WORLD RAINFOREST MOVEMENT
MOVIMIENTO MUNDIAL POR LOS BOSQUES
Secretariado Internacional
Maldonado 1858, Montevideo, Uruguay
Correo electrónico: wrm@...
Página web: http://www.wrm.org.uy
Editor: Ricardo Carrere
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B O L E T I N 106
Mayo 2006 - Edición en castellano
Este boletín está también disponible en francés, inglés y portugués. Si
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en alguno de estos idiomas comuníquese con nosotr@s.
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En este número:
* NUESTRA OPINION
- Un mensaje desde la Amazonía contra los "servicios ambientales"
* LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS
AMERICA DEL SUR
- Brasil: entonces, Sr. Liedeker, ¿es Aracruz una empresa polémica?
- Chile: la resistencia del pueblo Mapuche a la invasión forestal
- Colombia: el Pueblo Indígena Motilón Bari se levanta por sus derechos
contra los
intereses petroleros
- Ecuador: acción y propuestas contra monocultivos de árboles
- Ecuador: los Huaorani del Parque Yasuní atacados por grupos madereros y
petroleros
AMERICA DEL NORTE
- México: hablar de árboles
AFRICA
- Congo, RD: el Banco Mundial reconoce fracaso del proyecto EESRSP
- Nigeria: las devastadoras llamas de las cocinas a carbón de Abacha y los
bosques
comunales
- Sudáfrica: los impactos de las plantaciones de árboles en las aves
ASIA
- China: el viejo dilema de las plantaciones de eucalipto y el agua
- India: nueva ley forestal: ¿fin de las expulsiones de los bosques?
- Indonesia: la acacia y la expansión de las plantaciones con destino a
celulosa
- Laos: Suez Energy International y la represa de Houay Ho
* GENERAL
- Nueva política sobre Pueblos Indígenas del BID: ¿valió la pena esperarla?
- Informe de CIFOR: de cómo los inversores ignoran los graves problemas de
las
plantas de celulosa
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* NUESTRA OPINION
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- Un mensaje desde la Amazonía contra los "servicios ambientales"
Los técnicos al servicio de las transnacionales han demostrado tener una
ilimitada
capacidad de inventiva para servir mejor a quienes les pagan. Nada es
imposible, ni
absurdo, ni inmoral para ellos. Entre sus más recientes logros, figura el
haber
conseguido poner en venta a la propia naturaleza bajo el disfraz de los
llamados
"servicios ambientales". Expresiones como "venta de oxígeno" y "venta de
sumideros
de carbono" son ahora moneda corriente, en particular en los países del sur.
Cientos
de funcionarios gubernamentales, consultores, certificadores, ONGs
conservacionistas nacionales e internacionales, organismos de Naciones
Unidas,
agencias de cooperación, bancos privados y multilaterales, corredores de
bolsa y
empresarios, se afanan -entre otros- por obtener su tajada de este pastel,
estimado
en miles de millones de dólares. Al mismo tiempo, ellos u otros compran y
venden
biodiversidad, conocimientos tradicionales, conservación de recursos
hídricos. Lo
que sea. Por dinero y poder.
El problema que enfrentan es que gran parte de esas "mercancías" (los
servicios
que brindan los bosques), no son de su propiedad, sino que están en manos de
los
pueblos que habitan los bosques. Sin embargo, ello no es obstáculo para los
vendedores y compradores de "servicios ambientales", que recurren a dos
mecanismos para apropiarse de lo que no es suyo. Por un lado, grandes
empresas -
mal llamadas ONGs ambientalistas- como por ejemplo The Nature Conservancy y
Conservation International entre otras, adquieren los derechos y el control
sobre los
territorios, bien a través de la compra de tierras o bien a través del
manejo de mal
llamados proyectos de conservación y expulsan a las poblaciones locales
(generalmente pueblos indígenas o tradicionales). La propiedad de los
"servicios"
pasa entonces enteramente a sus manos, para ser prontamente comercializados
en
el mercado internacional.
El segundo mecanismo consiste en lograr, a través de la firma de un contrato
con
representantes de las comunidades, el derecho al usufructo del bosque y por
ende
de sus "servicios". Tales contratos, en general obtenidos en forma
fraudulenta de
poblaciones desinformadas acerca de su real alcance, otorgan a los
compradores
derechos ilimitados de uso sobre algunos o todos los "servicios" que brindan
los
bosques. Por unas monedas, los engañados habitantes de los bosques pierden
su
soberanía sobre los mismos, que pasan a ser "manejados" por los vendedores y
compradores de "servicios ambientales".
Sin embargo, a medida que el proceso avanza, esos dos mecanismos están
siendo
crecientemente cuestionados por las comunidades afectadas, que alzan sus
voces
en defensa de sus derechos. Tal situación se evidenció hace unos pocos días
en
Ecuador.
En efecto, del 19 al 20 de mayo se llevó a cabo en la Amazonía ecuatoriana
(Puyo)
un encuentro internacional denominado "Servicios Ambientales: la Naturaleza
como
Mercancía", al que asistieron representantes de todas las nacionalidades
indígenas
del país, así como de otras poblaciones tradicionales y de ONGs nacionales e
internacionales. L@s asistentes participaron en un debate informado, en el
que se
analizó el tema tanto a nivel global como local y se expusieron experiencias
concretas de contratos fraudulentos impuestos a las comunidades. Luego de
haber
debatido ampliamente sobre el tema, l@s participantes declararon
unánimemente:
- "la NULIDAD de contratos, convenios y proyectos que contemplen la venta de
servicios ambientales."
En su declaración (http://www.wrm.org.uy/paises/Ecuador/Puyo.html) se
incluyeron
muchos otros aspectos, entre los cuales se destacan los siguientes:
- "Rechazamos todas las iniciativas que contemplen venta de Servicios
Ambientales
en territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas, comunidades
campesinas y
afroecuatorianas.
- Rechazamos el uso del llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL),
contemplado dentro del Protocolo de Kyoto, en proyectos que afectan las
comunidades, tales como represas hidroeléctricas, plantaciones forestales y
otros.
- Rechazamos en nuestras comunidades la firma de nuevos contratos de Venta
de
Servicios Ambientales con ONGs nacionales o internacionales, municipios o
personas particulares.
- Exhortamos a la CONAIE y CONFENIAE [confederaciones que agrupan a las
comunidades indígenas de Ecuador] que presenten las respectivas denuncias a
la
justicia, para que los notarios, promotores de contratos, y ONGs que
participan en
estas actividades sean sancionados legalmente.
- Rechazamos rotundamente la presencia en los territorios de los Pueblos
Indígenas
y comunidades campesinas y afroecuatorianas de las organizaciones tales como
GTZ, Conservación Internacional, The Nature Conservancy, Ecolex, Ecociencia,
Fundación Natura, Arco Iris, Antisana y otras.
- Rechazamos los proyectos de bioprospección y biopiratería, que vienen
disfrazados
de investigaciones científicas, que pretenden adueñarse de nuestros recursos
naturales y de los conocimientos ancestrales asociados a ellos."
En definitiva, esta declaración constituye un importante y muy oportuno
mensaje
desde la Amazonía al mundo, alertando a los pueblos acerca de los peligros
de este
comercio de "servicios ambientales" y denunciando a quienes así pretenden
apropiarse de los territorios indígenas y de comunidades tradicionales. El
engaño de
los mercaderes de la vida comienza a ser visibilizado, denunciado y
combatido. La
soberanía y los derechos de los pueblos se enfrentan al robo y al engaño de
los
mercaderes, bajo la consigna de que la naturaleza no es una mercancía y que
no
está en venta. Así de sencillo ... y así de profundo.
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* LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS
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AMERICA DEL SUR
- Brasil: entonces, Sr. Liedeker, ¿es Aracruz una empresa polémica?
En 2003 la empresa brasileña Aracruz Celulose pagó US$ 610 millones a Klabin
para quedarse con las operaciones en celulosa de Riocell, en [el estado de]
Rio
Grande do Sul. Junto con la fábrica de celulosa capaz de producir 400.000
toneladas
anuales y las 40.000 hectáreas de plantaciones de eucalipto vino también un
certificado del Consejo de Manejo Forestal (FSC) de buen manejo de las
plantaciones.
Este certificado ha significado un dolor de cabeza para Heiko Liedeker, el
director
ejecutivo del FSC. Simplificando, el problema es que Aracruz es una de las
empresas de pulpa y papel más polémicas del mundo. Las plantaciones de la
empresa en Espírito Santo se encuentran en tierras pertenecientes a los
pueblos
indígenas Tupinikim y Guaraní. La empresa está investigando en árboles de
ingeniería genética. El tratamiento que reciben los trabajadores de las
plantaciones
de Aracruz es espantoso. Las plantaciones han secado arroyos y cursos de
agua. Y
en enero de 2006, Aracruz estuvo involucrada en una violenta acción policial
para
desalojar dos aldeas reconstruidas por los Tupinikim y Guaraní en tierras
recuperadas de manos de Aracruz.
En mayo de 2006, Heiko Liedeker conoció a dos brasileños de Espírito Santo
en la
secretaría internacional del FSC, en la ciudad de Bonn. Se trataba de Paulo
de
Oliveira, Tupinikim de la aldea Caieira Velha, y Wera Kwaray, Guaraní de la
aldea
Boa Esperança, quienes se encontraban en Europa para dar publicidad a los
impactos de Aracruz sobre su sustento, cultura, bosques y tierra. Las ONG
alemanas Urgewald y Robin Wood se organizaron y enviaron representantes a la
reunión; Geertje van der Pas, de la ONG brasileña CIMI, actuó como
intérprete.
También yo participé de la reunión.
Paulo de Oliveira describió la forma en que Aracruz, en la década de 1970,
había
cortado la selva Atlántica y luego la había incendiado. "Los animales
desaparecieron", dijo De Oliveira. "Antes de que llegara Aracruz nosotros
cazábamos
y encontrábamos comida". Luego explicó que la FUNAI, el departamento del
gobierno encargado de los asuntos indígenas en Brasil, había producido una
serie
de informes (el más reciente de ellos publicado este año) que reconocían los
derechos de los Pueblos Indígenas a su tierra en Espírito Santo. Describió
también
cómo los Tupinikim y Guaraní habían demarcado por sí mismos su tierra y
explicó la
forma en que la policía le había roto un brazo durante el desalojo en enero
de 2006 y
que había estado preso en la Casa de Huéspedes de Aracruz. "¿Por qué la
policía
usa esta casa, si existe una comisaría?", preguntó.
"Lo primero tiene que ver con la certificación de Aracruz", respondió
Liedeker.
"Aracruz no está certificada, sino que una sola plantación está
certificada". Aracruz
tiene un certificado correspondiente a sus operaciones en Rio Grande do Sul,
explicó, no por sus operaciones en Espírito Santo.
Wera Kwaray señaló que hace dos meses unas 2.000 mujeres de Vía Campesina
habían ocupado un vivero de árboles de Aracruz en Rio Grande do Sul. Según
Vía
Campesina, esta manifestación fue "una protesta contra las graves
consecuencias
sociales y ambientales que causa la expansión del 'desierto verde', como
llaman a
las extensas áreas de monocultivos de eucalipto". "Si Aracruz no ha hecho
nada
malo en el sur, ¿por qué ocurrió esto?" preguntó Kwaray. "Es un signo de que
algo
está mal".
Hubert de Bonafos, oficial de acreditación del FSC, explicó que en diciembre
de
2004 el FSC había llevado a cabo su auditoría anual de [el Programa de
certificación] SmartWood examinando la certificación de Riocell. Dijo que
"como
resultado, el FSC identificó algunos puntos débiles, que incluyó en un
informe para
SmartWood". El FSC concedió a SmartWood un año para resolver los problemas.
Aunque SmartWood no cumplió con este generoso plazo el FSC no tomó ninguna
medida pública.
Liedeker prometió que el informe del FSC sobre Aracruz y SmartWood sería
"hecho
público muy pronto". Basándose en este informe Liedeker decidirá si
recomendar
que la Junta del FSC tome alguna medida, como rescindir el certificado de
Aracruz o
penalizar a SmartWood.
Según las normas del FSC, para poder postularse a un certificado FSC las
empresas
tienen que "mostrar un compromiso a largo plazo de adhesión a los Principios
y
Criterios del FSC". Eso incluye reconocer y respetar "Los derechos legales y
consuetudinarios de los pueblos indígenas para poseer, usar y manejar sus
tierras,
territorios y recursos". Aracruz ha violado este principio desde el inicio
de sus
operaciones en Espírito Santo, a fines de los años 1960. Por lo tanto, según
las
normas del propio FSC el certificado de Aracruz debería rescindirse.
En febrero de 2006 le escribí a Liedeker para hacerle algunas preguntas
relativas al
certificado FSC de Aracruz. Una de mis preguntas era si el FSC consideraba
que
Aracruz era [una empresa] polémica. Liedeker eludió la pregunta explicando
que el
FSC no declara polémicas o no polémicas a las empresas. En su respuesta
figuraba
esta extraordinaria declaración: "El FSC se reserva todos los derechos en
relación
con este documento. Este documento o cualquier parte del mismo solamente
puede
reproducirse acompañado de las preguntas originales y solamente con permiso
escrito del FSC".
Durante la reunión de Bonn, Peter Gerhardt y Lydia Bartz, de las
organizaciones
Robin Wood y Urgewald respectivamente, preguntaron varias veces a Liedeker
si
Aracruz era una empresa polémica. Una vez más, Liedeker evadió las
preguntas.
Claro, no podía decirles a Paulo de Oliveira y Wera Kwaray que Aracruz no es
una
empresa polémica, pero reconocer que sí lo es implicaba tener que admitir
que ya
hace mucho tiempo que debería haber insistido para que se rescindiera la
certificación.
Con esta certificación parcial de Aracruz el FSC está estimulando las ventas
de
productos de Aracruz. "Cuantos más productos de Aracruz compres, más grande
se
volverá esta empresa", dice un habitante de Espírito Santo en un video-clip
en el sitio
web de Robin Wood. "Cuantos más productos se compren, más tendremos que
sufrir". Al no rescindir la certificación de Aracruz, el FSC está empeorando
las cosas
para los residentes locales.
"Les juro que nos estamos tomando esto muy en serio. Ya estamos
encaminados",
nos dijo Liedeker. Pero han pasado tres años desde que Aracruz compró su
certificado FSC. El FSC debe rescindir esta certificación de inmediato.
Por Chris Lang, correo-e: chrislang@..., www.chrislang.blogspot.com
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- Chile: la resistencia del pueblo Mapuche a la invasión forestal
La comuna de Lumaco, con 11.405 habitantes, se ubica en la novena región de
Chile. Desde las perspectivas de la antigua territorialidad mapuche y de las
actuales
identidades territoriales mapuche reivindicadas en esta región, Lumaco
corresponde
al centro político del territorio mapuche-Nalche (también denominado
"nagche" y
"nag-che")
A pesar de que actualmente la comuna presenta superficies de bosque nativo
muy
disminuido (14.982 hectáreas que representan un 13,4% de la superficie), con
un
preocupante estado de conservación y gran fragmentación, el bosque de Lumaco
pertenece a uno de los últimos y más extensos Bosques Húmedos de la Región
Templada Fría del planeta. Desde el punto de vista de los recursos
alimenticios
humanos, pese a encontrar un número menor de especies vegetales alimenticias
que en bosques tropicales, en estos bosques existen múltiples plantas
aprovechables como alimento (frutos, tallos, tubérculos, raíces carnosas y
semillas),
así como también un considerable número y cantidad de hongos.
Es en esta región que durante la dictadura militar se produjo una violenta
introducción de plantaciones en gran escala de monocultivos de árboles,
impuestos
desde un marco institucional que aún se mantiene y cuyo principal
instrumento es el
Decreto Ley 701, desplazando a los sistemas agropecuarios y al bosque
nativo. La
fragilidad ecológica y la escasa aptitud agrícola de las tierras sirvió para
calificarlas
de aptitud forestal, lo cual permitió promover a las plantaciones forestales
como la
única actividad viable para combatir y frenar la erosión. Sin embargo estas
apreciaciones no consideran la existencia de formas y técnicas alternativas
de
producción agrícola apropiadas para estas condiciones, ni el desarrollo de
rubros
productivos alternativos a la forestación industrializada, tales como
algunas especies
frutales (cerezos, arándanos, olivos), entre otras alternativas
En un territorio en que más del 70% de la población es mapuche, solo el 15%
de las
111.900 hectáreas de superficie de la comuna son ocupadas por las
comunidades
mapuche. Para esta mayoría de la población, la actividad forestal ha sido
nefasta. En
primer lugar, contribuyó a una fuerte reducción de la población rural,
rompiendo
sistemas económicos y estrategias de subsistencia de esta población. Por
otro lado,
no obstante a las promesas de bienestar económico publicitadas por los
impulsores
de este modelo forestal, la población que habita las zonas en las cuales se
desarrolla
no tiene acceso a estos supuestos beneficios. Según una encuesta de 2000,
Lumaco presenta elevados índices de pobreza: el 60% de su población se
encuentra
bajo la línea de la pobreza y el 33% de ésta, en extrema pobreza. Otros
índices
asociados son: 23,7% de analfabetismo; 26.3% de deserción escolar; y una
tasa de
mortalidad infantil de 17,05%. Según el PNUD (2000), el Índice de Desarrollo
Humano de la comuna de Lumaco es de 31,9%, cuyo valor es considerado como
muy bajo y deja a Lumaco como una de las comunas de Chile peor evaluadas
bajo
este indicador.
La expansión explosiva de las superficies plantadas con pinos y eucaliptos
en
Lumaco se asocia, además, a una serie de procesos de degradación ambiental
graves de la comuna: destrucción del bosque nativo, la pérdida de
biodiversidad, la
reducción y contaminación de fuentes de aguas superficiales y subterráneas,
procesos erosivos y otros procesos de degradación del suelo tales como la
compactación. También se han registrado problemas de salud en las
comunidades
circundantes a las plantaciones.
Mientras un pequeño grupo de medianos y grandes productores madereros (que
residen principalmente en las zonas urbanas de Lumaco y comunas vecinas) y
empresarios de la celulosa (grupos nacionales y trasnacionales) son los
beneficiados, la población local rural recibe los impactos negativos del
modelo en
sus sistemas económico-productivos, medioambiente, salud (física y mental) y
cultura, implicando en conjunto un severo perjuicio en su calidad de vida.
Desde el punto de vista cultural, la expansión forestal ha provocado el
empobrecimiento de la cultura mapuche en el plano del conocimiento y ha
impedido
la reproducción de sus modos de vida propios. Un ejemplo de esta situación
serían
los impactos socioculturales de la pérdida del bosque nativo: los cambios en
las
pautas de alimentación, el abandono progresivo de la medicina tradicional,
el
derrumbe de creencias y relaciones establecidas con el mundo espiritual,
entre otros.
A este proceso nefasto las organizaciones mapuche han opuesto una lucha
basada
en argumentos étnicos y políticos en defensa de su patrimonio cultural,
demostrando
así que el resguardo cultural puede ser una estrategia importante para
enfrentar al
modelo forestal.
En diciembre de 1997, comuneros mapuche de Lumaco procedieron a la ocupación
de tierras forestadas y la posterior quema de dos camiones que sacaban
madera
desde el Fundo Pidenco, en la comuna de Lumaco. Este incidente marcó el
inicio de
una relación de diálogo directo entre los empresarios y el Estado, el cual
asumió un
rol defensivo y ofensivo que tomó forma a través de la invocación de la Ley
de
Seguridad Interior del Estado. Se inició también una nueva etapa en las
denuncias
de la población mapuche. Miembros y dirigentes de organizaciones mapuche han
sostenido una crítica profunda a la presencia de las empresas forestales en
la zona,
siendo esta crítica la única manifestación organizada en contra de la
presencia
forestal en la comuna. Ésta se organiza en torno a diversos ejes que, desde
la
perspectiva cultural mapuche, se reconocen como integrados entre sí. Entre
tales
ejes se destaca la relación entre lo ambiental y lo cultural, en tanto la
pérdida de
recursos implica también la pérdida de conocimiento, y con ello la
pauperización de
sus condiciones de vida. A través de sus propuestas han buscado salida a los
problemas de pérdida de tierra, escasez de agua y disminución de la
producción
agrícola, de los que identifican a las empresas forestales como un
responsable
directo, y al Estado como un responsable encubierto.
Es así que han enfrentado numerosos procesamientos judiciales,
encarcelamientos
y persecuciones; allanamientos y vigilancia permanente en las comunidades;
golpes,
disparos, secuestros y amenazas de muerte por parte de carabineros,
investigaciones y civiles no identificados; e incluso el asesinato de tres
jóvenes
Mapuche que han quedado en la más absoluta impunidad. Se han aplicado,
también
leyes de carácter especial creadas en el Régimen Militar para reprimir a la
oposición
de la dictadura, como son la Ley Antiterrorista (ley 18.314), además de la
Ley de
Seguridad Interior del Estado.
Actualmente, existen más de 200 comuneros mapuches procesados y se mantienen
11 presos políticos Mapuche en las Cárceles de Concepción, Angol, Traiguen y
Lebu, entre los que se encuentran Lonko (autoridad tradicional), dirigentes
y Werken
de comunidades, además de otros en la clandestinidad o sujetos a medidas
cautelares. Contra ellos existen acusaciones basadas en testigos sin rostro
y
testimonios falsos. El propio Ministro de Interior de Bachelet reconoció que
había
sentencias contradictorias, y el partido político de la Presidenta ha
reconocido que
durante el Gobierno de Lagos hubo un uso desproporcionado e injusto de la
legislación antiterrorista, que permitió juicios aberrantes, lo cual fue
denunciado por
el Relator de Naciones Unidas para los Derechos Indígenas.
Es en este contexto que Patricia Troncoso, Juan Huenulao, Jaime Marileo y
Juan
Marileo, presos políticos Mapuche de la cárcel de Angol, acusados y
condenados en
la causa de Incendio Terrorista a 10 años y un día, además del pago de una
indemnización de $ 424.964.798 a la empresa forestal MININCO, iniciaron el
13 de
marzo una huelga de hambre indefinida para exigir la libertad de todos los
presos
políticos Mapuche, la no utilización de la ley antiterrorista y la revisión
de la causa por
la que han sido condenados injustamente.
La huelga de hambre concitó numerosas movilizaciones en Chile, y protestas
que
acompañaron a la gira europea de la presidenta Michelle Bachelet, la que fue
emplazada el pasado 10 de mayo en Madrid por el premio Nobel José Saramago a
"mirar a los mapuches".
Mientras continúan los actos de represión y las detenciones en las
comunidades
mapuche, se llevaban a cabo tensas negociaciones, en medio de las cuales los
huelguistas suspendieron la huelga el día 14 de mayo de 2006, ante el
compromiso
de parlamentarios oficialistas de aprobar una ley que les permitiría la
libertad
condicional en un régimen de vigilancia. Sin embargo, dicho proyecto no
contaba con
respaldo político en la propia coalición de Gobierno. La presidenta del
principal
partido de gobierno, la senadora Soledad Alvear (DC) declaró que el proyecto
sería
inconstitucional pues violaría la "igualdad ante la ley". Asimismo,
inmediatamente
suspendida la huelga, el 16 de Mayo el Gobierno declaró a través de la
Ministra
Paulina Veloso que no respaldaba el proyecto de Ley. A su vez la Presidenta
Michelle Bachelet declaró el pasado 23 de mayo que se trata de
"delincuentes"
condenados, y que no puede intervenir frente a las decisiones de los
tribunales.
Ante esta falta de cumplimiento de los acuerdos por parte de la clase
política chilena,
los cuatro prisioneros mapuches se han sentido engañados y víctimas de una
operación política, y han reanudado la huelga de hambre. La situación de los
huelguistas mapuches es muy delicada y se encuentran hospitalizados. Por su
parte,
la clase política chilena ha cerrado filas y pretende sindicar a los
mapuches como los
responsables de la ruptura de los acuerdos y el naufragio de una solución
legal que
no contaba con sustento político.
En Chile se ha profundizado a un grado extremo la crisis de confianza entre
indígenas y Estado, que sólo una mediación internacional podrá resolver y
conducir
por caminos de paz y primacía de los derechos humanos.
La vida de cuatro mapuches en prisión peligra. Su huelga de hambre
personifica en
este momento la resistencia del Pueblo Mapuche a una legislación genocida,
hecha
a la medida de las grandes forestales. El Movimiento Mundial por los Bosques
Tropicales exhorta a sumarse a su reclamo de "cierre del proceso a la
injusta causa
llamada 'Incendio terrorista Poluko Pidenko' y la libertad inmediata de los
Presos
Políticos Mapuche" enviando adhesiones a:
http://www.nodo50.org/varios/mapuches/index.php#4
DE ÚLTIMO MOMENTO: El día 26 de mayo, nuevas conversaciones llevaron a los
mapuches en huelga de hambre a la decisión de deponer la huelga, depositando
sus
esperanzas en un acuerdo con cuatro garantes que les permitiría, a través de
un
proyecto de ley, obtener la libertad vigilada.
Artículo basado en extractos de la investigación "Contexto económico y
social de las
plantaciones forestales en Chile. El caso de la Comuna de Lumaco, región de
la
Araucanía", agosto de 2005, por René Montalba Navarro, Noelia Carrasco
Henríquez
y José Araya Cornejo (el trabajo completo está disponible en
http://www.wrm.org.uy/paises/Chile/LibroLumaco.pdf); comunicados de la
Agrupación De Familiares Y Amigos De Los Presos Políticos Mapuche,
http://www.presospoliticosmapuche.org/index_archivos/Noticias.htm; aportes
de
Víctor Toledo Llancaqueo, Centro de Políticas Publicas, correo electrónico:
centro@..., http://www.politicaspublicas.cl
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- Colombia: el Pueblo Indígena Motilón Bari se levanta por sus derechos
contra los
intereses petroleros
El Pueblo Indígena Motilón Bari se asienta desde hace miles de años en la
cuenca
del río Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander. Es una zona
selvática
con una extensión aproximada de 126.600 ha y comparte frontera con
Venezuela.
Tiene un potencial importante en materia de biodiversidad, maderas y
minerales,
hidrocarburos y recursos hídricos en sus bosques húmedos que sirven de
filtro
natural para el lago de Maracaibo (Venezuela).
Todo ello, y en especial la presencia de petróleo, es la razón por la cual
los Motilón
Bari están expuestos a permanentes incursiones de transnacionales,
particularmente
en los municipios de Tibú y el Tarra. Ya en 1904 ingresaron a la región
empresas
petroleras como la COLPET (Colombia Petroleum Company) y SAGO (South
American Gulf Oil Company) y actualmente ECOPETROL.
Todas las empresas han seguido un patrón extractivista que explota de manera
desaforada los recursos no renovables, depredando los bienes naturales de la
zona
y menoscabando la biodiversidad. Los daños al medio ambiente han sido
irreparables y han afectado la vegetación, la fauna y los acuíferos,
generando o
dinamizando procesos erosivos y contaminando el agua y el suelo, por citar
algunos
de los impactos. En ocasiones las actividades extractivas han implicado,
además, el
desplazamiento y desalojo de las comunidades indígenas Motilón Bari de sus
territorios.
La reducción del territorio ancestralmente ocupado por los indígenas,
desconociendo
y vulnerando constantemente sus derechos, ha traído aparejada una pérdida de
valores naturales y culturales que pone en riesgo la supervivencia de las
comunidades indígenas.
Al amparo de la Licencia Ambiental 0624 del 16 de mayo de 2005 se intenta
imponer
el proyecto de exploración y explotación de petróleo denominado ALAMO I en
sus
territorios. El proceso ha tenido varias irregularidades, entre ellas el
desconocimiento
de los derechos de los pueblos indígenas consagrados en los instrumentos y
convenios internacionales y nacionales, la falta de consulta previa por
parte de la
empresa extractiva ECOPETROL y la presencia del Ejército Nacional de
Colombia
en la zona de influencia del proyecto con el objetivo de "resguardar" el
pozo, pero
que implica impedir el libre movimiento del pueblo Bari así como la
realización de sus
actividades productivas, sociales y culturales.
El Pueblo Bari ha reaccionado iniciando un proceso de defensa de su
territorio, una
de cuyas medidas es una acción judicial denominada por las leyes nacionales
"Acción de Tutela", que busca la protección de los derechos humanos del
pueblo
Bari. Esta acción fue fallada en contra por los tribunales en primera y
segunda
instancia. Al momento, el fallo de la segunda instancia fue presentado ante
la Corte
Constitucional para su estudio y probable revisión.
En esta acción la Asociación Comunidad Motilón Bari de Colombia solicita a
la Corte
Constitucional de Colombia que "sea revisada la tutela de referencia que
busca
proteger los derechos fundamentales que actualmente se nos están violando
con la
ejecución del proyecto de exploración y explotación Álamo I en nuestro
territorio
ancestral y sagrado y el accionar arbitrario del Ejército Nacional que se
encuentra en
la zona con la misión de resguardar el proyecto".
Como denuncian en su demanda, el Ejército ha invadido sitios de caza y pesca
y de
celebración de rituales y ceremonias propias de su cultura --como las
maratones
(una actividad cultural y sagrada en las que realizan un ejercicio de
reconocimiento y
contacto con su territorio)--, atenta contra la libre movilización de los
Bari en su
propio territorio y les impide el acceso a sus sitios sagrados. Esta
situación ha
llevado a que se realicen detenciones arbitrarias, malos tratos e incluso
atentados
contra la integridad personal y la vida de los Bari.
Dicen los Motilón Bari: "Nuestros abuelos ya no saben qué hacer con esta
situación.
La madre tierra está llorando, nuestra cultura, nuestra cosmovisión, nuestra
etnia
nuevamente están en peligro. Se está causando un perjuicio irremediable,
porque los
daños hasta ahora causados y los que se pueden causar a nuestra sacralidad
no
son reparables con dinero o cualquier otro bien".
En el documento "La explotación petrolera en el Catatumbo - Colombia;
Genocidio al
Pueblo Bari" (http://wrm.org.uy/paises/Colombia/Catatumbo.pdf) su autor,
Ashcayra
Arabadora Acrora, Delegado del Consejo Autónomo de Caciques Bari, Asociación
Comunidad Motilón Bari de Colombia, expresa: "La Madre Tierra es una persona
viva, no podemos entender ese tipo de actividad y nos oponemos a eso, muchos
animales de nuestra región han desaparecido, la vida es la tierra, ella
mantiene la
vida, la vida es agua y sol; para nosotros el petróleo es un problema. Nos
trae mucha
violencia; con las compañías petroleras vienen también los grupos armados".
Exhortamos a enviar adhesiones al Consejo Autónomo de Caciques Bari,
Asociación
Comunidad Motilon Bari de Colombia - ASOCBARI, correo electrónico:
puebloindigenabari@..., suscribiendo la solicitud a la corte
Constitucional
Colombiana que figura en: http://www.wrm.org.uy/paises/Colombia/Bari.pdf
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- Ecuador: acción y propuestas contra monocultivos de árboles
Más de 400 jóvenes de ambos sexos participaron el 13 de mayo en una acción
contra las plantaciones de la empresa japonesa EUCAPACIFIC en la localidad
de
Tortuga, localizada en el cantón Muisne, provincia de Esmeraldas.
La acción -anunciada públicamente el día anterior en Muisne- se enmarca en
la
creciente oposición contra los grandes monocultivos de eucalipto de esta
empresa,
que han afectado profundamente la región, acabando con el agua, la flora y
la fauna
que antes abundaban y que eran utilizadas por la población local y
expulsando a los
propios pobladores de la zona.
Entre los numerosos testimonios recogidos en una investigación recientemente
culminada y publicada por el WRM (Granda, Patricia.- Monocultivos de árboles
en
Ecuador), el siguiente resume la situación diciendo:
"El pueblo se siente afectado. los ríos se están secando, los árboles, la
naturaleza
se acaba, los animales se ahuyentan, con eso que siembran derrumban todo, ya
no
hay las especies que había antes. La gente se iba a cazar la guanta, el
conejo,
todo eso, ya no pueden ir porque ya no hay montaña donde se pueda ir para
cazar.
Todo lo que es naturaleza se está ahuyentando, ellos [los animales] por lo
menos
tenían árboles donde podían vivir y hacer sus casas, ahora ya no hay nada de
eso
porque cortaron. Eso está puro eucalipto".
En el caso de Tortuga, el antiguo río que atraviesa el poblado es ahora
apenas un
hilo de agua estancada y la gente se ha visto obligada a hacer un pozo en el
propio
lecho del río para poder abastecerse de agua. Tal situación es consecuencia
directa
de la plantación de amplias áreas de eucaliptos en la zona. Al respecto, un
poblador
local dice:
"Este es el río Tortuga, y mírelo está seco. ¿Cuánto hace que terminó el
invierno?
Casi nada, y mírelo como está. Más adelante ya no habrá agua. Yo no sabía y
nos
han hecho conocer. Si desde un principio nosotros hubiéramos sabido que esto
nos
hacía daño no sembraban, se los impedíamos."
La empresa ha sido acusada de infringir la ley al haber talado áreas de
bosque
tropical para sustituirlo por plantaciones de eucalipto. Un habitante de
Tortuga
cuenta que "botaron todo abajo y solo plantaron esa planta [el eucalipto].
La empresa
botó bosque primario, porque aquí adentro, donde mí [en mi predio] había un
bosque
que había preservado".
EUCAPACIFIC también violó las normas legales al plantar a menos de 30 metros
del
río Tortuga. La acción llevada a cabo por los jóvenes consistió en
talar -con
machetes, hachas y motosierra- unos 2000 árboles de la franja plantada
ilegalmente
por la empresa cerca del curso de agua. Cada vez que un nuevo árbol caía,
los
aplausos y consignas de los jóvenes acompañaban la caída.
José Bautista, un habitante de la zona, dijo que la tala de los árboles fue
la última
opción que tuvieron para que la empresa maderera tome en serio el tema
ambiental.
Al respecto cuenta: "Hablamos con la Ministra de Ambiente, ella vino acá y
dijo que
iba a suspender los permisos para la siembra de los árboles. Luego nos
convocaron
a una reunión con Eucapacific y ellos señalaron que no existen tales
sembradíos y
les creyeron".
Es decir, que la acción no puede ser siquiera considerada ilegal, dado
que -según la
empresa- esos árboles "no existen". A pesar de ello, los machetes y
motosierras
mostraban que efectivamente existían y que, si se aplicara la justicia,
EUCAPAFIC
no solo debería pagar las multas correspondientes, sino también los jornales
de los
jóvenes que eliminaron los árboles que la propia empresa debería haber
cortado. Sin
embargo, la empresa ya ha amenazado con iniciar acciones legales contra las
personas y organizaciones involucradas.
En este contexto de creciente oposición a las plantaciones, la ONG
ecuatoriana
Acción Ecológica hizo pública el 17 de mayo su "propuesta sobre plantaciones
forestales", que dice:
"Acción Ecológica acaba de publicar los resultados de una investigación en
la cual se
documentan los graves impactos sociales y ambientales provocados por los
monocultivos de pinos y eucaliptos, tanto en la zona andina como en
Esmeraldas.
Consideramos que los hallazgos de esta investigación ponen de manifiesto la
inconveniencia de promover pinos y eucaliptos puesto que:
1. Desplazan a poblaciones campesinas
2. Quitan recursos vitales a las poblaciones locales
3. Ocupan tierras productoras de alimentos
4. Aumentan la pobreza en las zonas donde se instalan
5. Generan menos ocupación que la que desplazan
6. Destruyen las economías locales
7. Agotan los recursos hídricos de la zona
8. Afectan gravemente la biodiversidad de flora y fauna
9. Degradan ecosistemas de bosques y páramos
10. Contaminan las fuentes de agua con químicos y pesticidas
El Gobierno Nacional está discutiendo al momento la estrategia forestal. En
base a lo
arriba planteado, queremos manifestar públicamente nuestra propuesta en
relación a
plantaciones forestales, que consiste en:
1. Demandamos que el Estado tome todas las medidas para que se pare la
expansión de los monocultivos forestales
2. El Estado no debe otorgar incentivos ni directos ni indirectos para el
fomento
de plantaciones, ni entregar en concesión tierras para este fin.
3. Toda plantación futura deberá ser sometida a evaluación de impacto
ambiental previo, a otros mecanismos de gestión ambiental (auditorías), y
deberá
cumplir con todas las normas ambientales vigentes, así como el respeto a la
consulta previa informada a las comunidades, que incluya el derecho a decir
"NO".
4. El Estado debe obligar a las empresas forestales a retirar los árboles de
todas aquellas áreas plantadas que están afectando los Recursos Naturales y
las
economías de las poblaciones locales, y a realizar una reparación ambiental
y social
a las poblaciones afectadas.
5. El Estado debe obligar a las empresas a retirar todos los árboles
plantados
ilegalmente, como por ejemplo aquellos plantados a menos de 30 metros de los
cursos de agua."
En resumen, lo que Acción Ecológica está pidiendo es que se reconozca que
estos
monocultivos impactan gravemente sobre la gente y el ambiente y que el
Estado
tiene por ende la obligación de controlar los existentes y de impedir que se
sigan
expandiendo.
Artículo elaborado en base a información de: informe de viaje a Ecuador de
Ricardo
Carrere, mayo 2006; Granda, Patricia.- Monocultivos de árboles en Ecuador
(http://www.wrm.org.uy/paises/Ecuador/Libro2.html); Acción Ecológica:
"Nuestra
propuesta sobre plantaciones forestales"; Diario El Comercio, "Una protesta
contra la
siembra de eucaliptos, 17/5/06
(http://www.elcomercio.com/noticia.asp?id=42461&seccion=8)
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- Ecuador: los Huaorani del Parque Yasuní atacados por grupos madereros y
petroleros
Al sur del Parque Nacional Yasuní (ver Boletín Nº 96 del WRM) se libra una
guerra
desigual. Lanzas contra escopetas.
El Parque Nacional Yasuní tiene 982.000 hectáreas. Está localizado en
territorio
Huaorani, en las provincias de Napo y Pastaza, y forma parte de la llamada
Zona
Intangible, donde viven pueblos de las etnias Tagaeri y Taromenane en
situación de
aislamiento voluntario.
Si bien en la Zona Intangible están prohibidas las actividades extractivas
como la
explotación petrolera y la tala de los bosques, lo cierto es que existe allí
desde hace
años una intensa y violenta explotación forestal a vista y paciencia de la
policía,
funcionarios de medio ambiente y militares. Los camiones cargados de madera
recorren impunemente vías fluviales y terrestres y atraviesan el campamento
militar.
Cinco bloques petroleros se impusieron en territorio Huaorani y la compañía
Petrobrás recibió licencia de explotación forestal. Las actividades
petroleras
requieren de vías de acceso por las que ingresan los madereros a los
territorios de
los Pueblos Indígenas Aislados. Las prolongadas presiones que éstos sufren,
producto de la intervención maderera, petrolera y turística, han provocado
el
genocidio y la desaparición de varios de estos grupos en reiterados eventos
violentos, tales como la masacre de mayo de 2003, cuando alrededor de 20
mujeres
y niños del pueblo Tagaeri fueron asesinados en Tigüino. Nunca se ubicó a
los
culpables.
Las empresas madereras organizadas en la Asociación de Industriales de la
Madera
(AIMA), Corporación de Manejo Forestal Sustentable (COMAFORS) y la
Corporación
de Desarrollo Forestal y Maderero (CORMADERA) hicieron público a principios
de
este mes un comunicado en el que pretendieron deslindar los nexos entre la
explotación maderera y las violaciones a los derechos humanos de los grupos
Tagaeri y Taromenane. A la vez, exigen al Estado mayores prebendas para sus
actividades, tales como dos millones de hectáreas para plantaciones,
recursos
económicos y canje de deuda externa para sus actividades de explotación de
bosques y monocultivos de árboles, la desregulación de sus actividades y la
desvinculación del Ministerio del Ambiente del control de las mismas, la
entrega del
control forestal a entidades privadas vinculadas a sus intereses, y la
promoción de
sistemas de venta anticipada de madera -todo ello supuestamente para una
"explotación forestal sustentable".
Por su parte, los Huaorani habían decidido tomar el control de su territorio
ancestral.
En una asamblea realizada en la comunidad de Nemopari a fines del año
pasado,
resolvieron impedir la explotación de los recursos naturales. El cónclave
Huaorani
se realizó con la presencia de 60 ancianos sabios. Según Vicente Enomenga,
presidente de la organización Huaorani, ellos recomendaron al Consejo de
Gobierno, la Organización de la Nacionalidad Huaorani de la Amazonia
Ecuatoriana
(Onhae), el cuidado de su entorno y de su vida.
Los Huaorani definieron que quedaba prohibido el ingreso de extraños a sus
territorios, lo que incluye a los madereros procedentes tanto de Ecuador
como de
Colombia. El vicepresidente del Consejo de Gobierno advirtió que los
habitantes
indígenas no se responsabilizan por la seguridad de los foráneos.
En ese contexto es que el pasado 12 de abril fueron lanceados dos madereros
en el
sector de Cononaco, en la provincia de Orellana, y el 27 de abril, al sur de
la referida
provincia, en los límites con Pastaza, fuentes del Vicariato de Orellana y
un dirigente
Huaorani informaron del asesinato de varios miembros de la comunidad
Taromenane --denuncian una cifra de 30 víctimas.
Pero ahora, según denuncias de la organización ecuatoriana Acción Ecológica,
un
silencio cómplice se ha instalado en torno a la zona intangible. Las lanzas
encontradas revelan que algo de extrema gravedad pasó, a pesar de lo cual se
pretende ignorar la presencia de gente armada en la región. Los que dieron
la voz de
alarma y aquéllos que poseen información ahora estarían amordazados por el
miedo. Nadie se atreve a hablar en contra de los madereros; su violencia, el
poder
económico que manejan parecen más fuertes que la justicia y el derecho.
Acción Ecológica reclama que se realice una investigación seria e imparcial
de los
hechos y que se tomen medidas de protección. Dichas medidas deben empezar
por
establecer una clara política de respeto a las áreas protegidas y a los
pueblos
indígenas que las habitan y que se detenga todo tipo de actividad extractiva
a gran
escala en estos lugares.
Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario representan verdaderos
tesoros
culturales al constituir la voluntad de persistencia étnica de las
sociedades de la
cuenca amazónica y al defender a través de su cultura amplias regiones de
bosque
húmedo tropical. Respetarlos es también proteger los bosques.
Artículo elaborado en base a información obtenida de: "Ecuador: Denuncian
genocidio de indígenas Taromenane, en aislamiento, por madereros", 12 de
mayo de
2006, Ivonne Ramos, Acción Ecológica, cbosques@...,
foresta@...; "Conflicto en selva deja dos muertos de los
Taromenane", El Universo, y "La violencia crece en el Yasuní"
El Comercio, ambas noticias del 29 de abril de 2006, en
http://www.llacta.org/notic/2006/not0429a.htm; "Los sabios huao, a favor de
la selva",
El Comercio, 1/11/2006,
http://www.saveamericasforests.org/Yasuni/News/Articles/2006/1-11-
06%20El%20Comercio%20The%20Wise%20Huaorani,%20In%20Favor%20Of%20T
he%20Forest.htm
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AMERICA DEL NORTE
- México: hablar de árboles
Bertolt Brecht escribía desde el exilio: "Verdaderamente, vivo en tiempos
sombríos./
Es insensata la palabra ingenua. Una frente lisa/ revela insensibilidad. El
que ríe/ es
que no ha oído aún la noticia terrible,/ aún no le ha llegado. ¡Qué tiempos
éstos en
que/ hablar de árboles es casi un crimen/ porque supone callar sobre tantas
alevosías!"
Era 1938, pero podría ser hoy. Mientras campesinos, indígenas y otras
víctimas del
llamado "progreso" protestan por sus derechos más elementales -a sus tierras
y
territorios, a sus semillas, a sus recursos, a vender sus productos en un
espacio
público-, los de arriba responden con cinismo y violencia inusitada, como si
estas
demandas fueran un insulto. Como si campesinos e indígenas no formaran parte
del
"público" de los espacios públicos. Personajes que recuerdan un híbrido de
niños
ricos con dictadores del Cono Sur se pavonean en los medios afirmando que
son los
pobladores los que ejercen "violencia", no los miles de efectivos armados
que lanzan
contra ellos. Otra vez, como en épocas de Brecht, quienes hablan de paz
significan
guerra.
Hoy hablar de árboles -o de flores- es nombrar alevosías. Sobre todo cuando
los
bosques y los recursos naturales son codiciados por las grandes empresas
madereras, petroleras, mineras y están en los territorios de los pueblos
originarios o
de comunidades locales que los cuidan hace décadas o siglos.
El 29 de abril, decenas de indígenas taromenane, de la nación huaorani,
fueron
masacrados en su propio territorio en el Parque Nacional Yasuní, Ecuador,
por
madereros que explotan sus bosques. Según la organización Acción Ecológica,
"la
intensa y violenta explotación forestal en el Parque Nacional Yasuní se ha
realizado
durante años a vista y paciencia de la policía, funcionarios de medio
ambiente y
militares. Los camiones cargados de madera recorren impunemente vías
fluviales y
terrestres y atraviesan el campamento militar. Las masacres y muertes son
repetitivas. En 2003 fueron asesinados decenas de taromenanes. Todo apunta a
la
mano de los intereses madereros. Desde entonces nada se ha hecho de oportuno
y
pertinente para evitar este genocidio". Hasta mayo de este año sólo había
una
respuesta de las madereras pidiendo "protección" contra las agresiones
indígenas y
mayores incentivos para sus actividades, a las que llaman "sustentables",
con el aval
de grandes ONG conservacionistas.
El 11 de mayo, Juan Patricio Marileo, mapuche preso en Chile por defender el
derecho a su territorio ancestral, fue trasladado de la cárcel de Angol a un
hospital
en estado crítico por una huelga de hambre que duró mas de 60 días junto a
otros
tres luchadores mapuches. Fueron condenados a 10 años de cárcel bajo la ley
anti-
terrorista, instaurada en el tiempo de Pinochet, pero que los gobiernos
posteriores
han aprovechado para golpear a indígenas y campesinos favoreciendo la
invasión de
madereras e hidroeléctricas en sus territorios. Las manifestaciones de
solidaridad
con los presos políticos mapuches han sido reprimidas brutalmente. Ese mismo
día
detuvieron en Santiago a 14 manifestantes, integrantes del Frente de Lucha
Mapuche y Campesino.
También el día 11, en Colombia, la policía antimotines arremetió contra los
indígenas, afro-descendientes y campesinos que protestaban de forma pacífica
en
Cali. Detuvo a ocho e hirió muchos más. Su crimen: protestar por las
miserables
condiciones de vida a que están sometidos desde que fueron desplazados de
sus
territorios por la construcción de la represa Salvajina. Nunca se cumplieron
las
promesas que les hicieron. Ahora son criminales por pedir cumplimiento de
los
acuerdos firmados por las autoridades.
En Brasil, siguen criminalizadas 37 integrantes de Vía Campesina que
arrancaron
plantas del vivero de la megaempresa celulósica Aracruz. La empresa por su
parte,
no teme acusaciones por haber destruido con bulldozers dos aldeas de
comunidades indígenas un mes antes, hiriendo a muchos. Al fin, Aracruz
defendía
sus plantaciones en territorios indígenas ancestrales y eso no es violencia
para las
autoridades.
Los bosques de todo el continente lloran en silencio ante tantas alevosías.
Por eso
representantes de 26 pueblos indios de México, reunidos el 5 y 6 de mayo,
convirtieron ese llanto en voz altanera, declarando "De todos los rincones
del país
nuestro corazón late y desde San Pedro Atlapulco en este IV Congreso
Nacional
Indígena reprobamos con toda nuestra energía y nuestra rabia la represión,
el
asesinato y el encarcelamiento contra nuestras comunidades y pueblos por el
puro y
vil interés de quedarse con nuestros recursos, despojarnos de nuestros
territorios y
convertirnos en obreros asalariados y alejados de nuestras propias
comunidades
para ser fantasmas sin futuro en las ciudades. San Salvador Atenco es un
espejo.
Sus problemas son nuestros problemas. También ellos están defendiendo su
tierra,
también ellos son campesinos, también ellos defienden sus siembras, también
ellos
están empeñados en defender su vida y su derecho, su razón y su destino
contra las
grandes empresas que quieren acabarnos".
"Pero también fortalecemos nuestras asambleas, nuestras autoridades agrarias
y
tradicionales, la lucha en defensa de nuestros maíces, la defensa de
nuestros
bosques y agua, la lucha contra la certificación de nuestras tierras y los
servicios
ambientales, ejerciendo una educación cada vez más autónoma. Así lo hacemos
mientras luchamos contra las mineras, las madereras, los acaparadores de la
tierra,
contra los grandes empresarios acaparadores de alimentos como la cadena Wal-
Mart, contra la privatización de nuestras aguas, contra las leyes estatales
que
quieren legitimar la contrarreforma del 2001."
Ancho y ajeno es el mapa de la devastación. Pero las flores siguen rompiendo
el
asfalto.
Artículo de Silvia Ribeiro, Grupo ETC, publicado en "La Jornada", México, 13
de
mayo de 2006.
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AFRICA
- Congo, RD: el Banco Mundial reconoce fracaso del proyecto EESRSP
El Banco Mundial ha puesto los ojos en los vastos bosques tropicales de la
República Democrática del Congo (RDC), segundos del mundo en tamaño después
de la selva amazónica, a los que apunta como una meta.
En 2002 el Banco otorgó al gobierno de la RDC la financiación para elaborar
un
nuevo conjunto de leyes para el manejo de los bosques del país. En setiembre
de
2003 el Directorio del Banco aprobó también un proyecto piloto para dividir
los
bosques del Congo en zonas para el madereo industrial, la conservación y el
uso
comunitario. En este proyecto, bautizado "Proyecto de emergencia económica y
social y de apoyo a la reunificación" (EESRSP), se incluían US$ 4 millones
para
iniciar el proceso de "división en zonas" de los bosques de la RDC, abriendo
potencialmente decenas de millones de hectáreas al madereo industrial.
Las organizaciones "pigmeas" y quienes las apoyan (Organisations Autochtones
Pygmées et Accompagnant les Autochtones Pygmées en République Démocratique
du Congo), en su propio nombre y en el de las comunidades locales afectadas
dentro de la República Democrática del Congo, y representantes de las
comunidades locales de Kisangani (provincia Oriental), Béni y Butembo
(provincia de
Kivu del Norte), Kinshasa/Mbandaka y Lokolama (provincia Ecuador), Inongo
(provincia de Bandundu), Kindu (provincia de Maniema) y Bukavu (provincia de
Kivu
del Sur) presentaron una solicitud formal al Panel de Inspección del Banco
Mundial,
un "ente vigilante" oficial independiente, con motivo de que los planes del
Banco
Mundial amenazan con dañar los bosques tropicales del país y destruir el
sustento
de las personas que allí viven y de que el personal del Banco no puso en
funcionamiento la Directriz Operacional sobre las Poblaciones Indígenas del
Banco
(OD 4.20) al elaborar el proyecto. Como resultado, el Panel de Inspección
del BM
inició una investigación preliminar del papel cumplido por el Banco Mundial
en los
bosques tropicales de la República Democrática del Congo.
En marzo de 2006 el Banco Mundial publicó información que revelaba que no
había
podido garantizar la debida protección del medio ambiente y los pueblos
locales en
sus programas en la RDC. Aunque reafirmó que "el Banco hizo todos los
esfuerzos
posibles para aplicar sus políticas y procedimientos y en lo concreto
cumplir su
declaración de principios en el contexto de los proyectos", reconoció "que,
con
respecto al EESRSP, el Banco no cumplió plenamente con las disposiciones de
la
OP 4.01 y que la OD 4.20 debería haberse puesto en marcha durante la
preparación
del proyecto" (véase el informe completo en:
http://www.rainforestfoundationuk.org/files/Bank_management_response_to_complai
nt.pdf).
Estas revelaciones siguieron a las conclusiones preliminares del informe del
Panel
de Inspección del Banco Mundial (véase el informe completo en:
http://www.rainforestfoundationuk.org/files/EligibilityReportFinal.pdf),
según las
cuales:
* el Banco reconoce no haber aplicado debidamente sus propias "políticas de
salvaguardia" internas, elaboradas para garantizar que no perjudicará el
medio
ambiente ni los pueblos locales;
* el Banco declara que no estaba "al corriente de la existencia de
comunidades
'Pigmeas'" en las zonas que iban a ser afectadas por sus proyectos, pero que
elaborará un plan para garantizar que los "Pigmeos" no sean perjudicados por
nuevas actividades financiadas por el Banco;
* el Banco reconoce que fue "inapropiado" fijar objetivos relativos a la
cantidad de
nuevas concesiones al madereo que debería otorgar el gobierno congoleño como
resultado de los proyectos del Banco Mundial.
Simon Counsell, director de la organización The Rainforest Foundation, con
sede en
el Reino Unido, declaró que "El Banco Mundial finalmente ha reconocido que
sus
actividades en los bosques tropicales de la RDC tenían defectos y que hay
que
mejorarlas. Esta es una gran victoria para los Pigmeos del Congo, cuyos
derechos y
sustento podrían verse gravemente dañados por el manejo inapropiado de los
bosques tropicales del país".
Artículo basado en información obtenida de "World Bank admits to failures in
protecting Congo's rainforests - official 'watchdog' to investigate", marzo
de 2006,
The Rainforest Foundation, http://www.rainforestfoundationuk.org/s-News
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- Nigeria: las devastadoras llamas de las cocinas a carbón de Abacha y los
bosques
comunales
La inestabilidad política que sufrió Nigeria durante el régimen de Abacha en
1993/94
--secuela de la anulación de las elecciones presidenciales del 12 de junio
de 1992
ganadas por el difunto magnate comercial Jefe M.K.O. Abiola-- creó una gran
escasez de kerosene que afectó seriamente distintas partes del país y dio
lugar a la
invención de las "Cocinas a carbón de Abacha" -una cocina de realización
casera
que utiliza carbón de leña.
Con los años, la tecnología de las cocinas a carbón de Abacha se impuso
ampliamente y su uso se generalizó rápidamente debido a incesantes aumentos
de
los precios del kerosene y el gas doméstico. En Nigeria, el precio oficial
del litro de
kerosene aumentó más de 200% en la última década y actualmente se vende a un
precio no oficial que es casi un 100% más que el precio oficial actual de
aproximadamente US$ 0,5. Esta situación ha dado ímpetus al comercio del
carbón
de leña en distintas partes del país y ahora son los bosques comunales los
que lo
sufren.
El negocio del carbón de leña, que es prácticamente la actividad comercial
más
pujante de la zona Oke Ogun, en el Estado de Oyo --donde se localiza el
Antiguo
Parque Nacional de Oyo-- se ha extendido a distintas partes de los Estados
de
Kwara, Lagos y Ogun.
En Saki --una antigua ciudad y la mayor de la zona de Oke Ogun-- no hay
calle en
que no se vea a un gran comerciante auspiciado por casas mayoristas y de
venta al
público, incluso de Estados vecinos. El negocio se está organizando de tal
manera
que hay asociaciones de distintos accionistas. Actualmente hay fuertes
indicios de
que los comerciantes han comenzado a exportar carbón, ya que llegan a Saki
remolques con contenedores para transportar carbón a Lagos, que es un Estado
costero. No hay dudas de que esto significaría mayor desastre aún para los
bosques
de la zona.
A diferencia de los casos de expropiación de tierras de los Twa en Ruanda,
los
Ogiek en Kenia, los Batwa en Uganda, los Amerindios en Guayana y los
Suramaka
en Suriname, este es un caso patético en que la gente, empujada por las
penurias
económicas orquestadas por administraciones insensibles, destruye sus
bosques a
un ritmo alarmante y sin precedentes.
Los impactos, que atraviesan esferas económicas, sociales y ambientales, son
bastante grandes y devastadores. Los bosques primarios prácticamente han
desaparecido y ahora la atención de los productores se dirige a especies
antes
menos preferidas, incluso exóticas. Los precios de los productos derivados
de la
madera han aumentado enormemente en la última década debido a la escasez de
madera. Se siente la merma de la producción de alimentos en la medida que la
gente ha abandonado la agricultura por el negocio más lucrativo del carbón
de leña.
El ambiente se está contaminando seriamente y ha habido algunos casos de
enfrentamiento debido a la invasión ilegal de los bosques de otras
comunidades para
cortar leña para la producción de carbón.
Para empeorar las cosas, los respectivos gobiernos no han realizado ni
realizan
esfuerzos concertados para desincentivar o poner freno a esta tendencia. No
hay
campañas serias de concientización para educar y sensibilizar a la
población,
especialmente sobre las consecuencias ambientales del negocio del carbón. Si
bien
no hay una legislación disuasiva del negocio del carbón en los Estados
afectados, el
Estado de Kwara --probablemente debido a su frágil vegetación de sabana--
anunció
alguna vez una moratoria al uso de carbón. No obstante, la medida no llegó a
ser
puesta en práctica. La gente insiste en que el gobierno debería mostrar
seriedad de
su parte, reduciendo los precios del kerosene y el gas doméstico.
Como resultado de la rápida propagación de la tecnología de estas cocinas y
los
consiguientes impactos en el ambiente, es imperioso que intervengan los
gobiernos
(federal, estatal y local) y las organizaciones no gubernamentales (ONGs).
Los
gobiernos deberían presentar una legislación apropiada para detener el uso
de las
cocinas a carbón de Abacha y el negocio del carbón. Para que esa legislación
funcione, los gobiernos deberían proporcionar a los hogares y otros usuarios
de
estas cocinas, otras a kerosene y facultarlos a que las utilicen. También
deberían
ofrecer otros medios de vida a quienes dependen del negocio del carbón,
especialmente los habitantes de los bosques que producen o venden sus
árboles a
los productores. Y lo que es más importante, habría que recuperar los
bosques
degradados. ¡Es necesario actuar ya! Hay que apagar las devastadoras llamas
de
las cocinas a carbón de Abacha para salvar los bosques comunales.
Por: Chima, Uzoma Darlington, Indigenous Peoples Rights Crusaders, email:
punditzum@...
**********************************************************************
- Sudáfrica: los impactos de las plantaciones de árboles en las aves
En Sudáfrica ya se han establecido más de 1,5 millones de hectáreas de
plantaciones manejadas de monocultivos de árboles exóticos, y actualmente se
establecen más de 130 km2 de nuevas plantaciones por año. Existe más de otro
1,65 millones de hectáreas invadidas por plantas invasoras, en su mayoría
eucaliptos, pinos y acacias azuladas.
La población rural de Sudáfrica ha sentido severamente los impactos de la
industria
forestal, manifestados en desempleo, merma de los recursos hídricos
disponibles,
expulsión de las comunidades para dar lugar a las plantaciones, menos
tierras
disponibles y menos acceso libre a las plantas y animales del lugar, los
cuales
proveen de alimentos, medicinas, forraje, combustible, materiales de
construcción y
varias cosas más.
Pero no solamente la gente sufre por las plantaciones. También las aves. Con
más
del 80% de las praderas naturales sudafricanas destruidas por las
plantaciones de
árboles, John McAllister escribe lo siguiente:
"Sudáfrica --incluida la República de Sudáfrica y los reinos de Lesotho y
Swazilandia-
ha sido bendecida con la presencia de 40 o más especies endémicas de aves.
Doce
de ellas --la Alondra de Rudd, la Ibis calva, la Alondra de Botha, el
Bisbita
Pechigualdo, el Sisón Azulado, la tarabilla Saxicola bifasciata, el tordo
Chaetops
aurantius, el Bisbita Montano o Montañoso, el Serín de Drakensberg, el
Roquero
Explorador, la Alondra de Transvaal y la Prinia hypoxantha-- son endémicas
del
Bioma de Pradera (Harrison, et al, 1997). Las primeras nueve aves figuran en
las
listas de BirdLife International como especies vulnerables o casi amenazadas
a
escala mundial (Collar, et al, 1994). La Alondra de Rudd, con presencia en
Sudáfrica,
es la única especie que está registrada como "En peligro crítico" a escala
mundial.
Todas las aves endémicas de pradera enumeradas anteriormente están presentes
en las praderas húmedas, de altitud elevada, del acantilado oriental. Esas
praderas
han sido calificadas por BirdLife International como Zona de Aves Endémicas,
es
decir, una zona que contiene por lo menos dos especies cuya distribución
mundial
cae dentro de una superficie menor a 50.000 km2 (Stattersfield, et al.,
1998). Otras
aves amenazadas presentes en esta zona son la Golondrina Azul, la Grulla del
Paraíso, la Grulla Carunculada --todas calificadas como vulnerables a escala
mundial--, y la Grulla Real Gris, que ahora está calificada como vulnerable
a escala
nacional.
La mayoría de las plantaciones de árboles sudafricanas han sido establecidas
en lo
que anteriormente eran praderas húmedas de altitud elevada que contienen
todas o
muchas de las especies antes mencionadas. Esto ha tenido un efecto
devastador en
la vida de las aves de esas zonas. Una mirada a los mapas de distribución
del Atlas
de Aves Sudafricanas y a cualquier guía de aves de la zona para el caso, por
ejemplo, de la Alondra de Rudd, indica cómo se ha fragmentado el área de
distribución de esta especie. Las Golondrinas Azules, a menudo citadas como
prueba de la preocupación de la industria forestal por el ambiente, han
descendido
ahora a una cifra de 40 y 50 pares en Sudáfrica -menos del 10% de su
población
original. La casi extinción de esta especie en el sur de África se ha dado
casi
enteramente a las puertas de la industria forestal.
Un estudio que utiliza datos del Atlas de Aves Sudafricanas (Allan, et al,
1997) ilustró
el efecto que tuvieron las plantaciones de árboles en esas especies en
particular y en
la vida de las aves en general. Las aves de pradera se extinguieron
localmente en
zonas altamente forestadas. Aún en zonas con plantaciones relativamente
escasas
también hubo un impacto negativo en la diversidad de aves en general.
Datos no publicados, recogidos en las praderas de la zona sur de Mpumalanga,
indican que la diversidad de especies de aves en las praderas prístinas en
torno a
Wakkerstroom, es cercana a 170 especies por km2. A medida que uno se acerca
a
las zonas intensamente agrícolas que rodean a Amersfoort (principalmente
producción de maíz), la diversidad de aves cae a aproximadamente 120
especies
por km2. En las zonas alrededor de Panbult, que han sido muy forestadas, la
densidad desciende a aproximadamente 90 especies por km2. Quizás un dato más
importante sea que la composición de las comunidades de aves cambia de una
comunidad dominada por alondras, bisbitas y buitrones a otra dominada por
palomas
y canarios. Resulta interesante comprobar que el descenso de la cantidad de
especies guarda conformidad con los datos recogidos en los bosques y
plantaciones
del occidente de Kenia".
Un impacto más de las plantaciones de monocultivos de árboles que refuerza
el
reclamo de la ONG local SAWAC: ¡No más plantaciones de árboles exóticos en
nuestras praderas!
Artículo basado en información obtenida de: "Birds and Tree Plantations",
John
McAllister, http://www.sawac.co.za/articles/birdsand.htm; "Tree Plantations
and
Water in South Africa", Philip Owen,
http://www.dams.org/kbase/submissions/showsub.php?rec=ENV109
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ASIA
- China: el viejo dilema de las plantaciones de eucalipto y el agua
Los eucaliptos entraron a China por primera vez en torno a 1890;
originariamente se
los plantaba con fines ornamentales y para sombra al borde de los caminos.
La
primera ola de plantaciones de eucaliptos en China, principalmente para la
producción de madera, llegó después de la fundación de la República Popular
China.
No fue sino hasta los años 1950 que con las granjas forestales estatales se
establecieron extensas áreas de plantaciones con el propósito de suministrar
maderas para minas, postes para la construcción y combustible. Los programas
de
plantaciones patrocinados por el gobierno durante las décadas de 1970 y 1980
hicieron aumentar la superficie de plantaciones hasta cerca de 600.000
hectáreas.
En 1954 se estableció una zona grande de plantaciones de eucalipto en la
península
de Leizhou, provincia de Guangdong. El eucalipto comenzó a introducirse por
las
ciudades de la bahía y la costa este y sudeste, convenientemente ubicadas
para el
tráfico internacional.
Hoy se pone énfasis en el establecimiento de plantaciones a corto plazo,
principalmente de eucalipto, con métodos de manejo intensivo, y se alienta a
los
Departamentos de cada nivel a administrarlas, estimular las exportaciones,
instalar
fábricas para la producción de chips de eucalipto y también fábricas de
celulosa de
eucalipto. Como resultado, hoy China tiene una superficie plantada con
árboles de
casi un millón y medio de hectáreas (cifra de 2004).
La sureña provincia de Guangdong tiene más de 677.300 hectáreas plantadas
con
eucalipto. Al mismo tiempo, en los últimos años la provincia ha sufrido una
sequía
cada vez peor. Diputados locales del Congreso Popular de la provincia de
Guangdong e integrantes de la Conferencia Consultiva Política de la
provincia de
Guangdong presentaron sus observaciones sobre el daño ocasionado por los
eucaliptos al medio ambiente de la provincia.
Incluso voces académicas están dando la alarma. Li Sidong, catedrático de la
Universidad Oceánica de Guangdong y también miembro de la Conferencia
Consultiva Política de la provincia, exhortó al departamento forestal a
endurecer la
reglamentación sobre la gestión de las plantaciones de eucaliptos. Li
manifestó estar
preocupado porque la plantación a gran escala de eucaliptos rebajaría la
calidad del
suelo, absorbería la humedad y crearía "un desierto verde".
Según el periódico China Daily, en marzo de este año el gobierno de la
ciudad de
Yunfu puso en vigor la prohibición de plantar eucaliptos; Zengcheng, ciudad
satelital
de [el Municipio de] Guangzhou [capital de la provincia], decidió imitar
esta medida.
Pero, como suele ocurrir, muchos expertos en forestación se negaron a creer
que
los eucaliptos hubieran absorbido aguas subterráneas y contribuido a la
sequía. El
especialista forestal Xu Daping, por ejemplo, rechazó la posibilidad de que
el
eucalipto hubiera dañado los ambientes ecológicos locales y que los árboles
fueran
perjudiciales para la fauna, con el argumento de que "En Australia los
eucaliptos
albergan gran cantidad de zarigüeyas y canguros pequeños". El argumento de
este
especialista forestal se basa en una concepción absolutamente errónea: ¡que
las
plantaciones en gran escala de árboles pueden equipararse a los bosques!
Más allá del enfoque académico, este error (repetido todo el tiempo por los
promotores de los monocultivos de árboles a gran escala, dicho sea de paso)
carece
de nociones básicas de los ecosistemas y la biodiversidad. El eucalipto,
nacido entre
35 y 50 millones de años atrás, domina la flora arbórea de los bosques
australianos.
Muchos eucaliptos crecen sobre un contrapiso de madreselvas australianas
(flores
silvestres nativas) y grevilleas (arbustos pequeños con hermosas flores) y
existen
cerca de 600 especies que se encuentran en casi todas las partes del
continente,
adaptadas a todas las condiciones climáticas de Australia. ¿Cómo puede
compararse este paisaje con las extensas plantaciones de alto rendimiento,
manejo
intensivo y turnos de rotación cortos de cuatro o cinco especies de
eucaliptos?
Mientras los especialistas forestales chinos inician una investigación con
el fin de
determinar si los eucaliptos han dañado el medio ambiente basándose en que
no
hay suficientes pruebas de que estos árboles "chupen" grandes cantidades de
agua,
la gente que sufre los efectos directamente sí tiene una idea clara al
respecto. Ya
han experimentado y denunciado que el aumento de los eucaliptos ha
contribuido a
la sequía, que sigue empeorando, en la sureña provincia china de Guangdong.
La experiencia directa ha enseñado a las personas lo que normalmente los
expertos
forestales se niegan a aceptar: que las plantaciones a gran escala de
eucaliptos
tienen impactos terribles sobre el agua. Ya hay muchos casos en el mundo
entero
que lo demuestran. ¿Qué más necesitan?
Artículo basado en información de: "Eucalypts blamed for worsening drought",
Zheng
Caixiong, China Daily, http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2006-
04/10/content_563658.htm; Eucalypt tree improvement in China, Martin van
Bueren,
Centre for International Economics, diciembre de 2004,
http://www.aciar.gov.au/web.nsf/att/JFRN-6BN9E8/$file/ias30.pdf
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- India: nueva ley forestal: ¿fin de las expulsiones de los bosques?
Desde que India obtuvo su independencia política en 1947, las Zonas
Protegidas y
los proyectos de desarrollo --como grandes represas, minas, industrias,
carreteras y
cantones militares-- han desplazado a millones de personas en el país.
Cifras de la
Comisión de Planeamiento dan a entender que solamente entre 1951 y 1990 los
proyectos de desarrollo desplazaron a 21,3 millones de personas. No hay
cifras
disponibles en cuanto a la cantidad de personas expulsadas por el
Departamento
Forestal (para crear nuevas Zonas Protegidas y desalojar a los "invasores de
los
bosques"). Según varios grupos que trabajan con las comunidades de los
bosques
de India, en los últimos cinco años se expulsaron unas 300.000 familias. No
hubo
compensaciones y se obligó a personas de todas las edades a abandonar sus
hogares, bosques y tierras agrícolas para dejar lugar a plantaciones y zonas
de vida
silvestre.
Para la gente que vive en los bosques de India, se trata de la continuación
de una
vieja historia de persecución, represión y expulsión. Históricamente, el
concepto de
bosque quedó enraizado en la "otredad" social y política, el espacio que
alberga a los
animales salvajes, los marginales y los vencidos, y por lo tanto algo que
hay que
destruir (o combatir) en tanto extraño y maligno. De modo inverso, los
bosques
también han sido "valorados" en tanto tierra: para anexar, colonizar y
asentar sujetos
que el Estado pueda controlar. No importó que los pobladores autóctonos de
los
bosques tuvieran que morir, tanto física como culturalmente, en el proceso;
esto es
válido para cualquier período de la historia india.
La independencia del país acarreó mayor miseria para la gente que vivía en
los
bosques. El nuevo Estado endureció las viejas leyes forestales coloniales,
limitando
el acceso de las personas a los bosques. Entre tanto, en el nombre de la
forestación
productiva, se continuó con la destrucción de los bosques, que siguieron
desapareciendo. El Raj de la "mafia forestal" dio inicio cuando una nueva
generación
de comerciantes y contratistas se unió a una burocracia forestal cada vez
más
corrupta. El saqueo oficial y extraoficial de los bosques destruyó la
ecología de las
comunidades tradicionales. La pobreza, el desempleo y el hambre obligaron
tanto a
inmigrantes como a nativos a convertirse en trabajadores a sueldo de la
mafia
forestal, y es así como comienza el proceso de proletarización de los
habitantes de
los bosques del país.
También estaba, oficialmente, la "necesidad" de hacer que el 33 % de la
superficie
geográfica de India fuera bosque, en cumplimiento de la nueva Política
Nacional
Forestal de 1988, y el nuevo avatar "conservacionista" del Departamento
Forestal,
que hasta entonces había trozado y talado más de la mitad de los bosques de
India
(entre 1951 y 1979 se talaron más de 3,33 millones de bosques naturales para
hacer
sitio a las plantaciones "industriales"), aceptó el "desafío". En lugar de
evaluar los
diversos factores socioeconómicos detrás de la deforestación, el
Departamento
apareció con la lógica simplificada de la "usurpación", como si la cobertura
forestal
del país fuese a aumentar milagrosamente si se pudiera expulsar a las
comunidades
de personas sin tierras que ocupan y usan las tierras de los bosques para la
agricultura de subsistencia. La irresistible fuerza de la conservación
siguió adelante,
empezaron los desalojos a gran escala y ni el gobierno de India ni las ONG
conservacionistas prestaron atención alguna al hecho de que el gobierno
colonial
estaba quitando a las comunidades la mayor parte de los bosques de India sin
reconocerles derecho alguno, y que el verdadero y principal invasor es el
propio
Departamento Forestal. El proceso de Establecimiento de Derechos, que en
virtud
de la Ley Forestal india de 1927 es obligatorio previo a declarar cualquier
zona como
Bosque del Estado, en muchos lugares nunca llegó a tener lugar, en tanto en
muchos otros los procesos quedaron incompletos.
Personas cuyos derechos no figuran en los registros habitan en un estricto
"espacio
estatal" donde se los trata como intrusos, invasores y enemigos del bosque y
de la
vida silvestre. El gobierno no necesita justificar las acciones coercitivas
en su contra
e incluso abundan los abusos físicos, la violencia sexual y los asesinatos.
En India
los desalojos de los bosques llevan la marca de la brutalidad ejemplar que
los
acompaña. El reciente informe (2005) de Tiger Task Force (designado por el
primer
ministro de India para investigar la muerte de tigres en varias reservas de
tigres)
describe la situación como "una verdadera guerra intestina, que implota
dentro de las
reservas y arrastra todo consigo."
A esta confusión se sumó el Comité Central Facultativo (CEC) creado por la
Suprema Corte y repleto de funcionarios forestales y conservacionistas y
defensores
de la vida silvestre puros y duros. El CEC ha estado dando vueltas por el
país,
emitiendo órdenes de desalojo a voluntad. Bajo sus órdenes se expulsaron
cerca de
10.000 trabajadores de la pesca, que secaban pescado en Jambudwip, una isla
en el
sur de los Sunderbans, en el estado de Bengala Occidental. La policía de
Bengala
Occidental apaleó a los pescadores que volvieron a la isla el 16 de octubre
de 2003,
Día Mundial de la Alimentación. Destruyeron y tiraron al mar sus
herramientas y
paquetes de alimentos. El CEC también fue considerado responsable por la
masacre
de los Adivasi, inocentes y sin tierra, que se refugiaron en el Refugio de
vida silvestre
de Muthanga, en el distrito de Wayanad, Kerala.
En una medida coordinada para frustrar las expulsiones a gran escala, los
Adivasi y
otras comunidades de los bosques de los estados de Orissa, Maharashtra,
Gujarat,
Rajasthan y Tamil Nadu, Bengala Occidental y Madhya Pradesh comenzaron a
presentar miles de demandas relativas a la posesión de sus tierras ante los
respectivos Recaudadores de Distrito. Este proceso de presentar demandas
sobre
sus tierras se convirtió en un movimiento masivo. La Campaña por la
Supervivencia
y la Dignidad, una plataforma de organizaciones de masas de los Adivasi y
los
habitantes de los bosques de 11 estados, empezó a organizar manifestaciones
de
protesta, explicando los detalles de lo que estaba sucediendo, la situación
legal,
cómo se violaba sistemáticamente las leyes y qué debería hacerse.
Con el fin de disipar la tensión creciente en las zonas tribales del país y
de hacer
modificaciones, el gobierno emitió en 2004 dos nuevas circulares que
prescribían la
regularización de las tierras cultivadas por los grupos indígenas desde 1993
y la
conversión de todas las aldeas de los bosques (colonias de los trabajadores
de las
plantaciones, en tierras boscosas) en aldeas contribuyentes en el lapso de
seis
meses. Las mismas fueron ratificadas por la Suprema Corte de India. En
diciembre
de 2004 un nuevo conjunto de directrices prohibió el desalojo de los
integrantes de
tribus, salvo los "usurpadores no aptos" (lo que significaba que los
desalojos
continuarían). El 12 de mayo de 2005 otra nueva directriz prohibía el
desalojo de
cualquier habitante del bosque sin el debido proceso de verificación. El 3
de
noviembre de 2005 se publicaron las directrices definitivas, que por primera
vez
disponían un proceso de reconocimiento de derechos a nivel de aldeas. Sin
embargo, hasta hoy sigue habiendo expulsiones y este mismo mes hubo
desalojos
de personas de los bosques en el pequeño estado de Sikkim, en el Himalaya.
Las presiones políticas del actual gobierno y la presión sostenida y
efectiva de parte
de los movimientos por los bosques llevaron a la controvertida Ley de
Reconocimiento de derechos sobre los bosques de 2005, que por primera vez en
la
historia india trata de los intereses y derechos tribales en los bosques y
promete
salvaguardarlos.
El proyecto propone 13 derechos específicos, heredables pero no enajenables
ni
transferibles, como por ejemplo la propiedad de hasta 2,5 hectáreas de
tierra,
derecho a los productos del bosque y al pastoreo, restauración de la
cancelación
ilegítima de títulos, cesión y arrendamiento de tierras, derechos
tradicionales y
consuetudinarios, derecho a los recursos comunitarios comunes, derecho al
hábitat
para los grupos tribales primitivos, acceso a la biodiversidad y derecho
comunitario a
la propiedad intelectual y el conocimiento tradicional, y el derecho a
proteger los
bosques.
Esta ley hizo que el grupo de presión "conservacionista" indio se alzara en
armas,
mientras las ONG y los funcionarios forestales ponían el grito en el cielo.
Objetaron
el proyecto de ley sobre la base de que éste distribuiría tierras boscosas a
familias
tribales y debilitaría la protección de los bosques y también porque la vida
silvestre y
la gente no pueden coexistir. ¡El proyecto se interpretó como "el fin del
tigre indio"!
Los movimientos por los bosques también se opusieron a la ley por
encontrarla
demasiado vaga. El gobierno tuvo que enviar el proyecto a un Comité
Parlamentario
Conjunto que recién ahora ha concluido su Informe sobre el Proyecto de Ley,
luego
de recoger declaraciones tanto de los movimientos por los bosques como de
los
"conservacionistas" durante los últimos tres meses. El Informe aún no se ha
hecho
público, y habrá que esperar para ver qué es lo que el gobierno indio decide
hacer
con eso. Pero no hay dudas de que este proyecto de ley anuncia un nuevo
comienzo
en la historia forestal india y que las cosas van a cambiar, para bien o
para mal.
Con la Ley de Reconocimiento de los derechos sobre los bosques que se
propone,
la lucha de las comunidades de los bosques de India entra en una "fase
política" más
decisiva, en la que los movimientos por los bosques deben estar
constantemente
vigilantes para lograr posibles beneficios y ayuda a los oprimidos y los
pobres entre
los grupos étnica y económicamente diversos de personas que viven en los
bosques
indios y sus alrededores. Es necesario garantizar que este plan de poner el
control
social de los bosques de India en manos de las comunidades de los bosques no
sea
eclipsado por la dudosa y repentina "comunalización" del poderoso grupo de
presión
de la celulosa y el papel de este país y del Banco Mundial, ni que este
empeño en
ver el fin de la hegemonía estatal sobre los bosques signifique caer en
manos de
esas fuerzas que también trabajan por las reformas legislativas y políticas
"pro
comunidades" en el sector forestal. La lucha por los derechos de las
personas y la
ley forestal se convierte así en una lucha contra la inminente
corporatización o
privatización de los bosques. Aunque el contorno físico de esta lucha
todavía no está
definido, lo más sensato será estar en guardia y no dejarse adormecer por el
sentimiento de falsa seguridad y euforia que la Ley podría brindar.
Por Soumitra Ghosh, correo-e: soumitrag@.... Basado en información de:
Campaña por la Supervivencia y la Dignidad, National Forum of Forest People
and
Forest Workers
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- Indonesia: la acacia y la expansión de las plantaciones con destino a
celulosa
En 2004, el Ministro de Forestación, a través del Decreto Nº
101/Menhut-II/2004,
aprobó una medida relativa a la aceleración del avance de las plantaciones
de
árboles para abastecer la industria de la celulosa y el papel. En la
provincia de Jambi
la medida tuvo gran receptividad por parte de PT Wira Karya Sakti (PT WKS),
una
compañía forestal subsidiaria del Grupo Sinar Mas (SMG).
SMG es un importante conglomerado que funciona en Estados Unidos, Australia,
Singapur, China, Hong Kong y Holanda, abarcando una amplia gama de negocios:
plantaciones de palma aceitera, inmuebles, actividades financieras a través
del
Banco Internacional de Indonesia /BII, y la industria celulósica. Asia Pulp
& Paper
(APP) es el grupo comercial de SMG vinculado a la celulosa y el papel (ver
Boletín
Nº 101 del WRM). Este grupo gigante tiene dos industrias celulósicas en
Indonesia --
PT Lontar Papyrus en Jambi y PT Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP) en Riau-- y
ha
recibido dos concesiones para plantaciones de árboles para celulosa: PT
Arara
Abadi (Riau) y PT Wira Karya Sakti (Jambi).
En realidad, el suministro para APP proviene no de esas dos concesiones sino
también de zonas de bosques naturales convertidos a plantaciones. APP se
derrumbó a lo largo del año 2000, la Bolsa de Nueva York incluso suspendió
la venta
de sus acciones en enero de 2001, y su deuda trepó a 13.400 millones de
dólares. A
pesar de todo ello, logró "mantener" su reinado comercial.
Actualmente amplía su actividad (plantaciones de árboles para celulosa),
abarcando
más tierras. En Jambi y Riau, solamente, logró expandir sus concesiones a
490.000
hectáreas. En el sur de Sumatra su nueva concesión abarca 380.000 hectáreas.
También absorbió PT Finnantara en el occidente de Kalimantán, antiguamente
propiedad de la compañía finlandesa Stora-Enso. Más de doce financiadoras y
Agencias de Crédito a la Exportación participan en su crecimiento, entre
otros
Barclays (Reino Unido), Norddeuschthe Landesbank (Alemania), Dresdner
Kleiwort
(Reino Unido/Alemania), ING (Holanda), Credit Suisse (Suiza) y Hermes
(Alemania).
PT WKS en Jambi trabaja con Acacia mangium como materia prima de la
celulosa, y
es el principal abastecedor de la compañía de celulosa y papel PT Lontar
Papyrus
Pulp and Paper (LPPI), que actualmente está expandiendo en gran forma su
zona de
operaciones. Hasta el momento, la superficie ya convertida y por convertirse
en
"tierra de acacias" por la compañía, llega a 500.000 hectáreas en la
provincia, un
incremento drástico desde 2004. Las concesiones de esta filial de Sinar Mas
se
ubican en 4 distritos dentro de Jambi: Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung
Barat,
Muaro Jambi y Batanghari.
Más de 100.000 hectáreas de plantaciones que fueron anteriormente
concesiones
madereras pasarán a ser parte de las plantaciones madereras industriales del
Grupo
Sinar Mas. Hace algún tiempo, PT WKS absorbió 38.000 hectáreas que
correspondían a una concesión de madereo. Aparentemente eso no era
suficiente:
PT WKS también tomó 65.000 hectáreas de concesiones que habían pertenecido a
PT Sadarnilla y PT Lokarahayu y fueron luego controladas por la compañía
estatal
PT Inhutani V. La empresa justifica su expansión con el argumento de que se
trata
de tierras abandonadas, descuidadas, en "estado crítico", donde se lleva a
cabo
madereo ilegal. De hecho, PT WKS ya controla una concesión maderera
industrial
de 190.000 hectáreas.
Mientras tanto, un activista radicado en Jambi, Deni Kurnia, denunció las
"sorpresas"
financieras que han dado PT. WKS y PT. LPPI, tanto para el Estado como para
todas las partes y personas involucradas. No solamente que las supuestas
ganancias financieras ofrecidas por las empresas no se comparan de modo
alguno
con las consecuencias ambientales de las prácticas destructivas y dañinas,
sino que
cada año el gobierno concede a las dos empresas enormes facilidades para que
alcancen sus "objetivos de producción". Además, la expansión comercial del
grupo
gigante ha entrado en conflicto con los límites y la tenencia de las
poblaciones
locales, de lo cual es indicio la enorme cantidad de "demandas" y
"reclamaciones".
El programa de plantaciones industriales llegó con promesas de generación de
divisas para el Estado, pero los informes locales hablan de resultados que
tienen que
ver con digresiones jurídicas, complejidades burocráticas y degradación
sociocultural, económica y ambiental.
Artículo basado en información obtenida de: "Cooking Acacia in Policy
Spices. Policy
and Social Analysis of PT Rimba Hutani Mas/Sinar Mas Group, Jambi", Helmi
Rivani
Noor, Community Alliance for Pulp Paper Advocacy (CAPPA), diciembre de 2005;
"Position Statement for the withdrawal of the permit extending the area of
PT WKS",
diciembre de 2004, presentado ante el Ministro Forestal de Indonesia, MS
Kaban en
Jakarta, por diversas organizaciones e individuos.
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- Laos: Suez Energy International y la represa de Houay Ho
"Queremos hacer responsables a aquellas empresas que construyeron la represa
o
que lucraron con ella: la empresa coreana que la construyó o la empresa
belga que
hoy es dueña de la represa. Habría que enviar cartas que dijeran 'Ustedes
están
ganando dinero con esto, ¿por qué no asumen un poco de responsabilidad y
ayudan
a todas las personas que sufrieron los impactos de este proyecto y les
permiten
regresar?' Necesitamos tener tierras suficientes para poder cultivar, lo que
significa
mudarnos a las zonas que consideramos nuestro antiguo territorio, y
necesitamos
que se nos conceda el derecho de vivir allí con dignidad e independencia".
Un hombre Nya Heun de la provincia de Champasak, en el sur de Laos, hizo
estas
declaraciones a Melanie Scaife, de Oxfam Australia, en noviembre de 2005. La
represa de la que habla es Houay Ho, construida por un consorcio formado por
Daewoo (Corea del Sur), Loxley (Tailandia) y Electricité du Lao. La
electricidad
generada por la represa de 150 MW se exporta a Tailandia. En 2001, la
empresa
belga Tractebel Electricity and Gas International compró una parte
mayoritaria de la
represa. En 2003, tras una fusión, Tractebel EGI se convirtió en Suez Energy
International, una subsidiaria que pertenece enteramente a la empresa
multinacional
Suez.
En la edición de abril de 2006 de [la revista] World Rivers Review,
publicada por
International Rivers Network, figura la entrevista de Melanie Scaife con un
hombre
Nya Huen al que ella llama Boun, para proteger su identidad.
"Antes de que se construyera la represa teníamos suficientes alimentos",
explicó
Boun. "Pescábamos en los ríos, recogíamos verduras en el bosque y teníamos
mucho arroz. Vivíamos solos, sin tener que depender de la ayuda o el apoyo
de
nadie más. Ahora, en las zonas de reasentamiento estamos totalmente
empobrecidos y dependemos de otros".
Boun fue trasladado a una zona de reasentamiento a unos 30 kilómetros de su
hogar. "Necesitamos bastante tierra: este es el problema básico de nuestra
gente",
dijo Boun. "Ahora no tenemos acceso a los recursos porque nos trasladaron a
una
zona sin bosques ni tierras que podamos considerar nuestros. Mi gente vivía
en un
bosque muy grande y estábamos acostumbrados a vivir en un lugar extenso,
lleno
de recursos naturales. Ahora nos metieron en una zona muy concentrada, donde
todos los recursos que nos rodean son propiedad de otros y esto para
nosotros es
un gran golpe, un enorme cambio respecto de lo que estábamos acostumbrados a
hacer".
Desde que fueron trasladados a las zonas de reasentamiento, muchos aldeanos
se
ven obligados a vender su trabajo para sobrevivir, y así trabajan en aldeas
cercanas
desmalezando la tierra de otros. Algunos han empezado a mudarse más cerca de
sus antiguas aldeas. "Estamos regresando, acercándonos lo más que podemos a
nuestro antiguo territorio, a las tierras que no se inundaron con el embalse
de la
represa", explicó Boun. "No se nos permite regresar a nuestras antiguas
zonas, es
decir que oficialmente estamos viviendo en los lugares de reasentamiento,
pero en
realidad apenas si estamos allí. El año pasado cerca de la mitad de las
familias
abandonaron los lugares de reasentamiento, y este año son cerca de dos
tercios.
Hasta ahora el gobierno no nos ha impedido activamente que regresemos, pero
¿quién sabe qué ocurrirá en el futuro?"
En 2004 la ONG belga Proyecto Gato presentó una demanda en virtud de las
Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE, alegando que Suez
Energy
International debería hacerse responsable de compensar adecuadamente a las
personas obligadas a desplazarse para dejar lugar a la represa. Proyecto
Gato
también pidió a Suez Energy International que pusiera servicios básicos de
salud,
material educativo y medicamentos a disposición de los aldeanos desplazados.
Suez Energy International alegó no ser responsable porque el reasentamiento
se
había llevado a cabo antes de que la empresa hubiera comprado el proyecto.
La
OCDE apoyó el argumento de la empresa citando una carta del ministro de
Industria
de Laos que declaraba que Suez Energy International había cumplido sus
obligaciones contractuales para con el gobierno de Laos.
Como resultado de la presión ejercida por Proyecto Gato, en febrero de 2005
Suez
Energy International reparó varios pozos de agua potable en la zona de
reasentamientos de Houay Ho. Pero siguen sin resolverse los asuntos
fundamentales para la subsistencia de los Nya Heun, por ejemplo la tierra.
En octubre de 2005, el periódico Vientiane Times informó que la empresa
energética
Houay Ho Power Company (el 70% de la cual es propiedad de Suez Energy
International) tenía planes de invertir US$ 20 millones para extender la
producción de
electricidad de nueve horas diarias a 24. Para esto habría que desviar agua
de otros
dos ríos al reservorio de Houay Ho.
Por casualidad, antes de leer la entrevista de Melanie Scaife con Boun yo
había
escrito tres veces a Pascal Brancart, vicepresidente principal de la sección
para el
desarrollo comercial sustentable de Suez Energy International. Solicité a
Brancart
una copia de la evaluación del impacto ambiental de la expansión, así como
la lista
completa de todos los documentos elaborados sobre este proyecto. Le pregunté
si el
trabajo implicaba la construcción de alguna nueva represa (ya fuera a cargo
de Suez
Energy International o de cualquier otra empresa). Le pregunté si el trabajo
provocaría alguna nueva expulsión. Pedí información sobre estudios de los
impactos
aguas abajo ocasionados por el desvío de agua hacia el embalse de Houay Ho.
Le
pregunté si Suez Energy International considera que los problemas de
reasentamiento asociados con la represa de Houay Ho ya están resueltos. Y le
pedí
un ejemplar del informe de evaluación ambiental (que la consultora suiza
Electrowatt
completó cuando ya se había iniciado la construcción de la represa, en la
década de
1990) así como el informe de la auditoría legal (que la empresa consultora
en
ingeniería Knight Piésold había hecho antes de que Tractebel comprara la
parte
mayoritaria de la represa), documentos que en repetidas oportunidades la
empresa
se ha negado a hacer públicos.
Brancart nos respondió mis mensajes de correo electrónico. Hasta ahora no ha
contestado mis llamadas telefónicas. Mi intención es seguir intentándolo.
Cuando
consiga hablar con él, le pasaré el mensaje de Boun para Suez Energy
International:
"Uno: asuman la responsabilidad por los impactos de la represa. Dos:
ayúdennos a
regresar a casa".
Por Chris Lang, correo-e : chrislang@..., www.chrislang.blogspot.com
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* GENERAL
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- Nueva política sobre Pueblos Indígenas del BID: ¿valió la pena esperarla?
El próximo mes de agosto el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) logrará
finalmente alcanzar al pelotón al poner en efecto su primera Política
Operativa sobre
Pueblos Indígenas (OP-765). Sumándose al Banco Mundial, el Banco Asiático de
Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y numerosos
bancos
privados, el BID finalmente ocupa su lugar entre las instituciones
financieras
internacionales que a lo largo de la última década han adoptado políticas
que
reconocen el vínculo innegable entre los derechos de los Pueblos Indígenas,
el
desarrollo sustentable y la reducción de la pobreza. Los Pueblos Indígenas y
sus
defensores se preguntan ahora si la política resultante ameritaba la espera.
Tras las duras críticas recibidas a causa de los devastadores impactos que
han
tenido sobre los Pueblos Indígenas los megaproyectos energéticos como el
gasoducto de Camisea en Perú, la usina hidroeléctrica de Caña Brava en el
Amazonas brasileño y el proyecto de represa hidroeléctrica de Yaciretá, a lo
largo de
la frontera entre Argentina y Paraguay, en 2004 el BID anunció públicamente
que
elaboraría, en consulta con los pueblos indígenas, una "estrategia" no
vinculante de
desarrollo que tratara los derechos y las inquietudes de los indígenas. En
una única y
clara voz, los pueblos indígenas se mofaron del Banco e insistieron en que
solamente celebrarían consultas relativas a la redacción de una política
vinculante
que obligara al Banco y sus prestatarios a respetar sus derechos. Frente a
una
defensa indígena fuerte y organizada, el Banco cedió.
Se ha informado que entre la primavera de 2004 y el verano de 2005
(boreales) el
Banco realizó más de 40 "reuniones de consulta" con Pueblos Indígenas. Estas
consultas se basaban en gran medida en un "perfil" de la política que se
pretendía
(una especie de boceto narrativo) y no sobre el verdadero texto de la
política. Estos
intentos fueron criticados duramente por los Pueblos Indígenas, que
denunciaron
que no se había brindado la información pertinente con suficiente
anticipación como
para permitir un diálogo informado. Añadieron que sus comentarios no habían
sido
incorporados a los documentos de trabajo y que se dejó al margen del proceso
final
de redacción a integrantes del "Consejo Asesor Indígena" establecido por el
Banco.
Llamativamente, cuando el Banco finalmente mostró un verdadero texto de
política,
éste fue objeto de una sola consulta cara a cara con los Pueblos Indígenas,
que tuvo
lugar en Costa Rica en agosto de 2005.
Bajo esta lluvia de críticas, el 22 de febrero de este año los directores
ejecutivos del
Banco adoptaron un texto y así nació una nueva política. En sus propias
palabras, la
política propone iniciar una nueva era de "desarrollo con identidad de los
pueblos
indígenas" y "salvaguardar a los pueblos indígenas y sus derechos de
impactos
adversos potenciales y de la exclusión en los proyectos de desarrollo
financiados por
el Banco". La política contiene varios elementos positivos que demuestran
los
avances logrados por los Pueblos Indígenas en la sensibilización de
directores y
funcionarios del Banco en cuanto a sus necesidades y derechos. Por ejemplo,
la
nueva política incluye el reconocimiento claro de los derechos colectivos,
la
prohibición del reasentamiento forzado y la prohibición de financiar
proyectos que
excluyan a las comunidades por motivos étnicos o que no respeten el derecho
de los
Pueblos Indígenas no contactados a vivir como les parezca. La política
reconoce
también que la jurisprudencia correspondiente del sistema interamericano es
aplicable a todas las operaciones y actividades apoyadas por el Banco (no
solamente a proyectos específicos) y exige alguna forma de acuerdo previo
con los
indígenas en caso de: (i) impactos adversos potenciales significativos, (ii)
desarrollo
comercial de la cultura y el conocimiento indígenas, (iii) operaciones
destinadas
específicamente a beneficiarios indígenas y (iv) reasentamiento.
Sin embargo, en la Política persisten varios problemas que habrá que
controlar de
cerca, entre los cuales: la no aplicabilidad de las salvaguardias de la
política a las
tierras y los recursos respecto de los cuales todavía haya demandas
indígenas
pendientes o en disputa; el reconocimiento limitado de los sistemas
jurídicos y las
leyes consuetudinarias indígenas; la omisión de mecanismos independientes de
verificación del cumplimiento de parte del Banco y del prestatario; la falta
de
disposiciones específicas en favor de la participación de los indígenas o su
control
sobre las decisiones relativas a la creación o designación de zonas
protegidas; no
exigir más ampliamente su previo consentimiento libre e informado cada vez
que una
actividad financiada por el Banco afecta sus tierras, territorios y
recursos; y la
presencia de una laguna jurídica (escondida en el fondo de dos notas al pie)
que
permite al prestatario cumplir esencialmente con los requisitos de consulta
y
negociación simplemente demostrando que los Pueblos Indígenas en cuestión no
están interesados en las consultas o han acordado que se necesitan más
negociaciones y acuerdos en el futuro.
Quizás la mayor debilidad de esta política es que contiene una gran cantidad
de
matices en cuanto a términos, calificativos y normas, en particular para los
procesos
de consulta, negociación y consentimiento y las fases de evaluación, a los
que en la
política se le asocian luego meras promesas de que el Banco brindará más
tarde las
directrices, los procedimientos, la supervisión y los mecanismos de
verificación
necesarios para instrumentar y hacer funcionar la Política.
Por consiguiente, la efectividad de la nueva política se determinará en gran
medida
mediante la forma en que los funcionarios del Banco y sus prestatarios
interpreten
sus disposiciones y las instrumenten basándose en diversas directrices,
procedimientos y mecanismos que todavía no han sido elaborados ni escritos.
El
Banco declara estar trabajando ahora en esta redacción y promete un manual
de
mejores prácticas, algunas directrices internas del BID y un plan interno de
instrumentación para el fin del próximo mes de agosto.
Entonces, ¿valió la pena esperar esta política? Desgraciadamente, tendremos
que
esperar y ver qué ocurre.
Por Vanessa Jiménez, abogada principal del Programa de Derechos Humanos y
Legales del Programa para los Pueblos de los Bosques (Reino Unido).
La Política del BID se encuentra en
http://www.iadb.org/sds/ind/site_401_e.htm
(inglés) o http://www.iadb.org/sds/ind/site_401_s.htm (español).
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- Informe de CIFOR: de cómo los inversores ignoran los graves problemas de
las
plantas de celulosa
En la última década las instituciones financieras internacionales y los
bancos de
inversiones han entregado más de US$ 40.000 millones para el establecimiento
de
nuevos proyectos de celulosa en el Sur. Según los analistas, para 2015 se
habrán
invertido otros US$ 54.000 millones en fábricas de celulosa en el Sur, en
gran parte
en Brasil, Uruguay, China, la región de Mekong y los Estados bálticos.
Podríamos asumir que, dada la gran cantidad de dinero de que se trata, los
bancos
llevan a cabo análisis cuidadosos antes de invertir. No es así, según un
nuevo
informe publicado por el Centro Internacional de Investigación Forestal
(CIFOR)
sobre la evaluación del riesgo y los procedimientos de salvaguardia en
relación con
la financiación de las fábricas de celulosa ("Financing Pulp Mills: An
Appraisal of Risk
Assessment and Safeguard Procedures", disponible en:
http://www.wrm.org.uy/plantations/FinancingPulpMills.pdf). Según CIFOR, la
investigación inadecuada de los proyectos de celulosa propuestos "podría
llevar a
una nueva ola de proyectos mal asesorados, poniendo a los inversores, las
comunidades que dependen de los bosques y el medio ambiente ante el riesgo
de
una debacle precipitada".
El incumplimiento de Asia Pulp and Paper, que en conjunto con sus
subsidiarias
tenía deudas por un monto de US$ 14.000 millones, afectó a instituciones
financieras del mundo entero, pero como Chris Barr, de CIFOR, señaló al
Financial
Times, "el sector financiero se ha mostrado reticente a aprender la lección
que nos
enseña el colapso de APP".
El informe de CIFOR, "Financing Pulp Mills: An Appraisal of Risk Assessment
and
Safeguard Procedures", se basa en ocho años de investigaciones observando la
financiación de 67 fábricas de celulosa. El autor de este informe, Machteld
Spek, es
un analista financiero con más de 20 años de experiencia.
Spek señala que a la hora de financiar una fábrica de celulosa o en los
informes de
los analistas sobre las empresas de la celulosa a menudo se subestima la
importancia del suministro de materia prima, a pesar de que éste corresponde
a un
gran porcentaje de los costos de la producción de pulpa de papel. Cuando los
cuatro
mayores productores de celulosa de Indonesia comenzaron sus actividades en
los
años 1980 y 1990, todos ellos predijeron que en un lapso de ocho años
obtendrían la
totalidad de su materia prima de sus propias plantaciones. Hoy, señala el
estudio de
CIFOR, la industria indonesia de la celulosa "sigue dependiendo de la madera
de los
bosques naturales para el 70% de sus necesidades de fibra". Sin embargo, no
poder
asegurarse el suministro de materia prima no afectó la capacidad de estas
empresas
de seguir consiguiendo financiación.
El informe de Spek concluye que "La mayoría de las instituciones financieras
y
agencias de crédito para la exportación todavía carecen de la capacidad de
evaluar
los probables impactos sociales y ambientales de los proyectos". En su
lugar,
confían en la información brindada por empresas y organismos multilaterales
como
la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial.
La CFI ha otorgado préstamos a una serie de proyectos de celulosa que han
sido
social y ambientalmente perjudiciales, entre los que se cuentan Arauco en
Chile,
Aracruz en Brasil y Advance Agro en Tailandia. Actualmente la CFI está
considerando la financiación de dos enormes fábricas de celulosa en Uruguay.
La CFI, por supuesto, declara que no financia proyectos sin un estudio del
impacto
ambiental y social. El informe de Spek explica por qué esto no es
suficiente: "Una
debilidad estructural de la aplicación de políticas de salvaguardia es que
éstas se
guían por Evaluaciones Ambientales, por lo general encargadas por quienes
financian el proyecto. Actualmente las Evaluaciones Ambientales son a menudo
de
mediocre calidad, pero esto pasa inadvertido al no haber una revisión a
cargo de
partes informadas".
Cuando la junta de la CFI acordó prestar a Aracruz la suma de US$ 50
millones en
noviembre de 2004, los estudios ambientales y sociales del Banco no
alertaron a la
junta del Banco de la grave y continuada disputa territorial entre Aracruz y
los
pueblos indígenas Tupinikim y Guaraní en el estado de Espíritu Santo. En
mayo de
2005, seis meses después de que la junta de la CFI aprobara el préstamo, los
Tupinikim y Guaraní recuperaron poco más de 11.000 hectáreas de su tierra
que
estaban en manos de Aracruz y construyeron allí dos aldeas. En enero de 2006
Aracruz tuvo que ver con una violenta acción policial destinada a expulsar a
la gente
de estas aldeas. Para destruir las aldeas se utilizó maquinaria de la
empresa.
Poco después la CFI publicó una declaración según la cual Aracruz había
"optado
por adelantar el pago del préstamo otorgado por la CFI", lo cual "pone fin a
la
relación de la CFI con su cliente". Está claro que Aracruz pensó que el
préstamo de
la CFI conllevaba el riesgo de que la empresa pasara a ser el centro de la
atención.
Pero, para empezar, los análisis y las salvaguardias de la CFI deberían
haber
impedido ese préstamo.
En Uruguay, la empresa española ENCE y el conglomerado finlandés Botnia
tienen
planes, por separado, de construir dos fábricas de celulosa que en conjunto
tendrían
una capacidad de un millón y medio de toneladas anuales. La CFI está
considerando
otorgar préstamos a ambos proyectos por un total de US$ 400 millones. A
partir de la
participación de la CFI en el proyecto, seguramente le siga una serie de
bancos
comerciales y agencias de créditos para la exportación.
El informe de CIFOR comenta que la evaluación del impacto ambiental
elaborada
por Botnia como parte del proceso para postularse a un préstamo de la CFI no
trató
adecuadamente los asuntos de suministro de materia prima, uso de la tierra e
infraestructura. Las importantes manifestaciones de protesta tanto en
Uruguay como
en Argentina llevaron a que los documentos del proyecto recibieran más
atención
que la que normalmente se les hubiera dado. La CFI elaboró recientemente un
plan
de acción que supuestamente tratará los puntos débiles de los estudios
anteriores.
"El conflicto en relación con las fábricas de celulosa uruguayas ha puesto
de relieve
importantes asuntos sociales y ambientales", comenta el director general de
CIFOR,
David Kaimowitz. "Un asunto clave al que en gran parte no se ha prestado
atención,
sin embargo, es si las fábricas de celulosa tendrán suficiente madera. La
falta de un
suministro de madera seguro y sustentable plantea enormes riesgos
financieros".
Por Chris Lang, correo-e: chrislang@..., www.chrislang.blogspot.com
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