por Hugo Scolnik, de la página de CONADU

Incentivos a los docentes investigadores:


Un manto para cubrir la caja chica del Ministerio, la reforma laboral en las
Universidades Nacionales y la autopreservación de una elite de
investigadores


· Sirvieron y sirven como caja chica del Ministerio de Educación

· Permitieron esconder rebajas salariales y recortes de presupuesto

· Inauguraron los pagos en negro y desarticularon el nomenclador salarial
· No cumplieron con ninguno de los objetivos enunciados en su creación
· Fueron utilizados para promover la reforma laboral al interior de las
Universidades


A pesar de no contar con los medios ni los recursos necesarios, de no saber
cuando ni cuanto cobran, del aumento burocrático que produjo el sistema de
incentivos en sus 7 años de existencia, los docentes universitarios
incentivados o no, persisten en realizar sus tareas: dar clases, investigar,
hacer extensión y gestión. Se capacitan a su propia costa, se ven obligados
a resistir periódicamente recortes de Presupuesto y sostienen la Universidad
Pública a pesar de sus escasos ingresos. Los docentes universitarios y la
CONADU jamás dejaron de reclamar por los verdaderos incentivos: sueldos y
Presupuestos dignos que permitan a las Universidades contribuir a un
desarrollo independiente.

CONADU - 1999




Un poco de historia


El Sistema de Incentivos a los Docentes Investigadores fue creado en 1993 a
través del Decreto 2427 1. A pesar de la Reforma Laboral que implicaba
incorporarse al sistema y las denuncias de la CONADU, el retraso salarial
vigente impulsó a que más de 20.000 docentes ingresaran al sistema a pocos
años de su implementación. El número de investigadores superó ampliamente –
entre una vez y media y dos veces - las previsiones ministeriales y de la
elite participante de su creación. Sus impulsores trataron entonces de
mantener la idea original: un sistema para pocos. Así, apenas a dos años de
su creación, intentaron disminuir por diversos mecanismos el número de
categorizados. Esta política fue determinante en los años subsiguientes y
fue recientemente revitalizada en el Manual de Procedimientos 2003 2. Las
principales acciones fueron:


1-impedir el ingreso de nuevos agentes al sistema;

2-disminuir el monto pagado por agente al reducir en un 12% el índice anual
(convirtiendo a los docentes universitarios en los primeros agentes
estatales a los que se les rebajó el sueldo) 3

3-realizar una 1ª recategorización desde el Ministerio que disminuía
indiscriminadamente las categorías asignadas con anterioridad;

4-ante el fracaso de esta -por los recursos promovidos por CONADU- el
Ministerio generó una 2ª recategorización a cargo del CIN. Como este nuevo
proceso tendría un efecto no deseado, ya que no podía impedir que nuevos
agentes se categorizaran e ingresaran al sistema, se diseñó el “manual de
procedimientos de 1997” 4 que:


a- fijaba antecedentes más exigentes para permanecer en las nuevas
categorías,

b-excluía a los docentes con dedicación simple y

c- a los mayores de 35 años de la categoría más baja,

d- impedía el desarrollo de grupos que no estuvieran dirigidos por docentes
con categorías A ó B,

e-preveía un sistema de auditorías sobre las evaluaciones que establecía que
“serán excluidos del incentivo durante 1998 y 1999, el director del proyecto
y los evaluadores que hayan avalado un proyecto que luego sea calificado
como no satisfactorio por la Agencia, siendo los otros miembros del proyecto
excluidos por un año”.


5- Este nuevo sistema trajo nuevos problemas de implementación, y fueron
numerosos los recursos presentados por los docentes-investigadores. Muchos
de ellos permanecieron sin respuesta después de 4 años de presentados (más
de 1000 en las categorías I y II, y más de 4000 en las categorías III, IV y
V). A pesar de todo esto, la moderna Inquisición no pudo evitar que más de
26000 docentes –un cuarto de la planta docente universitaria- obtuviera su
nueva categoría, aspirando a cobrar su incentivo y generando más
preocupaciones a las autoridades del Ministerio de Educación.


6- El nuevo Manual de Procedimientos de 2003 2, además de continuar con las
características anteriores del sistema prevé que las categorías adquiridas
con anterioridad caduquen periódicamente y que se realice una futura
recategorización. De concretarse sería la tercera pero no la última según la
nueva norma.





Para qué se creó el sistema y para qué fue utilizado.


El propósito del sistema de incentivos según sus autores fue: “incrementar
las tareas de investigación y desarrollo a nivel nacional, la reconversión
de la planta docente en las universidades, el fomento de la mayor dedicación
a la actividad universitaria y la creación de grupos de investigación” 1.
Poco o nada de esto se ha cumplido.


En un trabajo realizado poco antes de la 1ª recategorización se vio que a
cuatro años de funcionamiento del sistema no se habían incrementado ni el
número de publicaciones, ni el número de investigadores, ni el número de
dedicaciones exclusivas 5. Según estos autores “el aumento en el número de
publicaciones se produjo en los bordes del sistema de investigación
académica. En efecto en las universidades “científicas”, no se registraron
variaciones significativas en las magnitudes de artículos publicados por
investigadores de disciplinas duras y grupos de investigación consolidados,
que tuvieron un crecimiento “natural”. En algunas disciplinas con baja
tradición académica, y algunos investigadores de las ciencias naturales y
tecnológicas de pobre trayectoria científica, se volcaron a la publicación
en revistas con referato dudoso o sin referato”. Las plantas docentes de las
universidades permanecen invariables desde hace casi una década, y poco o
nada se ha hecho para incentivar las mayores dedicaciones. El principal
obstáculo para esto es la falta de recursos y la ruptura del nomenclador en
el año 1992 - desde entonces, hacen falta unos 10 cargos con dedicación
simple -en lugar de 5- para armar uno exclusivo. El número de investigadores
no varió, sino que simplemente los docentes que tenían esa tarea se fueron
“adaptando” a los caprichos del sistema para poder cobrar los incentivos ya
que sus sueldos están congelados desde 1992 y con la pérdida de su poder
adquisitivo, en más del 80% de los casos les resulta imposible alcanzar la
canasta de básica de subsistencia ($729 en diciembre de 2002) ubicándose
bajo la línea de pobreza 6.


Las “evaluaciones” del sistema emitidas por las autoridades que lo
promovieron durante el gobierno de Menem, fueron publicadas en la revista La
Universidad que editaba el Ministerio de Educación. Las mismas se limitan a
meras estadísticas del sistema y carecen del mínimo rigor científico siendo
su principal carácter el descriptivo. Como ejemplo, se _evalúa como positivo
el aumento de investigadores ocurrido en el sistema durante distintos años
de su instrumentación diciendo que mientras en 1993 solamente el 11% de los
docentes universitarios realizaba tareas de investigación, en 1997 lo hacía
el 23% 7. Este incremento paulatino obedeció pura y exclusivamente a la
lentitud del proceso de categorización para ingresar dentro del sistema de
incentivos a los investigadores preexistentes al programa y no a la
generación de “nuevos investigadores”.


Un minucioso trabajo de análisis de la evolución del Programa –ver Prati 8-,
en el que se analizan tanto las políticas y visiones oficiales como el
impacto en el sistema universitario, se describen otros efectos del
programa:


“Una fuerte estratificación de los docentes en categorías que definen su
identidad más allá de los alcances estrictos del Programa; y una fuerte
modificación en la “escala de valores” vigente, ubicando a la investigación
en la cima. A estos efectos académicos y “socioculturales”, podemos agregar
los efectos “políticos”. A un “nivel micro”, el nuevo actor creado por el
Programa es un docente cuya actividad central transcurre en la universidad;
eso aumenta sus chances de “elegir y ser elegido” para los órganos del
cogobierno universitario o para los cargos de gestión, emparejando su
situación con la de investigadores del CONICET que “viven” en la
universidad. A un “nivel medio”, los secretarios de investigación de las
universidades tienen en sus manos el no despreciable poder de poner en
práctica los complejos proceso de evaluación requeridos por el Programa,
distribuyendo curriculum vitae, proyectos e informes de investigación entre
los miembros del Banco de Evaluadores; también a este “nivel medio”, los
miembros del Banco, una suerte de "oligarquía académica", tienen fuerte
influencia sobre gran parte de las carreras de los docentes universitarios.
Finalmente, a un “nivel macro”, el Programa ha sido un ejemplo de un
cogobierno universitario "sui generis", entre la Secretaría de Políticas
Universitarias y el CIN. No son pocos los efectos, positivos o negativos,
obtenidos con una cifra inferior al cinco por ciento del presupuesto
universitario nacional - ver Prati, Marcelo8.


Por último corresponde adelantar que uno de los objetivos del sistema fue el
de generar y preservar a una elite de investigadores, algunos de los cuales
participaron de su generación. De esto nos ocupamos más adelante en: Para
pocos mucho, para algunos poco y para la mayoría nada. A continuación en
Manos Mágicas – Bolsillos Vacíos se describen otros “para qué” del Programa
de Incentivos.



Manos Mágicas - Bolsillos Vacíos


Desde su creación el Sistema de Incentivos fue financiado por fondos que el
Congreso de la Nación transfiere al Ministerio de Educación para este fin.
En un primer momento se suponía que los gastos administrativos para su
implementación provendrían del propio Ministerio ya que así lo establecía el
Decreto 2427/93 en sus Anexos 1. Sin embargo a poco de andar se constituyó
en una de las cajas chicas más fáciles de utilizar para gastos propios del
Ministerio 9 o implementar recortes presupuestarios. Como los fondos del
Programa permanecían invariables año tras año, las sucesivas gestiones del
Ministerio de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias fueron
moldeando el Sistema. Así, mientras excluían a beneficiarios, reducían sus
haberes y retrasaban el pago de sus cuotas, no dudaban en Recurrir al
Programa de Incentivos cada vez que necesitaban recursos. Se realizaron
gastos desconocidos y absorbieron recortes de presupuesto por más de 114
millones de pesos desde 1994 hasta la actualidad ( ver Tabla 1). Como
agravante, en varias oportunidades el Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN) avaló con su silencio o su accionar las políticas Ministeriales. De
esa manera evitaron recortes mayores a los presupuestos de funcionamiento de
las universidades que fueron “privilegiados” en su ejecución en lugar de los
incentivos a los docentes-investigadores. Esto se evidencia claramente
analizando comparativamente los porcentajes de ejecución de las distintas
partidas que integran el presupuesto universitario. En los últimos años el
porcentaje de ejecución de los incentivos a los docentes investigadores
siempre fue menor que el de las partidas de funcionamiento – a modo de
ejemplo en el año 2002 se devengó el 98% de la mayoría de las partidas, de
incentivos sólo el 59%.


En 1997 comenzaron a blanquear el uso indiscriminado de los fondos
introduciendo en el art 36, inc. c) del “Manual de procedimientos” el
siguiente texto “La Autoridad de Aplicación fijará los montos que se
requieran para la Administración del Programa…“. De esta manera hicieron
explícita la intención de cubrir con los propios fondos del sistema los
gastos “administrativos”. Sin embargo seguimos preguntándonos ¿cuál es el
fundamento legal de los desvíos y recortes? ¿Con qué justificativo legal
utilizaron los más de 40 millones desviados hasta ese entonces? En este
accionar - que persiste - el Poder Ejecutivo no hace otra cosa que destinar
fondos a un fin diferente del que el Poder Legislativo le asigna y que no es
otro que el pago de los Incentivos a los docentes investigadores.


TABLA 1


En el período 1994-2003 los docentes investigadores perdieron el equivalente
a dos años completos del pago de incentivos. ª


AÑO FONDOS APROBADOS EJECUTADOS %e RECORTADOS
1994 $ 42.000.000 $ 32.986.246 78,5% $ 9.013.754
1995 $ 70.000.000 $ 61.463.077 87,8% $ 8.536.923
1996 $ 70.000.000
$ 42.172.539
60,2% $ 27.827.461
1997ª $ 70.000.000 $ 68.881.699 98,4% $ 1.118.301

1998 $ 70.000.000 $ 69.650.000 99,5% $ 350.000
1999 $ 70.000.000 $ 51.000.000 72,9% $ 19.000.000

2000 $ 70.000.000 $ 54.600.000 78,0% $ 15.400.000

2001 $ 65.000.000 b $ 58.239.996 89,6% $ 6.760.034
2002 $ 65.000.000 $ 38.911.572c 59,9% $ 26.088.428
2003 $ 65.000.000 $ 22.000.000d 33,8%d

TOTAL RECORTADO $ 114.094.901



ª Las cuotas se retrasaron 1 mes por año entre 1997 y 1999, a partir de
entonces se retrasan 2 meses por año. b Con la Ley 25.401 -Presupuesto 2001-
el sistema tiene $5.000.000 menos. c En abril 2002, el retraso en el pago
llegó a los 2 años. d Corresponde al monto de las resoluciones Ministeriales
emitidas hasta el 1/07/03 correspondientes a la Ley de Presupuesto 2003; e
Porcentaje de ejecución tomando como 100% el total aprobado en la ley de
presupuesto correspondiente a ese año.



La política de Incentivos en la era De la Rúa


Poco o nada cambió con el gobierno de De la Rúa. Dejando de lado el intento
de recorte global de $300 millones al Presupuesto Universitario del 2002 y
el anuncio de un recorte de $500 millones para el año 2003 durante la
efímera gestión de López Murphy, las cuotas de los incentivos se siguieron
retrasando a razón de 1 o 2 meses por año -llegando a adeudarse 2 cuotas y
media en junio de 2001. Los docentes no vieron acelerados los recursos que
presentaron por su 2ª recategorización y los fondos continuaron desviándose
y usándose para tapar recortes. Peor aún, en la primera Ley de Presupuesto
cuya responsabilidad fue exclusiva del Gobierno de la Alianza – la del 2001-
se redujeron de 70 a 65 millones de pesos los fondos del sistema. Además, el
Ministerio puso su máximo empeño en excluir a los docentes del sistema: a
los que tienen dedicaciones simples, a los contratados, a los integrantes de
la carrera del investigador de la Universidad de Rosario, a las Autoridades,
a los que no pidieron la recategorización, etc. Su empeño era tal que ni
siquiera repararon en que en el supuesto caso en que pudieran demostrar la
legitimidad de estas medidas, ya les habían pagado las dos primeras cuotas
del año 2000, y adeudaban una y media del 2001 -ya trabajadas. El accionar
de la CONADU permitió corregir ese intento de avance sobre los derechos
adquiridos por quienes ya habían trabajado en el marco del programa.


Como si esto fuera poco comenzaron a conocerse las intenciones para el
futuro. Según cálculos del Ministerio, un 8 o 9% del fondo que se reduciría,
se utilizaría para pagar un incentivo a la docencia a los investigadores del
CONICET que no tienen cargos docentes en la Universidad o los tienen pero en
las dedicaciones más bajas. Contradictoriamente, en el proyecto de reparto
de Presupuesto “por pautas” elaborado por el Ministerio durante el 2001, se
consideró que la actividad más importante que realizan los docentes
universitarios era la docencia 10. En este documento los docentes que tienen
dedicación exclusiva destinarían sus 40 horas de trabajo a dar clases y a
los docentes investigadores se les calcularon 20 horas destinadas a la
docencia. Indicando de esta manera que en el imaginario de las autoridades,
los docentes investigadores deberán en un futuro destinar hasta un 50% de su
carga horaria a la docencia en lugar del 30% previsto en el decreto 2427/93
y olvidando las tareas de extensión y gestión universitaria. Ya entonces se
preveía que un nuevo sistema de Incentivos reemplazaría al actual llevando
las evaluaciones al nivel individual. De esta manera, cada docente debería
presentar su informe de investigación pudiendo quedar excluido del cobro del
incentivo aún cuando su proyecto fuera evaluado favorablemente. Todo esto se
realizaría sin incluir nuevas cifras que permitieran atender el creciente
número de docentes investigadores. Durante este período no se previeron
fondos que permitieran romper el congelamiento salarial que implicó una
pérdida de más del 40% del poder adquisitivo de los salarios a través de una
década, y olvidando que más del 60% de los docentes ganan sueldos de $2,80
la hora de trabajo. Peor aún, se produjo el recorte del 13% del salario para
los pocos que tenían sueldos superiores a los $500 y el retraso en el pago
de los incentivos redujo los ingresos anuales de los integrantes del
sistema.



La política de incentivos en la era Duhalde - el nuevo “manual de
procedimientos”


Lejos de alejarse de la política implementada en la década menemista y
continuada durante el gobierno de la alianza, durante el año y medio de la
Presidencia de Duhalde, la política de incentivos siguió igual e incluso se
agravó. Mediante una resolución conjunta de la Secretaría de Políticas
Universitarias y la Secretaría de Ciencia y Técnica (SPU) Nº 27 y (SCTIP) Nº
24 11, se estableció que los incentivos se pagaran “a año vencido”. Esta
Resolución de abril de 2002 intentaba salvar la posición del gobierno frente
a los crecientes reclamos por el pago de los incentivos que llevaban más de
un año de retraso. A pesar de esta Resolución al concluir este gobierno el
retraso en el pago llegó a su punto máximo: 2 años en abril de 2003. La
CONADU obtuvo un acuerdo con el CIN por el cual se pedía de manera conjunta
al Ministerio, que no se exigieran los informes si no se había pagado la 2ª
cuota del año correspondiente al mismo y tal como se había previsto durante
las primeras etapas del sistema. El Ministerio hizo caso omiso del reclamo y
continuó exigiendo la entrega de informes sin haber pagado los incentivos.


En este período la CONADU realizó una presentación administrativa ante el
Ministerio reclamando por inconstitucional, la derogación de la Res.
Conjunta (SPU) Nº 27 y (SCTIP) Nº 24 11, como así también el inmediato pago
de las cuotas adeudadas a las que se considera parte de la remuneración de
los trabajadores docentes universitarios. La misma fue contestada por la
Resolución Nº 535 de la Ministra Giannetasio que denegó ambas alternativas
12. Terminada la vía administrativa la CONADU realizó una presentación
judicial reclamando el pago de los incentivos en base a su carácter
alimentario, como así también se declare la inconstitucionalidad de la Res.
Conjunta (SPU) Nº 27 y (SCTIP) Nº 24 –presentación judicial 13.


Al término de su gestión la Ministra Giannetasio se presentó en sociedad un
nuevo “manual de procedimientos 2003” 2, norma que evidencia su acuerdo con
la política llevada adelante por todas las anteriores gestiones
ministeriales desde que Del Bello lanzó el sistema. (las características de
este Manual y el análisis comparativo con el anterior son descriptas en 14 y
15).






Para pocos mucho, para algunos poquito, para la mayoría nada.


El sistema de incentivos argentino es una adaptación de sistemas similares
implementados durante la década del ´80 en otros países de América Latina a
instancias de su promotor el Banco Mundial. Del diseño local participó una
elite de investigadores que adhirieron o fueron cooptados por las ideas
prevalecientes en la década de los ´90 y contó con el apoyo de esa entidad
financiera que simultáneamente promovía el arancelamiento universitario,
criticaba el alto grado de politización del cuerpo docente y los
estudiantes, y promovía ajustes presupuestarios. Esta elite decidió
preservarse y participar activamente en el rediseño de las políticas de
ciencia y técnica generando condiciones en las que ellos mismos fueron
adjudicatarios de los beneficios tanto en sus ingresos, como en la
concentración de los subsidios de investigación y en el control de las
políticas de ciencia y técnica. La competencia, el sálvese quien pueda, la
salida individual y los proyectos de investigación aislados, se
privilegiaron por sobre la cooperación, el avance del conjunto y el
desarrollo de un sistema universitario y de ciencia y técnica, al servicio
del país y las mayorías. Así, mientras el Estado se desentendía de las
universidades, se mandaba a lavar los platos a los investigadores, un grupo
de amigos del gobierno y sus políticas pergeñaba este y otros engendros. El
perfil de los diseñadores del sistema era: pertenencia al CONICET -u
organismos similares-, una enorme vocación por salvar el pellejo, encasillar
en la futura categoría A de Incentivos.


La escala aritmética del nomenclador salarial vigente al momento de creación
del incentivo, tenía escalones iguales – una escala aritmética del 20% - y
alcanzaba una diferencia de 1,8 veces entre el cargo del Ayudante de 1ª y el
Profesor Titular. Esto significa que para una misma cantidad de años de
antigüedad el sueldo de un Profesor Titular es un 80% mayor que el de un
Ayudante de 1ª - el del Jefe de Trabajos Prácticos un 20% mayor y así
sucesivamente ver Figura 1 nomenclador CONADU. Estas diferencias eran
idénticas entre las dedicaciones docentes: exclusiva, semiexclusiva o simple
y estuvieron vigentes entre 1987 y 1992. El aumento salarial producido en
ese año fue mayor para las categorías más bajas Esto provocó que la
distancia entre el Ayudante de 1ª y el Profesor Titular se acortó y no
sobrepasa el 60% de diferencia. Como el aumento fue dispar entre las
distintas dedicaciones las diferencias entre el cargo de Ayudante y el de
Profesor Titular es diferente para cada una de ellas –ver Figura 1 escala
actual.


En la figura 1 se comparan ambas escalas salariales con la empleada en el
Programa de Incentivos a los docentes investigadores. En este último caso
puede apreciarse que los creadores del modelo de incentivos fijaron una
escala geométrica con escalones del 50% entre categorías generando una
diferencia de 3,75 veces entre la categoría A (ó I) y la D (ó V). El
resultado de aplicar esta escala hace que quienes tienen la máxima Categoría
cobren mucho más que los de la más baja, o dicho de otra manera su trabajo
vale 4 veces más. Hasta el comienzo de los ´90 en la administración pública
no había antecedentes de este tipo de discriminación. En general los sueldos
de las distintas reparticiones estaban “enganchados” entre sí, y no se
registraba una diferencia tan grande.


































Las escalas salariales que se comparan en la figura corresponden a: CONADU:
el nomenclador salarial vigente entre 1987 y 1992; ACTUAL: el nomenclador
salarial vigente desde 1992 a la actualidad; Incentivos: corresponde a la
escala de incentivos y categorías de los incentivos a los docentes
investigadores desde 1993. Las categorías A, B, C y D previstas en el
dec.2427/93 se equipararon con las categorías I (A), II (B), III (C), IV (C)
y V (D) en el manual de procedimientos de 1997. El manual de procedimientos
del 2003 desdobla a su vez el nomenclador de las categorías III y la IV.




Por otra parte, para quienes ingresaron al sistema, los incentivos no fueron
tales puesto que en realidad significaban un incremento muy importante en
sus ingresos que se habían reducido considerablemente. Aún para los de menor
categoría, la D, significaron un incremento promedio de más del 30%. Pero
para los de categoría A, la elite a salvar, los incrementos significaban más
del 120% ( ver Tabla 2). Ningún “incentivo” salarial puede tener esa
magnitud e incidencia en los ingresos de un trabajador, y mucho menos si a
estos se les paga salarios de hambre, porque se convierten en un recurso de
supervivencia.


En el momento de la creación del Sistema se pensó en alcanzar a los “entre
10.000 y 15000 investigadores que había en la Universidad” 1, es decir entre
el 10% y el 15% del total de la Planta Docente. De estos, el 25% obtendría
categorías A ó B, por lo que los sueldos privilegiados estaban destinados al
2,5% del total de los docentes universitarios - si tenemos en cuenta que de
estos solamente el 12% tiene cargos exclusivos, la elite en realidad se
reduce a menos del 0,3% del total. Solamente a estas categorías se les
permitiría la dirección de grupos de investigación y ningún grupo podría
prescindir de ellos. Se generaron las condiciones para que sólo a ellos se
les permitiera recibir subsidios, decidir sobre las categorías del resto,
evaluar proyectos de investigación, elegir con discreción a sus
subordinados, evaluar las carreras a través de la CONEAU, controlar la
política de investigación.


Tabla 2 Comparación de sueldos e incentivos y porcentaje de incidencia
ingresos

Ingresos Mensuales Incentivos*

Categoría Equivalente de Investigación Dedicación a la investigación
Exclusivo Semiexclusivo

Simple
A – I
$ 1050,00 $ 420,00 $ 175,00
B – II $ 700,00 $ 280,00 $ 115,50
C – III ó IV $ 420,00 $ 168,00 $ 70,00
D – V $ 280,00 $ 112,00 $ 45,50





Salario Mensual de bolsillo con 10 años de antigüedad

Categoría Docente Dedicación a la investigación
Exclusivo Semiexclusivo

Simple

TITULAR
$ 1277,08 $ 420,49
$ 157,02
ASOCIADO $ 1202,35 $ 401,22 $ 148,20
ADJUNTO $ 1042,22 $ 350,23 $ 127,13
J.T.P. $ 912,80 $ 317,71 $ 110,66
Ay. 1ra. $ 820,61 $ 299,55 $ 99,38





Porcentaje del sueldo que representa el incentivo para la Categoría A

Categoría Docente Dedicación a la investigación
Exclusivo Semiexclusivo Simple
TITULAR 82,22% 99,88% 111,45%

ASOCIADO 87,33% 104,68% 118,09%
ADJUNTO
100,75% 119,92% 137,65%
J.T.P. 115,03% 132,20% 158,15%
Ay. 1ra. 127,95%
140,21% 176,09%

Promedio Total Categoría A = 120,77%


Porcentaje del sueldo que representa el incentivo para la Categoría B

Categoría Docente Dedicación a la investigación
Exclusivo Semiexclusivo

Simple
TITULAR 54,81% 66,59% 73,56%

ASOCIADO 58,22% 69,79% 77,94%
ADJUNTO 67,16% 79,95% 90,85%
J.T.P. 76,69% 88,13% 104,38%
Ay. 1ra. 85,30% 93,47% 116,22%

Promedio Total Categoría B = 80,20%


Porcentaje del sueldo que representa el incentivo para la Categoría C

Categoría Docente Dedicación a la investigación
Exclusivo


Hugo Scolnik

640K ought to be enough for anybody. (Bill Gates, 1981)


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