Ni el Ejecutivo ni los nativos parecen dispuestos a ceder. El ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, dijo que “el Gobierno no puede validar ni legitimar reivindicaciones de una comunidad, por respetables que sean, permitiendo invasiones y aceptando presiones”.

Explicó que el Estado está trabajando en la constitución y ampliación de resguardos y que hay 20.000 millones de pesos asignados para ese fin. Según dijo, estas comunidades cuentan con 31 millones de hectáreas, de 144 millones que comprende todo el territorio nacional.

Para el gobernador Juan José Cháux, la ocupación de fincas –dos de ellas ayer en Puracé– obedece a “actos políticos que generan terrorismo en los inversionistas, afectan la credibilidad del Gobierno y el Estado Social de Derecho”.

Según él, “existe el deseo de maquillar situaciones que están ocurriendo en los resguardos y hay pruebas de algunas organizaciones indígenas vinculadas con terrorismo y desde luego con el narcotráfico...”.

Geovani Yule, miembro del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), advirtió que si el Gobierno no empieza a cumplir sus compromisos, las comunidades “seguirán haciendo uso de su derecho a la liberación de la tierra”. Y Aparicio Ríos, del CRIC, explicó que entre 1996 y 1998 el Incora y el Incoder tasaron en 162.164 hectáreas la carencia de tierras de los 64 resguardos caucanos.

Tierras en pocas manos

“Nos han entregado el 10 por ciento. A ese ritmo se van a demorar 70 años para cumplir con la meta”, dijo Ríos. Agregó que hay desespero en la comunidad porque tienen a 68.000 jóvenes que “requieren una vida digna”.

Un informe de la Universidad del Cauca, presentado en un consejo comunal en el 2003, señala que las tierras de los indígenas están en suelos de ladera, son pobres en nutrientes y difíciles de trabajar. “Las de buena calidad y bien ubicadas son propiedad de latifundistas que las explotan deficientemente”, dicen los investigadores.

Mientras 155.413 hectáreas están utilizadas en cultivos de alimentos, 556.961 están dedicadas a la ganadería. Hay 129.620 predios con menos de 5 hectáreas y más de la mitad tienen menos de una hectárea.

Según una investigación revelada por la Contraloría General en junio pasado, entre 1962 y el 2004 se entregaron 72.887 hectáreas para los resguardos en todo el país y solo 11 de cada 100 familias que necesitan tierras recibieron algún tipo de apoyo del Estado.

Los grandes predios casi no han sido afectados, pues, según la Contraloría, “por cada hectárea adjudicada vía compra de tierras, se titularon 29 hectáreas de baldíos”. El tema resulta vital en un departamentos como Cauca, uno de los pocos del país donde la mayor parte de los habitantes sigue en la zona rural: 6 de cada 10 viven en el campo.

Según indígenas, del 27 por ciento de los terrenos que tienen en el país, el 67 por ciento está en la selva amazónica, en el desierto de La Guajira y en la selva del Pacífico, lo que les impide acceder a tierras aptas para agricultura y ganadería.

Además, ellos temen que con iniciativas como las leyes de tierras y la forestal, que estudia el Congreso, les sean arrebatados derechos ya adquiridos y, por esa vía, perder su autonomía, su soberanía y derechos sobre el subsuelo y los recursos naturales.

REDACCIÓN NACIONAL

Fuente:    

http://eltiempo.terra.com.co/naci/cali/2005-10-19/ARTICULO-WEB-_NOTA_INTERIOR-2574468.html