La casi totalidad de la bibliografía y cursos sobre gestión ambiental se refiere a lo que se puede hacer desde una estructura de poder. Hacer gestión ambiental es, entonces, una manera de ejercer el poder político desde el Estado o el poder económico desde una empresa.

Queda, sin embargo, un espacio vacío, que es la manera de realizar una gestión ambiental adecuada desde afuera del poder. Es decir, las herramientas con que cuentan los ciudadanos para hacer valer sus derechos ambientales en sociedades en las que estos derechos no se respetan en toda su amplitud.

Este curso procura transferir una experiencia exitosa. Entre diciembre de 1998 y diciembre de 2003 actuó la Defensoría del Pueblo Adjunta de la Ciudad de Buenos Aires, con orientación hacia los temas ecológicos y ambientales. La creación de una Defensoría específica para el medio ambiente significó una innovación a escala internacional. En efecto, las Defensorías del Pueblo en todo el mundo están orientadas principalmente a la defensa y promoción de los derechos humanos, entendidos casi siempre con los alcances restringidos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dictada por las Naciones Unidas en 1948. Esa declaración no contempla el derecho a un ambiente sano, el que recién fue incorporado a las agendas internacionales a partir de la Cumbre de la Tierra (ECO´92) de Río de Janeiro.

Esto ha hecho que los derechos ambientales sean habitualmente un tema más en las Defensorías del Pueblo, al que se atiende con menor prioridad que los temas considerados como centrales. El desafío fue diseñar una Defensoría Ambiental específica, sin antecedentes nacionales ni internacionales conocidos, y en condiciones políticas desfavorables, ya que la función de una Defensoría es controlar al poder político, lo que suele generar fuertes resistencias por parte de los sectores de poder político y económico.

Al mismo tiempo, la institución de Defensoría del Pueblo ha entrado en crisis en muchos países en cuanto a su credibilidad. Por tratarse de un órgano de origen parlamentario, ha quedado a menudo sujeto a los vaivenes de la política. Han sido muchos los gobiernos que lograron colocar un Defensor adicto, para evitar ser controlados de una manera efectiva. Esto ha llevado a que el rol de Defensor Ambiental sea asumido en muchos sitios por organizaciones no gubernamentales que cumplen las funciones que las Defensorías institucionales no ejercen.