Basilio pertiné fue el gestor De la queja ante el procurador penitenciario

 

En un trámite tan rápido como excepcional, la Procuración Penitenciaria Federal accedió a un pedido de Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y otros detenidos por delitos de lesa humanidad y envió a médicos del organismo a examinarlos a la cárcel de Marcos Paz.

La intención de los ex militares es que los trasladen a unidades castrenses o a prisión domiciliaria por razones de salud. El informe de la Procuración podría ser una de las cartas a favor de sus reclamos.

A punto de abandonar su cargo después de nueve años de gestión, el procurador Francisco Mugnolo recibió en su despacho a tres militares en actividad.

 

La reunión, fuera de la agenda oficial, se realizó hace dos semanas a pedido de Juan Carlos Mugnolo, hermano del procurador y ex jefe del Estado Mayor Conjunto. Otro de los que habría colaborado en la gestión del encuentro fue el vicealmirante Basilio Pertiné, cuñado del ex presidente Fernando De la Rúa.

En la reunión, los militares transmitieron un mensaje de parte de una decena de ex miembros de la Armada en el que le expresaban a Mugnolo su preocupación por dos cuestiones: los años que llevan de prisión preventiva, es decir, sin condena, y las malas condiciones de salud y detención.

El pedido concreto era que miembros de la Procuración los entrevisten y examinen, y fue firmado por los represores de la ESMA Astiz, Cavallo, Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías, Adolfo Miguel Donda y Rogelio Martínez Pizarro, entre otros.

En la presentación, el abogado de la mayoría de ellos, Alfredo Solari, denunció supuestas violaciones a los derechos de sus defendidos. “La cárcel es sucia, falta comida, no tienen internet y el camino que lleva al penal está en malas condiciones”, fueron algunos de los reclamos del abogado que firmó su escrito como “defensor de militares perseguidos políticos y prisioneros de guerra”.

Además de esta denuncia, Mugnolo recibió otra de parte de Gabriela Carballo, esposa del ex jefe de la Policía bonaerense durante la dictadura, Miguel Etchecolatz. La mujer denunció que a su marido, que está en Marcos Paz cumpliendo la pena de cadena perpetua, “se le niega la prisión domiciliaria” y que “en el hospital Vélez Sarsfield le dijeron asesino”.

A pocos días de recibir las denuncias, con una celeridad poco habitual, el procurador envió a dos médicos y dos abogados al “pabellón de lesa” del penal para que controle las condiciones de salud de los represores.

Apenas se enteraron de la visita médica, abogados querellantes en causas por violación a los derechos humanos difundieron un comunicado en el que señalaron que “la Procuración debe velar por los derechos de las personas privadas de la libertad en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal”, por lo cual cualquier acción “tendiente a otorgar privilegios, dar intervención al ámbito militar o burlar las medidas ordenadas por jueces civiles en el marco de estas causas burlaría los objetivos para los que fue creada”.

Si bien el informe de los profesionales no es vinculante, es un documento que tiene el suficiente prestigio para que un abogado se lo presente al juez de Ejecución y pida “cuidados especiales” para su defendido. Es decir, tiene un peso mayor que el de un perito de parte.

El pedido sucede en momentos en que la Justicia acaba de enviar a cárcel común a ocho represores, entre ellos al ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez, en la búsqueda de dejar el penal de Marcos Paz y volver a unidades militares, donde estaban alojados antes del envenenamiento del ex prefecto Héctor Febres.

Retiran una placa a Villar

A 34 años del asesinato del diputado Rodolfo Ortega Peña, primera víctima de la Triple A, la escuela Nº 25 de Paternal retiró una placa en homenaje a Alberto Villar, jefe de la policía al momento del atentado.

“El comisario Villar no podía ocultar su euforia. Fue directo a la Comisaría 15ª. Una sonrisa le cruzaba la cara. En el piso, el cuerpo de Ortega Peña, desnudo, exhibía los agujeros de los 13 impactos”, relata el libro La ley y las armas. Biografía de Rodolfo Ortega Peña, acerca del momento en que Villar, supo del éxito de la operación.

Menéndez “tenía el control absoluto”, dijo el tribunal

Luciano Benjamín Menéndez “tenía el control absoluto de todo lo que sucedía” en el área militar de la provincia de Córdoba, que incluía el centro clandestino de detención La Perla. Por los crímenes cometidos en ese lugar, el ex jefe de Tercer Cuerpo de Ejército fue condenado a cadena perpetua, que cumplirá en una cárcel común. Los fundamentos de la condenda a Menéndez fueron difundidos ayer por los integrantes del Tribunal Federal 1 y leídos por su titular, el juez Jaime Díaz Gavier.

El tribunal sostuvo que a Menéndez y a los siete represores condenados con él “se les aplicó la pena que corresponde, porque fue acreditada la comisión de los delitos” de secuestro, torturas y asesinato de cuatro jóvenes militantes políticos, ocurridos en 1977: Humberto Brandalisis, Hilda Palacios, Carlos Lajas y Raúl Cardozo.

Los magistrados señalaron que, durante el proceso, “se analizaron y valoraron las pruebas –testimoniales y documentales– a través de distintos indicios con los cuales se puede llegar a reconstruir un hecho, aunque a ese hecho no se lo haya visto, para luego determinar quién necesariamente debió hacerlo y no otra persona”. Y para fundamentar su decisión citaron que “nadie vio a (Adolf) Hitler matar judíos. Aunque no hay pruebas directas se puede reconstruir, concatenar, hasta llegar a una conclusión, como lo hizo este tribunal, que ha considerado acreditada la comisión de los delitos y que la pena aplicada es la que corresponde”.

En la lectura de los fundamentos, los jueces realizaron además una defensa de la decisión de que los condenados sean remitidos al complejo penitenciario provincial de Bouwer, y no aceptar prisión domiciliaria o alojamiento en unidades militares.

“Es la regla que toda persona condenada por un tribunal tiene que cumplir la pena en un establecimiento carcelario del Estado”, no obstante dijeron que “hay excepciones por cuestiones de edad y enfermedad que deben ser acreditadas y evaluadas”. Además de Menéndez, otros dos condenados tienen más de 70 años y están en condiciones de pedir prisión domiciliaria.

Buenos oficios a los camaradas

El guiño para que el procurador penitenciario atienda el reclamo de los represores provino de dos militares retirados: el vicealmirante Basilio Pertiné y el teniente general Juan Carlos Mugnolo.

Según una denuncia realizada por el periodista Juan Salinas, Pertiné –hermano de Inés, esposa de Fernando de la Rúa– piloteó un avión de la Armada que participó en 1977 de los vuelos de la muerte, como se llamaba al lanzamiento de detenidos vivos al mar.

Mugnolo, en tanto, fue jefe del Estado Mayor Conjunto durante la gestión de De la Rúa.

 

Semanas atrás, se lo vio reunido con el ex ministro de Defensa Horacio Jaunarena, junto a quien había impulsado un proyecto para unir las carteras de Seguridad y Defensa y habilitar a las Fuerzas Armadas a la represión del delito.