones: bosques, bosques plantados,
bosques artificiales, bosques de producción, bosques de rendimiento. Sin
embargo, la diferencia entre bosques y plantaciones es evidente para
cualquier persona que, luego de recorrer los monótonos monocultivos de pinos
y eucaliptos de la región, llegue al bosque de Ñielol.

Observando su belleza y su biodiversidad se puede confirmar el hecho de que
estamos en un bosque. Allí es posible encontrar numerosas especies de
árboles nativos tales como Quillay, Roble, Coihue, Luma, Temu, Nirre,
Lleuque, Raulí, Canelo, Maitén, Huala, Hualo, Olivillo, Peumo, Boldo,
Copihue (flor nacional), que a su vez cobijan infinidad de otras especies
animales y vegetales.

A la entrada del bosque de Ñielol podemos encontrar una prueba más de la
gran diferencia que existe entre un bosque y una plantación. Un cartel
indica que el índice de peligro de incendio en ese bosque es bajo. En
contraposición, los carteles que se encuentran generalmente al lado de
cualquier plantación anuncian todo lo contrario: Alto peligro de incendio.
El motivo de esa diferencia es que los bosques, generadores de agua, son
capaces de conservar la humedad del ecosistema y por tanto tienden a
eliminar la posibilidad de que se generen incendios. Las plantaciones,
conocidas por su capacidad para agotar los recursos hídricos y resecar los
suelos, acrecientan las posibilidades de la ocurrencia de incendios y
numerosos casos así lo demuestran.

El Ñielol también es testigo para los habitantes de Temuco y para quienes lo
visitan (al menos para quieres puedan pagar la entrada), de toda la riqueza
que ya no está más a disposición de las comunidades, aunque hayan sido
justamente ellas quienes han sabido utilizarlo preservándolo para las
futuras generaciones.

Las empresas forestales generalmente afirman que son ellas con sus
plantaciones las que alivian la presión existente sobre los bosques. Nada
más lejos de la verdad. Los lugareños afirman que es mentira que las
plantaciones hayan aliviado la deforestación; por el contrario, ésta se ha
incrementado. Uno de los motivos es que como la madera de las plantaciones
es cara e inaccesible para el uso doméstico, el suministro de leña se hace a
expensas de las escasas áreas de bosques que no fueron destruidas todavía
por las empresas forestales para instalar sus plantaciones.

Es decir que las empresas plantadoras no solo son directamente responsables
de la deforestación pasada sino que también son responsables de la
deforestación presente. En efecto, la gente del lugar cuenta que, cuando las
empresas están "limpiando el bosque" para suplantarlo por plantaciones, lo
hacen rápidamente y con maquinaria pesada y así hacen desaparecer cientos de
hectáreas en un rato. Una persona afirma que eso lo acababa de presenciar en
la comuna de Cunco, cercana a Temuco. No es extraño, es un hecho que viene
siendo denunciando desde el año 2003 por diferentes organizaciones. La
mayoría de las denuncias de esta región recaen en la empresa Forestal
Millalemu. Resulta increíble entonces que esa empresa haya sido certificada
por el FSC y nominada a postular al premio por el Consejo Consultivo
Regional de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, CONAMA.

Por su parte, diversas organizaciones sociales de distintas regiones del
país, se reunieron el 28 de Julio pasado en la ciudad de Temuco. Concientes
de que el modelo forestal chileno está siendo impulsado en muchos otros
países latinoamericanos y el resto del mundo como ejemplo de desarrollo,
describen en una carta abierta los impactos negativos que los monocultivos
forestales han causado a las comunidades en su territorio:

"Nuestros ricos bosques, de los cuales nuestras comunidades se alimentaron y
vivieron durante cientos de años han sido sustituidos en su gran mayoría por
monocultivos forestales de los cuales no obtenemos beneficios las
comunidades.

Los monocultivos forestales han afectado el nivel de agua de nuestros ríos y
arroyos y han producido una reducción de la diversidad de especies arbóreas
y de su flora y fauna asociada. También han causado otros daños ambientales
como la erosión y degradación del suelo, la aparición de plagas y
enfermedades y problemas en la salud de las comunidades por el uso de
venenos para combatirlas. Las investigaciones de árboles transgénicos que ya
se están llevando a cabo en estas regiones sólo agravarán aun más los
impactos ambientales negativos.

Los monocultivos forestales no han aumentado las fuentes de trabajo, ni han
mejorado el nivel de vida de las comunidades cercanas a ellas como lo han
anunciado sus promotores durante décadas sino que las han empobrecido cada
vez más, han generado trabajo esclavo con alto nivel de riesgo, ha aumentado
la inseguridad laboral y la migración del campo a la ciudad. Las dos
regiones más forestadas del país encabezan las de mayor índice de pobreza.

La gran mayoría de las tierras de las comunidades pasaron a manos de grandes
empresas transnacionales y poderosos grupos económicos que se han
beneficiado por el Decreto Ley 701 de subsidio a la forestación, dictado en
octubre de 1974, a un año de instaurada la dictadura militar, y vigente
hasta el día de hoy. A este subsidio su sumaron créditos especiales para
realizar las plantaciones y la eliminación de tributaciones tanto sobre la
tierra como sobre las plantaciones. La liberalización total del mercado de
productos forestales promovió aun más la expansión forestal, ya que eliminó
cuotas, aranceles y normas que fijaban requisitos mínimos para la
exportación de estos productos. Desde hace algunos años las empresas han
logrado manejar nuevas estrategias para que órganos del Estado dispongan de
aún mayores cantidades de fondos públicos para involucrar a pequeños
campesinos en la plantación de árboles. Además la población subsidia en
forma permanente a las empresas, ya que el Estado debe asumir los costos
económicos asociados a caminos, carreteras y puentes, los costos sociales
relacionados al deterioro de la salud, aumento de la marginalidad y la
delincuencia y los costos socio-ambientales derivados de la eliminación del
bosque nativo y el cambio del uso tradicional de la tierra y carencias
alimentarias.

La instalación de fábricas de celulosa en nuestro territorio ha generado
mayores problemas socioculturales, ambientales y económicos en las
comunidades donde se han instalado.

El modelo forestal chileno además ha dejado una secuela de centenares de
detenidos, procesados y condenados; decenas de heridos; miles de movilizados
por querer recuperar el territorio usurpado, en su mayoría al pueblo
Mapuche, e intentar frenar los monocultivos forestales y la instalación de
fábricas de celulosa".

En la cima del Ñielol un gran cartel transcribe dos poemas de Selva
Saavedra. En uno de ellos, titulado "Ex árboles", la poetisa chilena se
preguntaba ya en el siglo pasado: "el desmonte. ¿hasta cuándo?" Muy buena
pregunta. Habría que agregar: "la forestación ...¿hasta cuándo?

Por Ana Filippini, Movimiento Mundial por los Bosques (WRM), correo
electrónico: anafili@.... Es posible ver este artículo con fotos en:
http://www.wrm.orguy/paises/Chile/Nielol.pdf
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- Uruguay: empresa de celulosa Botnia pretende lucrar con el cambio
climático

La empresa finlandesa Oy Metsä-Botnia Ab (nombre comercial Botnia), fundada
en 1973, es la segunda mayor productora de celulosa de Europa. Tiene cuatro
empresas subsidiarias, de las cuales dos están instaladas en el Uruguay:
Compañía Forestal Oriental S.A. (FOSA), para el desarrollo de plantaciones
de eucalipto; y Botnia S.A., creada en 2003 para llevar a cabo el proyecto
de instalación de una fábrica de celulosa de un millón de toneladas anuales.

La instalación de la mega fábrica -con toda la infraestructura y sus
fábricas anexas de productos químicos, más las plantaciones de eucaliptos de
suministro- significa, no solamente para Botnia sino para Finlandia como
país, el mayor emprendimiento industrial privado en el exterior de su
historia. A la empresa le garantizará disponer de grandes volúmenes de
celulosa de fibra corta barata, obtenida de la madera de sus extensas
plantaciones de eucaliptos, cuyo rápido crecimiento en los generosos suelos
uruguayos permite cortarlos a los 7 u 8 años de plantados.

La empresa encontró en Uruguay condiciones muy ventajosas: tierras y mano de
obra baratas, cuantiosas subvenciones directas e indirectas para el
establecimiento de las plantaciones de eucaliptos, enormes beneficios
asegurados con la concesión de zona franca -que la exime del pago de
impuestos- y el uso ilimitado y totalmente gratuito de los abundantes
volúmenes de agua dulce que requiere el crecimiento de sus eucaliptos y el
procesamiento de la celulosa. A esto hay que sumar que el Estado uruguayo le
construye y mantiene gratuitamente la infraestructura vial necesaria para el
transporte de la madera a la fábrica.

Las perspectivas de ganancias de Botnia en Uruguay son por tanto muy
auspiciosas, aunque su presencia en la región es también muy controvertida,
como lo hemos registrado en los boletines Nº 75, 83, 91, 94, 95, 100, 102,
103, que hablan de acciones contra su instalación que se remontan a 2003.

Pero la inventiva de la empresa para aumentar su rentabilidad parece no
tener límites. La noticia más reciente es la presentación de un proyecto
para acogerse al mecanismo creado en el marco del Protocolo de Kyoto de la
Convención sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas para la reducción
de los gases de efecto invernadero, denominado "mecanismo de desarrollo
limpio" (MDL). Como ya analizábamos en el año 2000 (ver boletín del WRM Nº
37), este instrumento autoriza a los contaminadores a "compensar" sus
emisiones en la medida que inviertan, en países del sur, en proyectos que se
supone reducen las emisiones de gases de efecto invernadero.

El hecho es que Botnia presentó su proyecto MDL este mes en la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de la República de Uruguay por intermedio de
dos consultoras: la uruguaya Carbosur y la finlandesa Poyry. Es importante
destacar la presencia de Poyry (antes llamada Jaakko Poyry), puesto que esta
consultora ha desempeñado un papel esencial en la promoción de monocultivos
de árboles de rápido crecimiento y fábricas de celulosa en todo el mundo, en
todos los casos recomendando, por supuesto, el uso de tecnología y
asesoramiento finlandeses.

El proyecto MDL de Botnia se basa en un razonamiento más complicado que el
usual en proyectos de este tipo. La empresa generaría electricidad mediante
la quema del licor negro derivado del proceso de pulpado de la madera. Dicha
electricidad sería utilizada en su proceso de producción y tendría un
excedente de 32 MW de electricidad que vendería a la red eléctrica pública
(el ente estatal UTE). Según Botnia, las emisiones resultantes de la quema
del licor negro serían nulas, por tratarse de "un material de biomasa
renovable" (las plantaciones de eucalipto), afirmando que "La combustión del
licor negro no produce emisiones de gases con efecto invernadero debido a
que el mismo es parte de un ciclo que implica su reposición por nuevo
crecimiento de biomasa" (de los eucaliptos). ¿Dónde entra entonces el MDL?
Siempre según Botnia, "Con ello estaría reduciendo emisiones de gases con
efecto invernadero mediante la sustitución de generación eléctrica a partir
de combustibles fósiles [por parte de UTE] por la generación a partir de
biomasa renovable" [por parte de Botnia].

De ser aceptado su proyecto como MDL, Botnia recibiría una ganancia
adicional con la venta de los "créditos de carbono" en un "mercado del
carbono" donde numerosos estados y empresas contaminantes están ávidos de
"compensar" sus actividades contaminantes con estos papeles que les permiten
que todo siga como está... Para Botnia, es un negocio redondo: vende la
electricidad que le sobra y al mismo tiempo vende créditos de carbono.

Sin embargo, aún dentro de la lógica del MDL quedan muchas interrogantes, en
particular en lo referente a la llamada "adicionalidad". En efecto, para
evitar que se concedan créditos de carbono a proyectos que se hubieran
llevado a cabo de cualquier manera, la Convención de Cambio Climático
estableció reglas para asegurar la "adicionalidad" del proyecto.

Para acogerse al sistema es imprescindible que el proyecto pueda demostrar
que la mitigación de gases de efecto invernadero que se logre se debe a la
implementación del proyecto y que dicha mitigación no ocurriría sin el
mismo. Sin embargo, si se toma en cuenta el proyecto en su conjunto (desde
la corta de los árboles hasta la exportación de la celulosa) lo más probable
será -como se verá más adelante- que las emisiones totales de gases de
efecto invernadero por parte de Botnia sean mayores a las que hubiera habido
en el país sin su presencia.

Otro de los aspectos que se toman en cuenta para evaluar la "adicionalidad"
es si el proyecto requiere, para ser comercialmente viable, de la asignación
de créditos de carbono. En el caso de Botnia, esto claramente no así, ya que
el proyecto presentado para la aprobación de la fábrica de celulosa ya
incluía la quema del licor negro para generar energía y no solo era
económicamente viable sino que, en palabras de su presidente "sus costos de
producción serían alrededor de la mitad de los de una fábrica moderna de
celulosa en Finlandia". (Helsingin Sanomat, 8 de marzo de 2005)

Por otro lado, Botnia asevera que la disminución de emisiones no se haría en
su fábrica, sino en la empresa estatal de electricidad, afirmando que "La
demanda futura de electricidad en Uruguay deberá ser satisfecha a través de
la creciente generación a partir de combustibles fósiles (petróleo y gas
natural), los cuales emiten gases con efecto invernadero".

¿Por qué es tan seguro que los 32 MW de electricidad que UTE compraría a
Botnia los habría generado necesariamente a partir de combustibles fósiles,
cuando tiene en operación tres represas hidroeléctricas propias y una
compartida con Argentina y cabe la posibilidad de desarrollar otras fuentes
de energía como la eólica, los biocombustibles o la solar?

El cálculo que hace Botnia en materia de emisiones es totalmente simplista.
En efecto, Botnia sostiene que las emisiones resultantes de la quema del
licor negro son nulas, porque las "compensa" con sus plantaciones de
eucalipto en crecimiento. Sin embargo -aún asumiendo que ello fuera cierto-
se "olvida" de mencionar las emisiones que genera el proyecto en su
totalidad. Por un lado, omite mencionar las cuantiosas emisiones actuales
resultantes de la construcción de la fábrica. Por otro lado, también olvida
mencionar las emisiones resultantes del proyecto funcionando en su conjunto,
es decir, las emisiones de las fábricas de productos químicos asociadas a la
producción de celulosa, el consumo de combustible de la maquinaria forestal,
el transporte en camiones de la madera hacia la fábrica, que se anuncia
extremadamente intenso (hay cálculos que hablan de hasta un camión cada 2,5
minutos, las 24 horas, todos los días del año), el movimiento portuario, el
consumo de combustible de los barcos que lleven la celulosa hacia las
plantas de papel en Finlandia y China, etc.

En resumidas cuentas, lo que corresponde, en primer lugar, es establecer la
línea de base de las emisiones de gases de efecto invernadero antes de
comenzar a construir la fábrica. Ello permitiría analizar seriamente el
balance neto de emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de la
instalación y funcionamiento de la fábrica de Botnia. Seguramente el
resultado será que -a nivel de Uruguay- habrán aumentado sustancialmente las
emisiones de tales gases, que es precisamente lo que la Convención de Cambio
Climático busca evitar.

Sin embargo, en este escenario de ficción, donde la contaminación se
transforma en mercado y las emisiones de carbono en cuentas corrientes, se
pierde totalmente de vista que la trama de la vida no funciona así. En
teoría, las emisiones podrán ser consideradas "nulas" y "compensadas" por
los eucaliptos en crecimiento, pero en la práctica, estarán todos los días
saliendo por la chimenea. Los efectos de la contaminación los sufrirán los
ecosistemas y personas -uruguay@s y argentin@s- que viven próximos a la
gigantesca fábrica de Botnia, la cual no solamente emitirá dióxido de
carbono, sino también otras muchas sustancias químicas como sulfuros e
incluso dioxinas, capaces de afectar la salud de las poblaciones vecinas.

Pese a ello, este mecanismo perverso otorga un barniz "verde" a proyectos,
actividades y emprendimientos en países del Tercer Mundo que los condenan a
seguir atados a la dependencia dentro de un orden mundial injusto en el cual
la desigualdad crece cada vez más, los bienes naturales son explotados sin
límite y donde la pobreza y la exclusión importan menos que las necesidades
del mercado. En ese contexto, hasta el propio cambio climático, uno de los
problemas ambientales más graves del planeta, termina dando origen a un
negocio más -el mercado del carbono- en el cual Botnia ahora intenta lucrar.

En Uruguay, el Proyecto MDL de Botnia constituye un paso más para reforzar
los intereses que buscan colocar al país --al decir del conocido escritor
uruguayo Eduardo Galeano-- "en la más pura tradición colonial: inmensas
plantaciones artificiales que dicen ser bosques y se convierten en celulosa
en un proceso industrial que arroja desechos químicos a los ríos y hace
irrespirable el aire".
inicio




- Indonesia: de las plantaciones de palma aceitera, con represión...

Los cultivos intensivos de palma aceitera y la extracción de los aceites
resultantes para exportación siempre han estado vinculados a la represión.
El cultivo en plantaciones fue originalmente establecido por los regímenes
coloniales. Una rápida expansión de las plantaciones en Asia, después de la
Segunda Guerra Mundial, fue estimulada en conexión con la limpieza de las
selvas, utilizada ésta como un arma para combatir a los rebeldes malayos.

El crecimiento de las plantaciones no ha acompañado la ampliación de los
derechos para los trabajadores/as de las plantaciones de palma. El trabajo
sigue siendo duro y peligroso. Las técnicas de la producción apenas han
cambiado en el curso de los últimos 150 años. El gancho de madera antes
utilizado para cosechar la fruta ha sido sustituido en algunas plantaciones
por un gancho de una aleación de metal aún más afilado. Y actualmente se
aplican copiosas cantidades de herbicidas tóxicos por parte de los
trabajadores/as sin su debida protección, quienes fumigan con latas que
gotean colocadas en sus espaldas. Son comunes los accidentes y la
expectativa de vida es corta. Las organizaciones sindicales son, a menudo,
reprimidas brutalmente.

Con el fin de desmantelar un sindicato recientemente creado, Musim Mas -la
mayor refinería de aceite de palma del mundo, con sede en Sumatra,
Indonesia- el año pasado despidió más de 1.000 miembros sindicales de un
plumazo en represalia por una huelga. La compañía expulsó a los
trabajadores/as de sus hogares y a sus niños de sus escuelas, como también
maniobró el arresto y enjuiciamiento de 6 dirigentes sindicales. Actualmente
estos 6 hombres jóvenes están cumpliendo condenas desde 14 meses a 2 años
por el "crimen" de tratar de ejercer sus derechos colectivos como
trabajadores.

La UITA ha venido consolidando el apoyo sindical mundial para un
considerable grupo de estos trabajadores/as, quienes habían resistido los
esfuerzos de la compañía de hacerlos renunciar por escrito a sus derechos y
a su afiliación sindical mediante la aceptación de indemnizaciones por sus
despidos. Esta fase de la lucha llegó a su fin cuando el sindicato nos
informó que unos 200 trabajadores/as, quienes mantenían su resistencia,
aceptaron el día 7 de junio la indemnización financiera por la pérdida de
sus puestos de trabajo. A cambio de ello, fueron presionados a deponer todos
los reclamos jurídicos contra la compañía, o sea que los despidos colectivos
no pueden ser impugnados mediante el proceso de apelación. La indemnización
asciende a unos 123 dólares por trabajador/a - el equivalente al salario de
6 semanas. Los seis prisioneros fueron también obligados a renunciar a su
derecho a apelar contra sus absurdas condenas criminales, las cuales han
sido denunciadas por Amnistía Internacional y otras organizaciones de
derechos humanos por haber sido incriminada la actividad sindical. El hambre
es un arma poderosa en las manos de una gran compañía despiadada.

La compañía elogió al "acuerdo mutuo" anunciando que "Este asunto fue
resuelto de acuerdo a las leyes laborales de Indonesia y conforme a todas
las reglamentaciones del país. Estamos abocados a comprometer proactivamente
a nuestros accionistas, tanto en Indonesia como en el extranjero, para
promover una industria sustentable del aceite de palma".

El gobierno, acusado en la OIT de las Naciones Unidas debido a violaciones
en serie de los Convenios internacionales sobre derechos sindicales, encomió
el acuerdo, el cual "ha de contribuir hacia relaciones laborales más
positivas en la industria del aceite de palma".

Aquí podemos observar la situación de Indonesia en pocas palabras: Fueron
destituidos mil trabajadores/as y expulsados de sus hogares, se desbarató un
sindicato y 6 dirigentes sindicales están presos, pero el acatamiento de la
legislación nacional fue alcanzado pagando 123 dólares y extrayendo de los
prisioneros un "acuerdo de paz ", en el cual ellos renuncian a sus derechos.

Las afiliadas de la UITA en todo el mundo respondieron a nuestros llamados
con mensajes a la compañía y al gobierno y con un generoso apoyo financiero
(que actualmente asistirá a las familias de los militantes sindicales
presos). El hecho que nuestra campaña estaba comenzando a ganar terreno
queda demostrado por la nueva voluntad de la compañía de reunirse con una
organización a la cual anteriormente había rehusado reconocer y trató de
destruir. En un número de compañías clave, los sindicatos vinculados a la
elaboración de alimentos instaron a sus gerencias empresariales a examinar
sus abastecimientos de aceite de palma y, en particular, sus relaciones con
Musim Mas. En un caso, la intervención de la UITA logró que un minorista
transnacional suspendiera temporalmente su utilización de Musim Mas como un
elaborador de productos de su propia marca. En Holanda, la FNV exhortó al
gobierno a cesar su apoyo financiero a la Mesa Redonda sobre el Aceite de
Palma Sustentable (RSPO, por su sigla en inglés), el mecanismo de relaciones
públicas "socialmente responsable" de la industria, integrado por "múltiples
partes interesadas", comprendiendo a Musim Mas como un miembro del
Directorio Ejecutivo, junto al Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por su
sigla en inglés) y Oxfam. La investigación pública de las condiciones
sociales subyacentes en la producción de aceite de palma continúa y no será
fácilmente anulada.

La campaña estaba dando buenos resultados y no habrán de olvidarse las
lecciones aprendidas, puesto que el aceite de palma sigue siendo un sector
en auge fundado sobre una explotación atroz. Musim Mas es difícilmente la
excepción entre los productores de aceite de palma en su afán de aplastar
los derechos para lograr ganancias. El uso del aceite de palma como un
biocombustible significa que su precio actualmente está vinculado al costo
en alza de los hidrocarburos, estimulando aún una mayor avidez. Se le
impulsa como una alternativa al banano en América Latina y se le promueve
como una alternativa saludable (lo cual no es) a los aceites polisaturados
en los alimentos elaborados. Las zonas de cultivo están creciendo
impetuosamente, representando una amenaza para el medio ambiente y para los
trabajadores/as.

La UITA ya no mantiene más un conflicto laboral con Musim Mas. Sin embargo,
continúa existiendo un problema aún mayor con la compañía y con la
ilegitimidad y la barbarie del sector en su conjunto. El Banco Mundial,
mediante su entidad de financiamiento del sector privado, la Corporación
Financiera Internacional (CFI), está incrementando su apoyo para expandir
los cultivos. La RSPO, a través de su relación privilegiada con el Banco
Mundial, le brinda una cobertura "sustentable" para financiar la clase de
destrucción social que Musim Mas asestó a quienes generan sus dividendos.

Las organizaciones sindicales vinculadas a la elaboración de alimentos deben
continuar cuestionando a sus compañías acerca de las fuentes de aceite de
palma y otros insumos derivados de prácticas indefendibles. Los partidarios
de la justicia para los trabajadores/as del aceite de palma deben examinar
más estrictamente cómo las ONGs arriesgan - aún con buena fe - servir de
pantalla a compañías como Musim Mas. Es necesario que WWF y Oxfam, a la vez
que ejercen sus papeles en el Directorio Ejecutivo de la RSPO, analicen
minuciosamente sus propias posiciones en relación con los derechos de los
trabajadores/as del aceite de palma. Las organizaciones sindicales
holandesas están en lo cierto: el apoyo del gobierno a la RSPO y a las
actividades de las ONGs en materia del aceite de palma, que nos alejan de
las soluciones requeridas con urgencia, es un escándalo que debe ser
suspendido. Asimismo, la RSPO debe ser impugnada para que explique la
participación de Syngenta en la Mesa Redonda. Syngenta fabrica el paraquat,
el herbicida más tóxico del planeta. El paraquat es responsable por la
muerte de decenas de miles de trabajadores/as rurales todos los años y se
utiliza liberalmente en las plantaciones de aceite de palma. El sindicato de
Musim Mas trató de negociar una aplicación más segura de los compuestos
químicos tóxicos y fue aplastado. La compañía, cuyo producto mata a los
trabajadores/as del aceite de palma, actualmente ha solicitado ser miembro
de la RSPO con plenos derechos de voto.

Las relaciones públicas no redundarán en la sustentabilidad de una industria
fundada sobre la supresión de los derechos humanos. La única alternativa es
la organización sindical e instrumentos obligatorios y exigibles para
garantizar el respeto de los derechos. La brutalidad y el rechazo de los
derechos apuntalan la cadena del aceite de palma. Es evidente por sí misma
la causa en favor de sindicalizar a los trabajadores/as de este sector. La
UITA está comprometida en asegurar dicha organización.

Por UITA, correo electrónico iuf@...,
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- Indonesia: plantaciones de palma aceitera invaden las tierras
tradicionales de las comunidades

El ambiente de Kalimantán Occidental ha cambiado radicalmente en los últimos
25 años. Gran parte del bosque que servía de sustento a las comunidades fue
talado por las empresas adjudicatarias de esas tierras para instalar allí
plantaciones de palma aceitera. Incluso los bosques que tradicionalmente se
mantenían en reserva para las generaciones futuras (hutan cadangan) son
víctimas de la "conversión forestal", pues el gobierno considera que la
tierra que se deja en barbecho, como recomiendan los sistemas tradicionales
de cultivo, está "descuidada" o "en estado crítico".

Los indígenas perdieron la base de su sustento y ya no tienen madera o
pescado a su disposición ni pueden seguir cultivando su propio arroz,
verduras u otros cultivos; ahora tienen que comprar alimentos. De este modo
la introducción de las plantaciones de palma aceitera ha empobrecido a las
comunidades.

Las plantaciones confunden también los límites naturales entre las unidades
consuetudinarias (kampong), lo que lleva a que existan más conflictos entre
las comunidades. En virtud del sistema "plasma", como se llama comúnmente a
la zona cultivada por pequeños propietarios que provee a la planta
procesadora "núcleo", puede ocurrir que se otorgue a las personas parcelas
de palma aceitera en tierras consuetudinarias (adat) pertenecientes a otra
comunidad o incluso en otro subdistrito. De modo que las personas ya no
controlan sus tierras consuetudinarias, lo que debilita al sistema adat en
su totalidad.

Cuando se incorporan tierras adat a una plantación de palma aceitera como
parte del cuerpo principal de una finca, es muy probable que la familia
termine convirtiéndose en esclava asalariada en sus propias tierras
tradicionales.

La autonomía regional ha empeorado las cosas, según denuncia Pak Cion
Alexander, campesino de Sanggau, Kalimantán Occidental, que además es
diplomado en Derecho y activista comunitario de la organización Gerakan
Rakyat Pemberdayaan Kampung (GRPK). Las autoridades locales desean atraer
plantaciones de palma aceitera a sus regiones, alegando que aumentarán los
ingresos locales, generarán empleos, brindarán carreteras y mejorarán las
condiciones económicas de las comunidades. Solamente en Sanggau hay casi 40
empresas de plantaciones.

Como dice Pak Cion Alexander, "Es cierto que la asamblea de distrito de
Sanggau aprobó un reglamento local relativo al gobierno de las aldeas (Perda
Nº 4/2002) que nos brinda la oportunidad de volver a nuestro sistema
tradicional, que se funda en los kampong. Por generaciones los adat han sido
la base de comunidades independientes muy democráticas que tenían el control
de los recursos naturales en sus tierras consuetudinarias. La comunidad
entera, no una élite, tomaba las decisiones. El sistema normalizado de
gobierno de las aldeas implantado por el régimen de Suharto en 1979 cambió
todo eso. Pero queríamos que se reconociera nuestro sistema de adat, así que
en cuanto se introdujo la autonomía regional hicimos presión a favor de la
nueva reglamentación".

No obstante, el problema es que "las empresas usan mal los sistemas
tradicionales de gestión. El gobierno [nacional] es cómplice, pues crea sus
propias organizaciones "adat" oficiales y designa a los dirigentes. Es a
estas personas que se acercan las empresas cuando buscan una firma que avale
el desposeimiento de los derechos comunitarios".

"Es de vital importancia que se reconozcan los derechos indígenas en la
legislación nacional y se fortalezcan mediante reglamentaciones locales.
Parte de ello es el derecho al consentimiento previo, libre e informado,
para que podamos elegir entre aceptar o rechazar una plantación en nuestras
tierras. También necesitamos relevar la extensión de nuestras tierras
consuetudinarias, para que las empresas no puedan quitárnoslas tan
fácilmente. Las plantaciones de Parindu, Kembayan, Tayan Hulu, Tayan Holir y
Kapuas deben devolver las tierras consuetudinarias a los pueblos indígenas,
pues los procedimientos de adquisición de las tierras violaron la
legislación nacional y las leyes adat."

Artículo basado en información obtenida de: "From Singapore to West
Kalimantan", Down to Earth Nº 68, febrero de 2006,
http://dte.gn.apc.org/68oi3.htm
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- Perú: la Amazonía amenazada por proyectos de plantaciones de palma
aceitera

Las plantaciones de palma aceitera se expanden en América del Sur: Colombia,
Ecuador, Venezuela y ahora Perú, que se suma al impulso comercial. Las
empresas encuentran lucrativas oportunidades a costa de la invalorable selva
amazónica y de la vida de los campesinos, quienes se ven desplazados de las
tierras que trabajan para obtener su sustento.

En el año 2000 el Ministerio de Agricultura elaboró el Plan Nacional de
Promoción de la Palma Aceitera 2000 - 2010. Con un enfoque de mercado, el
plan busca promover "núcleos" productivos o "clusters" en los departamentos
de San Martín y Loreto, hasta consolidar 50.000 hectáreas a establecerse en
la región amazónica, la cual -según anunciaba el proyecto de Ley 9271--
"cuenta con extensas y ricas tierras para desarrollar la industria del
aceite de palma".

En este contexto, llegan denuncias de que en plena llanura amazónica y parte
de la ceja de la selva, 30.000 hectáreas de bosques tropicales comprendidos
en los valles de la subcuenca de los ríos de Caynarachi y Shanusi, en el
distrito de Yurimaguas, región Loreto, serán destinados al cultivo e
industrialización de la palma aceitera por el grupo Romero, un poderoso
conglomerado mixto al que pertenecen las empresas Industrias del Espino S.A.
(INDESA) y Palmas del Espino y Subsidiarias (PALMESA). Antes de darse a
conocer los resultados del estudio de impacto ambiental del proyecto, se
informa que ya se ha iniciado la deforestación de 2.000 hectáreas en la zona
de Shanusi.

Las autoridades estatales (el Concejo Nacional del Ambiente-Perú/CONAM y el
Instituto Nacional de Recursos Naturales/INRENA), no han puesto objeciones a
este proyecto, que no solamente degradará el hábitat de miles de especies
silvestres, sino que se lleva a cabo a expensas de los derechos
territoriales de numerosas comunidades campesinas. Se da la situación de
que, en muchos casos, comunidades que ocupan la zona de influencia del
proyecto desde 1941 o 1961, no han podido realizar la titulación de sus
tierras comunales por los costos que conlleva el proceso. Pero, además, la
titulación, que a una comunidad campesina o nativa le insume de uno a tres
años, al Grupo Romero le requirió tan sólo tres meses y hoy en día la
empresa logró apropiarse de tierras de familias campesinas.

Más de 40 familias en terrenos que ocupan desde hace seis años se sienten
burladas por los organismos encargados de su titulación, ya que en un inicio
les prometieron titular sus parcelas, pero ahora les argumentan que como los
terrenos se encuentran dentro del área que ha solicitado la empresa del
Grupo Romero, no es posible continuar con los trámites. La Asociación de
Productores Agrarios "Centro San Isidro" del Alto Shanusi indica que sus
integrantes iniciaron los trámites legales en 2005 y que el PETT (Proyecto
Especial de Titulación de Tierras) realizó las mediciones de los terrenos,
por lo que la decisión les causa gran sorpresa y malestar.

Los campesinos de la zona son conocedores de que proyectos similares de
monocultivos de palma aceitera llevados a cabo en Colombia y Ecuador no
solamente han implicado la destrucción del ambiente, sobre todo por el uso
de agroquímicos y sus impactos en el agua, el suelo, la flora y la fauna,
sino que también han desplazado a miles de campesinos. Los aspectos sociales
tampoco son buenos, dicen, ya que afectarán actividades como la leña, la
caza, la pesca, entre otras.

Por su parte, la Directiva de la Asociación de Productores Agropecuarios
"Centro San Isidro" - APACSI del bajo Shanusi - Yurimaguas, frente a la
invasión de las plantaciones de palma emitió una declaración en la que
denuncian a las autoridades por haber guardado silencio ante la negativa del
PETT a otorgarles los títulos de propiedad de las tierras que han ocupado y
trabajado durante más de seis años, cuidando a la vez la selva virgen del
sector San Isidro bajo Shanusi.

Lamentan también que un amplio sector de la prensa "no está dando cobertura
a este problema que se viene agigantando día tras día y que seguramente
desembocará en graves y funestas consecuencias para nuestra ecología, con la
deforestación de un amplio territorio ... y con ello el aniquilamiento de
miles de especies de flora y fauna, sólo con el miserable objetivo de
sembrar palma aceitera para el negocio lucrativo del aceite vegetal para los
nuevos motores 'ecológicos' que seguramente la firma Romero estará pensando
vender en nuestra patria. Cabe señalar que dicha palma tan solamente crece
con sol y agua; es decir, toda la vegetación que para ellos no sirva será
destruida y con ello los seres que la habitan; además, que no es cierto que
esta inversión traerá desarrollo para la población del sector, la cual viene
siendo obligada a vender sus tierras para poner en marcha este ecologicida
proyecto que tan solamente es un paliativo temporal al hambre y miseria de
nuestros tan sufridos pueblos" (ver la declaración completa en
http://www.wrm.org.uy/paises/Peru/Declaracion_Yurimaguas.html).

Artículo basado en información obtenida de: "Arbitrario posesionamiento del
grupo económico Romero en tierras protegidas de selva virgen de Yurimaguas",
declaración del 9 de Junio de 2006 del Comité Directivo - APACSI del bajo
Shanusi; "Paralizan titulación de tierras de más de cuarenta comuneros del
Alto Shanusi", Giovanni Acate, Radio Oriente,
http://www.ideeleradio.org.pe/look/Ideeleradio/article.tpl?IdLanguage=13&IdPubli\
cation=7
&NrIssue=27&NrSection=50&NrArticle=8898
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- Uganda: plantaciones de palma aceitera que trajeron fuertes vientos y
salarios bajos

La acelerada destrucción de bosques tropicales y tierras boscosas indígenas
en Uganda con la finalidad de hacer lugar a la producción de palma aceitera
y azúcar, sigue un patrón muy conocido que ya se vio en otras partes del
mundo, en especial en el sur de Asia.

En 2001 el gobierno, según informó profusamente la prensa local, entregó
5.000 hectáreas de bosques protegidos que estaban bajo su tutela a BIDCO,
una empresa productora de aceite de palma originaria del sur de Asia. Estos
bosques, situados en las islas Ssese, en el lago Victoria, fueron
rápidamente eliminados.

Actualmente se avecina otro revuelo en torno a la propuesta de entregar
7.000 hectáreas de bosques vírgenes situados al este de la capital a una
productora azucarera que ya posee miles de hectáreas de plantaciones en las
cercanías.

La línea del Ecuador atraviesa el corazón de la región de los grandes lagos
de Uganda, que alberga, al oeste, la rica biodiversidad del Congo,
comparable con la del Amazonas. Este país ha sufrido largos períodos de
violencia política suscitada desde el Estado, que dejaron un legado
contradictorio. Por un lado, en la élite y la clase política sigue habiendo
una sensación generalizada de que el período de guerra e insurgencia
(1966-1986) y los disturbios subsiguientes ocasionaron el "atraso" del país,
que tiene la responsabilidad de "alcanzar" al resto del mundo.

Esto ha dado origen a una forma particularmente perniciosa de planificación
económica hipócrita y dictatorial donde todo aquél que cuestione el gran
plan para el desarrollo es calificado de inmediato de "antipatriótico",
enamorado secreto de los brutales regímenes anteriores o, simplemente,
estúpido.

He pasado por esa experiencia. Recuerdo cuando nuestro presidente Museveni
retrucó "¿Usted es un romántico? ¿Quiere volver al estado natural?" en
respuesta a mi indagación sobre la base filosófica de sus planes de
"desarrollo" para el país.

Esto ocurrió en 2001, en una entrevista radial durante las elecciones
presidenciales. Lamentablemente la calidad del discurso oficial público en
torno al medio ambiente no ha evolucionado mucho desde entonces.

La Dra. Margaret Kigozi, directora de la principal agencia ugandesa para
atraer capitales extranjeros (Uganda Investment Authority), descalificó a
los opositores del proyecto de represa hidroeléctrica en nuestro río Nilo
tildándolos de "obsesionados con las ranas y las mariposas".

Más recientemente, durante una entrevista radial muy dura, en respuesta a
mis reiteradas indagaciones en cuanto a la sensatez de la decisión de
otorgar a BIDCO carta blanca para talar grandes superficies de bosques e
instalar allí sus plantaciones de palma, el Ministro de Estado para
Inversiones preguntó enojado: "¿Acaso las palmas no son árboles?"

Por otra parte, sin embargo, Uganda realmente fue "dejada atrás" en la
rebatiña de los capitales mundiales por convertir las riquezas naturales de
los países pobres del Sur en "pasto para las inversiones". El país
permaneció relativamente más verde (situación similar a la de Congo y Sudán
meridional, que ahora también están bajo amenaza) que otras partes del Sur
que en aquel momento se consideraron suficientemente "estables" para la
rapaz inversión extranjera. Esta es la perpetua ironía de la situación en la
que nos encontramos.

Y entonces realmente estamos apenas en el principio de este proceso. Hay una
enorme riqueza ecológica para que estos "cortoplacistas" internacionales
saqueen y destrocen y hay una enorme avaricia, ignorancia e hipocresía en
el gobierno que hace increíblemente fácil el acceso a esta riqueza.

Unos pocos valientes del departamento de bosques de Uganda han estado en
contra del proyecto desde el principio. Incluso encontraron aliados en los
lugares más insólitos (como el DFID, Departamento para el Desarrollo
Internacional del Reino Unido) al explicar que los empleos prometidos eran
virtualmente "esclavitud" y por lo tanto no un intercambio justo por la
pérdida de estos bosques. Los ignoraron.

En este proceso de destrucción no hay nada nuevo. Las maniobras de los
financistas globalizados ya no son novedosas. Por lo tanto, la única
pregunta es: ¿Qué puede hacerse antes de que sea demasiado tarde o antes de
que el costo de restauración potencial sea demasiado elevado?

La respuesta radica en el fortalecimiento de las voces activistas que están
intentando, antes que nada, acceder a toda la nueva información relacionada
con estos escándalos y hacerla pública, y en poder trabajar juntos en un
foro que permita llevar a cabo acciones (tales como recursos de amparo,
manifestaciones, campañas educativas en los medios y educación comunitaria)
que aumenten el costo político de la adopción de tales políticas.

Para esto se necesitará que las personas organizadas compartan su
información y sus capacidades. Ya hemos comenzado con la exposición pública
de lo que ocurre en las islas Ssese, que están siendo destruidas por
fuertes vientos y salarios bajos desde que se talaron los bosques de la
península Bwendero. Según se informa, BIDCO ha solicitado otras 3.000
hectáreas de lo que queda de bosque. Dicen que les habían prometido un total
de 10.000 hectáreas y tienen al gobierno de Uganda muerto de miedo con sus
amenazas de retirarse si esta promesa no se cumple. La amenaza para los
bosques no hace más que crecer.

Es importante saber que no estamos solos en esta lucha y que podemos
aprender de los esfuerzos de otras personas que se enfrentan a los mismos
desafíos.

Por Kalundi Serumaga, correo-e: kalundi@.... Kalundi
Serumaga fue activista comunitario durante muchos años y en la actualidad es
columnista en la prensa y tiene un programa radial en Uganda. En el año 2003
produjo y presentó un programa semanal sobre medio ambiente en la televisión
nacional. El cementerio de sus ancestros se situaba en las tierras donde
hace poco se estableció una plantación de palma aceitera a gran escala en
las islas Ssese.

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Boletín Mensual del Movimiento Mundial por los Bosques
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Editor: Ricardo Carrere

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