1. Es de suma importancia que en la sede de un gobierno democrático como el nuestro, conformado por peruanos hablantes de diferentes lenguas, se haga un uso oficial de las mismas dándole con ello legitimidad social y política superando su reducción a espacios familiares o comunales. Hemos pasado 185 años de vida independiente, tiempo en el que nuestro país no ha terminado de asumir y de reconocer el aporte cultural de los pueblos originarios y de la riqueza lingüística que poseen. En el marco de consolidación de la democracia se debería favorecer y fomentar las expresiones de la diversidad que nos enriquece con aportes concretos en materia de ciencia, tecnología, manejo de la biodiversidad entre otros.
2. Es un derecho de los hablantes de una lengua originaria que su lengua empiece a adquirir mayor fuerza y protagonismo en diversos ámbitos. Esto además de fortalecer una identidad golpeada y comúnmente discriminada, garantiza que el país vea en su Congreso una auténtica representación de su diversidad. Nuestro país cuenta con aproximadamente 5 millones de hablantes de la lengua quechua, y no menos de medio millón de hablantes de otras lenguas andinas y amazónicas,  de los cuales Lima concentra más de un millón, siendo así la ciudad de mayor diversidad lingüística de la Región. Muchos de estos hablantes ocultan sus identidades frente a la discriminación que sufren.  Esperamos que los ciudadanos injustamente maltratados en razón de lengua, creencias, origen social y otro motivo usual de discriminación, sostengan con fuerza su auto identificación y abran paso a un país más tolerante y abierto a la diversidad. 
3. Rechazamos el comportamiento agresivo e intolerante de la Congresista Martha Hildebrant Pérez Treviño para con otros legisladores que hacen uso de sus derechos empleando lenguas nativas peruanas en el Parlamento, derechos, por lo demás, sancionados explícitamente en el Art. 2, numerales 2, 19 y Art. 48 de la Constitución Política del Perú y una gran cantidad de normas internacionales que tienen carácter de leyes, como los artículos 1, 7, 26 y 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por R.L. N° 13282, La Declaración Universal sobre la diversidad cultural de la UNESCO, el convenio 169 de la OIT suscrito por el Perú en 1992. El Artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por D.L. N° 22128, los artículos 13 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por D.L. N° 22129, además de la Ley de reconocimiento, preservación, fomento y difusión de las lenguas aborígenes, 28106, la Ley General de Educación N° 28044, Artículos 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 19 y 20, la Ley N° 27818 para la Educación Bilingüe Intercultural y otras normas específicas.
4. Reacciones como esta solo muestran el grado de intolerancia y colonialismo reductivo y monocultural que detenta cierto sector político, que con un discurso aparentemente unificador, pretende uniformar el país. La unidad no significa homogenizar, sino la suma articulada y potenciada de todas las diferencias.
5. Convocamos a la ciudadanía a rechazar todo exceso verbal que atenta contra los derechos humanos, acto de agresión o de discriminación por razones étnicas y sociales venga de donde viniere, sea que se ampare en el reconocimiento académico, el poder político o cualquier otra prerrogativa social que empleen para ejercer su coerción y sus malas maneras para con sus conciudadanos de otras culturas y otros orígenes sociales. Si queremos construir un país auténticamente democrático no debemos quedarnos callados asintiendo conductas de este tipo que dividen y mancillan la identidad de un pueblo pluricultural y multilingüe.
6. Invocamos a los medios de comunicación a tratar tales noticias con el exacto juicio que les corresponde. Considerando diferentes puntos de vista tanto de académicos y políticos renombrados como de los propios involucrados. Dejando así a segundo plano exabruptos prepotentes que no merecen tener eco periodístico o mediático que pueden acrecentar el mal ejemplo y la intolerancia en nuestra sociedad, particularmente entre niños y jóvenes.
7. El silencio de los demás congresistas, políticos y académicos frente a este tema, revela el grado de parcialidad y de polaridad social que algunos medios agudizan. Este silencio los hace cómplices de la invisibilización que han vivido las lenguas originarias en nuestra frágil democracia. Es urgente que cada persona asuma su rol social y político más aun en esta coyuntura de fragmentación social y de reestructuración del estado. Si somos un país dividido por la distribución de la riqueza, la diversidad de lenguas y culturas y las condiciones geográficas, no debemos quedar callados frente a conductas que intentan seguir marcando distancias y pronunciando las brechas que en un pasado no muy lejano nos costó una violencia sin igual.
8. Finalmente invocamos al actual Congreso de la República, a los otros poderes del Estado y la sociedad civil organizada, haga esfuerzos por normar el Art. 48 de la Constitución Política del Perú que reconoce estatuto de idiomas oficiales al quechua, al aimara y a las demás lenguas nativas, para que los derechos lingüísticos se ejerzan ordenadamente, protegiendo el complejo y vasto capital cultural del país.

Colectivo “Por la vigencia de nuestras lenguas”